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Sentencia AP-43-20 — Registro 12664

Resumen

Resolución recurrida que declaró sin lugar la adecuación del procedimiento expedito de flagrancia en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras; El Tribunal de Alzada considera que la resolución impugnada no vulnera garantías constitucionales ni procesales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues se ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, al concluir que no se vulnera el debido proceso invocado por la recurrente en Amparo. El debido proceso, es un derecho fundamental que supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional. La recurrente argumenta que se vulnera lo dispuesto en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, precepto que, en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo.En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver denegando la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque si bien es cierto, el proceso expedito tiene sus propios requisitos de procedibilidad, no es un imperativo que el Juez debe darle dicho trámite a la causa que reúna estos requisitos, es una opción que debe ponderar el Juez, en razón de considerar cual de ambos procesos el expedito o el ordinario, es más idóneo para realizar, valorando no solo las circunstancias que rodean el hecho, sino el respeto de los derechos fundamentales del imputado, entre ellos el derecho a defenderse, derecho constitucionalmente reconocido e inviolable; por ello entiende esta Sala de lo Constitucional, que el A-quo accedió a la petición de la defensa, ante los argumentos del derecho a la inocencia invocada por el imputado en la Audiencia de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, a efecto de preparar su defensa, pues como bien lo indica la normativa legal el procedimiento expedito para delitos en flagrancia, establece plazos breves para su realización, entre ellos el plazo de 48 horas para la celebración de la audiencia de preparación que es precisamente la audiencia en que las partes propondrán los medios de prueba que utilizarán para acreditar sus pretensiones[1], espacio de tiempo que puede no ser el suficiente para la defensa a efecto de agenciarse de los elementos probatorios con el fin de acreditar las pretensiones de inocencia del acusado. –Lo subrayado es nuestro-..."..."es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticinco (25) de noviembre delaño dos mil diecinueve (2019), que denegó el recurso de amparo interpuesto por la abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); que resuelve que la causa se dirimirá mediante el proceso ordinario, en relación a la causa instruida contra el señor JUAN CARLOS VASQUEZ ARGUETA, por suponerlo responsable del delito de TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que el acto reclamado, violenta el Principio-Derecho constitucional al debido proceso, plasmado en el articulo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la abogada ROSA VICTORIA VASQUEZ S., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JUAN CARLOS VASQUEZ ARGUETA, por suponerlo responsable del delito de TRASPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1–3 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), se celebró audiencia de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, en la cual el referido Juzgado Resolvió: (Sic) “Y EL JUZGADO SE PRONUNCIA EN LO REFERENTE A LA OPOSICION PLANTEADA POR LA DEFENSA PÚBLICA: Haciendo el análisis de la solicitud de adecuación del proceso y está suscrita al analizar los tres aspectos fundamentales para que un caso concreto se vaya por la presente vía se tienen que valorar los siguientes aspectos: en virtud de que la defensa ha manifestado algunos hechos que no se encuentran plasmados en el presente requerimiento fiscal como ser que su representado le ha manifestado que no le encontraron nada, asimismo como otros elementos expresados por la defensa en los cuales considera el defensor que se estaría violentando el derecho a la defensa del imputado y por haber multiplicidad de hechos relacionados ya que si bien es cierto el requerimiento fiscal establece unos hechos el defensor ha manifestado que en entrevista realizada con su representado el mismo le ha informado sobre otros hechos en tal situación y siendo que nuestro Código Procesal Penal en su artículo 2 establece que todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad, asimismo el articulo 4 nos habla del principio de contradicción y siendo que la defensa ha solicitado que la presente causa se dirima por el procedimiento ordinario en virtud que tiene hechos que probar distintos a los establecidos en el requerimiento fiscal, en tal razón considera esta Juez de garantías que para garantizar el debido proceso y el principio de inocencia del imputado será mediante el proceso ordinario que se deberá dirimir la presente causa. Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 440 A, y 440 B del Código Procesal Penal…” (Folios del 18-20 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, en condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interpuso ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, Acción Constitucional de Amparo contra la Resolución de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el acápite que antecede; por considerar que la misma violenta el Principio-Derecho constitucional al debido proceso, plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1–3fv de la Pieza de antecedentes de Amparo) 4) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), seguido que fue el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones, dictó sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO, a que se ha hecho relación. Y ANDA: Que una notificada la presente sentencia, se remita en CONSULTA, junto con sus antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 13–16 de la Pieza de antecedentes de Amparo) 5) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos) CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido en contra del señor JUAN CARLOS VASQUEZ ARGUETA, por suponerlo responsable del delito de TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito; sostiene la impetrante que se violenta el Principio-Derecho Constitucional al Debido Proceso, plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Que de dicho precepto constitucional puede colegirse varias situaciones a saber: 1. Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto a las formalidades legalmente establecidas. 2. Que ese juzgamiento debe respetar los derechos que le asisten al procesado. bajo ese entendido, señalar que la resolución irrespeta dos formalidades que le están indicadas en la norma procesal penal, la primera contrasta con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, en este artículo están previstas varias excepciones, es decir en qué casos no se puede aplicar el procedimiento expedito, entre ellos está que: 1) Se trate de un delito de investigación compleja a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas. 2) Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior. 3) Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. Argumenta la recurrente que de igual manera se irrespeta lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal, en el sentido que la resolución debe ser debidamente motivada, no la simple enunciación de los fundamentos. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve Denegando la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo no vulnera garantías constitucionales ni procesales invocadas por el Ministerio Público como recurrente, enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues se ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, al concluir que no se vulnera el debido proceso invocado por la recurrente en Amparo. El debido proceso, es un derecho fundamental que supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional. La recurrente argumenta que se vulnera lo dispuesto en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, precepto que, en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver denegando la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque si bien es cierto, el proceso expedito tiene sus propios requisitos de procedibilidad, no es un imperativo que el Juez debe darle dicho trámite a la causa que reúna estos requisitos, es una opción que debe ponderar el Juez, en razón de considerar cual de ambos procesos el expedito o el ordinario, es más idóneo para realizar, valorando no solo las circunstancias que rodean el hecho, sino el respeto de los derechos fundamentales del imputado, entre ellos el derecho a defenderse, derecho constitucionalmente reconocido e inviolable; por ello entiende esta Sala de lo Constitucional, que el A-quo accedió a la petición de la defensa, ante los argumentos del derecho a la inocencia invocada por el imputado en la Audiencia de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, a efecto de preparar su defensa, pues como bien lo indica la normativa legal el procedimiento expedito para delitos en flagrancia, establece plazos breves para su realización, entre ellos el plazo de 48 horas para la celebración de la audiencia de preparación que es precisamente la audiencia en que las partes propondrán los medios de prueba que utilizarán para acreditar sus pretensiones[1], espacio de tiempo que puede no ser el suficiente para la defensa a efecto de agenciarse de los elementos probatorios con el fin de acreditar las pretensiones de inocencia del acusado. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 292 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0043=2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículos 440-D último párrafo y 440-F del Código Procesal Penal.