Sentencia AP-410-21 — Registro 13902
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó sobreseimiento definitivo en causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en concurso real en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras; El Tribunal de Apelaciones considera que no existen indicios racionales para suponer que imputado ha participado en la comisión de los hechos ilícitos imputados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, que la Alzada establece que, con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que el imputado ha podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se le acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem..."..."el Juzgador debe realizar su análisis a cerca de la evidencia probatoria en cuanto a la existencia del delito así como su razonamiento sobre los hechos, actos o circunstancias que le sirvieron para establecer si discurrieron los indicios racionales de que el imputado haya tenido participación en el mismo, extremos que constituyen una exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso, apreciando esta Sala, que estos han sido observados por la Alzada, como se desprende de la motivación que ha incorporado en el acto reclamado, indicando las razones por las que determina que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logró acreditar los indicios de participación del procesado en el tipo penal por el que se le acusa, razonamiento jurídico que llevó al órgano jurisdiccional a llegar a la determinación de confirmar el sobreseimiento definitivo decretado por el A-Quo, no resultando con ello la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial..."..."del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución y el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del año dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ÁNGELA RIVEA MARQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra ELKA XIOMARA VENTURA ESCOBAR y WALTER GALINDO VALERIANO, por suponerlos responsables del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO REAL, en perjuicio de la FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la demanda de amparo se desprende que la recurrente estima que la resolución que impugna, carece de una motivación que justifique decretar un sobreseimiento definitivo, toda vez que estima que no se razonó conforme a lo dispuesto en la ley la prueba de cargo, debiendo por tanto decretarse el auto de formal procesamiento correspondiente. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que reconoce la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, que la Alzada establece que, con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que el imputado ha podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se le acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem. CONSIDERANDO: Que por disposición constitucional, el Juzgador debe realizar su análisis a cerca de la evidencia probatoria en cuanto a la existencia del delito así como su razonamiento sobre los hechos, actos o circunstancias que le sirvieron para establecer si discurrieron los indicios racionales de que el imputado haya tenido participación en el mismo, extremos que constituyen una exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso, apreciando esta Sala, que estos han sido observados por la Alzada, como se desprende de la motivación que ha incorporado en el acto reclamado, indicando las razones por las que determina que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logró acreditar los indicios de participación del procesado en el tipo penal por el que se le acusa, razonamiento jurídico que llevó al órgano jurisdiccional a llegar a la determinación de confirmar el sobreseimiento definitivo decretado por el A-Quo, no resultando con ello la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ÁNGELA RIVEA MARQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto del año dos mil veintiuno VISTO el sobreseimiento de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno, el cual debe corregirse DE OFICIO en el único sentido de corregir el error material consistente en haber nominado como recurrente a la Abogada ÁNGELA RIVEA MARQUEZ, siendo lo correcto “SUSSY G. COELLO GARCÍA”; consecuentemente, debe tenerse como realizada esta corrección en el sobreseimiento ya mencionado. Artículo 6, 64, 65 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno, y el Auto de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, recaídos en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0410=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL