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Sentencia AP-466-20 — Registro 13026

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió un recurso de apelación con relación a la causa por los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que esta Sala ha insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que también es necesario subrayar que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. La Sala ha reiterado que estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (9): Que del examen de las argumentaciones de la impetrante puede apreciarse que se han sustentado las violaciones constitucionales alegadas, bajo razonamientos relacionados estrictamente con valoración probatoria, partiendo de una apreciación particular de la misma.

La amparista denuncia como violatoria la decisión de favorecer a los imputados con un sobreseimiento definitivo cuando a su parecer existía prueba suficiente para estimar cumplidas las exigencias constitucionales para dictar un auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. En este respecto, resulta oportuno reiterar que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia. No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente—a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. CONSIDERANDO (11): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que no se pudo establecer en el proceso una mínima actividad probatoria para estimar la participación de los imputados en los hechos que se denunciaron. En su sentencia la Alzada estableció con razonamientos fundados el porqué de su decisión, la que se encamina a la emisión de un sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (13): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por la recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar no acreditada la participación de los imputados en los hechos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido suficientemente explícita en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. CONSIDERANDO (14): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WALESKA VALENTINA SALGADO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en seis de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores DARWIN NAHUM RÁPALO TROCHES Y RUBIA DENNIS SABILLÓN PINEDA, por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, la Abogada WALESKA VALENTINA SALGADO actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores DARWIN NAHUM RÁPALO TROCHES Y RUBIA DENNIS SABILLÓN PINEDA, por suponerlos responsables del delito ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.

  1. Que en fecha en seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la continuación de la audiencia inicial, el Juzgado de Letras dictó auto mediante el cual resolvió: “…1.- Se Dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO a favor de los imputados RUBIA DENIS SABILLÓN PINEDA Y DARWIN NAHUM RÁPALO TROCHEZ, a quienes se les acusa como responsables a título de autores del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 2.- Se les mantiene las medidas cautelares que han venido cumpliendo los acusados. 3.-Se declara no haber lugar al dictado de un sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa de los acusados…”. (Folios del 72 al 89 de la pieza de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: “…PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado BLADIMIR ALEXANDER PÉREZ DUARTE. SEGUNDO: Se revoca la resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de esta Sección judicial con fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), en la que se le decreto auto de formal procesamiento contra los imputados RUBIA DENIS SABILLÓN Y DARWIN NAHUM RÁPALO, por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. TERCERO: SE ORDENA que el juez A- QUO sin necesidad de nueva audiencia proceda a dictar sobreseimiento definitivo tal como se ha indicado en la presente resolución…”. (Folios 10 al 15 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente Abogada WALESKA VALENTINA SALGADO GARCÍA, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de junio del año dos mil veinte, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del Estado de Hondura, la precitada sentencia que dictó la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA en fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, mediante la que fue revocada la resolución dictada por el Juez A Quo, ordenando el Tribunal de Alzada que por consiguiente se dictase un sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, revocando así el auto de formal procesamiento que había dictado el A Quo. ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que la impetrante cuestionó la decisión de la Alzada por considerar que en el proceso se aportó prueba suficiente para acreditar los elementos del tipo penal porque se inició proceso a los imputados, así como indicios racionales de participación. La impetrante señaló que el Tribunal de Apelaciones no efectuó una apreciación de la prueba aportada por el Ministerio Público en su conjunto, enfatizando que se acreditó la mínima actividad probatoria que se requiere para la audiencia inicial no existió autorización al ente fiscal para gestionar la acusación, manifestando que es falsa la apreciación del Tribunal de Alzada en cuanto a que la prueba aportada resultó insuficiente e incongruente. Al explicar las violaciones constitucionales en las que según la impetrante incurrió la Alzada, se limitó a cuestionar la manera en la que la Alzada valoró la prueba aportada en el proceso, reiterando que la prueba aportada debió ser suficiente para decretar un auto de formal procesamiento y que al no haberlo hecho así, el Tribunal de Apelaciones violentó garantías constitucionales en perjuicio del Estado hondureño. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que también es necesario subrayar que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. La Sala ha reiterado que estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (9): Que del examen de las argumentaciones de la impetrante puede apreciarse que se han sustentado las violaciones constitucionales alegadas, bajo razonamientos relacionados estrictamente con valoración probatoria, partiendo de una apreciación particular de la misma.

La amparista denuncia como violatoria la decisión de favorecer a los imputados con un sobreseimiento definitivo cuando a su parecer existía prueba suficiente para estimar cumplidas las exigencias constitucionales para dictar un auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. En este respecto, resulta oportuno reiterar que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1]. No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente—a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. CONSIDERANDO (11): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que no se pudo establecer en el proceso una mínima actividad probatoria para estimar la participación de los imputados en los hechos que se denunciaron. En su sentencia la Alzada estableció con razonamientos fundados el porqué de su decisión, la que se encamina a la emisión de un sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (13): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por la recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar no acreditada la participación de los imputados en los hechos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido suficientemente explícita en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. CONSIDERANDO (14): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WALESKA VALENTINA SALGADO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, de la que se hace mérito en este fallo; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0466=2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200