Sentencia AP-401-21 — Registro 13435
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia con relación a la causa instruida por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, uso de documentos públicos falsos, fraude y usurpación de funciones en perjuicio de la administración y la fe pública del estado de Honduras. Estimando la recurrente que el acto reclamado infringe lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO CINCO (5): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, manifestando básicamente que la resolución de fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) emitida por el Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; al habérsele notificado por parte de la receptora del despacho, en fecha veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, que tenía cinco (5) días para hacer uso del derecho a presentar excepciones, nulidades y/o recusaciones, no obstante en fecha cuatro de marzo del año del mismo año, antes de que venciera el plazo de cinco (5) días otorgado, fue notificado por segunda ocasión, en consecuencia el termino de cinco días expiraba el once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021), presentando el suscrito el correspondiente escrito en fecha diez (10) de marzo del presente año, por lo que fue presentado en tiempo y forma, refiriendo que debió de haber sido admitido. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno OTORGA la acción de amparo interpuesta por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, sustentando su decisión básicamente que ante la existencia de dos notificaciones validas que informan al recurrente que el órgano jurisdiccional a fin de que, dentro de los cinco (5) días siguientes, examine las diligencias y planteen, en su caso, las recusaciones, excepciones o nulidades, basadas en hechos nuevos a que haya lugar, por derecho de defensa debió validarse aquella que mantenía incólume ese derecho Constitucional, pues sin exageración se puede sostener que la inviolabilidad de la defensa en juicio es la garantía procesal más genérica e intensa de la Constitución, debió ponderarse en la decisión el principio de favorabilidad (favor reí) denominado también principio pro reo, protege al imputado; y se materializa a través de la aplicación de lo más favorable al imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta Sala de lo Constitucional del estudio de la presente acción considera que de conformidad con el artículo 160 segundo párrafo del Código Procesal Penal, que nos envía de manera directa a la norma del artículo 124 del Código Procesal Civil, señalando esta última, que los plazos comenzaran a contarse desde el día siguiente aquel en que se hubiese efectuado a cada interesado el acto de comunicación y de igual forma el artículo 126.1 del mismo cuerpo legal, señala que transcurrido el plazo o pasado el termino señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.- De la revisión de esta acción destaca que mediante auto de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, se otorgó a las partes el plazo de cinco (5) días para examinar las diligencias y plantear, en su caso, las recusaciones, excepciones o nulidades, empezando a correr el uno (1) de marzo del dos mil veintiuno (2021), finalizando el cinco (5) del mismo mes y año, presentando el ahora recurrente su actuación hasta el diez (10) de marzo del dos mil veintiuno (2021), cuando el plazo ya había precluído. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el hecho de que se haya procedido a notificar por segunda vez el auto de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, no implica que el plazo se haya extendido más allá de los cinco (5) días que al efecto franquea el Código Procesal Penal, pues se reitera esta segunda notificación no tiene ninguna fundamentación legal y por consiguiente no puede ser objeto de computo de un nuevo plazo y la única forma en que se puede extender estos plazos es de conformidad a lo establecido en el artículo 162 del Código Procesal Penal y de autos no consta que las partes hayan solicitado la reposición de dicho plazo. - En consecuencia, se debe revocar la sentencia definitiva venida en consulta de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, debiéndose denegar el amparo presentado.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 160 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 162 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 126 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia. Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), que otorgó el recurso interpuesto el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la Señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION con relación a la causa instruida contra la Señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, FRAUDE Y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que el acto reclamado infringe lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a presentar amparo a favor de la Señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, FRAUDE Y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–06 de la pieza del Ad-Quem) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dicto sentencia en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC): “OTORGA amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción el once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021), que en audiencia de examinación de diligencias declaro caducado y perdido irrevocablemente el plazo de cinco días otorgado a las partes a fin de que examinaran las diligencias plantearan, en su caso, incidentes basados de hechos nuevos. En consecuencia, deberá tomar como válida la última notificación, admitiendo y resolviendo los incidentes presentados por el recurrente.” (Folios 49-52 de la pieza del Ad-Quem 3) Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO TRES (3): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que declaró ”Con lugar” la acción de amparo promovida por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, contra la resolución de fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) emitida por el Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la causa seguida en contra de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, por suponerla responsable de la comisión de los delitos de FRAUDE Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONSIDERANDO CINCO (5): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, manifestando básicamente que la resolución de fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) emitida por el Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; al habérsele notificado por parte de la receptora del despacho, en fecha veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, que tenía cinco (5) días para hacer uso del derecho a presentar excepciones, nulidades y/o recusaciones, no obstante en fecha cuatro de marzo del año del mismo año, antes de que venciera el plazo de cinco (5) días otorgado, fue notificado por segunda ocasión, en consecuencia el termino de cinco días expiraba el once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021), presentando el suscrito el correspondiente escrito en fecha diez (10) de marzo del presente año, por lo que fue presentado en tiempo y forma, refiriendo que debió de haber sido admitido. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno OTORGA la acción de amparo interpuesta por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, sustentando su decisión básicamente que ante la existencia de dos notificaciones validas que informan al recurrente que el órgano jurisdiccional a fin de que, dentro de los cinco (5) días siguientes, examine las diligencias y planteen, en su caso, las recusaciones, excepciones o nulidades, basadas en hechos nuevos a que haya lugar, por derecho de defensa debió validarse aquella que mantenía incólume ese derecho Constitucional, pues sin exageración se puede sostener que la inviolabilidad de la defensa en juicio es la garantía procesal más genérica e intensa de la Constitución, debió ponderarse en la decisión el principio de favorabilidad (favor reí) denominado también principio pro reo, protege al imputado; y se materializa a través de la aplicación de lo más favorable al imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta Sala de lo Constitucional del estudio de la presente acción considera que de conformidad con el artículo 160 segundo párrafo del Código Procesal Penal, que nos envía de manera directa a la norma del artículo 124 del Código Procesal Civil, señalando esta ultima, que los plazos comenzaran a contarse desde el día siguiente aquel en que se hubiese efectuado a cada interesado el acto de comunicación y de igual forma el artículo 126.1 del mismo cuerpo legal, señala que transcurrido el plazo o pasado el termino señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.- De la revisión de esta acción destaca que mediante auto de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, se otorgó a las partes el plazo de cinco (5) días para examinar las diligencias y plantear, en su caso, las recusaciones, excepciones o nulidades, empezando a correr el uno (1) de marzo del dos mil veintiuno (2021), finalizando el cinco (5) del mismo mes y año, presentando el ahora recurrente su actuación hasta el diez (10) de marzo del dos mil veintiuno (2021), cuando el plazo ya había precluído. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el hecho de que se haya procedido a notificar por segunda vez el auto de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, no implica que el plazo se haya extendido más allá de los cinco (5) días que al efecto franquea el Código Procesal Penal, pues se reitera esta segunda notificación no tiene ninguna fundamentación legal y por consiguiente no puede ser objeto de computo de un nuevo plazo y la única forma en que se puede extender estos plazos es de conformidad a lo establecido en el artículo 162 del Código Procesal Penal y de autos no consta que las partes hayan solicitado la reposición de dicho plazo. - En consecuencia, se debe revocar la sentencia definitiva venida en consulta de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, debiéndose denegar el amparo presentado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia venida en consulta obligatoria de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, debiéndose, SEGUNDO: DENEGAR el amparo presentado por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0401=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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