Sentencia AP-554-21 — Registro 13436
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que denegó el recurso con relación a la causa instruida por el delito de homicidio culposo por omisión en perjuicio de su padre. Estimando la recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 183 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes exponen en su escrito de formalización del recurso de amparo que se les han violentado las garantías contempladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República al ratificar injustamente la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho al separarlos del proceso judicial luego de que falleciera el abogado Jose Alejandro Castro quien actuaba como su acusador privado y que participó en el procedo hasta su muerte. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia procedió de manera errónea a citar y emplazar a los hoy recurrentes para que comparecieran en su condición de acusadores privados; una vez cumplimentada la comunicación, manifiestan no ubicar las oficinas profesionales de los señores David Salomón y Rigoberto Maradiaga; por ende, no pudieron ser emplazados a requerimiento del Tribunal de Sentencia. Es por ello que posterior a la realización de la audiencia de proposición de pruebas, procedieron a nombrar como acusadora privada a la abogada Reina Elizabeth Antúnez quien presentó el respectivo personamiento ante el Tribunal de Sentencia ya referido, mismo que fue declarado improcedente en virtud de que los señores David Salomón y Rigoberto Maradiaga fueron separados como acusadores privados del proceso. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su resolución de fecha quince de octubre del dos mil veinte establece que de acuerdo al artículo 100 del Código Procesal Penal, la separación y el abandono impedirán toda posterior participación en el proceso de la acusación privada. En el caso de autos, mediante providencia de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, los señores David Salomón y Rigoberto Maradiaga, fueron separados como acusadores privados de la causa, continuando con la intervención del Ministerio Público. Aun así, los señores ya referidos, nombraron a la abogada Reina Elizabeth Roque como acusadora privada, nombramiento que fue declarado improcedente, así como la manifestación presentada por la abogada Roque, por estimar el Tribunal que no reunía las condiciones de tiempo y forma para ser estimado el recurso de conformidad a lo estipulado en el Código Procesal Penal, por lo que se interpuso recurso de amparo el cual, una vez revisados los antecedentes establece que la recurrente no hizo uso de las acciones o recursos dentro de los términos legales correspondientes, siendo ya un acto consentido por el agraviado. En consecuencia, se deniega el recurso de amparo hoy intentado, por haber la impetrante consentido los actos al no haber ejercitado los recursos que tenía a su disposición, tal como se observa en las diligencias del presente caso. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo, no son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos invocados como quebrantados, constando en autos que la resolución impugnada, fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a los dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 100 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso interpuesto contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el Señor JOSE ROLANDO DIAZ y DAYSE FONSECA ZELAYA por el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR OMISIÓN en perjuicio de su padre RIGOBERTO MARADIAGA GUEVARA. Estimando la recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 183 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó en auto resolutivo en el cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Rechazar el escrito de Poder presentado por la Abogada REYNA ELIZABETH VALLE ROQUE, por las razones antes expuestas. SEGUNDO: HACER UN LLAMADO DE ATENCION A LA PROFESIONAL DEL DERECHO ANTES MENCIONADA, POR ESTAR ACTUANDO CON MANIFIESTO ABUSO DE DERECHO.” (Folios 01–02 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019), los Señores RIGOBERTO MARADIAGA ANTUNEZ y DAVID SALOMON MARADIAGA ANTUNEZ, en condición de VICTIMAS directamente afectadas, interpusieron recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 3) Que la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), dictó sentencia en la cual Falló: (SIC): “DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por los señores RIGOBERTO MARADIAGA ANTUNEZ y DAVID SALOMON MARADIAGA a favor de si mismos como víctimas.” (Folios 01–06 y 60-62 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que en fecha uno (01) de junio de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil veinte, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que deniega el recurso presentado contra la resolución dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores JOSE ROLANDO DIAZ Y DAYSE FONSECA ZELAYA, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR OMISION en perjuicio del señor RIGOBERTO MARADIAGA GUEVARA. CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes exponen en su escrito de formalización del recurso de amparo que se les han violentado las garantías contempladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República al ratificar injustamente la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho al separarlos del proceso judicial luego de que falleciera el abogado Jose Alejandro Castro quien actuaba como su acusador privado y que participó en el procedo hasta su muerte. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia procedió de manera errónea a citar y emplazar a los hoy recurrentes para que comparecieran en su condición de acusadores privados; una vez cumplimentada la comunicación, manifiestan no ubicar las oficinas profesionales de los señores David Salomón y Rigoberto Maradiaga; por ende, no pudieron ser emplazados a requerimiento del Tribunal de Sentencia. Es por ello que posterior a la realización de la audiencia de proposición de pruebas, procedieron a nombrar como acusadora privada a la abogada Reina Elizabeth Antúnez quien presentó el respectivo personamiento ante el Tribunal de Sentencia ya referido, mismo que fue declarado improcedente en virtud de que los señores David Salomón y Rigoberto Maradiaga fueron separados como acusadores privados del proceso. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su resolución de fecha quince de octubre del dos mil veinte establece que de acuerdo al artículo 100 del Código Procesal Penal, la separación y el abandono impedirán toda posterior participación en el proceso de la acusación privada. En el caso de autos, mediante providencia de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, los señores David Salomón y Rigoberto Maradiaga, fueron separados como acusadores privados de la causa, continuando con la intervención del Ministerio Público. Aun así, los señores ya referidos, nombraron a la abogada Reina Elizabeth Roque como acusadora privada, nombramiento que fue declarado improcedente, así como la manifestación presentada por la abogada Roque, por estimar el Tribunal que no reunía las condiciones de tiempo y forma para ser estimado el recurso de conformidad a lo estipulado en el Código Procesal Penal, por lo que se interpuso recurso de amparo el cual, una vez revisados los antecedentes establece que la recurrente no hizo uso de las acciones o recursos dentro de los términos legales correspondientes, siendo ya un acto consentido por el agraviado. En consecuencia, se deniega el recurso de amparo hoy intentado, por haber la impetrante consentido los actos al no haber ejercitado los recursos que tenía a su disposición, tal como se observa en las diligencias del presente caso. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo, no son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos invocados como quebrantados, constando en autos que la resolución impugnada, fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a los dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 1, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince de octubre del año do mil veinte, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en el Recurso de Amparo interpuesto por los señores RIGOBERTO MARAGIAGA ANTUNEZ Y DAVID SALOMON MARADIAGA ANTUNEZ, a favor de SI MISMOS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firma y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0554=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
5