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Sentencia AP-47-20 — Registro 12790

Resumen

Resolución que denegó acción de amparo en relación a denegatoria de procedimiento de flagrancia solicitado por impetrante con relación a la causa instruida contra imputada por suponerla responsable del delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."6: Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues se ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, al concluir que no se vulnera el debido proceso invocado por la recurrente en Amparo. El debido proceso, es un derecho fundamental que supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional. La recurrente argumenta que se vulnera lo dispuesto en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, precepto que, en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver denegando la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque si bien es cierto, el proceso expedito tiene sus propios requisitos de procedibilidad, no es un imperativo que el Juez debe darle dicho trámite a la causa que reúna estos requisitos, es una opción que debe ponderar el Juez, en razón de considerar cual de ambos procesos el expedito o el ordinario, es más idóneo para realizar, valorando no solo las circunstancias que rodean el hecho, sino el respeto de los derechos fundamentales del imputado, entre ellos el derecho a defenderse, derecho constitucionalmente reconocido e inviolable; por ello entiende esta Sala de lo Constitucional, que el A-quo accedió a la petición de la defensa, ante los argumentos del derecho a la inocencia invocada por el imputado en la Audiencia de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, a efecto de preparar su defensa, pues como bien lo indica la normativa legal el procedimiento expedito para delitos en flagrancia, establece plazos breves para su realización, entre ellos el plazo de 48 horas para la celebración de la audiencia de preparación que es precisamente la audiencia en que las partes propondrán los medios de prueba que utilizarán para acreditar sus pretensiones , espacio de tiempo que puede no ser el suficiente para la defensa a efecto de agenciarse de los elementos probatorios con el fin de acreditar las pretensiones de inocencia del acusado. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegó el recurso de amparo promovido por la Abogada Milady Jannette Pavón Ramírez, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecinueve, que resuelve que la causa se dirimirá mediante el proceso ordinario; con relación a la causa instruida contra la señora Gladis Fúnez por suponerla responsable del delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Estima la recurrente que la resolución que recurre en Amparo violenta el Principio-Derecho constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada Rosa Victoria Vásquez S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora Gladis Fúnez por suponerla responsable del delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en la celebración de la audiencia de adecuación del procedimiento expedito en flagrancia, resolvió: “PRIMERO: Que se siga el proceso contra GLADIS FÚNEZ por los delitos de FACILITACIÓN DEL LOCAL PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente, por el trámite ordinario en la presente causa. SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior que se proceda a celebrar la audiencia de declaración de imputado, con todas las formalidades de esta, así mismo, que se siga con el trámite de ley que corresponde, quedando notificados en estrados la fiscal del Ministerio Publico y la defensa del imputado. TERCERO: Todo lo anterior con fundamento en los artículos 440-A, 440-D, 286 del Código Procesal Penal; 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas…” (Folios del 22-24 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada Milady Jannette Pavón Ramírez, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución referida en el numeral que antecede, argumentando la recurrente que dicha resolución violenta a su representado, el Principio-Derecho Constitucional al Debido Proceso plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1-3fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO, a que se ha hecho relación. Y MANDA: Que una vez notificada la presente sentencia, se remitan en CONSULTA, junto con sus antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 13-17 de la pieza de antecedentes de Amparo)) 5) Que en fecha veinte de enero del año dos mil veinte, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos) CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del Procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido contra la señora GLADIS FUNEZ, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito; sostiene la impetrante que se violenta el Principio-Derecho Constitucional al Debido Proceso, plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Que de dicho precepto constitucional puede colegirse varias situaciones a saber: 1. Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto a las formalidades legalmente establecidas. 2. Que ese juzgamiento debe respetar los derechos que le asisten al procesado. Bajo ese entendido, señalar que la resolución irrespeta dos formalidades que le están indicadas en la norma procesal penal, la primera contrasta con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal. Que la Juez de Garantías en ningún momento basa su resolución denegatoria, dentro de las excepciones, establecidas por la norma en su artículo 440-A, porque simple y sencillamente no tiene el fundamento legal por no darse ninguno de las circunstancias siguientes: 1) Se trate de un delito de investigación compleja a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas. 2) Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior. 3) Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. Argumenta la recurrente que de igual manera se irrespeta lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal, en el sentido que la resolución debe ser debidamente motivada, es decir que debe contener una clara y precisa motivación, no la simple enunciación de los fundamentos sin razonar los mismos. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve Denegando la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo no vulnera garantías constitucionales ni procesales invocadas por el Ministerio Público como recurrente, enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues se ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, al concluir que no se vulnera el debido proceso invocado por la recurrente en Amparo. El debido proceso, es un derecho fundamental que supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional. La recurrente argumenta que se vulnera lo dispuesto en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, precepto que, en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver denegando la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque si bien es cierto, el proceso expedito tiene sus propios requisitos de procedibilidad, no es un imperativo que el Juez debe darle dicho trámite a la causa que reúna estos requisitos, es una opción que debe ponderar el Juez, en razón de considerar cual de ambos procesos el expedito o el ordinario, es más idóneo para realizar, valorando no solo las circunstancias que rodean el hecho, sino el respeto de los derechos fundamentales del imputado, entre ellos el derecho a defenderse, derecho constitucionalmente reconocido e inviolable; por ello entiende esta Sala de lo Constitucional, que el A-quo accedió a la petición de la defensa, ante los argumentos del derecho a la inocencia invocada por el imputado en la Audiencia de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, a efecto de preparar su defensa, pues como bien lo indica la normativa legal el procedimiento expedito para delitos en flagrancia, establece plazos breves para su realización, entre ellos el plazo de 48 horas para la celebración de la audiencia de preparación que es precisamente la audiencia en que las partes propondrán los medios de prueba que utilizarán para acreditar sus pretensiones[1], espacio de tiempo que puede no ser el suficiente para la defensa a efecto de agenciarse de los elementos probatorios con el fin de acreditar las pretensiones de inocencia del acusado. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 292 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0047-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículos 440-D último párrafo y 440-F del Código Procesal Penal.