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Sentencia AP-439-19 — Registro 13025

Resumen

Se interpuso recursos de amparo contra la resolución dictada que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó el sobreseimiento provisional. Estimando el recurrente que la decisión del ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 82, 89, 90 y 92 de la constitución de la república.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (20) Que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. “CONSIDERANDO: (21) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la Etapa Preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al Requerimiento Fiscal, como último momento de la Etapa Preparatoria esta la Audiencia Inicial; luego continua con la etapa intermedia que es justo el origen de la resolución que es objeto de Amparo. CONSIDERANDO: (22) Que constando en autos que la revocatoria del Sobreseimiento Provisional y la orden de continuar con el proceso manteniendo el Auto de Formal Procesamiento se hizo mediante la valoración de toda la prueba aportada en el proceso, tanto la evacuada en la Audiencia Inicial como la aportada durante la Audiencia Preliminar, sin haber violentado los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, siendo conforme a Derecho proceder a Denegar el Amparo interpuesto. Por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Constitución de la República “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la Legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la No Retroactividad de la ley; 24 Igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas  o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO: (19) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es Inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de  Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al Debido Proceso. CONSIDERANDO: (20) Que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el  art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (21) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal  normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la Etapa Preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al Requerimiento Fiscal, como último momento de la Etapa Preparatoria esta la Audiencia Inicial; luego continua con la etapa intermedia que es justo el origen de la resolución que es objeto de Amparo

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia los recursos de amparo interpuestos por los Abogados ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE Y MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES, a favor de las Señoras REYNA ELIZABETH AYALA REYES y EDITH XIOMARA ROCA PEREZ, RESPECTIVAMENTE, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha tres (03) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocó el sobreseimiento provisional dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa instruida contra las Señoras REYNA ELIZABETH AYALA REYES Y EDITH XIOMARA ROCA PEREZ, por suponerlas responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 82, 89, 90 Y 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecisiete (2017), comparecieron ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, los Abogado LUIS JAVIER SANTOS y VERA BARAHONA HERRERA, actuando en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, REYNA ELIZABETH AYALA REYES, JORGE ALBERTO BARRALAGA RIVERA, CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, JOSE SANTIAGO BARRALAGA HERNANDEZ, EDITH XIOMARA ROCAS PEREZ y MONTSE PAOLA FRAGA DUARTE, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–313 del Testimonio del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que en fechas cuatro (04) de agosto y cinco (05) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado celebró Audiencia Inicial, en la cual Resolvió: “AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, REYNA ELIZABETH AYALA REYES, EDITH XIOMARA ROCA PEREZ y MONTSE PAOLA FRAGA DUARTE, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.- Decretar la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA a los imputados JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, REYNA ELIZABETH AYALA REYES, EDITH XIOMARA ROCA PEREZ y MONTSE PAOLA FRAGA DUARTE en este caso la más idónea y proporcional es la de PRISION PREVENTIVA, por considerar que existe peligro de fuga, por la gravedad de la pena que pueda imponerse como resultado del proceso, debiendo cumplirla en la Penitenciaria Nacional DR. MARCO AURELIO SOTO Y LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS).- Así como por la prohibición expresa hecha en la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal en los casos de LAVADO DE ACTIVOS.- 3.- …” (Folios 780-798 y 802-843 del Testimonio del Tomo I de la pieza del A-Quo) 3) Que continuando con el procedimiento en fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en la resolución sobre la procedencia o no de la Apertura a Juicio del presente proceso, el citado Juzgado Resolvió: 1.- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los imputadas REYNA ELIZABETH AYALA REYES Y EDITH XIOMARA ROCA PEREZ en el proceso que se les instruye por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOSen perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- En virtud de considerar la suscrita que no existen los suficientes elementos para elevar la presente causa a juicio oral y público por las razones ya expresadas, existiendo solamente un margen de sospecha en los hechos por los cuales se les acusa. 2.- Librar oficio a la Directora del Centro de Adaptación Femenina PNFAS, ubicado en el valle de Amarateca, para que deje en inmediata libertad a las señoras, sin perjuicio de otros procesos que tengan pendiente los encartados. 3.- Extender las correspondientes cartas de libertad provisional para los fines legales pertinentes. 4.- Que se notifique a las Partes el presente auto.-” (Folio 5771-5778 del Testimonio del Tomo XI de la pieza del A-Quo) 4) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados ELEEN LAGOS en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES Defensor Privado de EDITH XIOMARA ROCA PEREZ y ANDRES URTECHO JEAMBORDE Defensor Privado de REYNA ELIZABETH AYALA; la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha tres (03) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), en la cual Resolvió: (SIC) “1) Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Ellen Lagos, en su condición de Fiscal.- 2) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de EDITH XIOMARA ROCA PEREZ.- 3) Por mayoría de votos, disintiendo la Magistrada Emily Geraldina Page Gallegos REUELVE: 1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ELLEN LAGOS, en su condición de Fiscal, 1) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional a Reyna Elizabeth Ayala Reyes; 4) Por unanimidad de votos RESUELVE: 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARVIN ANTONIO CALIX a favor de EDITH XIOMARA ROCA PEREZ; 2) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Andrés Urtecho Jeamborde, en su condición de apoderado legal de REYNA ELIZABETH AYALA REYES.” (Folios 5892–5911 del Testimonio del Tomo XI de la pieza del A-Quo) 5) Que los Abogados ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE Y MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES, comparecieron ante este Tribunal en fecha tres (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), respectivamente, interponiendo acción de amparo a favor de las Señoras REYNA ELIZABETH AYALA REYES y EDITH XIOMARA ROCA PEREZ, RESPECTIVAMENTE, contra la Resolución de fecha tres (03) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 82, 89, 90 Y 92 de la Constitución de la República. (Folios 1–32 y 86-98 del Presente Recurso) 6) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso presentado por el Abogado MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES (Exp. 480-2019), posteriormente en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) se tuvo por formalizado el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE (Exp. 439-2019); y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 7) Que en fecha cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), una vez visto los antecedentes de los amparos antes descritos, esta sala dispone que para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, se resuelve acumular los amparos de mérito. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que los recurrentes interponen Acción de Amparo contra la resolución dictada en fecha tres de septiembre del año dos mil dieciocho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, del departamento de Francisco Morazán, que declaró CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Púbico y REVOCÓ el Sobreseimiento Provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la misma Sección Judicial, con relación a la causa instruida contra las señoras: REYNA ELIZABETH AYALA REYES Y EDITH XIOMARA ROCA PEREZ, por suponerlas responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes en la formalización de Acción de Amparo exponen: 1.- El Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, en representación de la señora REYNA ELIZABETH AYALA REYES Y EDITH XIOMARA ROCA PEREZ, expone que la resolución recurrida, ha sido dictada en el requerimiento Fiscal instruido por el Ministerio Público, contra sus representadas por suponerlas responsables del Delito de LAVADO DE ACTIVO en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Invoca como violentadas las garantías y derechos fundamentales siguientes: El Debido Proceso que doctrinalmente es una garantía procesal que recoge en su ámbito estructural un conjunto sistematizado de derechos constitucionales, por tanto en base a la norma procesal admite y evacua prueba pericial propuesta por la defensa, realizando al final el análisis exhaustivo y llega a la conclusión que con la prueba pericial demuestra Sin Lugar a dudas el origen de los bienes y recursos de sus representadas por consiguiente con criterio de justicia y derecho emite un Sobreseimiento Provisional. Sin embargo la Corte de Apelaciones impugnada declara Con Lugar el Recurso de Apelaciones interpuesto por el Ministerio Público, razón por la que el recurrente considera que se ha violentado el Debido Proceso ya que se marginaron los mecanismos de protección a la legalidad, al considerar como fondo de sus resoluciones que en la Audiencia Preliminar no se debe admitir prueba alguna, mucho menos prueba pericial, citando para ello el artículo 4 (en su contenido) la norma procesal establece que en cualquier etapa del proceso las partes procesales podrán introducir prueba”, señalando el recurrente que tal disposición no da lugar a la duda que se refiere en primer lugar a todo tipo de prueba (testifical, documental y pericial), y tampoco deja duda que es en cualquier etapa del proceso. Señala el recurrente que el Ente Fiscal y lo toma como propio la Corte de Apelaciones de lo Penal lo que indica el artículo 265 de la norma procesal que dice: “La etapa intermedia comprende los actos siguientes: 1. Formalización de la Acusación, 2. Contestación de Cargos, 3. Auto de Apertura a Juicio, y que por consiguiente allí no dice que se podrá evacuar prueba en esta etapa del proceso, que al hacerlo se desnaturaliza el proceso; por lo que el recurrente se pregunta ¿Cuáles serán los nuevos parámetros que deberá tener un juez de garantía en la Audiencia Preliminar para dictar un Sobreseimiento Provisional o Definitivo o un Auto de Apertura a Juicio? Si solo tiene la prueba evacuada en la Audiencia Inicial, la cual debería arrojar los mismos resultados de la evaluación realizada en esa Audiencia Inicial, ¿Qué sentido tiene entonces la audiencia preliminar?, y ¿Cómo se aplicaría el artículo 4 del Código Procesal Penal?, el pretender no evacuar prueba en la audiencia preliminar es una violación al debido proceso. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente sigue exponiendo en relación al quebrantamiento del Debido Proceso se da cuando la Corte impugnada deja dicho en su resolución que “no debió desnaturalizarse la Audiencia Preliminar a efecto de evacuarse una prueba que bien puede evacuarse en la siguiente etapa del proceso y someter la misma la contradictorio”, lo que permite al impetrante reafirmar algunos conceptos que expone de la siguiente manera: 1)Efectivamente se evacuo la prueba pericial de la defensa en la audiencia preliminar tal como lo establece el artículo 4 del Código Procesal Penal; 2) La prueba fue sometida al contradictorio, se le admitió al Ministerio Público un Consultor Técnico que interrogó al perito de la defensa; 3) A solicitud del Ente Fiscal se le concedió el tiempo necesario para realizar los estudios correspondientes sobre ambas pericias; con lo cual sin lugar a dudas no se violenta el Derecho de Defensa del Ministerio Público. Sigue manifestando el recurrente que a Corte de Apelaciones impugnada hace establece que en la Audiencia solo hubo Prueba de Descargo, haciendo hincapié como si hubiese sucedido una indefensión para el ente Fiscal. Señala al respecto que las partes procesales ofertan ante el Juez los Medios de Prueba y éste las admite o no, si las admite estas son evacuadas, si una de las partes no oferta prueba, esa es una posición, es una estrategia, y responsabilidad de esa parte procesal, no se puede señalar como un acto de indefensión pues es decisión de la parte procesal. CONSIDERANDO: (6) Que el recurrente en relación a la vulneración del Principio de Legalidad en la resolución impugnada, que establece que no debió ampliarse el plazo para llevar a cabo la Audiencia Preliminar, señala que deben verse las circunstancias que quedaron plasmadas en la resolución de la Juez (A Quo) se constata: 1) Que el día 8 de enero la Defensa presentó ante el Juzgado la pericia patrimonial de sus defendida REYNA AYALA REYES, 2) el 22 de enero del 2018 la defensa de la señora XIOMARA ROCA PEREZ, presenta la pericia al juzgado. 3) El 24 de enero del 2018 se hace la Audiencia Preliminar y el Ministerio Público pide suspensión de la Audiencia por no estar preparado para controvertir la pericia en especial la presentada el 22 de enero del 2018, de la señora XIOMARA ROCA PÉREZ. 4) el 30 de enero del 2018, se señala fecha para celebrar la Audiencia Preliminar, pero en esta ocasión la Juez de Garantías se enferma y se suspende la audiencia. 5) La Audiencia Preliminar se celebra el día 31 de enero del 2018, para este momento el Ministerio Público ha tenido el tiempo suficiente para estudiar y analizar ambas pericias, señalando “como puede verse en todas las situaciones fortuitas ninguna se le puede atribuir responsabilidad a esta defensa” y si alguien salió perjudicado con esas suspensiones fue la defensa. CONSIDERANDO: (7) Que el impetrante invoca como quebrantado el Principio de Defensa, Debido Proceso y el Principio de Legalidad, cuando se suscribe en medios de prueba y acontecimientos de la Audiencia Inicial…, entre ellos la copia literal de la declaración del imputado JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, que no es parte en este proceso, señalando que la Corte impugnada al momento de resolver el Recurso de Apelación se olvida de la audiencia preliminar y realiza un análisis describiendo la prueba ofertada en la audiencia inicial, incluso declaraciones de imputados que tienen resolución firme y le da muy poca importancia a la audiencia preliminar basado en el concepto que no tiene prueba que valorar en esta Audiencia, (a pesar de haberse evacuado dos pericias de parte de la defensa de las imputadas), pues según la Corte de Apelaciones en la Etapa Intermedia no se pueden evacuar medios de prueba, por consiguiente al volver a valorar medios de prueba ya valorados en otra etapa del proceso y fundamentar su fallo en pruebas ya valoradas desconociendo prácticamente lo sucedido en la audiencia preliminar, violenta la Corte de Apelaciones, el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, y el Principio de Legalidad. Además, expone el Quejoso que la resolución impugnada violenta las reglas de la sana crítica y el Principio de Legalidad, al decir que las pericias de la defensa fueron realizadas del informe del ente fiscal y que no tenían soporte, lo que es falso ya que las pericias tienen su soporte que se encuentra incorporado al expediente de judicial. CONSIDERANDO: (8) Que el Abogado MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES, en representación de la señora EDITH XIOMARA ROCA PEREZ, formaliza la Acción de Amparo, exponiendo como violentados los derechos contenidos en los artículos constitucionales: 90 del Debido Proceso, que se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando por un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso que permita, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba en las diferentes etapas que señala el Código Procesal Penal y obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las cuestiones planteadas en juicio…. Señala que se ha violentado el artículo 4, 7, 301, y 302 del Código Procesal Penal, en vista de que lo resuelto por la Juez de garantías es conforme a derecho y no estaba limitada por lo que dispone el artículo 294 y 297 del mismo cuerpo legal. Así mismo se lesionó el Principio de Legalidad que establece que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere a ley Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO: (9) Que el recurrente señala la presentación de documentos indubitados de transparencia entre la sociedad de su representada Transportes Barralaga, S. de R.L., y la transnacional Standard Fruit de Honduras, S.A., que se mantendrán en el tiempo en cualquier etapa del proceso, con lo que se demostró la licitud de origen del dinero y a los bienes de sus representadas. Además expone que no existe lesión al bien jurídica protegido en el presente caso la Economía del Estado de Honduras, por el hecho de ser contratados a través de su empresa transportes Barralaga S. de R.L., con su esposo por una transnacional Standard Fruit de Honduras, S.A., y la resolución de otorgar un Sobreseimiento Provisional en la Audiencia Preliminar en donde hubo contradicción, tutela al Derecho de Defensa, Debido Proceso, con respecto al Principio de Legalidad e Inocencia , pues el delito de Lavado de Activos es de resultados concretos y o abstractos; con la pericia patrimonial evacuada, se logró demostrar que lo que manejó en sus cuentas es de origen lícito y está justificado.

