Sentencia AP-606-20 — Registro 12493
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones mediante la cual declaró sin lugar la recusación del juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal, con relación a la causa instruida por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO SIETE (7): Que [la Sala estima que] en el caso de autos no se encuentra comprendido dentro de esta causal, ya que se trata de una denuncia ante la Inspectoría de tribunales, que únicamente puede levantar informe para que la oficina correspondiente, imponga o no las sanciones administrativas que corresponden. […] CONSIDERANDO NUEVE (9): Que […] Señalándose de manera clara las causales de recusación en el artículo 83 del Código procesal penal, y en las que no se encuentra la sanción administrativa provocada por la denuncia del que promueve la recusación. La causal contenida en el numeral 2), […] situación que no se presenta en el caso de autos.” Con relación a la sentencia AP-0756-2010 de fecha seis de noviembre de dos mil doce la Sala en forma escueta dispuso que la amparista no acreditó que la juez recusada se encontrara comprendida en las situaciones enumeradas por la causal alegada. Con ello, lo que este alto tribunal de justicia introduce a la jurisprudencia es la obligación que tiene la persona que acude en amparo de acreditar la existencia de la acusación, denuncia o querella (por la comisión de delitos). Conforme a todo lo anteriormente expuesto, se resumen a continuación los elementos que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha ido configurando para que la causal del numeral 2 del artículo 83 del Código procesal penal prospere:
- La mera presentación de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el acusado no constituye razón suficiente para estimar la recusación, se requiere además que, la misma sea admitida en sede judicial y con ello dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de estas. 2. Debe probarse la existencia de la presentación de la acusación, denuncia o querella, así como la admisión de ésta en sede judicial. 3. No se configura la causal de recusación por denuncias presentadas ante los órganos internos del Poder Judicial que tengan como propósito investigar y sancionar la conducta administrativa del servidor judicial. Este alto tribunal de justicia aclara que para estimar la causal dispuesta en el numeral 2 del artículo 83 del Código procesal penal deben cumplirse las tres reglas anteriores. A la sazón, en el presente asunto se puede constatar que no se acreditó la admisión de la denuncia en sede judicial, por lo que no es de recibo la causa invocada para otorgar amparo. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional en referencia al antecedente consistente en la pieza de recusación, observa los siguientes elementos fácticos, necesarios para la comprensión de lo acaecido en el presente caso. La recusación se presentó por escrito el veinticinco de junio de dos mil veinte a las cuatro de la tarde con trece minutos, señalando que en esa misma fecha presentó denuncia contra el juez Claudio Daniel Aguilar Elvir por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y denegación y retardo de justicia. También, consta en autos que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el mismo día veinticinco de junio al mediodía, que se presentó la recusación. De manera que al analizar todo lo anterior, se concluye en que no se cumplen los requisitos que la Sala ha ido señalando en su jurisprudencia para otorgar amparo en el presente asunto; asimismo, se puede observar que la denuncia ante el Ministerio Público se interpuso con el fin de alegar posteriormente la recusación que fue en todo caso denegada por la corte de apelaciones. Por todas estas razones y de conformidad a la jurisprudencia de la Sala, procede que se deniegue la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
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