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Sentencia AP-604-20 — Registro 12778

Resumen

denegatoria de acción de amparo argumentando impetrante inadmisibilidad de medios probatorios propuestos por éste, en relación a sentencia condenatoria por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, se conoce en consulta la sentencia dictada en fecha doce de marzo de dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que denegó el recurso de amparo promovido por el abogado José Carlos Velásquez, a favor del señor Edwin Adalberto Domínguez, contra la sentencia de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, con relación a la causa seguida contra el señor Domínguez Ramírez, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido R-229 en la etapa de Juicio Oral y Público; procediendo dicha Corte de Apelaciones a declarar no ha lugar tal acción de amparo, por las consideraciones expresadas en el Antecedente No. 7) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que, el objeto de la garantía constitucional planteada por el peticionario, Abogado JOSÉ CARLOS VELÁSQUEZ, invoca la consideración legal de que tanto el imputado, como su defensor, tienen derecho a presentar los elementos probatorios que dispongan, en cualquier etapa del Juicio; en vista a que el mismo expediente investigativo utilizado como prueba de cargo, en contra de su representado, debe usarse en forma íntegra, y no mutilada; como estila el Ministerio Público, para ocultar yerros, o vulneración a las garantías constitucionales; lo cual debe apreciarse para su admisibilidad probatoria, por favorecer la estrategia de la Defensa; lo cual no fue el caso, siendo obviadas tales bases de admisibilidad de nueva prueba por la instancia ordinaria que conociera el Debate de Juicio Oral y Público; estimando el garantista que la resolución suprarrelacionada atenta contra lo preceptuado en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, del examen de las diligencias resulta la razonabilidad del fallo que emitiera la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, en el sentido que la resolución judicial de inadmisibilidad probatoria recurrida, no resulta susceptible de amparo, por no resultar violatoria de las garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, ni de las garantías mínimas que establece el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, del cual es parte fundacional el Estado de Honduras; resultando su argumentación jurídica compatible a los parámetros constitucionales, convencionales en materia de derechos humanos y legales ordinarios que tutelan el debido proceso y el derecho a la inviolabilidad de la defensa; por lo cual procede confirmar la desestimación del recurso de amparo acordada en la sentencia venida en consulta."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero del dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha doce de marzo de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que denegó el recurso de amparo promovido por el abogado José Carlos Velásquez, a favor del señor Edwin Adalberto Domínguez, contra la sentencia de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, con relación a la causa instruida contra el señor Edwin Adalberto Domínguez Ramírez, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido R-229. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, la Abogada Wendy Xiomara Pineda, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Edwin Adalberto Domínguez Ramírez, por suponerlo responsable del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido con Clave “R-229”. (Folios 1-5 del expediente del A-quo) 2) En fecha trece de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, se celebró audiencia en la que se le tomó declaración al imputado, mediante la cual se resolvió: 1.-Imponer al ciudadano: EDWIN ADALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE “R-229”, la medida de detención judicial por el término de ley para inquirir, señálese audiencia inicial para el día MIERCOLES DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.-2)…3)… (Folios 9-10 vuelto del expediente del A-quo) 3) En fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, en la celebración de la audiencia inicial resolvió: 1) Decretar Auto de Formal Procesamiento contra el señor EDWIN ADALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de Testigo Protegido R-229; 2) Decretar Prisión Preventiva al señor EDWIN ADALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ Y; 3)… (Folios 11-17 del expediente del A-quo) 4) En fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, resolvió: PRIMERO: DECRETAR AUTO DE APERTURA A JUICIO en las presentes diligencias contra EDWIN ADALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE R-229; SEGUNDO: … TERCERO: (Folio 111 vuelto del expediente del A-quo) 5) En fecha once de junio de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, en la celebración de la audiencia de Juicio Oral y Público, falló:…se CONDENA al señor ADALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ, del delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio del Testigo Protegido R-229, se señala como fecha para la audiencia de la individualización el día 26 de julio del corriente año a las nueve de la mañana… (Folios 41-58 vuelto del expediente del Ad-Quem) 6) En fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado José Carlos Velásquez M., interponiendo recurso de amparo a favor del señor Edwin Adalberto Domínguez, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, argumentando el recurrente que dicha resolución le vulnera a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 vuelto del expediente del Ad-Quem) 7) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de marzo de dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual falló: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ CARLOS VELÁSQUEZ a favor de EDWIN ADALBERTO DOMINGUEZ, contra la resolución de fecha 11 de junio del año 2018, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro. (Folios 60-65 del expediente del Ad-Quem); lo cual tuvo fundamento en que los fines constitucionales del amparo no contemplan modificar, o poner término al juicio criminal, por no haberse admitido pruebas que un Tribunal consideró no útiles, ni pertinentes. Lo contrario implicaría desnaturalización de los fines de esta garantía constitucional.[1] Asimismo, señaló la motivación de la resolución venida en consulta, que no se ha contravenido, disminuido o tergiversado cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución, tales como el debido proceso y el derecho de defensa; al constatarse que en dicho Juicio se dictó el fallo de culpabilidad, inadmitiendo la prueba propuesta en turno incidental de conformidad a los presupuestos procesales del artículo 320 párrafo tercero (Sic.), pues sólo pueden admitirse nuevos medios de prueba cuando no impliquen la suspensión de las sesiones de Juicio; así como por no corresponder a un criterio de proporcionalidad, visto el remanente de la prueba que fuera admitida. Tal resolución, por lo demás, no es susceptible de apelación conforme a los prescrito en el artículo 354 del Código Procesal Penal; pudiendo invocarse, sin embargo, en recurso de casación por infracción de precepto constitucional, según lo preceptúa el artículo 361 del Código Procesal Penal, por estar vinculada intrínsecamente la pretensión del amparista con la normativa constitucional, o por quebrantamiento de forma; recursos que tendría expeditos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo los mismos argumentos aquí planteados. Consigna también como antecedente, que el Tribunal A Quo motivara la no afectación a los derechos constitucionales del imputado, en virtud que, desde cuando adquirió la condición de imputado, contó con Defensor.[2] 8) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, se conoce en consulta la sentencia dictada en fecha doce de marzo de dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que denegó el recurso de amparo promovido por el abogado José Carlos Velásquez, a favor del señor Edwin Adalberto Domínguez, contra la sentencia de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, con relación a la causa seguida contra el señor Domínguez Ramírez, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido R-229 en la etapa de Juicio Oral y Público; procediendo dicha Corte de Apelaciones a declarar no ha lugar tal acción de amparo, por las consideraciones expresadas en el Antecedente No. 7) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que, el objeto de la garantía constitucional planteada por el peticionario, Abogado JOSÉ CARLOS VELÁSQUEZ, invoca la consideración legal de que tanto el imputado, como su defensor, tienen derecho a presentar los elementos probatorios que dispongan, en cualquier etapa del Juicio; en vista a que el mismo expediente investigativo utilizado como prueba de cargo, en contra de su representado, debe usarse en forma íntegra, y no mutilada; como estila el Ministerio Público, para ocultar yerros, o vulneración a las garantías constitucionales; lo cual debe apreciarse para su admisibilidad probatoria, por favorecer la estrategia de la Defensa; lo cual no fue el caso, siendo obviadas tales bases de admisibilidad de nueva prueba por la instancia ordinaria que conociera el Debate de Juicio Oral y Público; estimando el garantista que la resolución suprarrelacionada atenta contra lo preceptuado en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, del examen de las diligencias resulta la razonabilidad del fallo que emitiera la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, en el sentido que la resolución judicial de inadmisibilidad probatoria recurrida, no resulta susceptible de amparo, por no resultar violatoria de las garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, ni de las garantías mínimas que establece el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, del cual es parte fundacional el Estado de Honduras; resultando su argumentación jurídica compatible a los parámetros constitucionales, convencionales en materia de derechos humanos y legales ordinarios que tutelan el debido proceso y el derecho a la inviolabilidad de la defensa; por lo cual procede confirmar la desestimación del recurso de amparo acordada en la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos: 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, y 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 numeral 1) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA en fecha doce de marzo de dos mil veinte, con el mérito que arroja la presente sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal en Consulta bajo el número SCO-604-2020.

Vulnerable

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver Considerados (8) y (9) de la sentencia venida en Consulta.

[2] Ver Considerado (5) de la sentencia venida en Consulta.