Sentencia AP-41-21 — Registro 13070
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación, revocó resolución dictada por Sala Primera del Tribunal de Sentencia que decidió cambio de medida cautelar impuesta al imputado por estimar el vencimiento del plazo legal de prisión preventiva en causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras; El Tribunal de Apelaciones consideró que el plazo no se encontraba vencido conforme a la normativa procesal penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la alegación de fondo en el presente caso, es menester acotar que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es, en principio, una decisión propia de la jurisdicción penal, la que obedece a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, la que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. V. En virtud de ello, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio de instancia y por tanto no es susceptible de la garantía constitucional de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que se pongan en precario los derechos que la Constitución reconoce, cuando tal decisión se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. VI. Del examen in extenso de los antecedentes, se evidencia que, al momento de la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares ante el Tribunal de Sentencia, el imputado CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ MOREIRA, había estado detenido más allá del plazo máximo legal de duración de la prisión preventiva sin que se hubiese llevado a cabo la audiencia de juicio oral y público, razón por la que el referido Tribunal dispuso la sustitución de la misma por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva...Esta Sala ha sido del criterio que la prolongación de la prisión preventiva más allá de los plazos legalmente establecidos, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos,...basta con la simple lectura de los razonamientos del Tribunal de Alzada para advertir, como bien lo ha señalado el recurrente, que ésta ha incurrido en las violaciones señaladas, al variar en forma indebida y arbitraria el sentido de la ley, lo que ha conllevado a que decida, de manera impropia, la revocación de la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia en el presente caso y con ello se han violentado, en perjuicio del imputado, su derecho a la libertad y la garantía a un debido proceso que reconoce nuestra Constitución, como ya lo hemos dejado establecido..."analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones irrazonables, lo que contraviene tanto el principio de legalidad, el derecho a la libertad personal como la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso...esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá hacer cesar las violaciones apuntadas, dictando una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los derechos constitucionales del imputado y los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente, lógica y fundada en derecho..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de septiembre de dos mil veintiuno VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, a favor del señor Carlos Roberto Vásquez Moreira, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra los señores Carlos Felipe Díaz Medina y Carlos Roberto Vázquez Moreira, por suponerlos responsables del delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 69, 84, 89, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, compareció ante el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, el Abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Carlos Roberto Vázquez Moreira, en el proceso que se le sigue por suponerlo responsable de la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; solicitando señalamiento de audiencia para revisión de medida cautelar. (Folio 1 del antecedente). 2) En fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, compareció ante el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, el Abogado Juan Carlos Flores Oviedo, en su condición de Defensor Privado, solicitando señalamiento de audiencia para revisión de medida cautelar. (Folio 3 del antecedente) 3) En fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia de revisión de medidas TS/JN (3)-68-2019 VÍA ZOOM, resolvió: “… el Tribunal ha observado que no han existido demoras por parte de ambos defensores en este proceso, razón por la cual considera éste Tribunal que debe acceder a la petición tanto del Abogado Interiano, como el Abogado Flores, de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, y es que también la finalidad de las medidas cautelares, es verificar la presencia de los señores acusados durante el proceso, entonces también debe de verificar la idoneidad y la proporcionalidad de estas medidas cautelares, ante ello, el Tribunal ha tomado en cuenta y considera que la medida idónea para los señores CARLOS FELIPE DÍAZ MEDINA Y CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ, es la que se encuentra contenida en el artículo 173, numeral 4, como ser el arresto domiciliario, así como también la prohibición de salir del país, este Tribunal declara con lugar la solicitud de revisión de medidas, sustituye la medida cautelar de prisión preventiva en vista de haber llegado a ese límite que establece la norma procesal penal aún ya con la ampliación de la misma…”(Folios 10-14 del antecedente) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Rogelio Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el laudo referido en numeral anterior, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…1) Declarando HA LUGAR el recurso interpuesto por el Abogado José Rogelio Corea, Fiscal del Ministerio Público.-2) REVOCAR la resolución apelada.” (Folios 53-55 del antecedente) 5) Que el recurrente, Abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, compareció ante este Tribunal en fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del señor Carlos Roberto Vázquez Moreira, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 69, 84, 89, 90 y 321 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por el Abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, en su condición antes indicada, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. El Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 3. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4. Correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO 5. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ MOREIRA, la precitada sentencia de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, que se dejó previamente relacionada. 6. El fallo denunciado por el impetrante declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha 26 de agosto de 2020, proferida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la que se decidió el cambio de una medida cautelar impuesta al antes mencionado imputado por estimar el vencimiento del plazo legal para la prisión preventiva que venía cumpliendo. 7. En la resolución que se recurre por esta vía, el Tribunal de Alzada revocó lo decidido por el tribunal de instancia, bajo el razonamiento de que el plazo legal no se encontraba vencido, señalando que el artículo 181 del Código Procesal Penal establece que el límite para la prisión preventiva corresponde a la mitad de la pena señalada para cada delito. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 8. El reclamo del impetrante se contrajo a señalar que la Alzada había hecho una interpretación errónea de lo estipulado por el artículo 181 del Código Procesal Penal, el cual dispone que el plazo máximo para la duración de la prisión preventiva es de dos años seis meses, en el caso que sea otorgada una prórroga del mismo conforme con el procedimiento de ley. 9. El impetrante señaló que la Alzada ignoró el hecho que en el caso de autos no ha sido emitido ningún fallo ya que no se ha celebrado aun el respectivo juicio oral y público. 10. Los derechos constitucionales que estimó lesionados con la decisión del Alzada fueron, inter alia, la garantía a un debido proceso, el principio de legalidad y el de libertad personal. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Esta Sala ha dicho a su vez que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. También esta Sala ha dejado establecido, en amplia jurisprudencia, que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. III. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. IV. Apreciando la alegación de fondo en el presente caso, es menester acotar que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es, en principio, una decisión propia de la jurisdicción penal, la que obedece a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, la que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. V. En virtud de ello, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio de instancia y por tanto no es susceptible de la garantía constitucional de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que se pongan en precario los derechos que la Constitución reconoce, cuando tal decisión se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. VI. Del examen in extenso de los antecedentes, se evidencia que, al momento de la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares ante el Tribunal de Sentencia, el imputado CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ MOREIRA, había estado detenido más allá del plazo máximo legal de duración de la prisión preventiva sin que se hubiese llevado a cabo la audiencia de juicio oral y público, razón por la que el referido Tribunal dispuso la sustitución de la misma por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. VII. El artículo 181 del CPP establece que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durara hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este Artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. El mismo artículo dispone que este plazo puede prolongarse una vez dictada la sentencia condenatoria hasta la mitad de la pena impuesta, durante la tramitación y resolución del recuro que pueda interponerse contra la sentencia de condena. VIII. Así entonces, podemos apreciar que, ante el vencimiento del plazo máximo legal establecido, el Tribunal de Sentencia ordenó en este caso la imposición de medidas cautelares sustitutivas distintas a la prisión preventiva a favor del imputado, no obstante, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, conociendo por vía recursiva, determinó la revocación de dichas medidas, ordenando que se mantuviese la de prisión preventiva, y, para ello, se fundó en un desafortunado—y reiterado—razonamiento que se deriva de una interpretación manifiestamente errada de la norma, indicando en su sentencia que el término de la prisión preventiva no podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, cuando el artículo 181 del Código Procesal Penal dispone con meridiana claridad que el plazo máximo de la prisión preventiva no puede exceder de dos años pudiendo ser ampliado hasta por seis meses en determinados casos. IX. Se ha instituido en previas decisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva. X. La ley establece que el plazo puede prolongarse una vez dictada la sentencia condenatoria hasta la mitad de la pena impuesta durante la tramitación y resolución que pueda interponerse contra la sentencia de condena, un supuesto que no resulta aplicable al caso que nos ocupa, en tanto está claramente determinado que no ha recaído sentencia de condena en contra del acusado. XI. Esta Sala ha sido del criterio que la prolongación de la prisión preventiva más allá de los plazos legalmente establecidos, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. XII. Partiendo de ello, basta con la simple lectura de los razonamientos del Tribunal de Alzada para advertir, como bien lo ha señalado el recurrente, que ésta ha incurrido en las violaciones señaladas, al variar en forma indebida y arbitraria el sentido de la ley, lo que ha conllevado a que decida, de manera impropia, la revocación de la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia en el presente caso y con ello se han violentado, en perjuicio del imputado, su derecho a la libertad y la garantía a un debido proceso que reconoce nuestra Constitución, como ya lo hemos dejado establecido. XIII. En virtud de lo anteriormente expuesto, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones irrazonables, lo que contraviene tanto el principio de legalidad, el derecho a la libertad personal como la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. XIV. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá hacer cesar las violaciones apuntadas, dictando una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los derechos constitucionales del imputado y los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente, lógica y fundada en derecho. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía de amparo de que se ha hecho mérito, solicitada por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN, a favor del señor CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ MOREIRA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0041-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[2] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados parte a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.