Sentencia AP-764-19 — Registro 12520
Resumen
Resoluciones impugnada por ambas partes (imputado y Ministerio Público)que confirman y revocan auto de formal procesamiento ordenando sobreseimiento definitivo en las causas instruidas contra recurrente imputado, por suponerlo responsable de cuatro (4) delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y cuatro (4) delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios , en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional En Materia De Corrupción, en la Audiencia Inicial, que comenzó en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019); se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que los encausado han podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO (DIEZ): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO QUINCE (15): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es ratificar un Auto de Formal Procesamiento, por un delito determinado; y, a la vez revocarlo por otro tipo penal; así como decretar sobreseimiento a favor de un imputado; motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) La Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS (SCO-0764-2019) y; 2) La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS (SCO-0892-2019); ambos contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en la Audiencia Inicial, que comenzó en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019); en las causas instruidas contra: 1) El señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por suponerlo responsable de cuatro (4) delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y cuatro (4) delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y; 2) El señor ROBERTO ALEJANDRO BANDES ATUAN, por suponerlo responsable de cuatro (4) delitos de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y un (1) delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-quem es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 82, 89, 90, 92 y 95 de la Constitución de la República; 8.4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los Abogados BAIRON CASTRO REYAS Y MARÍA TEJADA PINEDA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por suponerlo responsable de cuatro (4) delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, y cuatro (4) delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; contra el señor JOSÉ ALBERTO ZELAYA GUECARA, por suponerlo responsable de cuatro (4) delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y; contra el señor ROBERTO ALEJANDRO BANDES ATUAN, por suponerlo responsable de cuatro (4) delitos de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, un (1) delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–18 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en la Audiencia Inicial, que comenzó en fecha trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado dicto la respectiva Resolución, mediante la cual Resolvió: (SIC) “En relación a: 1) MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS: se le considera responsable CUATRO DELITOS DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS delitos TIPIFICADOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; CUATRO DELIOTS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, delito TIPIFICADOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA estos delitos a Titulo de AUTOR DIRECTO TIPIFICADO en el art-32 CPP: Se dicta el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO con la Medida Cautelar de PRISION PREVENTIVA .- 2) ROBERTO ALEJANDRO BANDES ATUAN: Por considerarse responsable de CUATRO DELITOS DE ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, estos delitos a Titulo de AUTOR DIRECTOR TIPIFICADO en el art.32 C.P.P:, A quien se le dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO con la medida cautelar DE PRISIÓN PREVENTIVA; Quienes Deberan Cumplirla En El Primer Batallon De Infanteria, mientras así lo considere la Dirección Nacional Marco Aurelio Soto de la Penitenciaría de la Ciudad de Tamara Francisco Morazán.- SE ENVIEN LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES AL DIRECTOR DE PENITENCIARIA NACIONA SE ADOPTEN LAS MEDIDAS PARA SU GUARDA Y CUSTODIA DURANTE DURE EL PROCESO.- Quedan en esta acto notificadas las partes de la presente resolución; …”. (Folios 210–251v del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que conociendo de los recurso de apelación interpuestos contra la Sentencia relacionada en el numeral anterior, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Falló: (SIC) “PRIMERO: CONFIRMAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por cuatro (4) delitos de Malversación de Caudales Públicos.- SEGUNDO: REVOCA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO decretado contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por cuatro (04) delitos de Abuso de Autoridad.- TERCERO: REVOCA el Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Encubrimiento y de Lavado de Activos decretado en contra del señor ROBERTO ALEJANDRO BANDES ATUAN, y se ordena que se dicte un sobreseimiento definitivo de la causa y el cese inmediato de la medida cautelar de Prisión Preventiva.- CUARTO: REVOCA las medidas de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles regresando su dominio a su dueño señor ROBERTO ALEJANDRO BANDES ATUAN, cesando de inmediato la administración o custodia que sobre los mismos ejerce la Oficina Administradora de Bienes Incautados.”. Luego, en fecha catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019), la citada Corte de Apelaciones detecto un error material en la Sentencia anterior, por lo que de oficio corrige y Resuelve: (SIC) “1. Tener por advertido el error material en el auto motivado de fecha trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictado por esta Corte en su numeral “SEGUNDO”, donde se REVOCA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO decretado contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por cuatro (04) delitos de Abuso de Autoridad, 2. En consecuencia procede de oficio a su enmienda que deberá leerse así; “SEGUNDO: REVOCA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO decretado contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por cuatro (04) delitos de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS”. (Folios 13-30v y 35-36 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 4) Que comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional: A) La Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, interponiendo Acción de Amparo a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, en fecha seis (6) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-0764-2019, y; B) La abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-0892-2019; ambos contra la Sentencia de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los derechos contenidos en los artículos 82, 89, 90, 92 y 95 de la Constitución de la República; 8.4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. (Folios del 1–54 del Presente Recurso) 5) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “1º Al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de mérito produzcan oportunamente una sola sentencia, por lo que se resuelve su acumulación; y 2º…”. (Folio 59 del Presente Recurso). 6) Que en fecha dos (2) de octubre del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizados en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 123 del Presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que las garantías Constitucionales de Amparo promovidas la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS (SCO-0764-2019) y; la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS (SCO-0892-2019); se dirigen contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional En Materia De Corrupción, en la Audiencia Inicial, que comenzó en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019); en las causas instruidas contra: 1) El señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por suponerlo responsable de cuatro (4) delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y cuatro (4) delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y; 2) El señor ROBERTO ALEJANDRO BANDES ATUAN, por suponerlo responsable de cuatro (4) delitos de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y un (1) delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, compareció ante este Tribunal interponiendo Acción de Amparo a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, en fecha seis (6) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), contra la Sentencia de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los derechos contenidos en los Artículos 82, 89, 90, 92 y 95 de la Constitución de la República; 8.4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; al no estar presentes los requisitos exigidos para poder decretar un auto de formal procesamiento y presentarse un Ne bis in Idem. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), solicitando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la Sentencia de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los derechos contenidos en los Artículos 82, 89, 90, 92 y 95 de la Constitución de la República; 8.4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; cuando las valoraciones realizadas por el Ad-Quem son totalmente aisladas dl conjunto probatorio utilizado en el proceso, del cual se desprende una pluralidad de indicios que acreditan la participación del acusado Mario Roberto Zelaya Rojas en los cuatro delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios, de manera independiente al delito de Malversación de Caudales Públicos; y, el acusado Roberto Alejandro Bandes Atuan en los delitos de Lavado de Activos y Encubrimiento; por lo que es evidente que sus valoraciones no han sido estructuradas de la esencia de la prueba que constituye la verdad del hecho. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha dos (2) de octubre del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizados en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional En Materia De Corrupción, en la Audiencia Inicial, que comenzó en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019); se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que los encausado han podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO (DIEZ): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO QUINCE (15): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es ratificar un Auto de Formal Procesamiento, por un delito determinado; y, a la vez revocarlo por otro tipo penal; así como decretar sobreseimiento a favor de un imputado; motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO los recursos de amparo de que se han hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal (Acumulado), registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0764 y 0892=2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL