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Sentencia AP-627-18 — Registro 13073

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada en primera instancia que decretó sobreseimiento provisional a favor de recurrente a quien se le supone responsable del delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de afectada; Autoridad recurrida considera que hay causal de inadmisibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al estar dirigido el acto reclamado con el presente amparo, contra una resolución que no es recurrible, la acción de amparo se enmarca dentro de la causal quinta de inadmisibilidad contenida en el artículo cuarenta y seis de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que es procedente sobreseer el recurso de mérito..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"al estar dirigido el acto reclamado con el presente amparo, contra una resolución que no es recurrible, la acción de amparo se enmarca dentro de la causal quinta de inadmisibilidad contenida en el artículo cuarenta y seis de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que es procedente sobreseer el recurso de mérito..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Eduardo Enoc Castellón Barrientos a favor del señor Dagoberto Palma Quintanilla, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor Dagoberto Palma Quintanilla por suponerlo responsable del delito de Violencia Intrafamiliar en perjuicio de la señora Adela María Ramírez Holnzer. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 84 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de abril de dos mil dieciséis, compareció ante el entonces Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, la Abogada Ileana Alejandra Aguilar Arce, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Dagoberto Palma Quintanilla a quien se le supone responsable del delito de Violencia Intrafamiliar en perjuicio de la señora Adela María Ramírez Holnzer. (Folios 1-4 del antecedente). 2) En la celebración de la audiencia inicial de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, decretó: “SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del ahora imputado DAGOBERTO PALMA QUINTANILLA a quien se le supone responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en perjuicio de ADELA MARÍA RAMÍREZ HOLZNER quedando sin valor y efecto las medidas decretadas en audiencia indagatoria, sin perjuicio de que la presente resolución pueda ser objeto de recursos que la ley establece, que puedan dar lugar a su modificación…”. (Folios 76-86 del antecedente). 3) La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Sergio Hugo Barrientos García y Eduardo Enoc Castellón Barrientos, en su condición de Defensores Privados del señor Dagoberto Palma Quintanilla, contra el laudo relacionado en el numeral que antecede, en fecha seis de marzo de do mil dieciocho, por unanimidad de votos falló: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por los Defensores Privados del encausado Dagoberto Palma Quintanilla, Abogados SERGIO HUGO BARRIENTOS GARCIA y EDUARDO ENOC CASTELLÓN BARRIENTOS, contra la resolución proferida en audiencia inicial de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal instruida contra DAGOBERTO PALMA QUINTANILLA, de generales ya expresadas en el preámbulo de esta resolución, por suponerlo responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de la señora ADELA MARÍA RÁMIREZ HOLNZER.-SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA…”. (Folios 8-11 del expediente del Ad-quem). 4) Que el recurrente, Abogado Eduardo Enoc Castellón Barrientos, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor Dagoberto Palma Quintanilla, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82,84 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, vistos los antecedentes en el recurso de amparo de mérito, se observa que el término de cuarenta y ocho horas concedidos para formalizar su acción venció el día veintisiete de abril de dos mil diecinueve, siendo las diez con cuarenta y ocho minutos de la mañana, en consecuencia, se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar la acción, asimismo, se desprende del escrito de interposición, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual este Tribunal estimó conveniente continuar con el procedimiento, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen, de conformidad a lo establecido al artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 19 del expediente del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que conforme lo establece el recurrente, el acto reclamado es la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que declara sin lugar el recurso de reposición contra una resolución dictada por la referida Corte de Apelaciones en fecha seis de marzo de dos mil dieciocho con relación a la causa instruida contra el señor Dagoberto Palma Quintanilla en perjuicio de la señora Adela Maria Ramirez Holnzer. CONSIDERANDO (4): Que por su propia naturaleza las resoluciones en las que se resuelva sobre un recurso de reposición, sin perjuicio de la acción intentada contra el acto que las motivó, no admiten recurso en contra. CONSIDERANDO (5): Que al estar dirigido el acto reclamado con el presente amparo, contra una resolución que no es recurrible, la acción de amparo se enmarca dentro de la causal quinta de inadmisibilidad contenida en el artículo cuarenta y seis de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que es procedente sobreseer el recurso de mérito. CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 199 del Código de Procedimientos Civiles; 4 Nº 6, Nº 7 Y Nº 8, 46 Nº 5, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por el Abogado EDUARDO ENOC CASTELLON BARRIENTOS a favor del señor DAGOBERTO PALMA QUINTANILLA; contra una resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. REDACTO LA MAGISTRADA LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-627-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL