Sentencia AP-699-16 — Registro 14063
Resumen
Resolución que declaró con lugar excepción por falta de acción en relación a la causa instruida contra el señor RAOUF DALLALA, también conocido como RON DALLALA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en su modalidad especial de FRAUDE, en perjuicio de recurrente en virtud de que el querellado alteró cuentas contables de la sociedad SAVITEX, S.A., DE C.V., suponiendo gastos con la intención de defraudar, todo ello en perjuicio de impetrante en relación a irregular gestión como administrador de hecho de la Empresa SAVITEX, S.A. de C.V., realizaba el querellado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (19): Que el análisis del Ad-Quem, resulta erróneo al no observar los límites entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal lo que implica la inobservancia del debido proceso, el principio de legalidad, lo que no responde a una tutela judicial efectiva. En la resolución impugnada se han inobservado los requisitos, exigencias de la ley y demás solemnidades, pues compete al ámbito de lo penal conocer de aquellas conductas delictivas, en las que existe la probabilidad de que el querellado haya participado en las mismas. En consecuencia, no procede conforme a derecho la excepción de falta de acción en materia penal, pues como se dijo antes, corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos o faltas de acuerdo al artículo 54 del Código Procesal Penal, toda vez que, tal y como lo sostuvo el Tribunal de Sentencia en su resolución, los hechos sometidos a su conocimiento tienen la calidad de ser probablemente constitutivos de una infracción penal que debe ser conocida por esa jurisdicción, tal y como lo manda la ley. En consecuencia, los motivos invocados por el impetrante no son de recibo, por lo que debe de Otorgarse la garantía constitucional de Amparo solicitada por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la Sociedad Mercantil SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED, la cual es socia de la sociedad mercantil SAVITEX, S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (20): Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente Dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED la cual es socia de la Empresa SAVITEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortes, en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que revocó el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil quince (2015), en la causa instruida contra el señor RAOUF DALLALA, también conocido como RON DALLALA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en su modalidad especial de FRAUDE, en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 321 Y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, actuando en su condición de representante legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED, la cual es socia de la Empresa SAVITEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el señor RAOUF DALLALA, también conocido como RON DALLALA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en su modalidad de FRAUDE, en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED (Folio 1 al 16 del Tomo I). 2) Que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en Audiencia de Excepción de fecha tres (3) de agosto del año dos mil quince (2015) RESOLVIÓ: Que en cuanto a la excepciones de por incompetencia de Tribunal y de falta de acción ambas son improcedentes…” (Folios 673 al 677 del tomo II). 3) Que habiéndose celebrado Audiencia Ad hoc, en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, RESUELVE: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa en su condición de parte apelante en la presente causa, contra la resolución de fecha tres de agosto del 2015, dictada por el Tribunal de Sentencias de esta Ciudad. SEGUNDO. REVOCAR la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia en esta causa. TERCERO: Declarar CON LUGAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCION interpuesta por el Querellado…” (Folios 11 al 21 del tomo II). 4) Que el recurrente Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte (20) de julio del año del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED, la cual es socia de la Empresa SAVITEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, afirmando el recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 321 Y 323 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, ordenando dar vista de los antecedentes al fiscal del despacho, para que emitiera su dictamen. (Folio 30 del recurso). 6) Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido su dictamen a través de su Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, quien fue de la opinión de que SE OTORGUE, el recurso de mérito por estimar que se han vulnerado los derechos constitucionales alegados por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 05 de mayo del 2016, que REVOCÓ la decisión de la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA MISMA SECCIÓN JUDICIAL, dictada en fecha 03 de agosto del 2015, con relación a la causa instruida contra el señor RAOUF DALLALA, también conocido como RON DALLALA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en su modalidad de FRAUDE, en perjuicio de las sociedades mercantiles SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED Y SAVITEX, S.A, de C.V., respectivamente. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA en la formalización de la acción de amparo, a favor de sus representadas las empresas mercantiles: SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED Y SAVITEX, S.A, de C.V. expone que la Corte de Apelaciones impugnada declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Defensor del señor RAOUF DALLALA, revocando el auto dictado en audiencia de fecha 3 de agosto del 2015, por el Tribunal de Sentencia, Sala Tercera de San Pedro Sula, Cortés, en consecuencia declaró con lugar la excepción de falta de acción interpuesta por el querellado. Manifiesta que interpuso la querella por el delito citado en virtud de que el querellado alteró las cuentas contables de la sociedad SAVITEX, S.A., DE C.V., suponiendo gastos con la intención de defraudar, todo ello en perjuicio de las empresas mercantiles SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED Y SAVITEX, S.A, de C.V., CONSIDERANDO (5): Que el recurrente manifiesta que la Empresa SAVITEX, S.A. DE C.V., el 10 de enero del 2014, radicó querella ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés por el delito de estafa en su grado de ejecución de tentativa, en su modalidad especial de fraude, por haber alterado el administrador, cuentas contables de la sociedad SAVITEX S.A. DE C.V., suponiendo gastos con la intención de defraudar; hechos delictuosos que quedaron evidenciados en el dictamen de la firma Deloitte & Touche, S. de R.L., Auditores Internos independientes, que sobre la contabilidad de la Empresa SAVITEX, S.A. DE C.V., emitieron en fecha 04 de octubre del 2013, comprobando la irregular gestión que como administrador de hecho de la Empresa SAVITEX, S.A. de C.V., realizaba el querellado, también miembro del órgano Administrativo, valiéndose de un poder general de administración, por cuya virtud efectúa todas las gestiones gerenciales y de administración, condición por la que propició la alteración de cuentas para suponer “gastos” de la entidad mercantil que se le ha encomendado administrar, de la que ha evidenciado tener la firme intención de defraudar, en general el patrimonio social de SAVITEX,S.A. de C.V. CONSIDERANDO (6): Que el impetrante señala que el querellado obtuvo de ese ilícito un provecho no inferior CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS (116,913,074.00), de los que CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISIEIS CENTAVOS, corresponden a la afectación patrimonial directa de SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED, en su condición de socio de SAVITEX S.A., DE C.V., respecto de la cual ostenta una participación del cuarenta y cuatro por ciento (44%) de su capital accionario, defraudación que se evidencia al haberse efectuado mediante alteración en los saldos registrados en la contabilidad de SAVITEX, S.A., DE C.V., que se efectuó en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, en el período comprendido entre diciembre del 2012 a marzo del 2013 bajo el renglón de “pasivo” en la cuenta contable de “cuentas por pagar compañías relacionadas”, cuya comprobación documental no fue satisfecha en auditoria, pese habérsele proporcionado el tiempo suficiente para ello, que se mandó a sustanciar bajo el expediente No. 0501-2014-00003 (Sala 3). CONSIDERANDO (7): Que el representante procesal del querellado interpuso las excepciones de incompetencia y falta de acción, cuando no ha debido promoverse, bajo el argumento de que para ejercer las acciones de nulidad de acuerdos societarios y social de responsabilidad, deben de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 227 y 228 del Código de Comercio, autorizarse por la Asamblea General de Socios, habiéndose celebrado la correspondiente audiencia y emitido resolución desestimatoria de las excepciones opuestas en resolución del 03 de agosto del 2015, que impugnada por el Abogado defensor del querellado, fue conocido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, en audiencia celebrada el 01 de marzo del 2016 y que suspendida, se reanudo para dictar sentencia el 05 de mayo del 2016, La Corte de Apelaciones Declara con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa; Revoca la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia; Declara con Lugar la excepción por falta de acción, por todo ello considera la resolución impugnada quebranta el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero, Derecho de Defensa y la Tutela Judicial Efectiva artículo 82 en relación con la garantía de legalidad que dispone el artículo 321 y 322, todos de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que la Corte de Apelaciones impugnada en su resolución expone: “Si bien en esta causa se reclama un daño patrimonial realizado a la sociedad por el encausado RAOUF DALLALA en su condición de Administrador de la Sociedad Savitex, esto es un asunto de fondo sobre el cual se argumenta un asunto de forma que es de ineludible cumplimiento previo a entrar en el fondo del asunto, que es el establecimiento de si hubo fraude por parte del referido administrador, ya que tiene que ver con la legitimidad activa por parte de quien querella, al respecto apreciamos que el Tribunal de Sentencia, obviando los alegatos de forma relacionados con la ley especial (Art. 227 y 228 del Código de Comercio) se enfocaron en el fondo al establecer una apariencia de delito en lo señalado por el Querellante, sin embargo no puede valorar el fondo sin apreciarse los procedimientos de forma que son fundamentales, para poder iniciar o continuar con un procedimiento de cualquier fuero. Es así que en esta causa apreciamos que no hay legitimidad activa por parte del querellante para entablar esta acción penal, ya que como accionista minoritario no refiere haber participado en la asamblea general de accionistas, ni en la asamblea extraordinaria en la que se haya discutido sobre la responsabilidad del administrador y se haya designado en dicha asamblea la persona que haya de ejercer la acción correspondiente”. CONSIDERANDO (9): Que el Ad-Quem deja establecido” que la doctrina señala con respecto al artículo 228 del Código de Comercio que autoriza a los accionistas que representan al menos el 25% del capital social para iniciar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores, siempre que satisfagan los requisitos señalados en dicha disposición”, señala que ello es una disposición que el legislador creo en protección de los derechos de los socios que representan una minoría del capital social frente a una posible complicidad entre la mayoría y el órgano administrativo (administrador), que pueda resultar en un perjuicio de los socios minoritarios, especialmente cuando los socios mayoritarios o uno solo mayoritario que ostenta la mayoría de las acciones, no obstante en tal razón es que el legislador exige como requisito que se haya aprobado la deducción de responsabilidad de un Administrador en asamblea en donde si los socios mayoritarios deciden no haber lugar a deducir responsabilidad social al administrador queda constancia de dicha asamblea de socios que los socios minoritarios no aprobaron la resolución tomada por la asamblea general y esto es recogido en el acta correspondiente que les abre la vía para ejercitar dicha acción directamente, pero no obviando este procedimiento, que como ya se dijo es por disposición concreta de la ley especial (artículo 228 numeral II Cod. Comercio. Señala el Ad quem que, recibió prueba en segunda instancia para establecer que está pendiente y no se ha decidido aún (el procedimiento relacionado). En consecuencia, la Corte Penal por mayoría de votos declaró con lugar la excepción de falta de acción, interpuesta por el querellado. CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 228 del Código de Comercio establece: “Aun en los casos del artículo 226 (disposición legal que se refiere a los casos en que la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad queda extinguida), los accionistas que representen el 5% del capital social por lo menos, pueden ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra el Administrador o los Consejeros, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés personal de los provenientes; y II. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la asamblea general de accionistas sobre no haber lugar a proceder contra el administrador o consejeros demandados. Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación, con deducción de los gastos erogados en ésta, serán percibidos por la sociedad”. Disposición que expresamente se refiere aquellos casos que están dentro del ámbito de la jurisdicción civil. CONSIDERANDO (11): Que los administradores de una empresa mercantil deben ejercer sus funciones en el mejor interés de la sociedad, haciendo prevalecer los intereses de ésta y de los accionistas antes que los suyos, evitando conflictos de interés actuales y potenciales, asegurar el cumplimiento de la ley en los convenidos; además deben abstenerse de hacer uso abusivo, directo o indirecto de sus funciones para tomar o hacer que otros miembros de la estructura societaria tomen, decisiones que son contrarias al interés social de la sociedad, y están llamados a desempeñar su gestión con la prudencia o diligencia con la cual una persona con las mismas funciones, en una situación comparable, hubiera actuado para proteger los intereses de la sociedad y los accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 222 del código de Comercio. Código que además establece (como ya se dijo), cuándo y cómo debe deducirse la responsabilidad civil de los administradores. CONSIDERANDO (12): Que en el análisis de si un administrador de una sociedad mercantil recae en una conducta lesiva a la dicha sociedad, debe atenderse los límites establecidos en la ley para deducir responsabilidad según el caso concreto bien, en la jurisdicción civil o deducir responsabilidad en la jurisdicción penal, en el entendido que la Ley Penal no es una ley accesoria o sustituta, sino el conjunto de normas que pertenecen al ordenamiento jurídico del Estado mediante las cuales se regula las conductas punibles consideradas como delitos y que se sancionan con una pena, en ese orden de ideas para delimitar el ámbito civil y penal de una conducta, debe conocerse si tal conducta se subsume en determinado tipo penal previamente establecido por la ley, de ser así ha traspasado los límites de la jurisdicción civil, entrando de esta manera al ámbito de la jurisdicción penal, deberá seguirse el procedimiento previamente establecido en la ley penal, para dilucidar la responsabilidad penal, siempre tomando en consideración que toda persona responsable de un delito o falta lo es civilmente. CONSIDERANDO (13): Que el artículo 54 del Código Procesal Penal dispone: “Le corresponde a la jurisdicción Penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción penal tendrán, con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar las sentencias. La jurisdicción en materia penal será improrrogable y comprenderá: el conocimiento de los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, salvo lo establecido por el Código Penal, por este código y por las normas de derecho internacional; y 2…. En consecuencias aquellas conductas que se enmarcan en los presupuestos previamente establecidos en la ley penal que tipifican un delito, corresponde su conocimiento a la jurisdicción en materia penal. CONSIDERANDO (14): Que el Ministerio Público, emitió dictamen, apreciando que el fallo traído a estudio se sustenta en la excepción de falta de acción en materia penal por la sociedades mercantiles querellantes ya mencionadas, de lo que se pronuncian invocando el artículo 54 del Código Procesal Penal que dispone que a la jurisdicción penal le corresponde el conocimiento de los delitos y faltas…, deja establecido que en el caso sub judice, se desprende de las diligencias que los hechos atribuidos al querellado RAOUF DALLALA en su condición de Administrador de las sociedades mercantiles ya mencionadas y que ha sido sometido al conocimiento del Tribunal de Sentencia son probablemente constitutivos de delito, que ha sido calificado en el delito de ESTAFA, previsto en el artículo 242 numeral 5 del Código Penal. Por todo ello esa representación Fiscal fue del criterio “que corresponde al Tribunal de Sentencia conocer el fondo del asunto”, apreciando que “las Empresas Querellantes en su condición de víctimas tienen todas las facultades para acceder a los órganos jurisdiccionales competentes”. Además, expone que de la foliada se establece que “en efecto el querellado fungía como Administrador de las Empresas Querellantes SARLAS OVERSEAS HOLDING Y SAVITEX, S.A., DE C.V., quien, según el contenido de la acusación, éste en su función cometió actos que se consideran constitutivos de delito, y siendo que las empresas afectadas han comparecido en su condición de víctimas en amparo de la justicia como derecho que posee todo ciudadano a una tutela judicial efectiva, por lo que se aprecia que el fallo dictado por el Ad quem vulnera derechos constitucionales alegados por el amparista”. CONSIDERANDO (15): Que el Código Procesal Penal en su capítulo II establece el procedimiento de los delitos de acción privada, de acuerdo al artículo 405 del citado cuerpo legal deben reunir los mismos requisitos que la acusación, en tanto que el artículo 406 establece los casos en que la querella debe ser declarada inadmisible, entre ellos “1. Notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito”. En el caso de autos el Tribunal de Sentencia habiendo realizado el análisis del cuadro factico, apreció que los hechos debían ser conocidos por ese tribunal en virtud de no concurrir el numeral 1) antes señalado. CONSIDERANDO (16): Que el recurrente considera que se le han quebrantado su derecho al debido proceso, entendido el Debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (17): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[1]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (18): Que el Derecho de Defensa Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO (19): Que el análisis del Ad-Quem, resulta erróneo al no observar los límites entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal lo que implica la inobservancia del debido proceso, el principio de legalidad, lo que no responde a una tutela judicial efectiva. En la resolución impugnada se han inobservado los requisitos, exigencias de la ley y demás solemnidades, pues compete al ámbito de lo penal conocer de aquellas conductas delictivas, en las que existe la probabilidad de que el querellado haya participado en las mismas. En consecuencia, no procede conforme a derecho la excepción de falta de acción en materia penal, pues como se dijo antes, corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos o faltas de acuerdo al artículo 54 del Código Procesal Penal, toda vez que, tal y como lo sostuvo el Tribunal de Sentencia en su resolución, los hechos sometidos a su conocimiento tienen la calidad de ser probablemente constitutivos de una infracción penal que debe ser conocida por esa jurisdicción, tal y como lo manda la ley. En consecuencia, los motivos invocados por el impetrante no son de recibo, por lo que debe de Otorgarse la garantía constitucional de Amparo solicitada por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la Sociedad Mercantil SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED, la cual es socia de la sociedad mercantil SAVITEX, S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (20): Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la Sociedad Mercantil SARLA OVERSEAS HOLDING LIMITED y SAVITEX, S.A., DE C.V. del que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0699-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod