Sentencia AP-60-20 — Registro 19017
Resumen
La Corte de Apelaciones declaró ha lugar recurso de apelación contra resolución de juez de instancia que estableció que la infracción a la normativa de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por parte del recurrente (art. 20 de su Ley, prestar sus funciones de forma exclusiva a la Comisión), se enmarca en la esfera del derecho administrativo y civil, y no de tipo penal; La Corte revocó el sobreseimiento definitivo y ordenó que se dicte auto de formal procesamiento contra recurrente, por considerar que éste debía dar cumplimiento al ordenamiento de la Comisión de forma exclusiva; Además, en audiencia se comprobó que no brindó sus servicios de esa forma y con ello comprometió la regularidad y legalidad de su función pública, perjudicando la Administración Pública; por lo que se reúnen los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala debe pronunciarse solamente en cuanto a la posible vulneración de los derechos invocados por el recurrente, apreciándose que con el planteamiento del amparista no se ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados en la presente acción de amparo; de tal forma que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho y no violenta o transgrede de ninguna forma el derecho que se consideran vulnerados por el impetrante..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que no corresponde pronunciarse sobre lo peticionado en el escrito de formalización que corre en la pieza de la presente acción de amparo, referente a la aplicación de la retroactividad de la ley penal cuando ésta favorece al procesado contenida en el artículo 96 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en virtud de que la ley sustantiva vigente en materia penal, despenalizó la conducta por la cual se juzga al recurrente, y ello es así, en tanto la despenalización supra, sucedió cuando la sentencia que se conoce en amparo ya había sido dictada, estando obligada esta Sala a pronunciarse solamente sobre las supuestas violaciones desarrolladas por el impetrante en la formalización de la presente acción de amparo..."..."se aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo este con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y debido proceso al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a tales garantías constitucionales, puesto que el juzgador ha plasmado en su decisión, la motivación necesaria indicando razonablemente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Así las cosas, esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar el sobreseimiento definitivo y dictar auto de formal procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello, de acuerdo a las motivaciones que preceden, procede denegar el amparo demandado..."..."por todo lo antes expresado, no acreditándose mediante argumentación eficiente y concreta por la parte recurrente, de los derechos fundamentales invocados a favor del señor Tulio David Barahona Fuentes resultaren violentados en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, a través de la resolución de apelación, procede dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala debe pronunciarse solamente en cuanto a la posible vulneración de los derechos invocados por el recurrente, apreciándose que con el planteamiento del amparista no se ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados en la presente acción de amparo; de tal forma que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho y no violenta o transgrede de ninguna forma el derecho que se consideran vulnerados por el impetrante..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que no corresponde pronunciarse sobre lo peticionado en el escrito de formalización que corre en la pieza de la presente acción de amparo, referente a la aplicación de la retroactividad de la ley penal cuando ésta favorece al procesado contenida en el artículo 96 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en virtud de que la ley sustantiva vigente en materia penal, despenalizó la conducta por la cual se juzga al recurrente, y ello es así, en tanto la despenalización supra, sucedió cuando la sentencia que se conoce en amparo ya había sido dictada, estando obligada esta Sala a pronunciarse solamente sobre las supuestas violaciones desarrolladas por el impetrante en la formalización de la presente acción de amparo..."..."se aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo este con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y debido proceso al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a tales garantías constitucionales, puesto que el juzgador ha plasmado en su decisión, la motivación necesaria indicando razonablemente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Así las cosas, esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar el sobreseimiento definitivo y dictar auto de formal procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello, de acuerdo a las motivaciones que preceden, procede denegar el amparo demandado..."..."por todo lo antes expresado, no acreditándose mediante argumentación eficiente y concreta por la parte recurrente, de los derechos fundamentales invocados a favor del señor Tulio David Barahona Fuentes resultaren violentados en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, a través de la resolución de apelación, procede dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala debe pronunciarse solamente en cuanto a la posible vulneración de los derechos invocados por el recurrente, apreciándose que con el planteamiento del amparista no se ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados en la presente acción de amparo; de tal forma que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho y no violenta o transgrede de ninguna forma el derecho que se consideran vulnerados por el impetrante..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que no corresponde pronunciarse sobre lo peticionado en el escrito de formalización que corre en la pieza de la presente acción de amparo, referente a la aplicación de la retroactividad de la ley penal cuando ésta favorece al procesado contenida en el artículo 96 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en virtud de que la ley sustantiva vigente en materia penal, despenalizó la conducta por la cual se juzga al recurrente, y ello es así, en tanto la despenalización supra, sucedió cuando la sentencia que se conoce en amparo ya había sido dictada, estando obligada esta Sala a pronunciarse solamente sobre las supuestas violaciones desarrolladas por el impetrante en la formalización de la presente acción de amparo..."..."se aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo este con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y debido proceso al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a tales garantías constitucionales, puesto que el juzgador ha plasmado en su decisión, la motivación necesaria indicando razonablemente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Así las cosas, esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar el sobreseimiento definitivo y dictar auto de formal procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello, de acuerdo a las motivaciones que preceden, procede denegar el amparo demandado..."..."por todo lo antes expresado, no acreditándose mediante argumentación eficiente y concreta por la parte recurrente, de los derechos fundamentales invocados a favor del señor Tulio David Barahona Fuentes resultaren violentados en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, a través de la resolución de apelación, procede dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró ha lugar un recurso de apelación y revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor TULIO DAVID BARAHONA FUENTES por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la ANTECEDENTES: 1) Que en fecha once de enero del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado ISAIAS OLIVA PALMA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS en perjuicio en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en la audiencia inicial celebrada los días doce y veinte de junio de dos mil diecinueve, el citado juzgado dicto resolución en la cual resolvió: “1) DECRETAR: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA”. (FOLIO DEL 457 AL 465 de la pieza principal).-3) Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada por el A-QUO, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán resolvió: 1) Declarar ha lugar el recurso interpuesto por la Fiscal del Ministerio Publico. 2) Revocar el Sobreseimiento Definitivo. 3) Que se dicte auto de formal procesamiento. (Folios 499 al 506 de la pieza principal).-4) Que en fecha catorce trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO actuando en su condición de Defensor Privado del señor TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, interpuso recurso de reposición contra la resolución relacionada en el numeral anterior. En consecuencia, en fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelación Penal del departamento de Francisco Morazán resolvió: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. (Folios 505 al 508 de la pieza principal).-5) Que en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, compareció ante la Sala Constitucional interponiendo Recurso de Amparo la celebración de la audiencia inicial, el Juzgado de Letras citado resuelve: Decretar: 1. Sobreseimiento Definitivo, a favor de SI MISMO, contra las resoluciones de fechas veinticinco de septiembre y quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictadas por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, por estimar que las mismas son violatorias de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que en fecha veintiuno de enero del año dos mil veinte, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, interponiendo Acción de Amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecinueve, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra el sobreseimiento definitivo de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en el proceso seguido a TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, por suponerlo responsable de la comisión del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios; resolución que declara Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca el sobreseimiento definitivo, ordenando que se dicte Auto de Formal Procesamiento; considera el recurrente en amparo, que la resolución antes referida vulnera los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que en defensa de su tesis, el recurrente sostiene que al realizarse un análisis sobre los hechos atribuidos, estos no se enmarcan en ninguno de los supuestos señalados por el Ministerio Público, argumentándose entre otros, que la juzgadora tuvo a bien referirse a la supuesta violación de los deberes de los funcionarios públicos, tomando en cuenta los hechos y pruebas propuestas y admitidas en autos, que suponían específicamente a la violación de exclusividad de servicios que establece el artículo 20 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, concluyó que el imputado en ningún momento violentó dicha exclusividad, pero que podría tener consecuencias en el ámbito del derecho administrativo o civil, si el incumplimiento de la exclusividad generara perjuicios al Estado. Asimismo, aduce que la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros no es una ley penal que tipifique un acto constitutivo de delito sino faltas administrativas como consecuencia de la acción u omisión, por lo que nunca existió la posibilidad de producir un efecto constitutivo de delito, haciendo ver que el hoy amparista nunca fue sometido a procedimiento administrativo disciplinario y/o sancionado en sede administrativa por la supuesta infracción al artículo 20 de la ya referida Ley.-CONSIDERANDO (4): Que el impetrante arguye que la Corte de Apelaciones Penal recurrida incurrió en infracción de los artículos 141, 337 y 338 del Código Procesal Penal en el sentido que el Tribunal de Apelaciones no se refirió de forma detallada a los antecedentes procesales ni a los argumentos de oposición del recurso de apelación interpuesto; ni siquiera a los hechos probados y en su defecto, las pruebas que fueron adheridas por parte de la defensa, mucho menos determina el delito por el cual debe seguirse la causa, ya que la modificación jurídica recalificada por el Ministerio Públicos en audiencia inicial, siempre se mantuvo por el supuesto delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos en perjuicio de la administración pública al no explicar si el delito si el delito de ahora en adelante debía ser por abuso de autoridad, limitándose a declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, ordenando revocar la resolución del Juzgad de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán y se dictara auto de formal procesamiento.- CONSIDERANDO (5): Que reitera el impetrante en la formalización del recurso, que el Ministerio Público en ningún momento probó que el acusado hubiera causado un grave perjuicio al Estado que ponga en peligro el bien jurídico protegido llamado administración pública. Si el Ministerio Público no pudo acreditar el indicio racional de participación en un hecho aparentemente ilícito y tampoco acreditó la plena prueba de la comisión del mismo y la defensa estableció y probó todo lo contrario en el proceso, por lo que no se podía pretender que se cumplieran los elementos del tipo penal para que se decretara el auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (6): Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la Revocatoria por parte del Tribunal Ad-quem del sobreseimiento definitivo emitido por el A-quo, en cuanto a que revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del encausado Tulio David Barahona Fuente; el recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que dicha resolución omite no solo las normas constitucionales alegadas en amparo, primero, por no describir los antecedentes procesales, por no referirse a los conceptos ni argumentos descritos por el hoy amparista en la oposición del recurso de apelación y segundo, porque omite flagrantemente la determinación del delito o tipo penal del cual se le debe imputar, ya que el Juzgado de Letras Penal supra señalado, acertadamente refirió en su resolución que la infracción legal del artículo 20 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se enmarca en la esfera del derecho administrativo y civil y no de tipo penal.-CONSIDERANDO (7): Que el recurrente expone en su acción constitucional, que las disposiciones constitucionales, que estima vulneradas con la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se encuentran contenidos en los artículos 82 y 90, ya que, al no aplicar el debido proceso en el desarrollo del proceso penal, su derecho de defensa es conculcado por haberse dictado los actos procesales en clara y flagrante violación a las disposiciones legales planteadas en la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO (8): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada en lo siguiente: Al revisar la foliada, se colige que el bien jurídico protegido es la administración pública, es decir, protege la preservación de la regularidad del funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos que pueden verse comprometidos por el acto arbitrario en el que el funcionario actúe más allá de su competencia. Asimismo, considera que con la documentación acreditada en audiencia se establece que el señor Tulio David Barahona Fuentes tenía conocimiento pleno que el estar desempeñando un cargo público en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, lo sujetaba a dar cumplimiento del ordenamiento de dicha entidad de forma exclusiva; es así, que contrario a lo que la juez argumenta, el señor Barahona Fuentes contravino lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; probando además que no brindó sus servicios de forma exclusiva a la Comisión y al Estado, comprometiéndose de esta manera con su conducta, la regularidad y legalidad de la función pública, perjudicando la Administración Pública al tener el imputado, una posición de garante respecto a dicho bien jurídico protegido y el cumplimiento del artículo 20 de la norma antes citada, por lo que se trata de una obligación legalmente definida y descrita con precisión. En consecuencia, al tener conocimiento pleno de la norma y de las disposiciones que la misma contenía, se arriba a la conclusión de que se reúnen los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal, siendo procedente declarar ha lugar el recurso, revocar el sobreseimiento definitivo y dictar auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala debe pronunciarse solamente en cuanto a la posible vulneración de los derechos invocados por el recurrente, apreciándose que con el planteamiento del amparista no se ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados en la presente acción de amparo; de tal forma que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho y no violenta o transgrede de ninguna forma el derecho que se consideran vulnerados por el impetrante.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional estima que no corresponde pronunciarse sobre lo peticionado en el escrito de formalización que corre en la pieza de la presente acción de amparo, referente a la aplicación de la retroactividad de la ley penal cuando ésta favorece al procesado contenida en el artículo 96 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en virtud de que la ley sustantiva vigente en materia penal, despenalizó la conducta por la cual se juzga al recurrente, y ello es así, en tanto la despenalización supra, sucedió cuando la sentencia que se conoce en amparo ya había sido dictada, estando obligada esta Sala a pronunciarse solamente sobre las supuestas violaciones desarrolladas por el impetrante en la formalización de la presente acción de amparo. En ese sentido, dicha petición concierne ser efectuada ante esta alzada, y esta deberá aplicar el bloque de constitucionalidad- articulo 96 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- atendiendo a los principios constitucionales y convencionales que garanticen una justicia pronta y efectiva.