CONSIDERANDO: (10) Expresa el recurrente que no concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo de Lavado de Activos, ni tampoco resulta indicio racional alguno en contra de la imputada, por lo que consecuentemente no concurren los presupuestos legitimadores que tanto la Carta Magna como el ordenamiento penal especial y el derecho positivo establecen como necesarios para revocar la resolución de primea instancia y decretar auto de prisión. Por todo ello invoca como violentado el artículo 2 numerales: 18, 36, 44, 45, 46 de la Ley Especial de Lavado de Activos en relación con el artículo 4, 7, 294, 296, 301 y 302, del Código Procesal Penal y 90, 92, 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: (11) Que la Corte de Apelaciones, en la resolución impugnada motiva su resolución basada en las siguientes circunstancias: 1) Que en la Audiencia Preliminar celebrada el 31 de enero del 2018, únicamente fue evacuada prueba de descargo, como lo fueron los dictámenes periciales propuestos por la defensa de las acusadas…, pericias realizadas por el perito OSCAR RENE BOURDETH FLORES, los que fueron admitidos por la Juez de garantías. 2) Señala las diferentes etapas del proceso y hace exposición de todos los medios de prueba evacuados en la Audiencia Inicial propuestos por las partes, concluyendo la Juez A Quo dictar Auto de Formal Procesamiento contra las imputadas por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. 3) expone que siguiendo con la revisión del proceso y la normativa penal citada en el artículo 265 señala la etapa intermedia que comprende Formalización de la Acusación, Contestación de Cargos, y Auto de Apertura a Juicio, señalando el artículo 300 el tiempo dentro del cual debe realizarse, y los motivos por los que puede ser prorrogada, resultando evidente que no debió otorgarse una prórroga, considerando el Ad Quem que se desnaturalizó la Audiencia Preliminar, haciendo acopio de lo manifestado por el Ente Fiscal, de que no debió desnaturalizarse la Audiencia Preliminar a efecto de evacuar una prueba que bien pudo haberse evacuado para la siguiente etapa procesal y así someter la misma al contradictorio. En la parte conducente del numeral 5, establece que la norma procesal reserva la presentación de pruebas a la Audiencia Inicial; señalando que la decisión del Juez de elevar o no el Juicio Oral y Público un proceso es precisamente en base a esa formalización de acusación y en contestación de cargos que las partes realizan en la Audiencia Preliminar. En consecuencia, declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el ente Acusador y Revocó el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de las acusadas. CONSIDERANDO: (12) Que la Etapa Preparatoria culmina, ya sea con un Sobreseimiento Provisional, Sobreseimiento Definitivo y, cuando estos no proceden con Auto de Formal Procesamiento, esto como resultado de las pruebas evacuadas durante la Audiencia Inicial, pues solo con tales medios probatorios el Juez de garantías podrá obtener el mínimum probatorio para dictar una resolución conforme a derecho, pues en este momento solamente se necesita el indicio de probabilidad de participación de la persona sometida a proceso penal. Una vez dictado el Auto de Formal Procesamiento, se entiende la preexistencia del delito y la probabilidad de participación de las acusadas. Sin embargo el Auto de Formal Procesamiento aun estando firme es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare Sin Lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad. Lo que sin duda sucederá en la Etapa Intermedia del proceso, pues la Etapa Preparatoria ya ha culminado, también en esta etapa el Juez de garantía podrá dictar un Sobreseimiento Provisional, un Sobreseimiento Definitivo, o un Auto de Apertura a Juicio. Para que se dicte un Sobreseimiento Provisional o definitivo, debe realizarse diligencias judiciales que viertan el conocimiento al Juez Instructor y pueda tomar una decisión de esta naturaleza, ya que se dictó un Auto de Formal Procesamiento después del mínimum de actividad probatoria vertido en Audiencia Inicial, lejos de la arbitrariedad, por un juez imparcial, objetivo apegado a la ley. CONSIDERANDO; (13) Que el Juez Instructor para dictar un Sobreseimiento Provisional o Definitivo en Audiencia Preliminar, debe contar con el sustento probatorio, y es que la investigación en el proceso no culmina en la etapa preparatoria, es por ello que el legislador previo estas situaciones dejando establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo: “tanto el imputado como su defensor, tendrán derecho a presentar los elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar. En este último caso lo harán ante el fiscal a cuyo cargo se encuentre la investigación”…. (las negritas son nuestras). El legislador habla de cualquier etapa del proceso y no hay lugar a dudas que la Audiencia Preliminar se realiza en la etapa intermedia. Y esto es así porque se pretende garantizar los derechos e igualdad de oportunidades a las partes, en este caso la defensa. De otra manera se podría cometer arbitrariedades, que redundarían en quebrantamiento de los derechos del imputado entre ellos de gran relevancia el Derecho a la Libertad, al mantenerlo privado de esta, pese a que su situación jurídica podría cambiar en su beneficio. CONSIDERANDO: (14) Que, para la interpretación de la ley, debe seguirse la voluntad del legislador los fines, principios y valores de la norma, de su interpretación se derivan las consecuencias jurídicas, que atañen a la situación jurídica del imputado. Por todo ello la necesidad de aplicar la lógica y la coherencia al momento de interpretar la norma jurídica en armonía con el contexto de toda la ley, no de manera individualizada como si fueran partes independientes de la misma. Siendo así al interpretar la norma procesal penal (y cualquier otra norma jurídica) no solo se interpreta un precepto sino en total armonía con toda la ley. En relación al caso que nos ocupa, en la normativa procesal penal, cada una de las etapas del proceso ha sido diseñada para hacer efectiva la administración de justicia, con una justicia pronta y cumplida, regida bajo principios básicos, para garantizar los derechos de las partes. En el caso sub judice, hacemos acopio de la interpretación de la norma de manera lógica coherente, en armonía con toda la normativa y sus principios, entendiendo, la aplicabilidad del artículo 4 segundo párrafo del Código Procesal Penal, en consecuencia, que se haya aportado medio de prueba en la audiencia preliminar no la desnaturaliza como erróneamente lo dice el Ad Quem. CONSIDERANDO: (15) Que si bien es cierto la Corte de Apelaciones tiene un criterio erróneo en la interpretación del artículo 4 del Código Procesal Penal que permite la aportación y evacuación de pruebas en la etapa intermedia (Audiencia Preliminar), al considerar que el recibimiento de prueba en la Etapa Intermedia desnaturaliza el proceso y que no debió prorrogarse el plazo para solicitar la Audiencia Preliminar, porque no concurrían los requisitos dispuestos en el artículo 300 del mismo cuerpo legal, procedió a tomar en cuenta dicha prueba para resolver la apelación, determinando al final que se cumplen los elementos legitimadores del artículo 92 constitucional reformado, procediendo dictar Auto de Formal Procesamiento, lo que se aprecia en la sentencia impugnada en amparo, en sus numerales 6, 7, 8 y 9 de la motivación, que conllevaron a dictar la resolución que hoy nos ocupa. CONSIDERANDO: (16) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO:(17) Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el Principio de Igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[2]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la Legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta Igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad. CONSIDERANDO: (18) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Constitución de la República “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la Legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la No Retroactividad de la ley; 24 Igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO: (19) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es Inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al Debido Proceso. CONSIDERANDO: (20) Que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (21) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la Etapa Preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al Requerimiento Fiscal, como último momento de la Etapa Preparatoria esta la Audiencia Inicial; luego continua con la etapa intermedia que es justo el origen de la resolución que es objeto de Amparo. CONSIDERANDO: (22) Que constando en autos que la revocatoria del Sobreseimiento Provisional y la orden de continuar con el proceso manteniendo el Auto de Formal Procesamiento se hizo mediante la valoración de toda la prueba aportada en el proceso, tanto la evacuada en la Audiencia Inicial como la aportada durante la Audiencia Preliminar, sin haber violentado los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, siendo conforme a Derecho proceder a Denegar el Amparo interpuesto. Por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Articulo 4, 294, 300, 301 del Código Procesal Penal Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por los Abogados: ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE y MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES a favor de las señoras: REYMA ELIZABETH AYALA REYES Y EDITH XIOMARA ROCA PEREZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de junio del dos mil veintiuno, certificación de la Sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0439 y 0480=2019.


ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[2] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[5] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod