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Sentencia AP-482-19 — Registro 12879

Resumen

Resolucion que confirmó sobreseimiento Definitivo con relación con relación a la causa instruida contra imputada por suponerla responsable de la comisión a título de cómplice de diez delitos electorales por recepcionar cambios de domicilio ilegales en perjuicio del sistema democrático de Honduras,delitos de abuso de autoridad y diez (10) delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pùblica e imputada por suponerla responsable a título de autora de la comisión de treinta y un (31) delitos electorales por admitir y refrendar solicitudes de cambios de domicilio ilegal en perjuicio del sistema democratico del estado de derecho de honduras; treinta y un (31) delitos de abuso de autoridad y treinta y un (31) delitos de violacion de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pùblica del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(3): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada, la Sala de lo Constitucional confirma que en la Acción de Amparo interpuesta se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …”. Aseveración a la que se concluye, pues del examen de la acción de amparo promovida, la recurrente, sostienen que la resolución que ahora se recurre en amparo, a su juicio es violatoria del debido proceso y del principio de legalidad, establecidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Ello porque el Tribunal de Alzada argumenta que con los elementos probatorios quedo acreditado que efectivamente en el Registro Civil de la Campa, Lempira, se dio trámite de manera ilegal a 31 solicitud de actualización domiciliaria, porque no cumplían con los requisitos que establece el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, siendo que dicha ley en el articulo 60, contempla el delito de Cambio de Domicilio Electoral, pero que carece del Presupuesto de Derecho, ya que no contempla la pena del delito, únicamente se limita a su descripción del elemento objetivo, pero nada dice de la pena, convirtiéndose en una ley penal incompleta o imperfecta, cuya omisión de su punibilidad carece de otra disposición dentro de la misma ley o de una legislación distinta para llenar el blanco mediante un reenvío. En cuanto al delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, el Ad-Quem argumenta que al dar trámite a la solicitud de los 31 cambios de domicilio, efectivamente hay una violación al tipo penal, sin embargo dicha acción se subsume en un tipo penal incompleto, como ser el Cambio Ilegal de Domicilio; sobre el delito de Abuso de Autoridad el Ad-Quem considera que no existe, ello porque la conducta realizada por la Registradora Civil, al no verificar el cumplimiento de los requisitos para las actualizaciones domiciliarias, lo llevan a incurrir en un delito especial de Cambio de Domicilio, el cual es un tipo penal incompleto, lo cual lo vuelve ineficaz para efecto de deducir una responsabilidad ya que no contempla sanción o pena a imponer.. CONSIDERANDO (4): Que asimismo arguye la impetrante que la motivación externada por el Tribunal de Alzada, no esta ajustada conforme a derecho e inaplicado la propia Ley Electoral, ya que efectivamente los Presupuestos de Derecho a que se refiere el Ad-Quem se encuentran contenidos en el artículo 212 numeral 20 de la referida Ley, que regula lo concerniente al Delito Electoral, señalando una pena abstracta de CUATRO A SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN, dado que las acciones realizadas por las encausadas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, causo como resultado la alteración de la base de datos del Censo Nacional Electoral, por lo cual al considerar la conducta de las acusadas en una ley imperfecta, se estaría violentando los principios de transparencia y honestidad establecidos en el artículo 2 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas. CONSIDERANDO (5): Que la impetrante, se enfoca en transcribir en su escrito de acción constitucional, los acápites de la resolución recurrida, reiterando el criterio asumido por la Corte de Apelaciones, lo que viene a contravenir disposiciones constitucionales, en relación al caso concreto contraviene la norma procesal 294.2 relacionada al dictado del Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-Quo y confirmado por el Ad-Quem, por considerar la impetrante el artículo 212 numeral 20 señala el presupuesto de derecho, no como lo argumenta la Corte de Apelaciones en la resolución recurrida, que el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, carece de uno de los presupuestos, es decir, carece del presupuesto de derecho al no establecer la pena del delito, lo cual la vuelve ineficaz para efecto de deducir una responsabilidad ya que no contempla sanción o pena a imponer. Aduce la recurrente en amparo que el Ad-Quem con dicha resolución violentado el debido proceso y legalidad y ha inaplicado la ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por cuanto las acciones realizadas por las encausadas se enmarcan en el artículo 60 en relación con el artículo 212 numeral 20 de la Ley referida. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, dictó resolución, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que la misma se encuentra debidamente motivada; asimismo se aprecia que la recurrente se limitó a realizar valoraciones en cuanto a la apreciación de la norma sustantiva, que realizó la Alzada al momento de emitir la resolución que es motivo de impugnación por medio de la garantía constitucional de Amparo; valoraciones que son cuestiones de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, en lo que se refiere admisión, rechazo o valoración de prueba a efecto de interpretación de la norma aplicable al caso concreto y conforme a ello emitir una resolución, debiendo respetarse los principios que rigen el proceso penal, como ser inmediación, concentración, contradicción, entre otros, como lo ha plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o Tribunal debe aplicar su criterio en relación a la norma sustantiva a aplicar en un caso concreto, pues ello es una cuestión de instancia que deben resolver los órganos jurisdiccionales luego de evacuado los elementos de prueba aportados por las partes en la audiencia inicial, y conforme a ello decretar un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o un Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …” CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de Amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman la misma"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KENDDY LUDIBETH MEJIA OSEGUERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que confirmó el Sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra la Señora NELLY SUYAPA CASTILLO por suponerla responsable de la comisión a título de cómplice de DIEZ (10) DELITOS ELECTORALES POR RECEPCIONAR CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGALES en perjuicio del SISTEMA DEMOCRATICO DE HONDURAS y EL ESTADO DE DERECHO DE HONDURAS; DIEZ (10) DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD y DIEZ (10) DELITOS DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y contra la señora GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ por suponerla responsable a título de autora de la comisión de TREINTA Y UN (31) DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y REFRENDAR SOLICITUDES DE CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL en perjuicio del SISTEMA DEMOCRATICO DEL ESTADO DE DERECHO DE HONDURAS; TREINTA Y UN (31) DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD y TREINTA Y UN (31) DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-Quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (06) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, la Abogada GLADYS HERNANDEZ PALENCIA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra la Señora NELLY SUYAPA CASTILLO por suponerla responsable de la comisión de DIEZ (10) DELITOS ELECTORALES POR RECEPCIONAR CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGALES en perjuicio del SISTEMA DEMOCRATICO DE HONDURAS y EL ESTADO DE DERECHO DE HONDURAS; DIEZ (10) DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD y DIEZ (10) DELITOS DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y contra la señora GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ por suponerla responsable a título de autora de la comisión de TREINTA Y UN (31) DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y REFRENDAR SOLICITUDES DE CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL en perjuicio del SISTEMA DEMOCRATICO DEL ESTADO DE DERECHO DE HONDURAS; TREINTA Y UN (31) DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD y TREINTA Y UN (31) DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–43 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), en Audiencia Inicial el citado Juzgado, Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de NELLY SUYAPA CASTILLO Y GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ, por delitos Electorales, violación a los deberes de los funcionarios, y abuso de autoridad en perjuicio del Sistema Democrático del Estado de Honduras y la Administración Pública.- SEGUNDO: Se revocan las medidas cautelares decretadas en audiencia de declaración de imputado.-” (Folios 62–81 de la pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada KENDDY MEJIA, en su condición de Fiscal del MINISTERIO PUBLICO, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copan, en fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil diecinueve (2019), Resolvió: (SIC) “UNO: DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación presentado y sustentado por el Abogado KENDDY MEJIA, en su condición representante del Ministerio Publico, contra de la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Lempira, en fecha diecisiete del enero del año dos mil dieciocho (2018); DOS: SE CONFIRMA la resolución recurrida venida en apelación, NO POR EL RAZONAMIENTO DEL A-Quo, sino, por la exposición hecha por éste Tribunal de Alzada.-” (Folios 4–12 de la pieza del Ad- Quem). 4) Que la Abogada KENDDY LUDIBETH MEJIA OSEGUERA, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–7 del Presente Recurso) 5) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 26 del Presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional, concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada, la Sala de lo Constitucional confirma que en la Acción de Amparo interpuesta se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …”. Aseveración a la que se concluye, pues del examen de la acción de amparo promovida, la recurrente, sostienen que la resolución que ahora se recurre en amparo, a su juicio es violatoria del debido proceso y del principio de legalidad, establecidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Ello porque el Tribunal de Alzada argumenta que con los elementos probatorios quedo acreditado que efectivamente en el Registro Civil de la Campa, Lempira, se dio trámite de manera ilegal a 31 solicitud de actualización domiciliaria, porque no cumplían con los requisitos que establece el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, siendo que dicha ley en el articulo 60, contempla el delito de Cambio de Domicilio Electoral, pero que carece del Presupuesto de Derecho, ya que no contempla la pena del delito, únicamente se limita a su descripción del elemento objetivo, pero nada dice de la pena, convirtiéndose en una ley penal incompleta o imperfecta, cuya omisión de su punibilidad carece de otra disposición dentro de la misma ley o de una legislación distinta para llenar el blanco mediante un reenvío. En cuanto al delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, el Ad-Quem argumenta que al dar trámite a la solicitud de los 31 cambios de domicilio, efectivamente hay una violación al tipo penal, sin embargo dicha acción se subsume en un tipo penal incompleto, como ser el Cambio Ilegal de Domicilio; sobre el delito de Abuso de Autoridad el Ad-Quem considera que no existe, ello porque la conducta realizada por la Registradora Civil, al no verificar el cumplimiento de los requisitos para las actualizaciones domiciliarias, lo llevan a incurrir en un delito especial de Cambio de Domicilio, el cual es un tipo penal incompleto, lo cual lo vuelve ineficaz para efecto de deducir una responsabilidad ya que no contempla sanción o pena a imponer.. CONSIDERANDO (4): Que asimismo arguye la impetrante que la motivación externada por el Tribunal de Alzada, no esta ajustada conforme a derecho e inaplicado la propia Ley Electoral, ya que efectivamente los Presupuestos de Derecho a que se refiere el Ad-Quem se encuentran contenidos en el artículo 212 numeral 20 de la referida Ley, que regula lo concerniente al Delito Electoral, señalando una pena abstracta de CUATRO A SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN, dado que las acciones realizadas por las encausadas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, causo como resultado la alteración de la base de datos del Censo Nacional Electoral, por lo cual al considerar la conducta de las acusadas en una ley imperfecta, se estaría violentando los principios de transparencia y honestidad establecidos en el artículo 2 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas. CONSIDERANDO (5): Que la impetrante, se enfoca en transcribir en su escrito de acción constitucional, los acápites de la resolución recurrida, reiterando el criterio asumido por la Corte de Apelaciones, lo que viene a contravenir disposiciones constitucionales, en relación al caso concreto contraviene la norma procesal 294.2 relacionada al dictado del Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-Quo y confirmado por el Ad-Quem, por considerar la impetrante el artículo 212 numeral 20 señala el presupuesto de derecho, no como lo argumenta la Corte de Apelaciones en la resolución recurrida, que el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, carece de uno de los presupuestos, es decir, carece del presupuesto de derecho al no establecer la pena del delito, lo cual la vuelve ineficaz para efecto de deducir una responsabilidad ya que no contempla sanción o pena a imponer. Aduce la recurrente en amparo que el Ad-Quem con dicha resolución violentado el debido proceso y legalidad y ha inaplicado la ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por cuanto las acciones realizadas por las encausadas se enmarcan en el artículo 60 en relación con el artículo 212 numeral 20 de la Ley referida. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, dictó resolución, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que la misma se encuentra debidamente motivada; asimismo se aprecia que la recurrente se limitó a realizar valoraciones en cuanto a la apreciación de la norma sustantiva, que realizó la Alzada al momento de emitir la resolución que es motivo de impugnación por medio de la garantía constitucional de Amparo; valoraciones que son cuestiones de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, en lo que se refiere admisión, rechazo o valoración de prueba a efecto de interpretación de la norma aplicable al caso concreto y conforme a ello emitir una resolución, debiendo respetarse los principios que rigen el proceso penal, como ser inmediación, concentración, contradicción, entre otros, como lo ha plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o Tribunal debe aplicar su criterio en relación a la norma sustantiva a aplicar en un caso concreto, pues ello es una cuestión de instancia que deben resolver los órganos jurisdiccionales luego de evacuado los elementos de prueba aportados por las partes en la audiencia inicial, y conforme a ello decretar un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o un Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …” CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de Amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman la misma. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 y 319 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 8 y 139 del Código Procesal Penal; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0482=2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.