Sentencia AP-459-21 — Registro 14127
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, se revocó sobreseimiento definitivo por uno provisional a favor de imputado por suponerlo responsable del delito de actos de lujuria en perjuicio de menor de edad, A. Y. F. S.; El Tribunal de Apelaciones considera que de los elementos probatorios no se genera el indicio racional contra el imputado sino la simple sospecha por lo que se debe seguir investigando
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la ley dispone, que se dictará sobreseimiento provisional, si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba; extremos que, igual se aprecian en la motivación de resolución recurrida, en la cual para el Ad-Quem, se debe seguir investigando respecto a una entrevista o declaración de las personas que hacen la propuesta de seducción a la ofendida para que sedujera al imputado, así como el maestro que se encontraba en el lugar cuando la víctima ingresa a consejería y la identidad de as personas que están cuando ésta abandona el lugar..."..."Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación revoca el sobreseimiento definitivo decretado por el A-quo, por el delito de actos de lujuria, y decreta un sobreseimiento provisional por dicho delito contra el señor Rodney Arnulfo Ventura Sarmiento, al considerar que de los elementos probatorios no se genera el indicio racional contra el imputado sino la simple sospecha, generando la posibilidad al ente acusador para que en el futuro incorpore nuevos elementos de prueba..."..."tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."..."este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"la ley dispone, que se dictará sobreseimiento provisional, si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba; extremos que, igual se aprecian en la motivación de resolución recurrida, en la cual para el Ad-Quem, se debe seguir investigando respecto a una entrevista o declaración de las personas que hacen la propuesta de seducción a la ofendida para que sedujera al imputado, así como el maestro que se encontraba en el lugar cuando la víctima ingresa a consejería y la identidad de as personas que están cuando ésta abandona el lugar..."..."Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación revoca el sobreseimiento definitivo decretado por el A-quo, por el delito de actos de lujuria, y decreta un sobreseimiento provisional por dicho delito contra el señor Rodney Arnulfo Ventura Sarmiento, al considerar que de los elementos probatorios no se genera el indicio racional contra el imputado sino la simple sospecha, generando la posibilidad al ente acusador para que en el futuro incorpore nuevos elementos de prueba..."..."tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."..."este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve; con relación a la causa instruida contra el señor RODNEY ARNULFO VENTURA SARMIENTO por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la menor A. Y. F. S.. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, en cuanto a la revocación de un sobreseimiento definitivo y el posterior decreto de un sobreseimiento provisional a favor del señor RODNEY ARNULFO VENTURA SARMIENTO por el ACTOS DE LUJURIA, es violatoria de los derechos constitucionales de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y DEBIDO PROCESO, así como el principio de legalidad establecidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento provisional, si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba; extremos que, igual se aprecian en la motivación de resolución recurrida, en la cual para el Ad-Quem, se debe seguir investigando respecto a una entrevista o declaración de las personas que hacen la propuesta de seducción a la ofendida para que sedujera al imputado, así como el maestro que se encontraba en el lugar cuando la víctima ingresa a consejería y la identidad de as personas que están cuando ésta abandona el lugar. CONSIDERANDO: Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación revoca el sobreseimiento definitivo decretado por el A-quo, por el delito de actos de lujuria, y decreta un sobreseimiento provisional por dicho delito contra el señor Rodney Arnulfo Ventura Sarmiento, al considerar que de los elementos probatorios no se genera el indicio racional contra el imputado sino la simple sospecha, generando la posibilidad al ente acusador para que en el futuro incorpore nuevos elementos de prueba. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 295 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-459-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL