Sentencia AP-471-21 — Registro 13438
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que por mayoría de votos otorgó los recursos de amparo acumulados con relación a la orden de libramiento de oficios (varios) ejecutando una sentencia que según los recurrentes no está firme en perjuicio de los peticionarios. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 61, 82, 90, 103, 104, 105 y 106 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la Juez de Primera Instancia al haber ejecutado el violenta el debido proceso y el derecho a la defensa, en vista que al haber ordenado el envió de los oficios establecidos en el numeral séptimo de la sentencia emitida por ese juzgado el veinticuatro de abril de dos mil veinte, está ejecutando dicha sentencia, violentando lo establecido en el artículo 78 de la Ley Sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que otorga esa potestad pero hasta que la sentencia se encuentre firme, aduciendo el peticionario que en la presente causa la referida sentencia no ha adquirido el carácter de firme y por tanto solicita que se declare con lugar el presente amparo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional de la lectura de la sentencia venida en consulta, observa que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán ha concedido el Recurso de Amparo en vista que el Juzgado de Primera Instancia procedió a ejecutar la sentencia de fecha veinticuatro de abril del dos mil veinte, sin que la misma hubiese adquirido el carácter de firme, al estar pendiente de resolverse un recurso de apelación, en ese sentido el artículo 78 de la Ley Sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, señala que la distribución de los bienes y por consiguiente la ejecución misma de la sentencia definitiva únicamente procede cuando ha adquirido el carácter de firme, en el presente caso de autos esto no sucede así, por haberse interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada el dos de octubre de dos mil veinte, por consiguiente el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, al ejecutar la sentencia definitiva sin que este firme, ha vulnerado los derechos Constitucionales de los recurrentes, por tal razón procede confirmar la sentencia definitiva venida en consulta. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veintiuno (2021), que por mayoría de votos otorgó los recursos de amparo acumulados interpuestos: 1) Por el Abogado RENAN LOZANO OQUELÍ, a favor de la sociedad mercantil denominada DISTRIBUIDORA BARRET, S.A.; 2) Por el Abogado ARTURO EFRAIN CHINCHILLA CASTRO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES EDYASA, S.A. de C.V.; 3) Por el Abogado ARTURO EFRAIN CHINCHILLA CASTRO a favor del señor LUIS FERNANDO MATA ECHEVERRI, en su condición de Accionista de la Sociedad Mercantil denominada URBANA LIMITED, S.A. de C.V. 4) Por el Abogado ARTURO EFRAIN CHINCHILLA CASTRO a favor de los Titulares de Derechos WILLIAM FRANKLIN HALL MICHELETTI e INGRID MIREYA DELGADO PAREDES, HALL MICHELETTI e INGRID MIREYA DELGADO PAREDES, y 5) Por los Abogados WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA y CARLOS EDUARDO INESTROZA a favor de los Titulares de Derechos JAIME ROSENTHAL OLIVA (Q.D.D.G.) YANI BENJAMIN ROSENTHAL HIDALGO, asimismo de varias sociedades mercantiles y de los señores CARLOS JOSE ROSENTHAL HIDALGO, ISABELLA ROSENTHAL MADRID y CLAUDIA PATRICIA MADRID PÉREZ, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCION NACIONAL, con relación a la orden de libramiento de oficios (varios) ejecutando una sentencia que según los recurrentes no está firme en perjuicio de los peticionarios. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 61, 82, 90, 103, 104, 105 y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, emitió auto resolutivo en el cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Habilitar los días martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril del año 2020, con el fin de proceder a notificar a todas las partes intervinientes, el presente auto y la sentencia del proceso de mérito. SEGUNDO: Que el receptor del Despacho proceda a notificar mediante correo electrónico a todas partes procesales, levantando constancia de sus actuaciones mismas que deberán constar en el expediente. TERCERO: Haciéndoles saber a las partes procesales que para efectos de hacer uso del recurso correspondiente, tienen el termino de tres días hábiles. NOTIFIQUESE.” (Folio 01 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte el Abogado MARLON DUARTE AMADOR, en su condición de Representante Procesal de varias titulares de derechos principales, entre ellos el Señor YANI BENJAMIN ROSENTHAL HIDALGO y otros miembros de la familia ROSENTHAL y del Grupo de Empresas Continental, interpuso Recurso de Apelación, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veinte (2020). En consecuencia, el citado el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, resolvió: “PRIMERO: Téngase por presentado el recurso de Apelación de fecha veinticuatro de abril del año en curso; mismo que se manda agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: Que se continúe con el trámite correspondiente, que de conformidad a ley correspondiente. NOTIFIQUESE.” 3) Que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, emitió resolución en la cual Resolvió: (SIC). “PRIMERO: CON LUGAR la acción de Privación Definitiva del Dominio promovida por el Ministerio Público, sobre los bienes que ostentan los titulares de derecho: Yankel Antonio Rosenthal Coello, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Jaime Rolando Rosenthal Oliva (QDDG), Cesar Augusto Rosenthal Hidalgo, Adela Patricia Rosenthal Hidalgo, Edwin Mayer Rosenthal Oliva, William Franklin Hall Micheleti, Plutarco Molina Castellanos (QDDG), Claudia Patricia Madrid Pérez, Luis Fernando Mata Echeverri y Mario Roberto Solís Da Costa Gómez. SEGUNDO: Se declara el comiso de los bienes… TERCERO: Se declara la nulidad de los títulos… CUARTO: Declarar SIN LUGAR la Acción de Privación de Dominio proceder a REVOCAR la medida de aseguramiento sobre los bienes… QUINTO: Se otorga el reconocimiento como terceros de buena fe a los titulares de derechos accesorios… SEXTO: Que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) proceda conforme a lo establecido en la Ley de Privación de Dominio, en sus artículos 70, 77 y 78 la devolución de los mismos a sus titulares de derecho o en su defecto a sus representantes legales debidamente acreditados. SEPTIMO: Se proceda a librar los oficios correspondientes a las Instituciones Bancarias, Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán y San Pedro Sula, Registro Mercantil, Dirección de la Marina Mercante, Dirección de Aeronáutica Civil, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), junto con la respectiva certificación de la presente sentencia para que se proceda a cumplir con lo ordenado. - NOTIFIQUESE.” (Folios 32–107 de la pieza del A-Quo). 4) Que en fecha siete de octubre de dos mil veinte el Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELÍ, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, interponiendo recurso de amparo a favor de los Titulares de Derecho, DISTIBUIDORA BARRET, S.A. y de la Sociedad Mercantil INVERSIONES Y SERVICIOS RC, S.A. DE C.V.; contra la Ejecución Material del Numeral Séptimo de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), en la que se ordena el libramiento de varios oficios a varias instituciones bancarias, Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, y San Pedro Sula, departamento de Cortés, Registro Mercantil, Dirección de Marina Mercante, Dirección de Aeronáutica Civil y la Oficina Administradora de Bienes de Origen Ilícito. 5) En la misma fecha, el Abogado ARTURO EFRAIN CHINCHILLA, compareció ante la citada Corte de Apelaciones, interponiendo recursos de amparo a favor de los Titulares de Derecho, INVERSIONES EDYASA, S.A. de C.V.; LUIS FERNANDO MATA ECHEVERRI, en su condición de Accionista de la Sociedad Mercantil denominada URBANA LIMITED, S.A. de C.V.¸ y los señores WILLIAM FRANKLIN HALL MICHELETTI e INGRID MIREYA DELGADO PAREDES, HALL MICHELETTI e INGRID MIREYA DELGADO PAREDES, contra la Ejecución Material del Numeral Séptimo de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020). (Folios 34-37, 51-56, 72-78 de la pieza de la Corte de Apelaciones) 6) Que en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020), los Abogados WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA y CARLOS EDUARDO INESTROZA MOLINA, comparecieron ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, presentando recurso de amparo a favor de los Titulares de Derechos de JAIME ROSENTHAL OLIVA (Q.D.D.G.), YANI BENJAMIN ROSENTHAL HIDALGO, ADELA PATRICIA ROSENTHAL HIDALGO Y OTROS, contra la Ejecución Material del Numeral Séptimo de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020). (Folios 116-119 de la pieza de la pieza de la Corte de Apelaciones) 7) Seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones, en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veintiuno (2021), Falló: (SIC) “OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO del cual se ha hecho merito e interpuesto por los Abogados RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI a favor de los titulares de derecho, Distribuidora Barret, S.A. y de la sociedad mercantil Inversiones y Servicios R.C., S.A. de C.V.; ARTURO EFRAIN CHINCHILLA CASTRO a favor de los titulares de derecho de Inversiones EDYASA S.A. de C.V., Luis Fernando Mata Echeverri en su condición de accionista de la sociedad mercantil Urbana Limited S.A. de C.V. y de los titulares de derecho William Franklin Hall Micheletti e Ingrid Mireya Delgado Paredes, WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA y CARLOS EDUARDO INESTROZA MOLINA a favor de los titulares de derecho Jaime Rosenthal Oliva (Q.D.D.G.), Yani Rosenthal Hidalgo, Adela Patricia Rosenthal Hidalgo, Cesar Augusto Rosenthal Hidalgo, Empacadora Continental S.A., Banco Continental S.A., Seguros Continental S.A., Alimentos Continental S.A. de C.V., Inversiones Continental Panamá S.A., Inmobiliaria Continental S.A. de C.V., Aero Impex S.A., Fondos Continental S.A. de C.V., Fondo de Inversiones S.A., Aero Naves de Centroamérica S.A. de C.V., Cable Color S.A., Sociedad Televisora Nacional S.A. de C.V. (SOTEL), Carlos José Rosenthal Hidalgo, Isabella Rosenthal Madrid, Claudia Patricia Madrid Pérez; por las razones antes señaladas.” (Folios 195–197 de la pieza del Ad-Quem) 8) Que en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, que otorga el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, a favor de los titulares de derecho DISTRIBUIDORA BARRET y de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES Y SERVICIOS R.C., S.A de C.V, Abogado ARTURO EFRAIN CHINCHILLA CASTRO, a favor de los titulares de derecho DE INVERSIONES EDYASA S.A. de C.V., Luis Fernando Mata Echeverri, en su condición de accionista de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANA LIMITED S.A de C.V, y de los titulares de derecho WILLIAM FRANKLIN HALL MICHELETTI E INGRID MIREYA DELGADO PARECEDES. WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA Y CARLOS EDUARDI INESTROZA MOLINA, a favor de los titulares de derecho Jaime Rosenthal Oliva (Q.D.D.G), Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Adela Patricia Rosenthal Hidalgo, Cesar Augusto Rosenthal Hidalgo, Empacadora Continental S.A., Banco Continental S.A., Seguros Continental S.A., Alimentos Continental S.A. de C.V., Inversiones Continental Panamá S.A., Inmobiliaria Continental S.A. de C.V., Aero Impex S.A., Fondos Continental S.A. de C.V., Fondo de Inversiones S.A., Aero Naves de Centroamérica S.A. de C.V., Cable Color S.A. de C.V., Sociedad Televisora Nacional S.A. de C.V. (SOTEL), Carlos José Rosenthal Hidalgo, Isabella Rosenthal Madrid, Claudia Patricia Madrid Pérez, en contra de la ejecución material del numeral séptimo de la sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la Juez de Primera Instancia al haber ejecutado el violenta el debido proceso y el derecho a la defensa, en vista que al haber ordenado el envió de los oficios establecidos en el numeral séptimo de la sentencia emitida por ese juzgado el veinticuatro de abril de dos mil veinte, está ejecutando dicha sentencia, violentando lo establecido en el artículo 78 de la Ley Sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilicito, que otorga esa potestad pero hasta que la sentencia se encuentre firme, aduciendo el peticionario que en la presente causa la referida sentencia no ha adquirido el carácter de firme y por tanto solicita que se declare con lugar el presente amparo.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional de la lectura de la sentencia venida en consulta, observa que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán ha concedido el Recurso de Amparo en vista que el Juzgado de Primera Instancia procedió a ejecutar la sentencia de fecha veinticuatro de abril del dos mil veinte, sin que la misma hubiese adquirido el carácter de firme, al estar pendiente de resolverse un recurso de apelación, en ese sentido el artículo 78 de la Ley Sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, señala que la distribución de los bienes y por consiguiente la ejecución misma de la sentencia definitiva únicamente procede cuando ha adquirido el carácter de firme, en el presente caso de autos esto no sucede así, por haberse interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada el dos de octubre de dos mil veinte, por consiguiente el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, al ejecutar la sentencia definitiva sin que este firme, ha vulnerado los derechos Constitucionales de los recurrentes, por tal razón procede confirmar la sentencia definitiva venida en consulta. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 10.2 letra a); 46.7, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 78 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0471-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL