Sentencia AP-406-21 — Registro 13071
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal de Sentencia en causa contra recurrente por el delito de consumo de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras; El Tribunal de Alzada considera que al momento de interponer el incidente de retroactividad de la ley, sólo puede ser la no ejecución de la pena que podría imponer el Tribunal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la recurrente..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la recurrente..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO a favor del señor SANTOS MANUELES MELENDEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; con relación a la causa que se instruyó al señor SANTOS MANUELES MELENDEZ, por el delito de CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, es violatoria del principio de retroactividad de la ley penal más favorable contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se aprecia, que la recurrente estima que al emitir el Ad-Quem su fallo declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, se viola el principio de retroactividad de aplicar la ley penal más benigna a favor de su representado, porque según el artículo 615 párrafo segundo del Código Penal Vigente, se establece que si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales aún no hubiese recaído sentencia no constituye delito, como en el presente caso, el órgano jurisdiccional competente deberá dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende la resolución recurrida en amparo de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual para el Ad-Quem, de lo dispuesto en el artículo 615 del citado Código, se dan dos momentos o dos consecuencias, los momentos parten de si ha recaído sentencia, o aún no ha recaído sentencia, y los efectos tienen que ver con cada uno de los momentos, así si no ha recaído sentencia y se aplica la retroactividad de la ley, se dictará un sobreseimiento definitivo en la causa, y si ya recayó sentencia, no se podrá sobreseer sino que se suspenderá la ejecución de la pena. En el caso de los antecedentes, si bien no se había dado una lectura de la sentencia, ya se habían realizado algunos actos constitutivos de esta, ya se había realizado el fallo de condena únicamente faltaba la determinación de la pena concreta a imponer al fallado, por un delito que se encontraba religado bajo el principio de identidad de una ley anterior vigente para los hechos, empero para la fecha de la determinación de la pena concreta ya se encontraba vigente otra ley que derogaba la conducta por la que había fallado en tribunal sentenciador; sin embargo, el momento procesal tiene su efecto también propio, por lo que no se podría sobreseer una causa cuando ya se ha emitido sentencia, aún por aplicación retroactiva de la ley, por lo que el momento de interposición del incidente de retroactividad de la ley, solo puede ser la no ejecución de la pena que podría imponer el tribunal. Asimismo, se tiene el derecho de recurrir en casación el fallo ante un juez distinto y de superior jerarquía, según lo dispuesto en el artículo 359 del Código Procesal Penal, para que su sentencia adversa pueda ser revisada en procura de una corrección de las decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, con el fin de proteger el derecho de defensa en la medida que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme la decisión adoptada y que ocasionan un perjuicio indebido a los intereses de una persona.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la recurrente.-CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 103, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 47, 139, 316 y 320 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO a favor del señor SANTOS MANUELES MELENDEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno; en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciseis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Resolución de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0406-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO a favor del señor SANTOS MANUELES MELENDEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; con relación a la causa que se instruyó al señor SANTOS MANUELES MELENDEZ, por el delito de CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, es violatoria del principio de retroactividad de la ley penal más favorable contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se aprecia, que la recurrente estima que al emitir el Ad-Quem su fallo declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, se viola el principio de retroactividad de aplicar la ley penal más benigna a favor de su representado, porque según el artículo 615 párrafo segundo del Código Penal Vigente, se establece que si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales aún no hubiese recaído sentencia no constituye delito, como en el presente caso, el órgano jurisdiccional competente deberá dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende la resolución recurrida en amparo de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual para el Ad-Quem, de lo dispuesto en el artículo 615 del citado Código, se dan dos momentos o dos consecuencias, los momentos parten de si ha recaído sentencia, o aún no ha recaído sentencia, y los efectos tienen que ver con cada uno de los momentos, así si no ha recaído sentencia y se aplica la retroactividad de la ley, se dictará un sobreseimiento definitivo en la causa, y si ya recayó sentencia, no se podrá sobreseer sino que se suspenderá la ejecución de la pena. En el caso de los antecedentes, si bien no se había dado una lectura de la sentencia, ya se habían realizado algunos actos constitutivos de esta, ya se había realizado el fallo de condena únicamente faltaba la determinación de la pena concreta a imponer al fallado, por un delito que se encontraba religado bajo el principio de identidad de una ley anterior vigente para los hechos, empero para la fecha de la determinación de la pena concreta ya se encontraba vigente otra ley que derogaba la conducta por la que había fallado en tribunal sentenciador; sin embargo, el momento procesal tiene su efecto también propio, por lo que no se podría sobreseer una causa cuando ya se ha emitido sentencia, aún por aplicación retroactiva de la ley, por lo que el momento de interposición del incidente de retroactividad de la ley, solo puede ser la no ejecución de la pena que podría imponer el tribunal. Asimismo, se tiene el derecho de recurrir en casación el fallo ante un juez distinto y de superior jerarquía, según lo dispuesto en el artículo 359 del Código Procesal Penal, para que su sentencia adversa pueda ser revisada en procura de una corrección de las decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, con el fin de proteger el derecho de defensa en la medida que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme la decisión adoptada y que ocasionan un perjuicio indebido a los intereses de una persona.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la recurrente.-CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 103, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 47, 139, 316 y 320 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO a favor del señor SANTOS MANUELES MELENDEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno; en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciseis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Resolución de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0406-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL