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Sentencia AP-455-20 — Registro 13966

Resumen

Negativa de remisión de expediente al Juzgado de Ejecución a efecto de continuar con ejecución de la pena y se beneficie a su representado con el procedimiento de libertad condicional y conmuta de pena por servicio social manifestando recurrente supuesta falta de firmeza de sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado que le impide gozar del beneficio de libertad condicional, conmuta de pena por servicio social;en relación a la causa instruida contra éste y habiendo sido condenado mediante el procedimiento abreviado, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a otorgar el Recurso de Amparo promovido al concluir que se ha vulnerado el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, invocado por el recurrente en Amparo, ello porque vista la actitud previa de las partes en acuerdo mutuo y lo resuelto en la sentencia, de la que se han notificado las partes, uno de los requisitos para el conocimiento de la resolución que ratifica, lo planteado por éstos, por lo que cualquier demora en la ejecución de la sentencia de condena constituiría una violación a una garantía procesal, nominada garantía de ejecución y es que la pena sea tratada y ejecutada por un juez diferente al que le juzgó, que aparece regulada dentro de las atribuciones que el Código Procesal Penal le otorga a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, entre las cuales está el conocimiento de los beneficios penales post sentencia, como lo es la libertad condicional o la conmuta. CONSIDERANDO 9: Que el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: “Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales …”; la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”[1]. Asimismo, la Corte ha precisado que la protección judicial supone, “en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”[2]. CONSIDERANDO 10: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha once de mayo del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que otorgó el recurso de amparo promovido por el abogado Tirso Sady Ulloa Ulloa, a favor del señor Medardo Antonio Barahona Castro, manifestando el recurrente la supuesta falta de firmeza de una sentencia condenatoria que le impide a su representado gozar del beneficio de la libertad condicional, conmuta de pena por servicio social; ello en relación a la causa instruida contra el señor Medardo Antonio Barahona Castro quien fue condenado mediante el procedimiento abreviado, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, contenidos en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve de abril del año dos mil veinte, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado Tirso Sady Ulloa Ulloa, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Medardo Antonio Barahona Castro, argumentando que la supuesta falta de firmeza de una sentencia condenatoria, le impide a su representado gozar del beneficio de la libertad condicional, conmutar la pena por servicio social, por lo que considera se vulnera el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva contenida en el artículo 90 de ña Constitución de la República; lo anterior, en relación al proceso instruido contra el señor Medardo Antonio Barahona Castro quien fue condenado por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha once de mayo del año dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “OTORGAR LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO, interesada por el Abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, colegiado número 11,366 del Honorable Colegio de Abogados de Honduras, actuando en su condición de apoderado defensor del señor MEDARDO ANTONIO BARAHONA CASTRO, a quien se le impide por la supuesta falta de firmeza de una sentencia condenatoria gozar del beneficio de la libertad condicionada conmutando la multa impuesta por servicio social. EN CONSECUENCIA: SE SEÑALA COMO CONDUCTA A CUMPLIR, LA REMISIÓN INMEDIATA al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de Comayagua, del expediente junto con su sentencia, de la causa seguida al CONDENADO MEDARDO ANTONIO BARAHONA CASTRO, CONDENADO mediante sentencia de Procedimiento Abreviado, por el delito de FACILITACOÓN DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, A LA PENA DE CUATRO AÑOS CON SEINS MESES DE RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps.37,500.00) para la vigilancia de la ejecución de las penas impuestas.- Y MANDA: 1- Que una vez notificado el presente fallo, se certifique el mismo a la autoridad amparada. 2- Que se envíen en consulta las presentes diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para la vigilancia de la Justicia Constitucional…” (Folios del 19-22fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 3) Que en fecha once de junio del año dos mil veinte, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, decidido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesto por el Abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, ante la negativa de remisión del expediente número 40-01-20 al Juzgado de Letras de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, a efecto de continuar con la ejecución de la pena y se beneficie a su representado con el procedimiento de libertad condicional y conmuta de pena por servicio social; argumenta el amparista que a su representado se le condeno mediante la figura del procedimiento abreviado, en fecha 27 de febrero del año 2020, imponiéndole la pena de cuatro (4) años, seis (6) meses de reclusión por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la negatividad de hecho del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, de remitir el expediente número 40-01-20 al Juzgado de Letras de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, a fin que se beneficie con la libertad condicional y conmuta de la pena por servicio social a su poderdante; sostiene el pedidor de Amparo que en fecha 27 de febrero del año 2020 se emitió sentencia condenando a su representado, después de haber sido sometido con su consentimiento a la figura procesal del procedimiento abreviado solicitado por el Ministerio Público, que dicha sentencia es acorde a lo solicitado por ambas partes por lo que es consentido por los mismos, quienes por lapsus calami obviaron renunciar a los recursos y términos legales en sus respectivas notificaciones. Que la sentencia le da la opción a su poderdante a optar al beneficio de libertad condicional y conmutar su pena, beneficio que no se ha hecho efectivo por la retención del expediente de mérito por parte del juzgado sentenciador, existiendo ya una solicitud de conmuta de pena y libertad condicionada de fecha 14 de abril del año 2020 ante el Juzgado de Ejecución, exponiendo los funcionarios judiciales del juzgado sentenciador, que existe suspensión de términos por mandato de la Corte Suprema de Justica. CONSIDERANDO 3: Que en fecha nueve de mayo del año dos mil veinte, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales emitió el Dictamen correspondiente, siendo de la opinión que la acción de Amparo debe ser denegado; arguye la Fiscal del Ministerio Público que del estudio de las diligencias, se establece que el Amparo solicitado no tiene sustento legal en la Constitución de la República, ya que el abogado Tirso Sady Ulloa no manifiesta en dicha acción la indicación de los recursos de que se ha hecho uso para obtener su subsanación, ya que alega que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, no remitió el expediente al Juzgado de Ejecución, en donde fue condenado su poderdante según sentencia de fecha 27 de febrero del 2020, la cual no se encuentra firme, ya que según el informe rendido por la Secretaria Adjunta de dicho Juzgado el Ministerio Público fue notificado el diez de marzo del dos mil veinte y el Abogado Ulloa se notificó de dicha sentencia el dieciséis de marzo del dos mil veinte; fecha en la cual es de público conocimiento quedaron suspendidos los términos por Acuerdo emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia por el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la República, el cual no ha sido suspendido hasta la fecha. CONSIDERANDO 4: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha once de mayo del año dos mil veinte, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TIRSO SADY ULLOA a favor del señor MEDARDO ANTONIO BARAHONA CASTRO, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, al estimar el recurrente que el acto reclamado ha violentado en perjuicio de su representado los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva, consignados en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 6: Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República mismo que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; el impetrante muestra su reclamo contra el acto o la negativa del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua de remitir el expediente que contiene las diligencias que condena a su poderdante y le priva de poder ejercer el beneficio de la libertad condicional o conmuta de pena por servicio social, al Juzgado de Ejecución de la sección Judicial de Comayagua, lo que constituye a juicio del impetrante en Amparo de vulneración a los derechos del debido proceso y tutela judicial efectiva del sentenciado. CONSIDERANDO 7: Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO 8: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a otorgar el Recurso de Amparo promovido al concluir que se ha vulnerado el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, invocado por el recurrente en Amparo, ello porque vista la actitud previa de las partes en acuerdo mutuo y lo resuelto en la sentencia, de la que se han notificado las partes, uno de los requisitos para el conocimiento de la resolución que ratifica, lo planteado por éstos, por lo que cualquier demora en la ejecución de la sentencia de condena constituiría una violación a una garantía procesal, nominada garantía de ejecución y es que la pena sea tratada y ejecutada por un juez diferente al que le juzgó, que aparece regulada dentro de las atribuciones que el Código Procesal Penal le otorga a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, entre las cuales está el conocimiento de los beneficios penales post sentencia, como lo es la libertad condicional o la conmuta. CONSIDERANDO 9: Que el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: “Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales …”; la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”[1]. Asimismo, la Corte ha precisado que la protección judicial supone, “en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”[2]. CONSIDERANDO 10: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal en Consulta bajo el número SCO-455-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Federico Andreu et al; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 25. Protección Judicial. KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG e. V. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014. Pág. 611. Véase Corte IDH. El Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párrafo 32 y Opinión Consultiva OC-9/87, op. cit., párr. 23.

[2] Ídem. Juana Maria Ibáñez Rivas; Artículo 25. Protección Judicial, pág. 612.