Sentencia AP-590-21 — Registro 13640
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que otorgó el recurso de amparo relacionados a la suspensión en el ejercicio de la profesión por supuesto abandono de la defensa. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 1, 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que esta Corte, después del estudio de rigor, observa que el amparista justificó debidamente su incomparecencia para la audiencia señalada el 5 de febrero del 2021, extremo que esta Alzada, explica de la manera siguiente, ciertamente corre visible en autos, escrito de reprogramación de audiencia para proposición de pruebas, suscrita por el recurrente JERSY JEOVANY LAZO BACA, vinculante a la audiencia previamente señalada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, el 29 de enero del 2021, vinculante a una reprogramación de audiencia de reprogramación de prueba efectivamente para el viernes 5 de febrero del 2021, y notificado el Abogado Amparista, con la advertencia de que deberá justificar una posible incomparecencia a la audiencia. Es visto que el amparista, compareció al Tribunal de Sentencia de Comayagua, precisamente el 5 de febrero del 2021 a las 9:20am de la mañana, horas antes de practicarse la referida audiencia de proposición de prueba y a folio 12 de los antecedentes, se acredita documentalmente por constancia suscrita por el Director Ejecutivo del CENTRO HONDUREÑO DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, DONALD HERNANDEZ PALMA, cuyo representante legal procesal lo es el amparista JEOVANY LAZO BACA, donde se evidencia que el referido profesional del derecho, lleva diferentes causas de la referida institución y que el día jueves 4 de febrero del 2021, viajó a la ciudad de Yuscarán, El Paraíso, para comparecer a audiencia de índole laboral, regresando a la ciudad de Tegucigalpa en horas de la tarde noche, para luego desplazarse a la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, para realizar actividades previamente planificadas, con comunidades del movimiento indígena lenca de La Paz, lo anterior según la constancia, se origina por la imposibilidad de la comparecencia del citado profesional del derecho a la audiencia de proposición de pruebas del 5 de febrero del 2021 a las 2:30 de la tarde, suplicando dicho Director Ejecutivo, al Tribunal de Sentencia se le permita por esa causa de cierta manera de fuerza mayor, documental que esta Corte considera per se, causa justificada suficiente y bastante para la incomparecencia a dicha audiencia por parte del referido profesional del derecho. Sin duda alguna, el Tribunal de Sentencia, debe prodigarse en estos casos atendiendo seriamente esos extremos a efecto de no llegar a la aplicación del artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal, pues a juicio de esta Corte, no existe en el caso de autos Abandono de Defensa, de consiguiente, llega al convencimiento este Ad-quem de que notoriamente se le han vulnerado al impugnante las garantías constitucionales del Debido Proceso consignado en el artículo 90 Constitucional y el 82 sobre el Derecho de Defensa de la misma Ley Fundamental.” De manera que, para la Corte de Apelaciones, a raíz de los alegatos presentados por el Amparista, junto con la documentación que hizo llegar al proceso, le lleva a determinar que el accionar del Tribunal de Sentencia, conculca el derecho al debido proceso, y además el derecho de defensa. Por lo que accede a otorgar amparo a favor del Abogado JERSY JEOVANY LAZO BACA.CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Tribunal de Sentencia de Comayagua, denota arbitrariedad desde el momento en el que considera, la suspensión del referido profesional por motivos de abandono de defensa. Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, solamente procediendo a REFORMAR DE OFICIO el numeral Segundo de la parte dispositiva de la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): REFORMA DE OFICIO. Que conforme con lo estipulado por el Artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. La ley estipula que tales aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia. Que esta Sala no advierte que del fallo de mérito surjan o se vean plasmados conceptos oscuros que exijan aclaración, no obstante, se aprecia un error material que amerita ser corregido por parte de esta Sala. Que, en consonancia con lo anterior, esta Sala de lo Constitucional señala estar de acuerdo con la decisión de la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en las consideraciones de fondo establecidas en su resolución y que las mismas se encuentran apegadas a derecho, resultando pertinente únicamente corregir el error material que han sido advertido, como lo es en el numeral segundo de la parte dispositiva de la sentencia la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en donde esta ordena que se deje de inmediato sin ningún valor y efecto la resolución proferido en audiencia de fecha 10 de marzo del 2021, en la cual tiene por abandonada la defensa del Abogado JERSY JEOVANY LAZO BACA, y ordena la suspensión por tres meses en el ejercicio profesional, siendo la fecha correcta 10 de febrero del 2021. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de mayo dos mil veintiuno, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que OTORGÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua.- SEGUNDO: CORREGIR DE OFICIO la sentencia de fecha treinta y uno de mayo dos mil veintiuno en específico el numeral Segundo de la parte dispositiva que deberá leerse así: “SEGUNDO: Que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, deje de inmediato sin ningún valor y efecto la resolución proferido en audiencia de fecha 10 de febrero del 2021, en la cual tiene por abandonada la defensa del Abogado JERSY JEOVANY LAZO BACA, y ordena la suspensión por tres meses en el ejercicio profesional.”. “
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 118, Párrafo tercero (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua; que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fechas diez de febrero de dos mil veintiuno, relacionados a la suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino de tres meses al Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA con número de colegiación 12867, por supuesto abandono de la defensa en la causa instruida contra el señor ROSALIO VASQUEZ GARCIA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del señor JACINTO BENITEZ GONZALES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 1, 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, compareció ante la Secretaria de la Sala Constitucional, recurso de amparo a favor de SI MISMO, manifestando el recurrente “que se le ha suspendido en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses, arguyendo que abandono la defensa de su representado el señor ROSALIO VASQUEZ GARCIA, en las cusas que se le imputan,” por lo que considera se le han violentado garantías constitucionales. 2) Que en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, esta Sala RESUELVE: 1°DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA a favor de SI MISMO contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, y 2°Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua. 3) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, recibió las diligencias de mérito; en consecuencia en fecha veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, la citada Corte de Apelaciones dispuso admitir a trámite el recurso de amparo relacionado en el acápite anterior, interpuesta por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 4) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLO: PRIMERO: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto a título personal por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, contra la resolución proferida por el Tribunal de Sentencia de fecha 10 de marzo del 2021. SEGUNDO: Que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, deje de inmediato sin ningún valor y efecto la resolución proferido en audiencia de fecha 10 de marzo del 2021, en la cual tiene por abandonada la defensa del Abogado JERSY JEOVANY LAZO BACA, y ordena la suspensión por tres meses en el ejercicio profesional. 5) Que en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de la garantista. El impetrante formaliza la garantía de amparo a favor de sí mismo argumentando los extremos que a continuación se resumen. Expresa, que la resolución proferida por la Sala 1 del Tribunal de Sentencia, de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en virtud de la cual, declara abandonada la defensa y le impone una suspensión en su ejercicio profesional por el termino de tres meses, es atentatorio a la garantía del debido proceso y básicamente al derecho de defensa enunciados en los artículos 82 y 90 de la ley fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que sirvió de base para su decisión de otorgar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió otorgar por unanimidad de votos el amparo de mérito, luego de considerar que hubo violación de los derechos al debido proceso y defensa. La honorable corte de apelaciones estimó los extremos siguientes: “ CONSIDERANDO: Que esta Corte, después del estudio de rigor, observa que el amparista justificó debidamente su incomparecencia para la audiencia señalada el 5 de febrero del 2021, extremo que esta Alzada, explica de la manera siguiente, ciertamente corre visible en autos, escrito de reprogramación de audiencia para proposición de pruebas, suscrita por el recurrente JERSY JEOVANY LAZO BACA, vinculante a la audiencia previamente señalada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, el 29 de enero del 2021, vinculante a una reprogramación de audiencia de reprogramación de prueba efectivamente para el viernes 5 de febrero del 2021, y notificado el Abogado Amparista, con la advertencia de que deberá justificar una posible incomparecencia a la audiencia. Es visto que el amparista, compareció al Tribunal de Sentencia de Comayagua, precisamente el 5 de febrero del 2021 a las 9:20am de la mañana, horas antes de practicarse la referida audiencia de proposición de prueba y a folio 12 de los antecedentes, se acredita documentalmente por constancia suscrita por el Director Ejecutivo del CENTRO HONDUREÑO DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, DONALD HERNANDEZ PALMA, cuyo representante legal procesal lo es el amparista JEOVANY LAZO BACA, donde se evidencia que el referido profesional del derecho, lleva diferentes causas de la referida institución y que el día jueves 4 de febrero del 2021, viajó a la ciudad de Yuscarán, El Paraíso, para comparecer a audiencia de índole laboral, regresando a la ciudad de Tegucigalpa en horas de la tarde noche, para luego desplazarse a la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, para realizar actividades previamente planificadas, con comunidades del movimiento indígena lenca de La Paz, lo anterior según la constancia, se origina por la imposibilidad de la comparecencia del citado profesional del derecho a la audiencia de proposición de pruebas del 5 de febrero del 2021 a las 2:30 de la tarde, suplicando dicho Director Ejecutivo, al Tribunal de Sentencia se le permita por esa causa de cierta manera de fuerza mayor, documental que esta Corte considera per se, causa justificada suficiente y bastante para la incomparecencia a dicha audiencia por parte del referido profesional del derecho. Sin duda alguna, el Tribunal de Sentencia, debe prodigarse en estos casos atendiendo seriamente esos extremos a efecto de no llegar a la aplicación del artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal, pues a juicio de esta Corte, no existe en el caso de autos Abandono de Defensa, de consiguiente, llega al convencimiento este Ad-quem de que notoriamente se le han vulnerado al impugnante las garantías constitucionales del Debido Proceso consignado en el artículo 90 Constitucional y el 82 sobre el Derecho de Defensa de la misma Ley Fundamental.” De manera que, para la Corte de Apelaciones, a raíz de los alegatos presentados por el Amparista, junto con la documentación que hizo llegar al proceso, le lleva a determinar que el accionar del Tribunal de Sentencia, conculca el derecho al debido proceso, y además el derecho de defensa. Por lo que accede a otorgar amparo a favor del Abogado JERSY JEOVANY LAZO BACA. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Tribunal de Sentencia de Comayagua, denota arbitrariedad desde el momento en el que considera, la suspensión del referido profesional por motivos de abandono de defensa. Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, solamente procediendo a REFORMAR DE OFICIO el numeral Segundo de la parte dispositiva de la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): REFORMA DE OFICIO. Que conforme con lo estipulado por el Artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. La ley estipula que tales aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia. Que esta Sala no advierte que del fallo de mérito surjan o se vean plasmados conceptos oscuros que exijan aclaración, no obstante, se aprecia un error material que amerita ser corregido por parte de esta Sala. Que, en consonancia con lo anterior, esta Sala de lo Constitucional señala estar de acuerdo con la decisión de la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en las consideraciones de fondo establecidas en su resolución y que las mismas se encuentran apegadas a derecho, resultando pertinente únicamente corregir el error material que han sido advertido, como lo es en el numeral segundo de la parte dispositiva de la sentencia la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en donde esta ordena que se deje de inmediato sin ningún valor y efecto la resolución proferido en audiencia de fecha 10 de marzo del 2021, en la cual tiene por abandonada la defensa del Abogado JERSY JEOVANY LAZO BACA, y ordena la suspensión por tres meses en el ejercicio profesional, siendo la fecha correcta 10 de febrero del 2021. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de mayo dos mil veintiuno, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que OTORGÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua.- SEGUNDO: CORREGIR DE OFICIO la sentencia de fecha treinta y uno de mayo dos mil veintiuno en específico el numeral Segundo de la parte dispositiva que deberá leerse así: “SEGUNDO: Que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, deje de inmediato sin ningún valor y efecto la resolución proferido en audiencia de fecha 10 de febrero del 2021, en la cual tiene por abandonada la defensa del Abogado JERSY JEOVANY LAZO BACA, y ordena la suspensión por tres meses en el ejercicio profesional.”. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0590-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”