Sentencia AP-785-19 — Registro 12867
Resumen
sobreseimiento de acción de amparo en consulta interpuesto contra resolución que inadmitió medios de prueba testifical y documental en audiencia de Proposición de Medios de Pruebas en relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable de los delitos de Atentado y Abuso de Autoridad, en perjuicio de ciudadanos y La Administración Pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la normativa legal, el juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicar y motivar las resoluciones que rechacen las pruebas propuestas. Los artículos 199 y 317 párrafo final ut supra, permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes, sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios de probatorios que las partes estimen pertinentes, sino aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales.-CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que a la recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en la audiencia de proposición de pruebas, proponiendo la prueba que cree necesaria para establecer la verdad de los hechos, no obstante a ello el Tribunal escuchando las alegaciones que al respecto realicen las partes, tiene la facultad para admitir únicamente aquellas que crea, útiles, pertinente y proporcionales en atención a la pretensión probatoria; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada.- CONSIDERANDO 8: Que esta Sala de lo Constitucional, estima que conforme a la motivación externada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, procede DENEGAR la acción de Amparo promovida y no sobreseerla, como se lee en la parte dispositiva del fallo de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, ello porque la Corte de Apelaciones estima en el considerando segundo de los fundamentos de derecho, que el Derecho a la Defensa que se alega violado, se encuentra incólume, por las argumentaciones vertidas en relación al principio de comunidad de la prueba, inter alia, argumentos que estima procedentes este Alto Tribunal, por ello procede denegar el recurso de Amparo promovido, pues no se hace mención a ninguna de las causales que señala el artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional a efecto de sobreseer la acción de Amparo promovida por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO 9: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo, sin fundamentar causal de inadmisibilidad de la demanda, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo lo procedente conforme a la Ley, Denegar la acción de Amparo, al concluir que no se ha vulnerado el derecho a la defensa invocado por la recurrente en Amparo la Abogada Ana Raquel Matute"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317, párrafo final (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la normativa legal, el juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicar y motivar las resoluciones que rechacen las pruebas propuestas. Los artículos 199 y 317 párrafo final ut supra, permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes, sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios de probatorios que las partes estimen pertinentes, sino aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales.-CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que a la recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en la audiencia de proposición de pruebas, proponiendo la prueba que cree necesaria para establecer la verdad de los hechos, no obstante a ello el Tribunal escuchando las alegaciones que al respecto realicen las partes, tiene la facultad para admitir únicamente aquellas que crea, útiles, pertinente y proporcionales en atención a la pretensión probatoria; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada.- CONSIDERANDO 8: Que esta Sala de lo Constitucional, estima que conforme a la motivación externada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, procede DENEGAR la acción de Amparo promovida y no sobreseerla, como se lee en la parte dispositiva del fallo de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, ello porque la Corte de Apelaciones estima en el considerando segundo de los fundamentos de derecho, que el Derecho a la Defensa que se alega violado, se encuentra incólume, por las argumentaciones vertidas en relación al principio de comunidad de la prueba, inter alia, argumentos que estima procedentes este Alto Tribunal, por ello procede denegar el recurso de Amparo promovido, pues no se hace mención a ninguna de las causales que señala el artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional a efecto de sobreseer la acción de Amparo promovida por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO 9: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo, sin fundamentar causal de inadmisibilidad de la demanda, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo lo procedente conforme a la Ley, Denegar la acción de Amparo, al concluir que no se ha vulnerado el derecho a la defensa invocado por la recurrente en Amparo la Abogada Ana Raquel Matute."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, párrafo ultimo (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro dias del mes de febrero del año dos mil veintiuno.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que sobreseyó la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en la audiencia de Proposición de Medios de Pruebas, relación a la causa instruida contra el señor LEONARDO FRANCISCO PAGUAGA CANALES, por suponerlo responsable de los delitos de ATENTADO Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de los señores SANTOS DEMETRIO AVILA, SUSAN ALEJANDRA VELASQUEZ, RIGOBERTO AVILA DUARTE y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.– Estima la recurrente que la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, violentó el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República; ello en relación con el principio a la igualdad contenido en el artículo 13 del Código Procesal Penal.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento Atlántida, la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, Fiscal del Ministerio Público interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, por considerar que la misma vulnera el derecho a la defensa contenido en el Artículo 82 de la Constitución de la Republica. (Folios del 1 al 3fv de la pieza de antecedentes de Amparo).-2) Que en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: SOBRESEYENDO la Acción de Amparo interpuesto interpuesto por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público contra la resolución pronunciada por el Tribunal de Sentencias Sala Segunda de esta ciudad integrada por las Señoras Jueces WALDINA DEL CARMEN PADILLA SIERRA (Presidente), MERLYM ELIZABETH EUCEDA GUTIERREZ y KRISTEL ELIZABETH LICONA FERRERA en fecha 31 de mayo del año dos mil diecinueve en el proceso incoado contra el ciudadano don LEONARDO FRANCISCO PAGUADA CANALES, a quién se le supone responsable de la comisión de los delitos de ATENTADO Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de SANTOS DEMETRIO AVILA, SUSAN ALEJANDRA VELASQUEZ, ROGOBERTO AVILA DUARTE Y LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Remitir en Consulta obligatoria ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia….” (Folios 83 y 84fv de la pieza de antecedentes de Amparo).-3) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos).-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesta por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, que inadmite los medios de prueba declaración testifical del señor Raúl Bonilla Urbina, documental acta de inspección ocular número 574-2016 y 8 fotografías ilustrativas, propuestos por el Ministerio Público en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado en contra del señor LEONARDO FRANCISCO PAGUAGA CANALES, por suponerlo responsable del delito de ATENTADO y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de los señores SANTOS DEMETRIO AVILA, SUSAN ALEJANDRA VELASQUEZ, RIGOBERTO AVILA DUARTE y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que la resolución recurrida violenta el derecho fundamental de defensa, entendiéndose que es un derecho fundamental que le asiste tanto al imputado como a la víctima en el proceso penal, reconocido constitucionalmente y el cual debe salvaguardarse a fin de ejercitar la defensa de intereses y derechos de una persona en juicio. El Tribunal de Sentencia ha infringido el derecho a la defensa –sostiene el recurrente-, al no admitir los medios de prueba propuestos por parte del Ministerio Público en su condición de representante de los intereses generales de la sociedad. También de violenta el principio a la igualdad constituido en el artículo 13 del Código Procesal Penal, siendo que sólo se admitió prueba testifical a favor de la defensa, pero no así por parte del Ministerio Púbico, incrementando una desigualdad de armas en perjuicio de las víctimas, en base a dicha resolución de inadmisibilidad de la prueba.- CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Sobreseer la Acción de Amparo interpuesta por EL MINISTERIO PÚBLICO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba. Sostiene la Alzada en la motivación de la sentencia que se consulta, que si el medio de prueba testifical consistente en la declaración del don Raúl Bonilla Urbina le fue admitido a la Defensa del imputado por parte del Tribunal, dejó de ser testigo únicamente de la defensa, ahora es del proceso pues lo que importa es la búsqueda de la verdad real de los hechos, por lo que el Ministerio Público puede perfectamente en su oportunidad procesal interrogarlo tal como lo haría si se le hubiere admitido de prueba, por lo que el derecho a la defensa que alega violado se encuentra incólume. En cuanto a la inadmisión del medio de prueba documental consistente en el acta de inspección ocular No. 574-2016 y 8 fotografías ilustrativas, la pretensión probatoria era ilustrar tanto a los testigos, ofendidos y tribunal, los detalles del lugar de los hechos, el Tribunal consideró inadmitir ese medio de prueba por inútil, para los delitos que se pretenden acreditar, esos delitos son Atentado y Abuso de Autoridad, ciertamente en esta clase de delitos lo importante es probar la conducta desplegada por el imputado y no el lugar donde sucedieron los hechos, por lo que de igual manera de estima que el Tribunal de Sentencia, Sala Segunda no ha violado el derecho a la defensa del Ministerio Público al inadmitir ese medio de prueba, pues su utilidad en el proceso no fue explicada.-CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la normativa legal, el juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicar y motivar las resoluciones que rechacen las pruebas propuestas. Los artículos 199 y 317 párrafo final ut supra, permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes, sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios de probatorios que las partes estimen pertinentes, sino aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales.-CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que a la recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en la audiencia de proposición de pruebas, proponiendo la prueba que cree necesaria para establecer la verdad de los hechos, no obstante a ello el Tribunal escuchando las alegaciones que al respecto realicen las partes, tiene la facultad para admitir únicamente aquellas que crea, útiles, pertinente y proporcionales en atención a la pretensión probatoria; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada.- CONSIDERANDO 8: Que esta Sala de lo Constitucional, estima que conforme a la motivación externada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, procede DENEGAR la acción de Amparo promovida y no sobreseerla, como se lee en la parte dispositiva del fallo de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, ello porque la Corte de Apelaciones estima en el considerando segundo de los fundamentos de derecho, que el Derecho a la Defensa que se alega violado, se encuentra incólume, por las argumentaciones vertidas en relación al principio de comunidad de la prueba, inter alia, argumentos que estima procedentes este Alto Tribunal, por ello procede denegar el recurso de Amparo promovido, pues no se hace mención a ninguna de las causales que señala el artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional a efecto de sobreseer la acción de Amparo promovida por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO 9: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo, sin fundamentar causal de inadmisibilidad de la demanda, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo lo procedente conforme a la Ley, Denegar la acción de Amparo, al concluir que no se ha vulnerado el derecho a la defensa invocado por la recurrente en Amparo la Abogada Ana Raquel Matute. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 103, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve. 2) DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA (SALA SEGUNDA), DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina A. Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de Abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0785-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN:El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro dias del mes de febrero del año dos mil veintiuno.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que sobreseyó la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en la audiencia de Proposición de Medios de Pruebas, relación a la causa instruida contra el señor LEONARDO FRANCISCO PAGUAGA CANALES, por suponerlo responsable de los delitos de ATENTADO Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de los señores SANTOS DEMETRIO AVILA, SUSAN ALEJANDRA VELASQUEZ, RIGOBERTO AVILA DUARTE y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.– Estima la recurrente que la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, violentó el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República; ello en relación con el principio a la igualdad contenido en el artículo 13 del Código Procesal Penal.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento Atlántida, la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, Fiscal del Ministerio Público interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, por considerar que la misma vulnera el derecho a la defensa contenido en el Artículo 82 de la Constitución de la Republica. (Folios del 1 al 3fv de la pieza de antecedentes de Amparo).-2) Que en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: SOBRESEYENDO la Acción de Amparo interpuesto interpuesto por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público contra la resolución pronunciada por el Tribunal de Sentencias Sala Segunda de esta ciudad integrada por las Señoras Jueces WALDINA DEL CARMEN PADILLA SIERRA (Presidente), MERLYM ELIZABETH EUCEDA GUTIERREZ y KRISTEL ELIZABETH LICONA FERRERA en fecha 31 de mayo del año dos mil diecinueve en el proceso incoado contra el ciudadano don LEONARDO FRANCISCO PAGUADA CANALES, a quién se le supone responsable de la comisión de los delitos de ATENTADO Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de SANTOS DEMETRIO AVILA, SUSAN ALEJANDRA VELASQUEZ, ROGOBERTO AVILA DUARTE Y LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Remitir en Consulta obligatoria ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia….” (Folios 83 y 84fv de la pieza de antecedentes de Amparo).-3) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos).-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesta por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, que inadmite los medios de prueba declaración testifical del señor Raúl Bonilla Urbina, documental acta de inspección ocular número 574-2016 y 8 fotografías ilustrativas, propuestos por el Ministerio Público en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado en contra del señor LEONARDO FRANCISCO PAGUAGA CANALES, por suponerlo responsable del delito de ATENTADO y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de los señores SANTOS DEMETRIO AVILA, SUSAN ALEJANDRA VELASQUEZ, RIGOBERTO AVILA DUARTE y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que la resolución recurrida violenta el derecho fundamental de defensa, entendiéndose que es un derecho fundamental que le asiste tanto al imputado como a la víctima en el proceso penal, reconocido constitucionalmente y el cual debe salvaguardarse a fin de ejercitar la defensa de intereses y derechos de una persona en juicio. El Tribunal de Sentencia ha infringido el derecho a la defensa –sostiene el recurrente-, al no admitir los medios de prueba propuestos por parte del Ministerio Público en su condición de representante de los intereses generales de la sociedad. También de violenta el principio a la igualdad constituido en el artículo 13 del Código Procesal Penal, siendo que sólo se admitió prueba testifical a favor de la defensa, pero no así por parte del Ministerio Púbico, incrementando una desigualdad de armas en perjuicio de las víctimas, en base a dicha resolución de inadmisibilidad de la prueba.- CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Sobreseer la Acción de Amparo interpuesta por EL MINISTERIO PÚBLICO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba. Sostiene la Alzada en la motivación de la sentencia que se consulta, que si el medio de prueba testifical consistente en la declaración del don Raúl Bonilla Urbina le fue admitido a la Defensa del imputado por parte del Tribunal, dejó de ser testigo únicamente de la defensa, ahora es del proceso pues lo que importa es la búsqueda de la verdad real de los hechos, por lo que el Ministerio Público puede perfectamente en su oportunidad procesal interrogarlo tal como lo haría si se le hubiere admitido de prueba, por lo que el derecho a la defensa que alega violado se encuentra incólume. En cuanto a la inadmisión del medio de prueba documental consistente en el acta de inspección ocular No. 574-2016 y 8 fotografías ilustrativas, la pretensión probatoria era ilustrar tanto a los testigos, ofendidos y tribunal, los detalles del lugar de los hechos, el Tribunal consideró inadmitir ese medio de prueba por inútil, para los delitos que se pretenden acreditar, esos delitos son Atentado y Abuso de Autoridad, ciertamente en esta clase de delitos lo importante es probar la conducta desplegada por el imputado y no el lugar donde sucedieron los hechos, por lo que de igual manera de estima que el Tribunal de Sentencia, Sala Segunda no ha violado el derecho a la defensa del Ministerio Público al inadmitir ese medio de prueba, pues su utilidad en el proceso no fue explicada.-CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la normativa legal, el juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicar y motivar las resoluciones que rechacen las pruebas propuestas. Los artículos 199 y 317 párrafo final ut supra, permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes, sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios de probatorios que las partes estimen pertinentes, sino aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales.-CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que a la recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en la audiencia de proposición de pruebas, proponiendo la prueba que cree necesaria para establecer la verdad de los hechos, no obstante a ello el Tribunal escuchando las alegaciones que al respecto realicen las partes, tiene la facultad para admitir únicamente aquellas que crea, útiles, pertinente y proporcionales en atención a la pretensión probatoria; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada.- CONSIDERANDO 8: Que esta Sala de lo Constitucional, estima que conforme a la motivación externada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, procede DENEGAR la acción de Amparo promovida y no sobreseerla, como se lee en la parte dispositiva del fallo de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, ello porque la Corte de Apelaciones estima en el considerando segundo de los fundamentos de derecho, que el Derecho a la Defensa que se alega violado, se encuentra incólume, por las argumentaciones vertidas en relación al principio de comunidad de la prueba, inter alia, argumentos que estima procedentes este Alto Tribunal, por ello procede denegar el recurso de Amparo promovido, pues no se hace mención a ninguna de las causales que señala el artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional a efecto de sobreseer la acción de Amparo promovida por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO 9: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo, sin fundamentar causal de inadmisibilidad de la demanda, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo lo procedente conforme a la Ley, Denegar la acción de Amparo, al concluir que no se ha vulnerado el derecho a la defensa invocado por la recurrente en Amparo la Abogada Ana Raquel Matute. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 103, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve. 2) DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por la Abogada ANA RAQUEL MATUTE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA (SALA SEGUNDA), DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina A. Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de Abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0785-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL