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Sentencia AP-698-20 — Registro 12659

Resumen

Resolución que deniega solicitud de diligencias previas al proceso de investigación instruido en contra de impetrantes por los supuestos delitos de Abuso de Autoridad, Uso de Documentos falsos y otros , en perjuicio de la Fe y la Administración Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional al analizar la procedencia de la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, ya se ha pronunciado en otras sentencias, al respecto en la sentencia de fecha 05 de noviembre del año 2019, y la sentencia de fecha 06 de enero del 2020, ambas sentencias recaídas en los AP 567, 569, 571, 573, 574, 577,578, 648 -2018, mediante la cual en su parte conducente deja establecido lo siguiente: “En el caso de autos, los encausados deben responder de sus actos u omisiones ante el Tribunal de Cuentas, por ser esta la entidad dispuesta constitucionalmente para verificar el cumplimiento de las obligaciones”, en lo que compete a los funcionarios públicos, el hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra de los actuales encausados, la privación del derecho a ser sometidos a un debido proceso, al habérseles disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso se omite deliberadamente éste, agravándole su situación. En el presente caso, resulta evidente que las imputaciones nacen de las supuestas operaciones realizadas en el fideicomiso suscrito entre la Corporación Municipal del Distrito Central y el Banco Ficohsa, y la supuesta sustracción de los fondos de la Corporación Municipal de Distrito Central, los cuales fueron depositados en cuentas personales de funcionarios de la referida Corporación Municipal, recursos que egresaron por medio de emisión de cheques, bajo el concepto de fondos rotatorios especiales o reembolsos a nombre de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA y otros durante el período 2017-2018, los cuales son destinados a usos particulares a través de sus cuentas personales..."..."las supuestas acciones realizadas por los ahora investigados no deben conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente, o sea el Tribunal Superior de Cuentas, en su condición de órgano fiscalizador del Estado, por disposición constitucional..."..."la preeminencia es un complemento que permite, que, de manera previa a la acción penal, se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Dicha función o atribución fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas, comporta lo que previene el artículo 7, o sea el control económico, financiero gestión y resultado, así como la probidad y ética públicas..."..."La Sala encuentra que el artículo 50, explica claramente el iter o procedimiento a seguir, en casos como el de mérito, en que presuntamente hubo infracciones a la obligación de administración y gestión de caudales públicos..."..."lo expuesto al presente caso que se estudia, la Sala, determina de conformidad a lo establecido en el mencionado artículo 50, que, ante la supuesta acción de malversar los fondos públicos por parte de los funcionarios de la Corporación Municipal del Distrito Central, debe seguirse y cumplirse dicho procedimiento de fiscalización. De manera que nunca debe procederse por la vía penal sin agotar el procedimiento legalmente establecido. Esto obedece a que el Derecho Penal es la última ratio o medio que tiene el Estado para deducir la responsabilidad de aquellos que infringen la ley, o como en este caso, las normas dispuestas en reglamentos..."..."este Alto Tribunal en el considerando 30 de la sentencia SCO-0099-2018 y SCO-0588-2018 de fecha 30 de enero de 2019, en el cual se fijó lo siguiente: “Que el diseño constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho defensa, en los casos descritos según el artículo 222 de la Constitución.”..."..."la Sala explica que, si bien es cierto estima que el Tribunal Superior de Cuentas no determina la responsabilidad penal, porque eso vulneraría una serie de libertades y derechos constitucionales, y además porque es una atribución que pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional, o sea que es propia del Poder Judicial; si considera correcto, interpretar lo siguiente de conformidad con la Constitución, así: “el Tribunal Superior de Cuentas, como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización.” Por lo que la infracción al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo exponen los recurrentes, constituyen una causa para dictar Amparo a favor de sus representados, en virtud de que se obviaron formalidades legales que repercuten en el derecho de defensa de los ahora investigados, al constar que les fue negado defenderse dentro del ámbito o proceso administrativo”..."..."tal como acontece en el caso sub judice, por todo ello esta Sala estima que se han quebrantado los derechos constitucionales invocados por los recurrentes. En consecuencia, los motivos esgrimidos por los impetrantes son de recibo, por lo que debe otorgarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 37 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Municipalidades, art. 28 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Municipalidades, art. 29 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veintiunos. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por las señoras Eva del Carmen López Peraza y Nilvia Ethel Castillo Cruz en su condición de Vice Alcaldesa y Cuarta Regidora de la Corporación Municipal, respectivamente, a favor de Sí Mismas, acción que se interpone contra actuaciones del Ministerio del Público, manifestando las recurrentes que: “se declare que el hecho realizado por el MINISTERIO PÚBLICO, en el marco del proceso de investigación instruido en nuestra contra, y que dieron origen a una solicitud de DILIGENCIA PREVIA presentada en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, por el Agente de Tribunales GELMER HUMBERTO CRUZ, ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN,…”.Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, comparecieron ante este Tribunal, las señoras Eva del Carmen López Peraza y Nilvia Ethel Castillo Cruz, en su condición de Vice Alcaldesa y Cuarta Regidora de la Corporación Municipal, respectivamente, a favor de Sí Mismas, acción que se interpone contra actuaciones del Ministerio del Público, manifestando las recurrentes que: “se declare que el hecho realizado por el MINISTERIO PÚBLICO, en el marco del proceso de investigación instruido en nuestra contra, y que dieron origen a una solicitud de DILIGENCIA PREVIA presentada en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, por el Agente de Tribunales GELMER HUMBERTO CRUZ, ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN,…” (Folios 1-11 del recurso) 2) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad de las recurrentes, ordenándose librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro el plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 13 del recurso) 3) Que en fecha siete de septiembre de dos mil veinte, ésta sala tuvo por recibido el informe solicitado a la autoridad recurrida y remitido a esta Sala, a través del Abogado Gelmer Humberto Cruz, Fiscal de la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público, del cual se desprenden las siguientes consideraciones: PRIMERO: La unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público remitió a la Unidad Fiscal Especializada contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC), a fin que se investigara unas operaciones realizadas en el Fideicomiso suscrito entre la Corporación Municipal del Distrito Central y el Banco Ficohsa, investigación que a la fecha se encuentra en proceso en la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), denuncia aperturada bajo el número 013-2018 LINEA A, el 04 de abril del año 2018, misma que se encuentra en secretividad, investigación en la que se solicitó información financiera a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y una vez obtenida la misma, dentro de la documentación se obtuvo información, en relación a la sustracción de fondos de la Corporación Municipal del Distrito Central, los cuales fueron depositados en cuentas personales de funcionarios de la Corporación Municipal que actualmente laboran para la Corporación Municipal del Distrito Central, razón por la cual se apertura una nueva línea de investigación denominada 013-2018 línea B, contra NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, EVA DEL CARMEN LÓPEZ PERAZA, CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA, NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, OSCAR ROLANDO URIARTE ROMERO, ROGER ARIEL AMADOR RAMIREZ, WILMER GERARDO RODRIGUEZ LÓPEZ Y OTROS, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Uso de Documento Falso, Malversación de Caudales Públicos, Fraude, Lavado de Activos y Otros, que pudieran surgir como resultado de la investigación, en perjuicio de la Fe Pública, la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras, en relación con cheques emitidos de los fondos municipales en periodos específicos durante los años 2017 al 2018, los cuales fueron depositados en cuentas personales, de personas naturales y jurídicas… SEGUNDO: La denuncia 013-2018 línea B, se encuentra en secretividad, y en la misma se han practicado una serie de diligencias investigativas tales como: Declaraciones testificales, se ha ordenado la práctica de pericias financieras, pericias documentológicas, decomisos de documentos, solicitudes de información, entre otras diligencias. En fecha 21 de agosto del año 2020, recibí un informe del agente de investigación José Gutiérrez, en el que se establece que debe tomarse declaración con las formalidades de prueba anticipada a 2 testigos denominados “testigo protegido A y testigo protegido B”, a quienes se les solicitó, la debida protección a través del programa de protección de testigos del Ministerio Público, en vista que los testigos están siendo sometidos a presiones de parte de los investigados a fin que cambien o alteren lo declarado en sede administrativa. TERCERO: En fecha 24 de agosto del año 2020, se solicitó al Juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia Corrupción, se recibiera anticipadamente la declaración de los testigos protegidos A y B, con las formalidades de prueba anticipada, que se les protegiera sus datos de identificación de domicilio y puesto de trabajo y que al momento de rendir sus declaraciones se otorgara protección visual, auto que fue admitido y resuelto por el Juzgado el 25 de agosto del presente año, declarado con lugar lo peticionado por el Ministerio Público, señalando audiencia de declaración de testigos el día jueves 27 de agosto del año 2020, a la 1:30 P.M., ordenando la citación de las partes. El día jueves 27 de agosto se celebró la audiencia de declaración de testigos en el expediente contentivo de la diligencia prejudicial número 0801-2020-00005, a cargo del Juez 1, donde se obtuvo la declaración de los testigos protegidos: “Testigo Protegido A” y “Testigo Protegido B” bajo las formalidades de la prueba anticipada, expediente que se encuentra en reserva en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción… (Folios 16-17 del recurso) 4) En fecha catorce de octubre de dos mil veinte, remitidos y analizados que han sido los antecedentes en el presente recurso, se ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 27 del recurso de amparo) 5) En fecha uno de diciembre de dos mil veinte, esta Sala, tuvo por admitido el escrito de formalización presentado el Abogado Erling Jean Carlo Morales Fonseca, en consecuencia, se tiene por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, asimismo, se ordenó la apertura del periodo probatorio por ocho días comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folio 50 del recurso) 6) En fecha once de enero de dos mil veintiuno, vistos los escritos de proposición de medios de pruebas y ampliación del periodo probatorio presentados por el Abogado ERLING JEAN CARLO MORALES FONSECA, en fechas catorce de diciembre de dos mil veinte y seis de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, en cuanto a sus peticiones se DISPUSO: 1° Tener por propuesto y evacuado el medio de prueba ofrecido denominado DOCUMENTAL PÚBLICO NUMERO CUATRO, consistente en la certificación integra del auto de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, en virtud, de tener conocimiento esta Sala que el mismo consta agregado en original a folios 49 al 51 del expediente del amparo NO.SCO-942-2020; 2° Rechazar los medios de prueba propuestos denominados “DOCUMENTAL PÚBLICO NUMERO UNO, DOS, TRES Y CINCO”, en virtud de que los mismos fueron ofrecidos oportunamente, de igual forma, esta Sala apreció que los documentos presentados como tal, corresponden a copias simples, documentos no originales y no auténticos, por consiguiente, no hacen prueba por sí solos respecto a su contenido, para que esto ocurra deben ser certificadas o autenticadas de alguna manera, convirtiéndose en un medio inadecuado por carecer de toda fuerza de convicción para servir de medio de prueba de un hecho jurídico; 3° Rechazar los medios de prueba propuestos denominados “DOCUMENTAL POR OFICIO NUMERO UNO (1) Y DOS (2)”, consistentes en el libramiento de oficios a la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), respectivamente, en virtud que los mismos no fueron ofrecidos oportunamente; 4° Habiendo vencido en fecha siete de enero de dos mil veintiuno, al cumplirse las doce de la media noche, el periodo probatorio y al no haber que evacuar medios de prueba fuera de la sede del órgano jurisdiccional, en consecuencia, se decretó el cierre del mismo, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente omitiéndose la vista de los antecedentes al fiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 78 del recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama son las actuaciones realizadas por el Ministerio Público, relacionadas según la recurrente a una solicitud de diligencias previas, presentada en fecha 24 de agosto del año 2020, ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATRIA DE CORRUPCIÓN, en el proceso de investigación iniciada contra las señoras EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA, y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por los supuestos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, USO DE DOCUMENTOS FALSOS Y OTROS, en perjuicio de la FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. CONSIDERANDO: (4) Que en la formalización del recurso el recurrente manifiesta que, en el marco del proceso de investigación iniciado contra sus representadas, dieron origen a una solicitud de diligencias previas, presentada en fecha 24 de agosto del año 2020, ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, lo que no obliga a sus representadas no le son aplicables por contravenir, disminuir, y tergiversar derechos constitucionales consagrados a su favor. Señala el recurrente que el órgano jurisdiccional carece absolutamente de falta de competencia para validar las actuaciones efectuadas por el Ministerio Público, ya que de acuerdo al artículo 420 y 422 del Código Procesal Penal, la competencia le corresponde a otro órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en la formalización de la Acción de Amparo, solicita que se mantenga o restituya el goce del Derecho a la Defensa, Derecho del Debido Proceso, y Principio de Legalidad que han sido quebrantados a las investigadas. Señala que las diligencias previas solicitadas son parte de un proceso investigativo que se desprende de la denuncia identificada como 013-2018 LINEA B, de fecha once de agosto del año 2019, de la que aduce que la conducta de sus representadas puede subsumirse en los tipos penales de Abuso de Autoridad, Uso de Documentos Falsos y Otros, en perjuicio de Fe Pública y la Administración Pública, como acto previo a la presentación del requerimiento fiscal. Además expone que el Ministerio Público con pleno conocimiento de que esta Sala de lo Constitucional, mediante auto de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte, admitió con suspensión del acto reclamado la presente acción de amparo, continuó realizando actuaciones que se materializaron en la solicitud de procedimiento especial de antejuicio, presentada ante el Juzgado de letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha veintiséis de octubre del año dos mil veinte, sustentándose en toda la prueba producida en el marco del proceso de investigación identificado como 013-2018 LINEA B, que corresponde a todos los elementos de prueba que han sido recabados en abierta inobservancia de la garantía pre-procesal del antejuicio. CONSIDERANDO: (6) Que el recurrente desarrolla los motivos por los cuales se quebranta los derechos de sus representados manifestado: 1. La afectación al Debido Proceso y al Principio de Legalidad debido a la inexistencia del procedimiento especial de antejuicio, según los términos establecidos en los artículos 420, y 422 del Código Procesal Penal, en consonancia con el artículo 28 párrafo tercero numeral 2) de la Ley de Municipalidades. 2. Expone que en el caso concreto la violación surge por la falta de competencia del órgano que está conociendo la solicitud de diligencia previa, presentada en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, por el agente de Tribunales del Ministerio Público, en virtud, de que, a la misma, no le procede la autorización a que se refiere el párrafo tercero del artículo 422 del Código Procesal Penal, considerando la investidura de que están investidas sus representadas, lo que obliga al órgano encargado de la persecución penal, a que en cualquier actuación encaminada a producir elementos de prueba, debe precederle el procedimiento especial de antejuicio, según el artículo 420 del Código Procesal Penal que dispone: “ Los Jueces y Magistrados contra quienes se pretendan proceder para deducirles responsabilidad por los delios que cometan en el ejercicio de sus funciones, solo podrán ser encausados después de darle cumplimiento a lo establecido en el presente capítulo. Norma que es aplicable a mis representados de conformidad a la remisión expresa que se hace en el artículo 28 párrafo tercero numeral 29 de la Ley de Municipalidades, que refiere: “… El alcalde, Vice alcalde y los Regidores, gozarán de las prerrogativas siguientes: 1)… 2) No ser responsables por sus propuestas dentro de la ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos, si se les imputare un delito, se aplicara el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces…” Señalando que el Ministerio Público en el caso que nos ocupa ha obviado la aplicación de las normas arriba reproducidas al igual que el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, al admitir a trámite la solicitud referida en los apartados que anteceden, delimitando con ello la frontera entre el ejercicio de una potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa, que como consecuencia se vulnera los derechos fundamentales de su representadas, ya que es otro órgano jurisdiccional el que puede conocer de las actuaciones, acusaciones o querellas, que se promuevan en contra de los miembros de la Corporación Municipal. CONSIDERANDO: (7) Que el impetrante expone, que de acuerdo a los hechos planteados en la petición formulada por el Ministerio Público, que versa sobre el proceso de investigación en relación a las acciones que se les imputan a las recurrentes, en cuanto a la sustracción de fondos públicos con la participación de personas naturales y jurídicas que se apropiaron de fondos municipales utilizados con fines particulares entre ellos pago de tarjetas de crédito a activistas políticos entre otras modalidades, desprendiéndose que a tal acción, debe precederle una investigación exhaustiva por parte del Tribunal Superior de Cuentas, que verse sobre el manejo del presupuesto municipal, a fin de determinar la existencia de una responsabilidad civil, administrativa o penal, la cual debe prevalecer a cualquier otra actuación, en este caso a las investigaciones que realiza el Ministerio Público, dado que estas versan sobre la misma gama de competencia que por mandato de la Constitución están atribuidas al Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO: (8) Que el amparista invoca el artículo 4 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que dispone: “… Las disposiciones de esta Ley constituyen un régimen especial que por su naturaleza, fines y competencias tiene preeminencia sobre cualquier otras ley general o especial que verse sobre la misma materia…”, en consecuencia, señala el recurrente que ante esta disposición deben ser investigadas por las supuestas irregularidades por el Tribunal Superior de Cuentas. De lo cual se infiere que en virtud de tener como función, el Tribunal Superior de Cuentas, la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas, es el órgano competente para conocer de los hechos relacionados. Por todo ello considera que se han quebrantado los derechos al Debido Proceso, a la Defensa y el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO: (9) Que el Ministerio Público señala en su informe las denuncias que han motivado la investigación exponiendo que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), remitió a la Unidad Fiscal Especializada contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), a fin de que se investigara unas operaciones realizadas en el fideicomiso suscrito ante la Corporación del Distrito Central y el Banco Ficohsa, investigación que a la fecha se encuentra en proceso en la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), denuncia aperturada bajo el número 013-2018 LINEA A, del 04 de abril del 2018, investigación en la que se solicitó información financiera a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, y una vez obtenida la misma, dentro de la documentación se obtuvo información, en relación a la sustracción de fondos de parte de la Corporación Municipal del Distrito Central, los cuales fueron depositados en cuentas personales de funcionarios de la Corporación Municipal que actualmente laboran para esa Corporación Municipal, razón por la cual se apertura una nueva línea de investigación denominada 013-2018 línea B, contra NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, EVA DEL CARMEN LÓPEZ PERAZA,CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALEZUELA, NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, OSCAR ROLANDO URIARTE ROMERO, ROGER ARIEL AMADOR RAMIREZ, WILMER GERARDO RODRIGUEZ LÓPEZ Y OTROS, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FRAUDE, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, que pudieran surgir como resultado de la investigación en perjuicio de la FE PÚBLICA, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, en relación con los cheques emitidos de los fondos municipales en períodos específicos durante los años 2017 al 2018, los cuales fueron depositados en cuentas personales de personas naturales y jurídicas. CONSIDERANDO: (10) Que el informe del Ministerio Público, señala también la denuncia relacionada con los fondos municipales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través del fideicomiso de administración suscrito con Banco Ficohsa, recursos que egresan por medio de emisiones de cheques bajo el concepto de Fondos Rotatorios, especiales o reembolsos a nombre de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, NILVIA EHTEL CASTILLO CRUZ, CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA Y OTROS, durante el período 2017-2018, los que son destinados a usos particulares a través de sus cuentas personales. CONSIDERANDO: (11) Que el informe del Ministerio Público señala que de acuerdo al informe en la denuncia 013-2018 línea B, se realizaron una serie de diligencias investigativas tales como: declaraciones testificales, se ordenaron pericias financieras, pericias documentológicas, decomiso de documentos en la Corporación Municipal del Distrito Central, solicitudes de información, entre otras diligencias. Además, se señala que se solicitó al Juez de Letras se recibiera anticipadamente la declaración de los testigos protegidos A y B, con las formalidades de prueba anticipada, la que fue declarada con lugar, rindiendo declaración tales testigos, estando representadas las señoreas EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA Y NILVIA CASTILLO CRUZ, por el abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, y una Defensora Pública en representación de aquellas personas que pudieron haber sido nombradas por los testigos. CONSIDERANDO: (12) Que se acompaña a la documentación la certificación emitida por la Corte de Apelaciones certificó el auto de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), que establece como antecedentes: “Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020) el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, solicitud de antejuicio para exigir la responsabilidad penal contra los señores. NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, en su condición de Alcalde la Corporación Municipal del Distrito Central y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ en su condición actual de Regidora número 4, de la Corporación Municipal del Distrito Central a quienes se les supone responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la FE, LA ECONOMÍA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. En fecha veintiocho (28) de octubre del año (2020), el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción resolvió DECLINAR su competencia en la Corte de Apelaciones de Lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción por carecer de competencia objetiva, a Cote de Apelaciones luego del estudio de los antecedentes resolvió: Admitir la solicitud de Antejuicio presentada por el Ministerio Público, con las fotocopias certificadas de los documentos y sus anexos para exigir la responsabilidad penal en contra de los señores NAZRY JUAN ASFURA ZABLAH Y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, además, declara sin lugar la solicitud de abstención de conocer el procedimiento especial de antejuicio.” CONSIDERANDO: (13) Que la Sala de lo Constitucional al analizar la procedencia de la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, ya se ha pronunciado en otras sentencias, al respecto en la sentencia de fecha 05 de noviembre del año 2019, y la sentencia de fecha 06 de enero del 2020, ambas sentencias recaídas en los AP 567, 569, 571, 573, 574, 577,578, 648 -2018, mediante la cual en su parte conducente deja establecido lo siguiente: “En el caso de autos, los encausados deben responder de sus actos u omisiones ante el Tribunal de Cuentas, por ser esta la entidad dispuesta constitucionalmente para verificar el cumplimiento de las obligaciones”, en lo que compete a los funcionarios públicos, el hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra de los actuales encausados, la privación del derecho a ser sometidos a un debido proceso, al habérseles disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso se omite deliberadamente éste, agravándole su situación. En el presente caso, resulta evidente que las imputaciones nacen de las supuestas operaciones realizadas en el fideicomiso suscrito entre la Corporación Municipal del Distrito Central y el Banco Ficohsa, y la supuesta sustracción de los fondos de la Corporación Municipal de Distrito Central, los cuales fueron depositados en cuentas personales de funcionarios de la referida Corporación Municipal, recursos que egresaron por medio de emisión de cheques, bajo el concepto de fondos rotatorios especiales o reembolsos a nombre de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA y otros durante el período 2017-2018, los cuales son destinados a usos particulares a través de sus cuentas personales. CONSIDERANDO: (14) Que las supuestas acciones realizadas por los ahora investigados no deben conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente, o sea el Tribunal Superior de Cuentas, en su condición de órgano fiscalizador del Estado, por disposición constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la justificación esgrimida por el legislador nacional, al momento de promulgar el Decreto legislativo número 10-2002-E, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, expresa: “Que es una aspiración nacional que el referido organismo inicie su funcionamiento con el propósito de cumplir y hacer cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y unitario, instituido para garantizar la gestión y utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros, asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en su relaciones económicas patrimoniales con el Estado y vigilar la correcta administración del patrimonio estatal.” Para lo anterior, el sistema de fiscalización hondureño dispone en el artículo 4 de la citada ley, que en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en el artículo 3 anterior, se observe el carácter preeminente del Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar a posteriori, los fondos y bienes del Estado; lo cual no contradice ni se opone al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público. Todo lo contrario, la preeminencia es un complemento que permite, que, de manera previa a la acción penal, se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Dicha función o atribución fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas, comporta lo que previene el artículo 7, o sea el control económico, financiero gestión y resultado, así como la probidad y ética públicas. Para una mayor claridad, el artículo 37 de la mencionada ley, ilustra que el sistema de control ejercido por el Tribunal Superior de Cuentas tiene por objeto, entre otros: “1) Vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente en el cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la prestación de servicios y adquisición de bienes del sector público. 2)… 3) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actuaciones, en su gestión oficial. 4) Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, investigar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 5) Promover el desarrollo de una cultura de probidad y ética públicas. 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas, y, 7) Supervisar el registro, custodia, administración, posesión y uso de los bienes del Estado.” De igual forma para el control de probidad y ética públicas, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la atribución expuesta en el artículo 53 numeral 6, que dispone: “Promover, establecer, y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar, y, en general, combatir la corrupción …” También la ley le asigna el control de fiscalización, cuyo objeto de conformidad a lo que dispone el numeral 2 del artículo 74, manda entre otros puntos a que supervise, que los bienes que se destinan a organismos, órganos y particulares, sean usados para los fines legalmente determinados. CONSIDERANDO: (15) Que siempre en relación a este punto, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, desarrolla la fiscalización a posteriori, dividiéndola en control interno y externo. El primero de ellos o interno, consiste en un proceso permanente y continuo, realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión o administración. El segundo o externo, se refiere a la acción realizada por el Tribunal Superior de Cuentas con el propósito de fiscalizar a los sujetos pasivos, en los aspectos administrativos, legales, financieros o económicos, de gestión y de resultados. El control interno, según el numeral 2) del artículo 46, dispone el objetivo de proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. La Sala encuentra que el artículo 50, explica claramente el iter o procedimiento a seguir, en casos como el de mérito, en que presuntamente hubo infracciones a la obligación de administración y gestión de caudales públicos, señala el legislador que: “Si como resultado de sus funciones, las unidades de auditoría interna descubrieren hechos que puedan generar responsabilidad administrativa, deberán comunicarlo al titular de la entidad u órgano para que dicte las medidas correctivas que correspondan, dándole seguimiento a las decisiones adoptadas. En el caso de no adoptar o no aplicar medidas necesarias, la Unidad de auditoría interna, deberá comunicarlo al Tribunal en un plazo máximo de quince días. Cuando del examen de los actos o hechos se descubrieren indicios de responsabilidad civil o penal, el auditor interno de la entidad procederá a ponerlo en conocimiento del Tribunal, quien a la vez lo comunicará a la Procuraduría General de la República para que instruya las acciones civiles que fuesen procedentes y al Ministerio Público o al Procurador General de la República, cuando proceda, para el ejercicio de la acción penal.” Además, la ley de que se hace mérito delinea a partir del artículo 82 en adelante[1]: el procedimiento, impugnaciones y resoluciones que se verifican ante el Tribunal Superior de Cuentas en el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales. En términos generales, señala la ley, que el Tribunal, además de las fiscalizaciones y las otras actuaciones que lleva a cabo, podrá instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio o petición de parte interesada, cuando a su juicio considere que existe causa justificada para realizarla, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa, dando oportunidad a los servidores cuestionados a impugnar el resultado de la investigación fiscalizadora provisional. Trayendo a relación, lo expuesto al presente caso que se estudia, la Sala, determina de conformidad a lo establecido en el mencionado artículo 50, que, ante la supuesta acción de malversar los fondos públicos por parte de los funcionarios de la Corporación Municipal del Distrito Central, debe seguirse y cumplirse dicho procedimiento de fiscalización. De manera que nunca debe procederse por la vía penal sin agotar el procedimiento legalmente establecido. Esto obedece a que el Derecho Penal es la última ratio o medio que tiene el Estado para deducir la responsabilidad de aquellos que infringen la ley, o como en este caso, las normas dispuestas en reglamentos. CONSIDERANDO: (16) Que lo antes expuesto se encuentra de conformidad con lo dispuesto por este Alto Tribunal en el considerando 30 de la sentencia SCO-0099-2018 y SCO-0588-2018 de fecha 30 de enero de 2019, en el cual se fijó lo siguiente: “Que el diseño constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho defensa, en los casos descritos según el artículo 222 de la Constitución.” Esto se amplía con lo establecido en el considerando 38 de la misma sentencia, en el que la Sala explica que, si bien es cierto estima que el Tribunal Superior de Cuentas no determina la responsabilidad penal, porque eso vulneraría una serie de libertades y derechos constitucionales, y además porque es una atribución que pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional, o sea que es propia del Poder Judicial; si considera correcto, interpretar lo siguiente de conformidad con la Constitución, así: “el Tribunal Superior de Cuentas, como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización.” Por lo que la infracción al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo exponen los recurrentes, constituyen una causa para dictar Amparo a favor de sus representados, en virtud de que se obviaron formalidades legales que repercuten en el derecho de defensa de los ahora investigados, al constar que les fue negado defenderse dentro del ámbito o proceso administrativo”. CONSIDERANDO: (17) Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso produciría el atropello de éste; tal como acontece en el caso sub judice, por todo ello esta Sala estima que se han quebrantado los derechos constitucionales invocados por los recurrentes. En consecuencia, los motivos esgrimidos por los impetrantes son de recibo, por lo que debe otorgarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta. CONSIDERANDO (18): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 4, 37, 46 Numeral 2, 50, 53 Numeral 6 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por las señoras EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA Y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, a favor de sí mismas, contra las actuaciones realizadas por el MINISTERIO PÚBLICO, relacionadas según las recurrentes a una solicitud de Diligencias Previas, en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, presentadas por el Agente de Tribunales GELMER HUMBERTO CRUZ ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0698-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Deberá tomarse en cuenta las reformas contenidas en el Decreto legislativo número 134-2011 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 32,626 del jueves 22 de septiembre de 2011, mediante el cual se reforman los artículos 2, 30, 32, 56, 63, 64, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 99, 100,105, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.