-CONSIDERANDO (11): Que siguiendo el hilo conductor de la sentencia, se aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo este con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y debido proceso al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a tales garantías constitucionales, puesto que el juzgador ha plasmado en su decisión, la motivación necesaria indicando razonablemente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Así las cosas, esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar el sobreseimiento definitivo y dictar auto de formal procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello, de acuerdo a las motivaciones que preceden, procede denegar el amparo demandado.-CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expresado, no acreditándose mediante argumentación eficiente y concreta por la parte recurrente, de los derechos fundamentales invocados a favor del señor Tulio David Barahona Fuentes resultaren violentados en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, a través de la resolución de apelación, procede dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 202 y 294 del Código Procesal Penal, articulo 7, 20, 24 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME..- MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “ CORTE SUPREMADE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero del dos mil veintitrés.- VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES en la sentencia del recurso de amparo presentado por el peticionario a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, la cual se falla denegando el recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, de lo cual se ha hecho el debido mérito. CONSIDERANDO (1): Que en fecha doce de agosto mil veintidós, el recurrente abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, por considerar que la Sala de lo Constitucional incurre en la supuesta infracción por falta de fundamentación y motivación porque este tribual de alzada no se pronunció sobre los argumentos que ha venido esgrimiendo el recurrente al sostener que la fiscalía recurrió de inmediato a la acción penal a pesar de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ni siquiera había intentado el proceso administrativo, incurriendo prácticamente con ello en abuso del proceso penal en la solución de conflictos, no estimó la última ratio implícita en materia penal desde el mundo antiguo, además la acusación al no determinar el tipo penal, y con ello, caer en el error de indeterminación al recurrir a la analogía instrumento no permitido en materia penal, y por si fuera poco, que objetivo tendría el derecho procesal penal si su objetivo es encontrar la verdad y terminar el proceso, invadiendo el principio penal nullum crimen nula pena sine lege. De tal manera que al no haber ley que determinen un delito, nadie puede ser procesado y llevar un juicio a sabiendas de la desaparición del delito por la irretroactividad favorable al procesado. De igual manera la sentencia de la Sala en el considerando 10 estima que no corresponde pronunciarse sobre lo peticionado en el escrito de formalización, referente a la aplicación de la retroactividad de la ley penal cuando esta favorece al procesado en virtud de que la ley sustantiva vigente en materia penal despenalizó la conducta por la cual se juzga al recurrente, y ello es así, en tanto la despenalización sucedió cuando la sentencia que se conoce en amparo ya había sido dictada, por lo antes expuesto, se deduce, que si bien es cierto, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Penal y que se conoce en amparo fue emitida antes que entrara en vigencia el Código Penal, Decreto 130-2017, el suscrito recurrente presentó escrito en fecha veinticinco de junio de dos mil veinte para los efectos de que se considerase que la nueva norma penal estaba vigente y es aplicable el articulo 615 del Código Penal vigente, referente a la retroactividad de la ley penal, específicamente porque el articulo 499 numeral 1 segundo párrafo. En consecuencia, en aplicación al artículo 63 segundo párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al dictarse la sentencia que se recurre, se debió tener en cuenta que la finalidad es garantizarle a los amparistas agraviados en los casos supuestos, el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible al estado anterior a la violación.-CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada al abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES en fecha once de agosto de dos mil veintidós, interponiéndose el recurso de reposición en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, según consta en la pieza de amparo.-CONSIDERANDO (3): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO(4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de de ; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de Justicia Constitucional; 13, 14, 15, 16 y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES en la sentencia del recurso de amparo presentado a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se continúe con el trámite de ley correspondiente. NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), y Resolución de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veintitrés (2023) recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0060-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL