Sentencia AP-44-21 — Registro 13631
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada que declaro ha lugar recurso de apelación con relación a al delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 183 y 313 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que la normativa procesal penal ha diseñado el proceso penal de tal manera que no se concibe que los procesos duren más allá de la mitad de la pena a imponer sobre todo en aquellos procesos cuyas penas son largas como ocurre con el tráfico de drogas cuya pena mínima en ese momento era de 15 a 20 años de reclusión, es así que el párrafo cuarto tiene estrecha vinculación con el párrafo quinto del referido artículo 181 del código procesal Penal que dispone, “Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida…”. Por lo que esta Sala considera que el Ad quem debió considerar el párrafo 5 del artículo 181 del código procesal penal, y debe observarse porque no puede someterse al cumplimiento de la mitad de la pena mínima a un imputado al que no se le ha dictado sentencia, puesto que el Juzgador no puede prejuzgar al procesado, sin haberse realizado una audiencia de juicio oral y público; hacerlo resulta arbitrario, y violenta el debido proceso, puesto que será en juicio donde se ha de decidir sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, no podrá hacerlo el Juez a priori, porque en ese caso se convierte en una pena anticipada, sin juzgamiento. Es por ello que debe existir una sentencia previa para no quebrantar el principio de legalidad, siempre que se haga uso de la acción recursiva, pues en caso contrario la sentencia adquiere el carácter de firme. En ese orden de ideas el criterio del Ad quem resulta errado, debiendo en consecuencia otorgarse el amparo de mérito. CONSIDERANDO (11): Que para la interpretación de la ley, debe seguirse la voluntad del legislador los fines, principios y valores de la norma, de su interpretación se derivan las consecuencias jurídicas, que atañen a la situación jurídica del imputado. Por todo ello la necesidad de aplicar la lógica y la coherencia al momento de interpretar la norma jurídica en armonía con el contexto de toda la ley, no de manera individualizada como si fueran partes independientes de la misma. Siendo así al interpretar la norma procesal penal (y cualquier otra norma jurídica) no solo se interpreta un precepto sino en total armonía con toda la ley. En relación al caso que nos ocupa, en la normativa procesal penal, cada una de las etapas del proceso ha sido diseñada para hacer efectiva la administración de justicia, con una justicia pronta y cumplida, regida bajo principios básicos, para garantiza los derechos de las partes. CONSIDERANDO (17): Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, que se desarrollan de acuerdo a lo prescrito en la norma procesal penal. CONSIDERANDO (18): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 263 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO a favor del señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), que declaro HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte(2020), con relación a la causa instruida contra el señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 183 y 313 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021),la secretaria del Tribunal de Sentencias, tiene por recibida comunicación con procedencia de la Sala de lo Constitucional, donde ordena que se remitan el termino de un día los antecedentes que contienen la causa instruida contra el señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, para conocer del Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO, a favor del señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA, contra la resolución de de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte.-(Folio 01 la pieza de los antecedentes) 2)Que en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal delibero : Que en cuanto a la petición realizada por las defensas de los señores HUGO GERARDO MATEO OCHOA y RYAN MOORE JACKSON, tomando en consideración que se ha revisado la Prisión Preventiva el cual se venció el ocho de junio del presente año, incluso la misma ya fue ampliada como nuestra norma establece y tomando en consideración que la misma ya venció este Tribunal ha resuelto acceder a la solicitud hecha por las defensas, voto particular es en el sentido que el suscrito Juez considera que los plazos están suspendidos, ya se ha establecido por la Corte Interamericana que los países son libres de establecer en caso determinado la ampliación de garantía en cuestiones de pandemia, en ese sentido el suscrito considera que los plazos están suspendidos, que se extienda a la nota de excarcelación y acta de imposición de medidas , las medidas a imponer son las del numeral siete la prohibición de salir del país, numeral 5 que los Abogados que representa a cada uno de los imputados rinda informe al Tribunal.(Folio 3 de la pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, RESUELVE: “1) DECLARANDO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.- 2) REVOCAR la resolución apelada.- (27 al 28 de la pieza de corte de Apelaciones). 4) Que el recurrente abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte(2020), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 183 y 313 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente interpone acción de amparo contra la resolución dictada en fecha veintiuno de octubre del dos mil veinte, por la CORTE DE APELACIONES PENAL, del departamento de Francisco Morazán, que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Púbico y Revocó la resolución mediante la cual se habían dictados medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a favor de su representado, con relación a la causa instruida contra el señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de acción de amparo, manifiesta que la resolución recurrida vulnera derechos constitucionales de su representado contenidos en los artículos 90 párrafo primero del debido proceso, que en materia criminal se concreta en una serie de derecho a favor de las partes, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, señalando que dentro del tal garantía debe entenderse que el Estado de Honduras es garante del derecho de presunción de inocencia contenida en el artículo 89 constitucional que prescribe; “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. En igual sentido señala el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Todo Imputado será tratado y considerado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. Considera que también se ha quebrantado el artículo 94 constitucional que dispone que “A nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez y autoridad competente”. Invocando además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15.1 que dispone; “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional…”. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones, en resolución señala que en fecha 23 de julio del año 2020, en audiencia de revisión de medidas el Tribunal de Sentencia, Sala Segunda con jurisdicción Nacional en Materia Penal, Declaró con lugar la solicitud de la defensa en cuanto a la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, imponiéndoles las medidas contenidas en el artículo 173 numerales: 5, 7 y 8,del Código Procesal Penal, referida al término de la prisión preventiva y la ampliación de la misma. El representante del Ministerio Público, manifiesta que no está de acuerdo con la misma porque al momento de presentar el recurso de apelación, nos encontrados ante una pandemia, señala que el Poder Ejecutivo para la protección del fin supremo de la sociedad y evitar el contagio de la población emitió decreto que restringe la libre circulación para toda la población, entendiéndose tanto los privados de libertad que esperan un proceso penal, como a las demás personas. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de alzada expone en su resolución que el Ministerio Público se considera agraviado en virtud de que el poder judicial por medio de la Corte Suprema de Justicia, emitió Decretos PCM donde se suspenden las labores y se declaran días y horas inhábiles para efectos de actuaciones procesales y plazos procesales quedando estos en suspenso y entendiéndose por plazo el tiempo de la prisión preventiva, decretos y acuerdos que han ido actualizándose alargando más el tiempo de suspensión de los mismos, por lo que para el Ministerio Público produce agravio. Invoca además el artículo 181 procesal penal establece que dentro del plazo no se contará el tiempo que se hayan durado las demoras producidas por las gestiones de la defensa que hayan sido declaradas sin lugar, como consta en las diligencias, donde hay recursos de apelación gestionados por la defensa que fueron declarados sin lugar, por lo que analizando y valorando la prisión preventiva no ha finalizado. CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones impugnada en la motivación de la sentencia señala los requisitos para adoptar una medida cautelar limitativa de la libertad, señala además la duración de la prisión preventiva, presupuestos que debe observar el Tribunal, dejando establecido que en el caso sub judice no se dejó establecido si han existido las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar en el caso bajo estudio, y sumado a lo anterior observa la alzada que en el párrafo cuarto del artículo 181 dispone: “En ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito”, siendo éste un límite que en el caso de mérito no se ha cumplido, puesto que el delito por el cual se le sigue proceso es precisamente el de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (agravado), que tiene señalado una sanción de QUINCE A VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN (DECRETO 126-89), siendo la mitad del mínimo de 15 años; 7 AÑOS 6 MESES, en consecuencia no se ha cumplido el límite en el caso de mérito; además el proceso se encuentra a las puertas de la realización del juicio oral y público como lo impone la norma, en consecuencia se declara sin lugar el recurso y se revoca la resolución apelada. CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República garantiza el derecho a la libertad en su artículo 61 y 69 asegurando que solo con arreglo a la ley podrá ser restringida o suspendida temporalmente, en el caso en estudio el acusado fue detenido en fecha 10 de enero del 2018, el Ministerio Público amparado en el último párrafo del artículo 181 del Código Procesal solicitó la ampliación del término de la prisión preventiva, por lo que la Sala Penal amplió la misma por el término de 6 meses, fijándose fecha de juicio oral y público para los días 25, 26 y 27 de mayo del 2020, juicio que no se celebró por la actual pandemia que se está viviendo. En fecha 23 de julio del 2020 el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Sala Segunda, realizó audiencia de revisión de medidas cautelares a petición de la defensa del señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA Y RYAN MOORE JACKSON, en los que se constató que efectivamente habían transcurrido más de dos años y medio, desde el momento de la detención de los acusados, como el mismo representante del Ministerio Público lo admite. CONSIDERANDO (9): Que el Ad quem señala en su resolución que el artículo 181 establece de manera puntual los parámetros a tomar en consideración respecto de la duración de la prisión preventiva, que debe ser observado por el órgano jurisdiccional, en cuanto a las demoras imputables a la defensa del acusado no se encuentran documentadas. Sin embargo, el Ad quem fue del criterio que el párrafo cuarto del artículo 181, del mismo cuerpo legal establece, “En ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito”, por lo que consideró que este límite de la prisión preventiva no se ha cumplido ya que el medio de la pena mínima en el caso concreto es de 7 años 6 meses. CONSIDERANDO (10): Que la normativa procesal penal ha diseñado el proceso penal de tal manera que no se concibe que los procesos duren más allá de la mitad de la pena a imponer sobre todo en aquellos procesos cuyas penas son largas como ocurre con el tráfico de drogas cuya pena mínima en ese momento era de 15 a 20 años de reclusión, es así que el párrafo cuarto tiene estrecha vinculación con el párrafo quinto del referido artículo 181 del código procesal Penal que dispone, “Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida…”. Por lo que esta Sala considera que el Ad quem debió considerar el párrafo 5 del artículo 181 del código procesal penal, y debe observarse porque no puede someterse al cumplimiento de la mitad de la pena mínima a un imputado al que no se le ha dictado sentencia, puesto que el Juzgador no puede prejuzgar al procesado, sin haberse realizado una audiencia de juicio oral y público; hacerlo resulta arbitrario, y violenta el debido proceso, puesto que será en juicio donde se ha de decidir sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, no podrá hacerlo el Juez a priori, porque en ese caso se convierte en una pena anticipada, sin juzgamiento. Es por ello que debe existir una sentencia previa para no quebrantar el principio de legalidad, siempre que se haga uso de la acción recursiva, pues en caso contrario la sentencia adquiere el carácter de firme. En ese orden de ideas el criterio del Ad quem resulta errado, debiendo en consecuencia otorgarse el amparo de mérito. CONSIDERANDO (11): Que para la interpretación de la ley, debe seguirse la voluntad del legislador los fines, principios y valores de la norma, de su interpretación se derivan las consecuencias jurídicas, que atañen a la situación jurídica del imputado. Por todo ello la necesidad de aplicar la lógica y la coherencia al momento de interpretar la norma jurídica en armonía con el contexto de toda la ley, no de manera individualizada como si fueran partes independientes de la misma. Siendo así al interpretar la norma procesal penal (y cualquier otra norma jurídica) no solo se interpreta un precepto sino en total armonía con toda la ley. En relación al caso que nos ocupa, en la normativa procesal penal, cada una de las etapas del proceso ha sido diseñada para hacer efectiva la administración de justicia, con una justicia pronta y cumplida, regida bajo principios básicos, para garantiza los derechos de las partes. CONSIDERANDO (12): Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO (13): Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[2]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad. CONSIDERANDO (14): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Constitución de la República “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO (16): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (17): Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, que se desarrollan de acuerdo a lo prescrito en la norma procesal penal. CONSIDERANDO (18): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO, a favor del señor HUGO GERARDO MATEO OCHOA, contra la sentencia de fecha veintiuno de octubre del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal con el número SCO-0044-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.
[2] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20
[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[5] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod