Sentencia AP-589-20 — Registro 13027
Resumen
Para dictar sentencia en el recurso de amparo que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por defensa del imputado con relación a la causa instruida por suponerlo responsable del delito de actos de lujuria. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar un recurso de apelación interpuesto por defensa del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo Interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por defensa del imputado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra el Señor ELEODORO MEJIA MEDINA por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de M. S. C. C.. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco (05) de abril del dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz, la Abogada SINIA VARGAS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor ELEODORO MEJIA MEDINA por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de M. S. C. C.(Folios 1–13 de la pieza del A-Quo) 2) Que en las fechas trece y dieciséis (13 y 16) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado desarrolló las audiencias de Juicio Oral y Público en la que Resolvió: “Habiéndose escuchado a las partes en su argumentos legales, se cierra la presente audiencia citándose a las partes dentro el termino de tres días a fin de individualizar la pena concreta que le va poner. (Folios 34-43 y 45–48 de la pieza del A-Quo) 3) En la continuación del trámite en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz, dictó Sentencia en el cual Falló: “Primero: Declarar al imputado ELEODORO MEDINA MEJIA identificado con anterioridad, como autor responsable penalmente del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la señora M. S. C. C.. Segundo: Condenar al acusado ELEODORO MEDINA MEJIA a cumplir una pena de seis años de reclusión por el delito de ACTOS DE LUJURIA que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de La Paz, Departamento de La Paz. Por concurrir la agravante de ser Reincidente. Tercero: Como consecuencia de la condena de reclusión impuesta, se le condena también a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Así como a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Articulo 39 del Código Penal. Cuarto: Se declara la responsabilidad civil del condenado ELEODORO MEDINA MEJIA. Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales, ni en gastos ocasionados en el presente juicio. Sexto: Una vez firme esta sentencia la Secretaria del despacho remita el expediente al juzgado de Ejecución para su cumplimiento y certificación de la sentencia a la unidad de antecedentes penales de la Corte Suprema de Justicia.” (Folios 51–59 de la pieza del A-Quo) 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada SAMANTHA MARISOL BARAHONA CASTRO Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), Falló: “PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado LA DEFENSA PUBLICA a través de LA ABOGADA SALMA VANESAA GONZALES DUARTE, contra LA EXISTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN PROCEDIMIENTO EXPEDITO, al acusado ELEODORO MEDINA MEJIA por el delito de ACTOS DE LUJURIA, en perjuicio de M. S. C. C..- SEGUNDO: SE REVOCAR LA SENTENCIA CONDENATORIA DEFINITIVA APELADA, descrita en el acápite anterior.- TERCERO: Se absuelve de responsabilidad penal al acusado ELEODORO MEDINA MEJIA por el delito de ACTOS DE LUJURIA, en perjuicio de M. S. C. C..- CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO.” (Folios 10–16 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal en fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–8 del Presente Recurso) 5) Que en fecha veintiocho (28) de enero del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 38 del Presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por defensa del imputado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, Departamento De La Paz, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra el Señor ELEODORO MEJIA MEDINA por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de M. S. C. C.. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal en fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la sentencia que hoy se recurre contiene una motivación incongruente, lo que constituye una flagrante violación al derecho al Debido Proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, por lo que una resolución que carece de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto. De igual forma, se vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho por lo que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada del hecho y la norma sometida al conocimiento del Juzgador. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho (28) de enero del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por defensa del imputado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se aprecia en la misma, que el Ad quem concluye que respecto al cuadro factico acreditado en juicio no puede darse por acreditado que se cometió el delito y que participo el acusado basado en las afirmaciones de la ofendida, en el caso Sub Judice en un delito de orden Sexual no es prueba suficiente para que el Juez de primera instancia dicte sentencia condenatoria basada en la declaración de la víctima y del policía que recibió la denuncia, es necesario que estas declaraciones sea respaldadas por otras pruebas periféricas que correlacionadas generen la certeza y convicción de que en efecto se cometió el delito y que el acusado ha tenido participación, no es congruente que se considere prueba irrefutable para imponer sentencia condenatoria, fundado en dos declaraciones testificales y más cuando nuestro código procesal penal excluye la valoración legal o tasada de la prueba, en donde el testimonio dejo de ser la prueba reina, permitiéndole al Juez una libre valoración de la prueba según su convicción percibida, al contrario, si hay un ente persecutor que tiene todas las facultades legales posibles para realizar la investigación por lo tanto debe presentar una acusación de calidad con argumentos y elementos de prueba sólidos, concretos y suficientes para penetrar el estado de inocencia del acusado a fin de que el Juez de instrucción no tenga otra opción que dictar la condena del encartado, porque en el caso de investigación escasa y de insuficiencia probatoria, deberá hacerse prevalecer el estado de inocencia del imputado, justamente como sucede en la causa de méritos en donde la prueba aportada no establece certeza positiva de que el acusado participó en los hechos imputados, siendo lo procedente dictar la absolución del procesado. Así las cosas, considera esta Corte, que los motivos invocados por la Defensa Publica en su recurso son de recibo y que deviene en declarar con lugar el recurso de apelación impetrado y revocar el fallo condenatorio dictado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar un recurso de apelación interpuesto por defensa del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de julio del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal, bajo el número SCO-0589-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL