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Sentencia AP-366-19 — Registro 14810

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación por el delito de apropiación indebida continuada, en perjuicio del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (9) Que la motivación de la Sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del Debido Proceso. De lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad Quem tanto de los hechos que motivan la querella como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones es conforme a Derecho. CONSIDERANDO: (11) Que la violación al Derecho de Defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no es de recibo en el caso de autos, las partes han tenido las mismas oportunidades procesales, tanto en las diligencias como en el uso de los recursos que le franquea la ley. Por todo ello no se aprecia lesión al derecho de defensa del recurrente. CONSIDERANDO: (12) Que por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad Quem en su Resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso tal como erróneamente lo dice el recurrente, ciertamente su pronunciamiento conlleva la prosecución de la querella, proceso durante el cual las partes gozarán de los mismos derechos, medios probatorios y recursos, para acreditar las hipótesis que sostienen, a fin de que el A quo dicte una sentencia apegada estrictamente a derecho en sumisión a las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales de las partes. CONSIDERANDO: (13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen  derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del Debido Proceso. De lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad Quem tanto de los hechos que motivan la querella como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones es conforme a Derecho.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA, a favor del señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por la JUEZ UNIPERSONAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de enero del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra el señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA, en perjuicio del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE).- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, los abogados JESÚS ELFIDIO CHINCHILLA Y DORA DEL CARMEN RAMOS, actuando en representación de la Junta Directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (STENEE), presentando querella contra el señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, por creerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA. (Folios 1–41 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha ocho (8) de enero del año dos mil diecinueve (2019), en la Audiencia de Excepciones o Nulidades, la Juez Unipersonal de dicho Tribunal de Sentencia Resolvió: (SIC) “… el Tribunal ha tenido que ver los medios probatorios presentados y hacer una valoración de los mismos para poder dar su fallo y para poder acreditar ese incidente de Nulidad se han presentado constancias de la Secretaria de trabajo y también la Certificación de la Inscripción que consta donde se establece quienes eran los miembros de la Junta Directiva, sin embargo al presentar una Certificación número 30, en la cual hay una resolución de la Secretaria de Estado en los despachos del trabajo y Seguridad Social, es evidente que en su resolución establece, que debe de inscribirse y así lo está ordenando la Junta Directiva presidida por el señor José Luis Matamoros Pineda, estableciendo que el mismo es para efectos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el presidente de la misma, por tanto si tenía el mismo la facultad o la capacidad jurídica de presentar una querella presentando a los Miembros del Sindicato de Trabajadores de Energía Eléctrica, si la persona querellada o no ha cometido una acción indebida en el marco de los tipos penales o del tipo penal establecido eso será objeto del Juicio Oral Público, aquí deberíamos de llegar a tomar una decisión a establecer si tenía o no esa capacidad jurídica para representar el Sindicato, y la Secretaria del Trabajo a través de esa resolución número 30-2018 de la cual ordena a la Secretaria General de esa Secretaria hacer una certificación siempre y cuando se encuentre firme la resolución tal y como lo ha hecho, este Tribunal debe de entender que la prueba que ha presentado nos hace entender que esa resolución si se encuentra firme, porque si no se hubiera extendido esta certificación que las partes se encuentran en esa resolución y que si tiene representación legal del Sindicato el señor José Luis Matamoros Pineda, sobre el fondo de lo cometido o no cometido si hay disposiciones administrativas equivocadas de tipo penal solo podrá desarrollarse y vincularse en Juicio Oral y Público, declarando sin lugar la excepción presentada y ordenando que se continúe con el desarrollo de la causa.” (Folios 93–96v de la pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA, en su condición de apoderado legal del señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán Resolvió: (SIC) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- CONFIRMAR la resolución impugnada.” (Folios 133–134v de la pieza de antecedentes) 4) Que el abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–21 y 66 del presente Recurso) 5) Que en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios 69–74 del presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la Resolución dictada en fecha veintiuno de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante la cual CONFIRMÓ la Resolución dictada en Audiencia de Excepciones o Nulidades celebrada por el Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia de la misma Sección Judicial, en fecha ocho de enero del año dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA, en perjuicio del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCRICA (STNEE). CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, en la formalización de acción, en el acápite de la relación que motivan su petición, expone: Que los Abogados JESUS ELFIDIO CHINCHILLA Y DORA DEL CARMEN RAMOS, quienes actuaron en representación de una Junta Directiva presidida por JOSE LUIS MATAMOROS PINEDA, en su condición de Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), sin acreditar estar en funciones como tal, ni el registro de esa organización social de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, por ende actuó con evidente falta de legitimación sindical, para otorgar poder ni mucho menos para comparecer ante los Tribunales de Justicia, sin embargo comparecieron presentando querella criminal contra el señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA en perjuicio del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE), siendo su Representante Legal el señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, cuya Junta Directiva se encuentra registrada como tal en el libro de Registros de Junta Directivas Sindicales, en el Departamento de Organizaciones Sociales en la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, lo que fue acreditado en la Audiencia de Excepciones o Nulidades, con senda pruebas documentales consistentes en constancias y certificaciones extendidas por autoridad competente, mismas que obran en autos en la prueba ofertada y aportada por la parte querellada, con la cual se demostró que el querellante JOSE LUIS MATAMOROS PINEDA actuó con falta de legitimación activa para representar a la supuesta víctima, persona jurídica SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIOAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE). Por todo ello el recurrente considera que se han quebrantado los derechos constitucionales contenidos en los artículos: Artículo 82 del Derecho de Defensa, que fue quebrantado por la Corte de Apelaciones, impugnada, al no tomar en cuenta que el querellante carece de legitimación activa para interponer dicha querella, al no acreditar que está en funciones como presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (STENEE). Además, no está inscrito en el Libro respectivo del Departamento de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, requisito indispensable para poder actuar como Presidente de un Sindicato. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente considera también que se ha quebrantado sus derechos contenidos en el Artículo constitucional: 90 del Debido Proceso, el que es violentado porque la Corte Impugnada al emitir su Sentencia lo hace en total inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento, una de ellas es la obligación de motivar, apreciando que el Ad Quem en su resolución solo copia lo establecido por el Tribunal de Sentencia en su Resolución, mencionado que el incidente de nulidad no procede porque los querellantes están legitimados, para interponer la acción, careciendo de motivación suficiente, inobservando lo establecido por el Código Procesal Penal, en cuanto a que debió tomar en cuenta los hechos y fundamentos de derecho en que basa su resolución, las pruebas tenidas en cuenta como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, lo que no ocurrió en la sentencia impugnada, vulnerado de esta manera el Debido Proceso. CONSIDEANDO: (6) Que el Ad Quem describe una relación de los hechos que motivan el recurso, en lo conducente del párrafo de la Motivación, expone el Tribual de Alzada: “Del estudio del expediente encontramos, como medio de prueba documental la resolución DGT/066/2017, de la Dirección General del Trabajo, en la que dicha dependencia se da por notificada del cambio del Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en la que el nuevo Presidente es el señor JOSE LUIS MATAMOROS PINEDA, en dicha Resolución dice: que debe procederse a registrar el cambio, en el Departamento de Organizaciones Sociales para el Control Interno de las Juntas Directivas, pero lo importante es, que la Dirección General de Trabajo esté notificada del cambio de los miembros de la Junta Directiva, y en la certificación presentada se tiene como presidente al señor JOSE LUIS MATAMOROS PINEDA, por lo que el incidente de nulidad no procede, ya que los querellantes están legitimados para interponer la acción. Por todo ello el Ad Quem desestimó el recurso de apelación interpuesto, y confirmó la Resolución dictada por el A Quo. CONSIDERANDO: (7) Que del estudio de los antecedentes y la Resolución recurrida esta Sala aprecia que el origen de la controversia es la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante la cual confirmó la Resolución dictada por el A Quo. Resultando evidente que dentro del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica existe una situación conflictiva, que no han solventado de acuerdo a los cánones propios de un Sindicato, es así que el ahora querellado, señor MIGUEL ARTURO AGUILR GAMEZ, ciertamente que ha asumido la presidencia del Sindicato antes mencionado, pues así consta en los antecedentes mediante certificaciones, originadas de la Resolución DGT/060/2017 (F.153 de la primera pieza), en la que el señor AGUILAR GAMEZ asume la Presidencia de la Junta Directiva del Sindicato referido para el período 2017-2019; Sin embargo la misma dependencia emitió la Resolución DGT/066/2017, en la que se tiene por comunicada del cambio de Junta Directiva ocurrida en el Sindicato de Trabajadores del Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), durante el período del 2017-2019, pero teniéndose como Presidente de la Junta Directiva al ahora querellante JOSE LUIS MATAMOROS PINEDA, sin que exista evidencia documental de que tal nombramiento hubiese sido impugnado o hubiese dejado de ejercer el cargo por alguna resolución de autoridad competente para pronunciarse sobre la controversia. Siendo así no existe impedimento para considerar que el señor MATAMOROS PINEDA, en ese momento se encontraba ejerciendo su cargo legamente. CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente manifiesta que el ahora querellante no acreditó estar funciones como Presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), ni su registro como tal en el Libro respectivo del Departamento de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por lo que no tiene legitimación activa para comparecer en representación de dicha organización sindical otorgando poder y menos comparecer ante los Tribunales de la República. La elección de la junta directiva y miembros que han de representar dicha organización de trabajadores, sucede a lo interno, con la libre disposición de sus miembros, de manera independiente, es decir, es la organización sindical en este caso la que decide, y en cumplimiento de la norma se notifica dicho cambio a la Dirección General del Trabajo, en consecuencia corresponde a esta Dirección, en el Departamento de Organizaciones Sociales, registrar dicho cambio en el libro correspondiente, para el solo efecto de llevar el control las Juntas Directivas. En el caso que nos ocupa el cambio de junta directiva del STENEE, fue notificado como ya se dijo, la diligencia administrativa de Registro debe realizarla el ente encargado, pero, si no lo hiciere no es imputable a la Junta Directiva entrante ni a la organización de trabajadores, por lo que no puede concluirse que el señor JOSE LUIS MATAMOROS PINEDA, no estuviera ejerciendo sus funciones de manera legal. CONSIDERANDO: (9) Que la motivación de la Sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del Debido Proceso. De lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad Quem tanto de los hechos que motivan la querella como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones es conforme a Derecho. CONSIDERANDO: (11) Que la violación al Derecho de Defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no es de recibo en el caso de autos, las partes han tenido las mismas oportunidades procesales, tanto en las diligencias como en el uso de los recursos que le franquea la ley. Por todo ello no se aprecia lesión al derecho de defensa del recurrente. CONSIDERANDO: (12) Que por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad Quem en su Resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso tal como erróneamente lo dice el recurrente, ciertamente su pronunciamiento conlleva la prosecución de la querella, proceso durante el cual las partes gozarán de los mismos derechos, medios probatorios y recursos, para acreditar las hipótesis que sostienen, a fin de que el A quo dicte una sentencia apegada estrictamente a derecho en sumisión a las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales de las partes. CONSIDERANDO: (13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA, a favor del señor MIGUEL ARTURO AGUILAR GAMEZ, contra la sentencia de fecha veintiuno de Marzo del año dos mil diecinueve dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0366-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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