Sentencia AP-474-21 — Registro 13434
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor WILMER ENRIQUE SALMERON HERRERA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor HECTOR MARIO RIVERA PAZ.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente estima que se aportó prueba necesaria para acreditar la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se acusa al encausado así como de la que se acredita la participación del imputado en el ilícito, siendo del parecer que la Alzada no apreció que al constar del expediente que el ofendido se le imposibilitó declarar en la audiencia inicial por no portar su Tarjeta de Identidad, con lo cual existía la posibilidad de evacuar dicha prueba en su oportunidad mediante el sobreseimiento provisional, motivo por el cual estima que el Ad-quem ha inobservado la debida motivación en su resolución vulnerando el acceso a la justicia.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que reconoce la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, que la Alzada establece que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, si bien se logró establecer la existencia del delito, sin embargo, no se desprenden indicios que lleven a suponer que el imputado ha podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se le acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem.-CONSIDERANDO: Que a pesar de que la impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, sin embargo, esta Sala estima que dicha garantía ha sido observada por el órgano judicial recurrido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial. -CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar el Ad-quem un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación para la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proces.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Resolución de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno ( 2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0474-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN:El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor WILMER ENRIQUE SALMERON HERRERA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor HECTOR MARIO RIVERA PAZ.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente estima que se aportó prueba necesaria para acreditar la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se acusa al encausado así como de la que se acredita la participación del imputado en el ilícito, siendo del parecer que la Alzada no apreció que al constar del expediente que el ofendido se le imposibilitó declarar en la audiencia inicial por no portar su Tarjeta de Identidad, con lo cual existía la posibilidad de evacuar dicha prueba en su oportunidad mediante el sobreseimiento provisional, motivo por el cual estima que el Ad-quem ha inobservado la debida motivación en su resolución vulnerando el acceso a la justicia.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que reconoce la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, que la Alzada establece que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, si bien se logró establecer la existencia del delito, sin embargo, no se desprenden indicios que lleven a suponer que el imputado ha podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se le acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem.-CONSIDERANDO: Que a pesar de que la impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, sin embargo, esta Sala estima que dicha garantía ha sido observada por el órgano judicial recurrido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial. -CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar el Ad-quem un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación para la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proces.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Resolución de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno ( 2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0474-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL