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Sentencia AP-537-21 — Registro 13440

Resumen

En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que denegó el recurso de amparo en relación a la causa instruida contra el por el delito de homicidio simple. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82,90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “-CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo que conocemos, el Tribunal de Alzada fue del parecer porque se declarase la denegatoria de la acción interpuesta, en tanto que estimó que (SIC) “ CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis de los antecedentes, se desprende que el origen de la presente acción de amparo surge a raíz de que en fecha doce (12) de Marzo del 2021, el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, en Audiencia de Proposición de Pruebas, en la causa que se instruye en contra de ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENNER DAVID MARTINES CASTILLO, y en la que el Tribunal recurrido, denegó la admisión de dos pruebas documentales, tales como el Informe final de investigación, elaborado por el Agente NOE BARAHONA CALIX, y las copias debidamente autenticadas, de los documentos de propiedad de un vehículo, marca Toyota, modelo Tacoma, Tipo Pick-up, color Rojo, año 1999. Considerando el amparista que se ha vulnerado el Derecho de Defensa, y el Principio Derecho Debido Proceso, en vista de no admitir los medios de prueba, que a criterio del Censor es pertinente con ello causa una efectiva indefensión, y no ejercer una debida motivación en la resolución en donde deniega la admisión de los medios de prueba. Al respecto, esta Corte de Apelaciones es consciente de la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado desde la perspectiva de las garantías fundamentales y del derecho a un juicio justo, sin embargo, el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado e incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes con independencia de su pertinencia, utilidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello, el reconocimiento de la relevancia constitucional del derecho a la prueba no desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar los aspectos relevantes sobre la admisión de la prueba que sea relevante, pertinente, útil y proporcional, rechazando las demás, así lo reza el artículo 199 del Código Procesal Penal. Es necesario señalar que la conculcación el derecho a utilizar los medios de prueba que se consideren necesarios para ejercer su derecho fundamental más genérico como lo es el derecho de defensa, solo adquirirá relevancia constitucional cuando produzca una real y efectiva indefensión. El rechazo de prueba por parte del Juez, no necesariamente conlleva a una vulneración del derecho de defensa y puede no ser suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional, pues para ello, el defecto procesal debe tener una indefensión material concreta, por lo que sin ello no se ha producido, no cabe apreciar la existencia de indefensión de la perspectiva constitucional. El juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicitar y motivar las resoluciones en que rechacen los medios de prueba propuestos. Los artículos 199 y 317 párrafo final de la norma adjetiva penal permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes sin que con ello lesiones el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios probatorios que las partes estimen pertinentes, sino únicamente aquellos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales; lo que resulta inaceptable para el debido proceso, es que los rechace sin motivación alguna pues está en el deber ineludible de motivar razonablemente la denegación de los medios de prueba propuestos, no hacerlo supondría una interpretación y aplicación del principio de legalidad manifiestamente arbitrario e irrazonable vulnerado con ello el debido proceso, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. En consecuencia, del estudio de la foliada se desprende que el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, explicó y motivó las razones por las cuales rechazaba los medios de prueba consignados en los numerales 1 y 5 de la denominada prueba documental, propuesta por el Censor, de lo que deviene que consideramos y concluimos como Alzada, que no existe la vulneración de las garantías denunciadas, como lo invoca el recurrente.”-En su motivación, la Alzada se refirió de manera fundada y ordenada, a todas las alegaciones del quejoso, explicando con amplios razonamientos jurídicos porque las mismas resultaban injustificables, siendo la Corte categórica al afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. -CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIRES favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencias de la Ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENNER DAVID MARTINEZ CASTILLO.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82,90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha siete (7) de marzo del año dos mil trece (2013) el Abogado HENRY ALEXANDER PINEDA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, comparecio ante el Juzgado Segundo de Letras del departamento de Intibucá, presentando Requerimeiento fiscal contra el señor ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENER DAVID MARTINEZ CASTILLO.-(Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, departamento de Comayagua, celebro audiencia de proposición de pruebas en la cual RESOLVIÓ:1.-Admitir la prueba propuesta por el MP, por ser útil necesario y pertinente para el esclarecimiento de la verdad conforme a los artículos 90 CR 198 y 199 del CPP.- 2.- Se declara Sin Lugar la objeción de la defensa en relación al numeral 3 de la prueba testifical, ya que cada testigo narrara unos hechos desde la óptica que los capto y en base a la psicología.- 3.- En relación a NOEL BARAHONA CALIX, es agente de investigación y como dice el MP que por ser funcionario no está limitado a rendir una declaración esta dinámica se ha realizado en varios juicios.- 4.- En cuanto a la prueba documental y siendo objeto el numeral 1 de la misma que es el informe de investigación en ese momento el Tribunal considera en base a criterio jurisprudenciales de todos los tribunales de sentencias se ha hecho un análisis de los momentos procesales para cada medio de prueba la idea es que esta audiencia es un filtro y no admitir prueba excesiva, impertinente y desproporcionales y siendo que NOE CALIX, declara sobre las diligencias por lo cual esta prueba es excesiva ya que tendremos al policía en la audiencia rindiendo su declaración y tomando en cuenta que este informe si era útil para la audiencia inicial, pero se está en la de Juzgamiento por lo que parcialmente se declara Con Lugar la objeción de la defensa.- 5.- En cuanto al numeral 5 la prueba documental copia autenticada de un vehículo es pertinente ya que con la declaración es y otro medio de prueba el MP podrá acreditar su tesis acusatoria consideramos que la propiedad del vehículo no es discutible por lo que es excesivo.- 6.-En cuanto a la reconstrucción de hecho el tribunal no está obligado a conocer la etapa anterior partiendo que esta declaraciones se rindieron en la audiencia inicial, el tribunal siempre ha admitido este medio de prueba con la condición de que si la fiscalía considera de que ya no es útil puede desistir del mismo, bajo este criterio es que se admite y se declara Sin Lugar la objeción de la defensa porque de no admitirlo y de solicitarlo en el juicio esto implicaría que se realice en otra fecha porque el tribunas viene de gira por lo que se debe citar a BALTAZAR PEREZ.- 7.- En relación a la prueba de la defensa admitir la prueba propuesta por el MP por ser útil y necesaria y pertinente para el esclarecimiento de la verdad conforme a los Art 90 CR 198 Y del CPP.-(Folio 126 al 128 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada MILADY JANNETH PAVON RAMIREZ, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) dictada por el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, departamento de Comayagua.-Folio 01 al 05 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLÓ: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por las razones que se ha dejado señaladas.- (Folio 20 al 24 de la pieza de Corte de Apelaciones)-5) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que se denuncia como acto reclamado la resolución de fecha doce (12) de Marzo del 2021, dictada por el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, en Audiencia de Proposición de Pruebas, en la causa que se instruye en contra de ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENNER DAVID MARTINES CASTILLO, y en la que el Tribunal recurrido, denegó la admisión de dos pruebas documentales, tales como el Informe final de investigación, elaborado por el Agente NOE BARAHONA CALIX, y las copias debidamente autenticadas, de los documentos de propiedad de un vehículo, marca Toyota, modelo Tacoma, Tipo Pick-up, color Rojo, año 1999.-Considera la amparista que se ha vulnerado el Derecho de Defensa, y el Principio Derecho Debido Proceso, en vista de no admitir los medios de prueba, que a criterio del Censor es pertinente con ello causa una efectiva indefensión, y no ejercer una debida motivación en la resolución en donde deniega la admisión de los medios de prueba.-CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo que conocemos, el Tribunal de Alzada fue del parecer porque se declarase la denegatoria de la acción interpuesta, en tanto que estimó que (SIC) “ CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis de los antecedentes, se desprende que el origen de la presente acción de amparo surge a raíz de que en fecha doce (12) de Marzo del 2021, el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, en Audiencia de Proposición de Pruebas, en la causa que se instruye en contra de ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENNER DAVID MARTINES CASTILLO, y en la que el Tribunal recurrido, denegó la admisión de dos pruebas documentales, tales como el Informe final de investigación, elaborado por el Agente NOE BARAHONA CALIX, y las copias debidamente autenticadas, de los documentos de propiedad de un vehículo, marca Toyota, modelo Tacoma, Tipo Pick-up, color Rojo, año 1999. Considerando el amparista que se ha vulnerado el Derecho de Defensa, y el Principio Derecho Debido Proceso, en vista de no admitir los medios de prueba, que a criterio del Censor es pertinente con ello causa una efectiva indefensión, y no ejercer una debida motivación en la resolución en donde deniega la admisión de los medios de prueba. Al respecto, esta Corte de Apelaciones es consciente de la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado desde la perspectiva de las garantías fundamentales y del derecho a un juicio justo, sin embargo, el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado e incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes con independencia de su pertinencia, utilidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello, el reconocimiento de la relevancia constitucional del derecho a la prueba no desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar los aspectos relevantes sobre la admisión de la prueba que sea relevante, pertinente, útil y proporcional, rechazando las demás, así lo reza el artículo 199 del Código Procesal Penal. Es necesario señalar que la conculcación el derecho a utilizar los medios de prueba que se consideren necesarios para ejercer su derecho fundamental más genérico como lo es el derecho de defensa, solo adquirirá relevancia constitucional cuando produzca una real y efectiva indefensión. El rechazo de prueba por parte del Juez, no necesariamente conlleva a una vulneración del derecho de defensa y puede no ser suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional, pues para ello, el defecto procesal debe tener una indefensión material concreta, por lo que sin ello no se ha producido, no cabe apreciar la existencia de indefensión de la perspectiva constitucional. El juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicitar y motivar las resoluciones en que rechacen los medios de prueba propuestos. Los artículos 199 y 317 párrafo final de la norma adjetiva penal permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes sin que con ello lesiones el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios probatorios que las partes estimen pertinentes, sino únicamente aquellos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales; lo que resulta inaceptable para el debido proceso, es que los rechace sin motivación alguna pues está en el deber ineludible de motivar razonablemente la denegación de los medios de prueba propuestos, no hacerlo supondría una interpretación y aplicación del principio de legalidad manifiestamente arbitrario e irrazonable vulnerado con ello el debido proceso, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. En consecuencia, del estudio de la foliada se desprende que el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, explicó y motivó las razones por las cuales rechazaba los medios de prueba consignados en los numerales 1 y 5 de la denominada prueba documental, propuesta por el Censor, de lo que deviene que consideramos y concluimos como Alzada, que no existe la vulneración de las garantías denunciadas, como lo invoca el recurrente.”-En su motivación, la Alzada se refirió de manera fundada y ordenada, a todas las alegaciones del quejoso, explicando con amplios razonamientos jurídicos porque las mismas resultaban injustificables, siendo la Corte categórica al afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. -CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso.-CONSIDERANDO (9): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. - En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado. -POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0537-2021.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIRES favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencias de la Ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENNER DAVID MARTINEZ CASTILLO.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82,90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha siete (7) de marzo del año dos mil trece (2013) el Abogado HENRY ALEXANDER PINEDA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, comparecio ante el Juzgado Segundo de Letras del departamento de Intibucá, presentando Requerimeiento fiscal contra el señor ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENER DAVID MARTINEZ CASTILLO.-(Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, departamento de Comayagua, celebro audiencia de proposición de pruebas en la cual RESOLVIÓ:1.-Admitir la prueba propuesta por el MP, por ser útil necesario y pertinente para el esclarecimiento de la verdad conforme a los artículos 90 CR 198 y 199 del CPP.- 2.- Se declara Sin Lugar la objeción de la defensa en relación al numeral 3 de la prueba testifical, ya que cada testigo narrara unos hechos desde la óptica que los capto y en base a la psicología.- 3.- En relación a NOEL BARAHONA CALIX, es agente de investigación y como dice el MP que por ser funcionario no está limitado a rendir una declaración esta dinámica se ha realizado en varios juicios.- 4.- En cuanto a la prueba documental y siendo objeto el numeral 1 de la misma que es el informe de investigación en ese momento el Tribunal considera en base a criterio jurisprudenciales de todos los tribunales de sentencias se ha hecho un análisis de los momentos procesales para cada medio de prueba la idea es que esta audiencia es un filtro y no admitir prueba excesiva, impertinente y desproporcionales y siendo que NOE CALIX, declara sobre las diligencias por lo cual esta prueba es excesiva ya que tendremos al policía en la audiencia rindiendo su declaración y tomando en cuenta que este informe si era útil para la audiencia inicial, pero se está en la de Juzgamiento por lo que parcialmente se declara Con Lugar la objeción de la defensa.- 5.- En cuanto al numeral 5 la prueba documental copia autenticada de un vehículo es pertinente ya que con la declaración es y otro medio de prueba el MP podrá acreditar su tesis acusatoria consideramos que la propiedad del vehículo no es discutible por lo que es excesivo.- 6.-En cuanto a la reconstrucción de hecho el tribunal no está obligado a conocer la etapa anterior partiendo que esta declaraciones se rindieron en la audiencia inicial, el tribunal siempre ha admitido este medio de prueba con la condición de que si la fiscalía considera de que ya no es útil puede desistir del mismo, bajo este criterio es que se admite y se declara Sin Lugar la objeción de la defensa porque de no admitirlo y de solicitarlo en el juicio esto implicaría que se realice en otra fecha porque el tribunas viene de gira por lo que se debe citar a BALTAZAR PEREZ.- 7.- En relación a la prueba de la defensa admitir la prueba propuesta por el MP por ser útil y necesaria y pertinente para el esclarecimiento de la verdad conforme a los Art 90 CR 198 Y del CPP.-(Folio 126 al 128 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada MILADY JANNETH PAVON RAMIREZ, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) dictada por el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, departamento de Comayagua.-Folio 01 al 05 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLÓ: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por las razones que se ha dejado señaladas.- (Folio 20 al 24 de la pieza de Corte de Apelaciones)-5) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que se denuncia como acto reclamado la resolución de fecha doce (12) de Marzo del 2021, dictada por el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, en Audiencia de Proposición de Pruebas, en la causa que se instruye en contra de ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENNER DAVID MARTINES CASTILLO, y en la que el Tribunal recurrido, denegó la admisión de dos pruebas documentales, tales como el Informe final de investigación, elaborado por el Agente NOE BARAHONA CALIX, y las copias debidamente autenticadas, de los documentos de propiedad de un vehículo, marca Toyota, modelo Tacoma, Tipo Pick-up, color Rojo, año 1999.-Considera la amparista que se ha vulnerado el Derecho de Defensa, y el Principio Derecho Debido Proceso, en vista de no admitir los medios de prueba, que a criterio del Censor es pertinente con ello causa una efectiva indefensión, y no ejercer una debida motivación en la resolución en donde deniega la admisión de los medios de prueba.-CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo que conocemos, el Tribunal de Alzada fue del parecer porque se declarase la denegatoria de la acción interpuesta, en tanto que estimó que (SIC) “ CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis de los antecedentes, se desprende que el origen de la presente acción de amparo surge a raíz de que en fecha doce (12) de Marzo del 2021, el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, en Audiencia de Proposición de Pruebas, en la causa que se instruye en contra de ELVIN RAFAEL RAMOS CARDONA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JONNY RAFAEL CARDONA PEREZ y KENNER DAVID MARTINES CASTILLO, y en la que el Tribunal recurrido, denegó la admisión de dos pruebas documentales, tales como el Informe final de investigación, elaborado por el Agente NOE BARAHONA CALIX, y las copias debidamente autenticadas, de los documentos de propiedad de un vehículo, marca Toyota, modelo Tacoma, Tipo Pick-up, color Rojo, año 1999. Considerando el amparista que se ha vulnerado el Derecho de Defensa, y el Principio Derecho Debido Proceso, en vista de no admitir los medios de prueba, que a criterio del Censor es pertinente con ello causa una efectiva indefensión, y no ejercer una debida motivación en la resolución en donde deniega la admisión de los medios de prueba. Al respecto, esta Corte de Apelaciones es consciente de la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado desde la perspectiva de las garantías fundamentales y del derecho a un juicio justo, sin embargo, el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado e incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes con independencia de su pertinencia, utilidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello, el reconocimiento de la relevancia constitucional del derecho a la prueba no desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar los aspectos relevantes sobre la admisión de la prueba que sea relevante, pertinente, útil y proporcional, rechazando las demás, así lo reza el artículo 199 del Código Procesal Penal. Es necesario señalar que la conculcación el derecho a utilizar los medios de prueba que se consideren necesarios para ejercer su derecho fundamental más genérico como lo es el derecho de defensa, solo adquirirá relevancia constitucional cuando produzca una real y efectiva indefensión. El rechazo de prueba por parte del Juez, no necesariamente conlleva a una vulneración del derecho de defensa y puede no ser suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional, pues para ello, el defecto procesal debe tener una indefensión material concreta, por lo que sin ello no se ha producido, no cabe apreciar la existencia de indefensión de la perspectiva constitucional. El juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicitar y motivar las resoluciones en que rechacen los medios de prueba propuestos. Los artículos 199 y 317 párrafo final de la norma adjetiva penal permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes sin que con ello lesiones el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios probatorios que las partes estimen pertinentes, sino únicamente aquellos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales; lo que resulta inaceptable para el debido proceso, es que los rechace sin motivación alguna pues está en el deber ineludible de motivar razonablemente la denegación de los medios de prueba propuestos, no hacerlo supondría una interpretación y aplicación del principio de legalidad manifiestamente arbitrario e irrazonable vulnerado con ello el debido proceso, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. En consecuencia, del estudio de la foliada se desprende que el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, explicó y motivó las razones por las cuales rechazaba los medios de prueba consignados en los numerales 1 y 5 de la denominada prueba documental, propuesta por el Censor, de lo que deviene que consideramos y concluimos como Alzada, que no existe la vulneración de las garantías denunciadas, como lo invoca el recurrente.”-En su motivación, la Alzada se refirió de manera fundada y ordenada, a todas las alegaciones del quejoso, explicando con amplios razonamientos jurídicos porque las mismas resultaban injustificables, siendo la Corte categórica al afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. -CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso.-CONSIDERANDO (9): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. - En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado. -POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0537-2021.-Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL