Sentencia AP-724-21 — Registro 14757
Resumen
Sobreseimiento definitivo en relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de Tráfico de Droga en su modalidad de Transporte, en perjuicio de la Salud Pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, versan en el criterio de que la conducta del acusado se subsume en el artículo 311 del código penal contenido en el Decreto 130-2017, motivo por el cual la Alzada realizó una interpretación caprichosa, omitiendo el juzgamiento de conformidad a la formalidad prevista en el artículo 297 del Código Procesal Penal, vulnerando el debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico del acto reclamado se aprecia que los alegatos entablados por la impetrante fueron oídos y resueltos por la Alzada mediante el acto reclamado del que se desprende que el Ad-quem estableció que de las pruebas evacuadas durante la audiencia inicial se determina que la droga decomisada es de una cantidad considerada apta para el consumo personal inmediato, conducta que fue despenalizada, es decir que no está regulada como delito, no constituye una acción típica, ni antijuridica contra un bien jurídico protegido por lo que confirmó el sobreseimiento definitivo dictado y no fueron de recibo los agravios expuestos por la repitente. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto y al no establecer la recurrente otro argumento que justifique la interposición de su recurso, esta Sala de lo Constitucional, no logra apreciar el quebrantamiento a la norma primaria como lo expone la impetrante en su recurso referente a no haber sido juzgado el caso con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, no obstante, ésta Sala si advierte que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en su respectiva resolución, aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa contrario a lo expuesto por la recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento, sobreseer el recurso de mérito al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., tres de diciembre del año dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANGELA INÉS RIVERA MARQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintiuno, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra SIRIACO MEJÍA SANTOS, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGA EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA. CONSIDERANDO: Que las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, versan en el criterio de que la conducta del acusado se subsume en el artículo 311 del código penal contenido en el Decreto 130-2017, motivo por el cual la Alzada realizó una interpretación caprichosa, omitiendo el juzgamiento de conformidad a la formalidad prevista en el artículo 297 del Código Procesal Penal, vulnerando el debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico del acto reclamado se aprecia que los alegatos entablados por la impetrante fueron oídos y resueltos por la Alzada mediante el acto reclamado del que se desprende que el Ad-quem estableció que de las pruebas evacuadas durante la audiencia inicial se determina que la droga decomisada es de una cantidad considerada apta para el consumo personal inmediato, conducta que fue despenalizada, es decir que no está regulada como delito, no constituye una acción típica, ni antijuridica contra un bien jurídico protegido por lo que confirmó el sobreseimiento definitivo dictado y no fueron de recibo los agravios expuestos por la repitente. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto y al no establecer la recurrente otro argumento que justifique la interposición de su recurso, esta Sala de lo Constitucional, no logra apreciar el quebrantamiento a la norma primaria como lo expone la impetrante en su recurso referente a no haber sido juzgado el caso con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, no obstante, ésta Sala si advierte que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en su respectiva resolución, aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa contrario a lo expuesto por la recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento, sobreseer el recurso de mérito al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE:: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los Abogados LEONARDO MIGUEL ALVARADO FUENTES y MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ, a favor de SANTOS JOEL BORJAS RAMOS, contra la resolución emitida por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNen fecha quince (15) de junio del año dos mil veintiuno; al existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0724-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL