Sentencia AP-538-21 — Registro 13639
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que denegó el recurso de amparo con relación al delito de lesiones constitutivas de faltas penales en perjuicio. Estima el recurrente que se le ha violentado los artículos 80, 82 Y 95 comprendido en la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo que conocemos, el Tribunal de Alzada fue del parecer porque se declarase la denegatoria de la acción interpuesta, en tanto que estimó que (SIC) “CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes a efecto de establecer o no el doble procesamiento a que alude el recurrente, en el sentido de constatar si el señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, fue efectivamente víctima de doble juzgamiento, garantía constitucional que esta Corte entiende, y así lo asume reiterada jurisprudencia de los Tribunales de la Republica, en cuanto a que, si estamos ante los mismos hechos que generaron la misma conducta delictiva o de faltas, o si por el contrario esos hechos han deslindado y ocasionado injustos penales de diferente naturaleza, caso en el cual en una aproximación no sería viable la invocación del principio NON BIS IN IDEM, pero bien transitemos por algunas consideraciones que nos permita como Corte establecer la procedencia o no, del ultraje al artículo 95 Constitucional. Ciertamente del memorial, se desprende la promoción de parte del órgano persecutor del Estado, de una acción constitutiva de falta formulada ante el Juzgado de Paz Civil de la ciudad de La Paz, en contra del señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, por LESIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS, en perjuicio de FRANCISCO ANTONIO MEJIA ORTIZ, y JOSUE DAVID MEJIA GUEVARA, relacionados a hechos de fecha 3 de marzo del 2019, y del cual hubo la condena de rigor, pero es el caso que esos mismos hechos originaron también no solo faltas sino que también esta vez una infracción penal que se subsume en el delito de DAÑOS y que fue conocido por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, conforme expediente 32-2-2019, seguido mediante Proceso Expedito. CONSIDERANDO: Que a simple podría argumentarse que se ha violentado la garantía constitucional consagrada en el artículo 95 de la Ley Fundamental, sin embargo, a contrapelo de la tesis del amparista, este ad-quem después de una meditada reflexión y análisis de los criterios esgrimidos, asume y entiende que esos hechos cometidos por el señor NOLASCO MORENO, derivaron y se subsumieron en dos infracciones penales diferentes una, Lesiones Constitutivas de Faltas y otra el injusto penal de Daños, faltas conocidas por el Juzgado de Paz y el delito de Daños por el Juzgado de Letras, vale decir, el espíritu y la interpretación exegética de la garantía del artículo 95 constitucional, correlativo al artículo 11 del Código Procesal Penal, se refiere a que el doble juzgamiento sean de iguales tipos penales, pero es el caso que no encontramos ante hechos que produjeron, por un lado faltas y por otro lado un delito, por consiguiente no es aplicable la vulneración a la garantía constitucional que aduce el amparista.” En su motivación, la Alzada se refirió de manera fundada y ordenada, a todas las alegaciones del quejoso, explicando con amplios razonamientos jurídicos porque las mismas resultaban injustificables, siendo la Corte categórica al afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (9): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO, a favor del señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, contra la resolución de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Paz, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, por suponerlo responsable del delito de lesiones constitutivas de faltas penales en perjuicio de FRANCISCO ANTONIO MEJIA ORTIZ y JOSE DAVID MEJIA GUEVARA.- Estima el recurrente que se le ha violentado los artículos 80, 82 Y 95 comprendido en la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Paz, el departamento de La Paz, el Abogado LENIN HAZEL AGUIRRE DURON, Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal, contra el señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS, en perjuicio de FRANCISCO ANTONIO MEJIA ORTIZ y JOSUE DAVID MEJIA GUEVARA.- (Folio 75 al 79 de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, departamento de la Paz FALLÓ: UNO: Declarar SIN LUGAR la apelación interpuesta por el Abogado JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO, contra la resolución judicial de fecha veinte de enero del dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Paz de lo Civil de la ciudad de La Paz, departamento de La Paz, donde se CONDENA al señor Edwin Javier Nolasco Moreno por Lesiones Constitutivas de Faltas contra la personas en perjuicio de los señores Francisco Antonio Mejía Ortiz y Josué David Mejía Guevara a sufrir una pena de SESENTA DIAS de prisión tipificada en el artículo 396.1 del Código Penal, asimismo declara HA LUGAR la responsabilidad civil del condenado Edwin Javier Nolasco Moreno.- DOS: En consecuencia CONFIRMA dicha Sentencia Condenatoria recurrida de fecha veinte de enero de dos mil veinte.”.- (Folio 194 al 196 de la pieza del Juzgado) 3) Que dieciocho (18) de enero del año del año dos veintiuno (2021), compareció ante la Secretaría de la Sala Constitucional, el Abogado JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, contra la resolución de fecha (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, por suponerlo responsable del delito de LESIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS PENALES en perjuicio de FRANCISCO ANTONIO MEJIA ORTIZ y JOSE DAVID MEJIA GUEVARA.- (Folio 1 al 3 de la pieza de corte de apelaciones) 4) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLA: DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por el Abogado JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO, contra la resolución de fecha 12 de noviembre del 2020, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Paz…” (Folio 25 al 29 de la pieza de Corte de Apelaciones) 5) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se denuncia como acto reclamado la resolución proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, departamento de La Paz, de fecha 12 de noviembre del 2020, mediante el cual se declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia condenatoria de fecha 20 de enero del 2020, dictada por el Juzgado de Paz de lo Civil, contra el señor EDWIN JAVIER NOLAZCO MORENO, resolución que a juicio del amparista violenta normas constitucionales tales como la Prohibición de Doble Juzgamiento, confinada en el artículo 95 de la Constitución de la Republica, y que recepción el artículo 11 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo que conocemos, el Tribunal de Alzada fue del parecer porque se declarase la denegatoria de la acción interpuesta, en tanto que estimó que (SIC) “CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes a efecto de establecer o no el doble procesamiento a que alude el recurrente, en el sentido de constatar si el señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, fue efectivamente víctima de doble juzgamiento, garantía constitucional que esta Corte entiende, y así lo asume reiterada jurisprudencia de los Tribunales de la Republica, en cuanto a que, si estamos ante los mismos hechos que generaron la misma conducta delictiva o de faltas, o si por el contrario esos hechos han deslindado y ocasionado injustos penales de diferente naturaleza, caso en el cual en una aproximación no sería viable la invocación del principio NON BIS IN IDEM, pero bien transitemos por algunas consideraciones que nos permita como Corte establecer la procedencia o no, del ultraje al artículo 95 Constitucional. Ciertamente del memorial, se desprende la promoción de parte del órgano persecutor del Estado, de una acción constitutiva de falta formulada ante el Juzgado de Paz Civil de la ciudad de La Paz, en contra del señor EDWIN JAVIER NOLASCO MORENO, por LESIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS, en perjuicio de FRANCISCO ANTONIO MEJIA ORTIZ, y JOSUE DAVID MEJIA GUEVARA, relacionados a hechos de fecha 3 de marzo del 2019, y del cual hubo la condena de rigor, pero es el caso que esos mismos hechos originaron también no solo faltas sino que también esta vez una infracción penal que se subsume en el delito de DAÑOS y que fue conocido por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, conforme expediente 32-2-2019, seguido mediante Proceso Expedito. CONSIDERANDO: Que a simple podría argumentarse que se ha violentado la garantía constitucional consagrada en el artículo 95 de la Ley Fundamental, sin embargo, a contrapelo de la tesis del amparista, este ad-quem después de una meditada reflexión y análisis de los criterios esgrimidos, asume y entiende que esos hechos cometidos por el señor NOLASCO MORENO, derivaron y se subsumieron en dos infracciones penales diferentes una, Lesiones Constitutivas de Faltas y otra el injusto penal de Daños, faltas conocidas por el Juzgado de Paz y el delito de Daños por el Juzgado de Letras, vale decir, el espíritu y la interpretación exegética de la garantía del artículo 95 constitucional, correlativo al artículo 11 del Código Procesal Penal, se refiere a que el doble juzgamiento sean de iguales tipos penales, pero es el caso que no encontramos ante hechos que produjeron, por un lado faltas y por otro lado un delito, por consiguiente no es aplicable la vulneración a la garantía constitucional que aduce el amparista.” En su motivación, la Alzada se refirió de manera fundada y ordenada, a todas las alegaciones del quejoso, explicando con amplios razonamientos jurídicos porque las mismas resultaban injustificables, siendo la Corte categórica al afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (9): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0538-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.