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Sentencia AP-368-21 — Registro 13901

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación en causa contra recurrente por suponerla responsable del delito de privación ilegal de la libertad y delito de robo con violencia e intimidación en perjuicio de testigo protegido; El Tribunal de Apelaciones concluyó que se acreditaron los presupuestos legales para dictarse auto de formal procesamiento contra recurrente y por concurrir peligro de fuga por la gravedad de la pena a imponer

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se aprecia que la Alzada concordó con el razonamiento vertido por el A-quo, haciendo una valoración del conjunto de las pruebas ofrecidas, y de tal valoración concluyó que se acreditó la evidencia probatoria de los delitos imputados, así como los indicios racionales de participación de los imputados, coligiendo que entre ambos participantes existió un plan preconcebido y repartición de varias acciones para llegar a la consumación de ambos delitos sin vislumbrar una mera tentativa, así mismo que el arraigo presentado por la parte recurrente en la audiencia inicial no fue suficiente, en virtud de que no existe arraigo laboral, solamente familiar, aunado al hecho de que son dos delitos acusados lo cual concurre un peligro de fuga por la gravedad de la pena a imponer..."..."por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar dos circunstancias: 1) la mínima actividad probatoria, es decir, no se requiere que se evacue toda la prueba que deberá aportarse en el juicio; y 2)Que dicha actividad probatoria aporte indicios dos circunstancias esenciales: a) la probable realización del injusto penal y, b) la probable participación de la imputada en el hecho penalmente relevante que se le atribuye a la imputada, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado..."..."las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa o debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de la imputada y los tipos penales en que han podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que la encausada es culpable de la comisión de los delitos que se le atribuyen..."..."este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."..."es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..."..."las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad  corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., uno de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Con sus antecedentes, el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada REYNA ISABEL ORDOÑEZ LOZANO a favor de la señora MARBETH ABIGAIL ROMERO MATAMOROS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCICO MORAZÁN, el once de junio de dos mil veinte; en consecuencia, con relación a la causa instruida contra la señora MARBETH ABIGAIL ROMERO MATAMOROS por suponerla responsable del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD y DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA e INTIMIDACIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “RAYAN”. CONSIDERANDO: Que las alegaciones que formula la recurrente para fundar la acción de amparo recaen en que estima que se le han violentado a su representada las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a defensa, por parte del A-quo al no realizar ningún examen de los presupuestos jurídicos ni de las pruebas propuestas para decretar las medidas cautelares solicitadas, sin realizar una calificación acorde de los delitos y sin haberse probado el indicio racional de la participación de su representada en el delito de Robo con Violencia e Intimidación, dictándosele auto de formal procesamiento, basado en pruebas ilícitas y de igual forma por el delito de Privación Ilegal de la Libertad, pues según la recurrente se demostró con la prueba testifical y documental que su representada no tuvo participación en el hecho delictivo imputado. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del presente recurso, se puede apreciar que el recurrente invoca como violentadas entre otros los derechos establecidos en los Artículos 68,69,82,90 y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que analizada la sentencia recurrida en amparo, se aprecia que la Alzada concordó con el razonamiento vertido por el A-quo, haciendo una valoración del conjunto de las pruebas ofrecidas, y de tal valoración concluyó que se acreditó la evidencia probatoria de los delitos imputados, así como los indicios racionales de participación de los imputados, coligiendo que entre ambos participantes existió un plan preconcebido y repartición de varias acciones para llegar a la consumación de ambos delitos sin vislumbrar una mera tentativa, así mismo que el arraigo presentado por la parte recurrente en la audiencia inicial no fue suficiente, en virtud de que no existe arraigo laboral, solamente familiar, aunado al hecho de que son dos delitos acusados lo cual concurre un peligro de fuga por la gravedad de la pena a imponer, según artículos 178 y 179 del Código Penal. CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar dos circunstancias: 1) la mínima actividad probatoria, es decir, no se requiere que se evacue toda la prueba que deberá aportarse en el juicio; y 2)Que dicha actividad probatoria aporte indicios dos circunstancias esenciales: a) la probable realización del injusto penal y, b) la probable participación de la imputada en el hecho penalmente relevante que se le atribuye a la imputada, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado. CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa o debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de la imputada y los tipos penales en que han podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que la encausada es culpable de la comisión de los delitos que se le atribuyen. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por la Abogada REYNA ISABEL ORDOÑEZ LOZANO a favor de la señora MARBETH ABIGAIL ROMERO MATAMOROS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 0368=21.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL