Sentencia AP-732-21 — Registro 14155
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación en relación al delito de posesión de droga para el consumo personal inmediato, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada ANA LIZETH VÁSQUEZ ÁLVAREZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el seis de mayo de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el dieciséis de noviembre de dos mil veinte; en relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RECARTE, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, es lesiva parcialmente en cuanto a declarar con lugar la excepción por falta de acción porque la causa no puede proseguirse por estar despenalizada la causa por consumo de droga conforme al artículo 311 del nuevo Código Penal y por ende confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua a favor de Miguel Ángel López Recarte. Se vulnera el principio de legalidad y el debido proceso en tanto que el tipo penal contenido en el referido artículo 311 engloba una serie de conductas, entre ellas el consumo, por lo que considerar que ha sido despenalizado es sinónimo de inaplicar dicho artículo, no observándose las reglas de la sana crítica al no haber valorado las pruebas allegadas al proceso de manera conjunta y armónica. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es declarar no ha lugar el recurso de apelación y confirma la resolución apelada, pues se desprendió que procedía la excepción de falta de acción cuando no pueda proseguirse, al haberse invocado el principio de retroactividad de la ley penal, ya que con la creación del nuevo Código Penal se determinó que el consumo de marihuana no representaba un ataque relevante para el bien jurídico protegido de la salud pública y de las pruebas evacuadas durante la audiencia inicial se determinó que la cantidad de droga decomisada al imputado era considerada para consumo personal inmediato, no generando la prueba elementos que lleven a deducir que el procesado realizara otra conducta de las que describen los verbos rectores que conceptúan al delito de Tráfico Ilícito de Drogas contenido en el artículo 311 del nuevo Código Penal vigente, por lo que la conducta imputada no constituye una acción típica ni antijurídica en contra de algún bien jurídico protegido, de tal forma que al no regularse como delito lo que concierne es declarar improcedente la acción penal instada y sobreseer definitivamente la causa. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 46 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ANA LIZETH VÁSQUEZ ÁLVAREZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el seis de mayo de dos mil veintiuno, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 0732=21.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL