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Sentencia AP-356-19 — Registro 14058

Resumen

Resolución que confirma auto de formal procesamiento y declara SIN LUGAR excepción de incompetencia del Tribunal con relación a la causa instruida contra recurrentes, por suponerlos responsables de los delitos de Fraude, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios,en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(26) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...(26) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."29) Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de estos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de formal procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[6]. El auto de formal procesamiento deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(31) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el sobreseimiento provisional y/o definitivo, procederá se dicte el auto de formal procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito2

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(34) Que el Principio de Lesividad exige la existencia de un bien jurídico penal lesionado, la conducta humana tiene que acarrear daño, para ejercitar la intervención del Estado a través del Jus Puniendi, así, el principio de lesividad puede verse como una garantía penal de la persona y por lo tanto un límite; es decir como una condición necesaria, (Sine Quanon) de la intervención penal y, se configura como una condición suficiente para legitimar esa intervención estatal. Con la exigencia de afectación del bien jurídico para constatar el injusto cometido, se excluye toda posibilidad de castigar basados únicamente en el desvalor de la acción, cuando está no lesiona o pone en peligro (inminente) un bien jurídico tutelado por el derecho penal, en el caso que nos ocupa no se aprecia a lo largo del proceso, el beneficio percibido o las terceras personas beneficiadas con las actuaciones de los acusados, no se acredita ni siquiera mediante indicios, nada relacionado con el beneficio patrimonial percibido por los imputados. Al respecto esta Sala aprecia, una interpretación equivocada en la aplicación de la norma jurídica atinentes a los delitos por los que se acusa a los procesados, dejando de observar, las exigencias, requisitos contenidos en el estatuto penal, de igual manera las reglas de la lógica y la coherencia, en el análisis de los hechos y la normativa jurídica aplicada; En consecuencia, se violentan los derechos invocados por los (las) recurrentes. Procede en derecho Otorgar el Amparo del que se ha hecho mérito"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo, interpuesto por: A) La abogada RITZA YOLANDA ANTÚNEZ REYES, a favor de los señores ÓSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, LUIS ALONSO MAYORGA GÁLVEZ, FABRICIO VALENTÍN VASQUEZ SOSA, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO Y JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ, registrado bajo el número de expediente SCO-0356-2019; B) La abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VÁSQUEZ, registrado bajo el número de expediente SCO-0360-2019; C) El abogado NICOLÁS GARCIA ZORTO, a favor de los señores SAMUEL BENJAMÍN BOGRAN FUENTES Y ÓSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, registrado bajo el número de expediente SCO-0363-2019, y; D) El abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, a favor del señor LEONARDO VILLEDA BERMÚDEZ, registrado bajo el número de expediente SCO-0506-2019; TODOS contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que mediante el recurso de apelación, CONFIRMÓ la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, JAVIER RODOLFO PASTOR VÁSQUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMÚDEZ, SAMUEL BENJAMÍN BOGRAN FUENTES, FABRICIO VALENTÍN VÁSQUEZ SOSA, ÓSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSÉ HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARMANDO VIILATORO, LUIS ALONZO MAYORGA GÁLVEZ, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO, JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ Y ÓSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de los derechos dispuestos en los artículos 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 82, 89, 90, 92, 93, 94 y 98 de la Constitución de la República, y; 1, 5, 7, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los abogados GELMER HUMBERTO CRUZ Y LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, JAVIER RODOLFO PASTOR VÁSQUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMÚDEZ, SAMUEL BENJAMÍN BOGRAN FUENTES, FABRICIO VALENTÍN VÁSQUEZ SOSA, ÓSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSÉ HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARMANDO VIILATORO, LUIS ALONZO MAYORGA GÁLVEZ, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO, JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ Y ÓSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, por los delitos de FRAUDE, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–39 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), resolviendo lo ordenado por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, el citado juzgado Resolvió: (SIC) “1.- Declarar SIN LUGAR la excepción de incompetencia del Tribunal, en virtud de las consideraciones legales expuestas en la motivación correspondiente. 2.-Declarar SIN LUGAR la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse por considerar que cuando un funcionario trasgrede las esferas de sus atribuciones, la misma ley establece que tendrán la Junta Directiva responsabilidad civil y penal, aunado que en la actualidad las nulidades no se otorgan si las acciones produjeron resultados. - 3.- … 4.- … 5.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo. 6.- … 7.- … 8.-… 9.- Declarar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de FRAUDE a favor del señor ARMANDO VILLATORO. – 10.- … 11.- … 12.- … 13.- … 14.- … 15.- … 16.- … 17.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de FRAUDE, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.- 18.- … 19.- … 20.- … 21.- … 22.- … 23.- … 24.- … 25.- … 26.- … 27.- … 28.- … 29.- IMPONER al señor FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, la medida cautelar establecida en el numeral 5 consistente en someter al cuidado y vigilancia de la Abogada Ritza Antúnez debiendo presentar informe cada quince días del comportamiento de su representado, la número 6 de presentación periódica la cual deberá de efectuar en este juzgado los días lunes y viernes, la número 7 consistente en la prohibición de salir del país para lo cual se deberá enviar la correspondiente alerta migratoria, la 8 concurrir a las instalaciones del Seguro Social.- 30.- IMPONER al señor OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, la medida cautelar establecida en el artículo 173 numeral 4 de ARRESTO DOMICILIARIO con vigilancia policial.- 31.- IMPONER al señor JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, la medida cautelar numero 5 someter bajo el cuidado y vigilancia del abogado DANIEL OSCAR RIVERA MENA, la número 6 consistente en la presentación periódica que deberá hacer en este despacho judicial los días lunes y viernes, prohibición de salir del país para lo cual se librara alerta migratoria, 8 prohibir al imputado frecuentar las instalaciones del Seguro Social, la número 10 consistente en construir a favor del estado fianza hipotecaria debiendo presentar la libertad de gravamen y el avaluó correspondiente.- 32.- … 33.- IMPONER al señor LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, la medida cautelar establecida en el artículo 173 numeral 4 de ARRESTO DOMICILIARIO con vigilancia policial.- 34.- IMPONER al señor JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO, la número 5 estar bajo el cuidado y vigilancia del abogado Ritza Antúnez, la número 6 presentación periódica los días lunes de cada semana, en el juzgado de paz de la ciudad de San Pedro Sula, la numero 7 prohibición de salir del país, la numero 8 prohibirle al imputado concurrir a las instalaciones del Seguro Social.- 35.- IMPONER al señor JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ, la cinco someter al cuidado y vigilancia de la abogada Héctor Iván Mejía quien deberá informar cada quince días a este juzgado, la 6 la presentación periódica los días lunes y viernes a este tribunal, la prohibición de salir del país se deberá enviar alerta migratoria, la 8 la prohibición de concurrir al Seguro Social- 36.- IMPONER al señor OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, presentación periódica los días lunes y viernes en este despacho judicial, la prohibición de salir del país y la 10 constituir a favor del Estado una caución depositaria hasta por la cantidad de quinientos mil lempiras y una fianza hipotecaria a favor del Estado debiendo presentar la libertad de graven y el avalúo correspondiente”. (Folios 1468–1490 del Tomo III de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el mencionado Juzgado, de oficio, corrige la fecha de la resolución relacionada en el numeral anterior, del uno (1) de febrero de dos mil diecinueve (2019), al once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), debido a la detección del error material manifiesto que logró identificar; quedando las partes notificadas del mismo. (Folios 1594 del Tomo III de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP), en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Resolvió: (SIC) “1.- CONFIRMA el auto de formal procesamiento a los señores: CARLOS MONTES RODRÍGUEZ por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ por suponerlo responsable de la comisión del delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública SAMUEL BENJAMÍN BOGRÁN FUENTES por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública JOSÉ HILARIO ESPINOZA HERRERA por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública LUIS ALONSO MAYORGA GÁLVEZ por suponerlo responsable de la comisión de delitos de Violación a los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO por suponerlo responsable de la comisión de delitos de Violación a los Deberes de los Funcionarios y por el delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude en perjuicio de la Administración Pública JOSÉ MANUEL ESPINAL RODÍGUEZ por suponerlo responsable de la comisión de delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública ÓSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO por suponerlo responsable de la comisión de delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública LEONARDO VILLEDA BERMÚDEZ por suponerlo responsable de la comisión de delitos, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública FABRICIO VELENTÍN VÁZQUEZ SOSA por suponerlo responsable de la comisión el delito Abuso de Autoridad por el delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública ARMANDO VILLATORO por suponerlo responsable de la comisión de delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública 2.- REVOCA las medidas cautelares sustitutivas impuestas a los señores, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, FABRICIO VALENTÍN VASQUEZ SOSA, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO, JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ, y JOSÉ HILARIO ESPINOZA HERRERA, ÓSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, LUIS ALONSO MAYORGA GÁLVEZ y ordena se les DECRETE LA PRISION PREVENTIVA, revisable cada tres meses. 3.- CONFIRMA las medidas cautelares sustitutivas impuestas a los señores LEONARDO VILLEDA BERMÚDEZ Y ARMANDO VILLARORO”. (Folios 64–99 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 5) Que: A) En fecha veintidós (22) de abril de dos mil diecinueve (2019), comparecieron la abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, actuando a favor de los señores OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, FABRICIO VALENTIN VASQUES SOSA, JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO Y JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ, y; la abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, actuando a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ; interponiendo los recursos de Amparo que quedaron registrados bajo los números de expediente SCO-0356-2019 y SCO-0360-2019, respectivamente; B) En fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), compareció el abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, actuando a favor de los señores SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES Y OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, interponiendo el recurso de Amparo que quedó registrado bajo el número de expediente SCO-0363-2019, y; C) En fecha tres (3) de junio de dos mil diecinueve (2019), compareció el abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, actuando a favor del señor LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, interponiendo el recurso de Amparo que quedó registrado bajo el número de expediente SCO-0506-2019; TODOS contra la Resolución de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 82, 89, 90, 92, 93, 94 y 98 de la Constitución de la República, y; 1, 5, 7, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Folios 1–102 del Presente Recurso) 6) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “VISTOS los antecedentes en los presentes Recursos de Amparo Penal SCO-0356-19, SCO-0360-19, SCO-0363-19 y SCO-0506-19; y seguidamente del estudio de las mismas, ésta Sala logra apreciar que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, considerando procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, por lo que se resuelve acumular los amparos descritos. Por consiguiente, sígase con la substanciación del presente recurso, concédase vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a los recurrentes para que formalicen su petición por escrito.” (Folio 113 del Presente Recurso). 7) Que en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “1º Admitir los escritos presentados por los Abogados NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, NICOLAS GARCIA ZORTO y RITZA YOLANDA ANTUNEZ en fechas seis, diecinueve de septiembre y dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente, consecuentemente, se tiene por formalizado en tiempo y forma los recursos por ellos intentados; 2º Visto los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO a favor del Señor LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ y desprendiéndose del mismo que el término de cuarenta y ocho horas concedido para formalizar su acción venció el día dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, siendo las once con quince minutos de la mañana, se declara caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito, asimismo y conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por la cual es procedente continuar con el procedimiento de su acción de amparo; y, 3º Continúese con el procedimiento de ley omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a la establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-” (Folio 190 del Presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que los recurrentes interponen Acción de Amparo contra la resolución dictada en fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL, EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que declaró SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fechas 11 de febrero del 2019, respectivamente, con relación a la causa instruida contra los señores: CARLOS MONTES RODRIGUEZ, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARMANDO VILLATORO, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO, JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ Y OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALESS, quienes formaron parte de la Junta Directiva del IHSS, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes en la formalización de Acción de Amparo exponen: 1.- La Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, en representación del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, manifiesta que la resolución recurrida ha vulnerado y amenazado los siguientes derechos constitucionales: El Derecho a no sufrir procesamiento sin la concurrencia de los presupuestos procesales establecidos en la ley, quebrantando el artículo 92 en relación con el artículo 89 Constitucional. Señala en su exposición que el Ad Quem no tiene justificación alguna para dictar un Auto de Formal Procesamiento, con el razonamiento de dicha Corte de Apelaciones impugnada se quebranta el Derecho al Estado de Inocencia de su representado contenido en el artículo 89 Constitucional. Señala que no se cumplen los presupuestos que configuran el Delito de Fraude, en virtud de que el ente Acusador no demostró que su representado se haya beneficiado o haya beneficiado a terceros, puesto que el Congreso Nacional fue quien autorizó para que se le otorgara el contrato al señor Shucri Kafie. Además expone que según los cargos que se le imputan a su representado éste se benefició, beneficiando además a otros asignándole un contrato firmado entre DIMESA Y EL IHSS., entendiendo la Corte sentenciadora que dichos valores se encuentran comprendidos en aquellos que la norma penal determina según los términos del artículo 376 del Código Penal, señala que el Ad Quem confirma el Auto de Formal Procesamiento contra su representado sin existir un medio de prueba que acredite como defraudo al fisco, ya que solamente se pronuncia diciendo que hay una mínima probabilidad de haberse o haber beneficiado a DIMESA, sin especificar la cantidad que haya dado a cambio DIMESA a él y a cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Expone que no ha existido un acuerdo colusorio entre su representado, otras personas para beneficiar a DIMESA. Por lo que los cargos formulados a su patrocinado carecen de relevancia penal, pues son conductas que deben ser objeto del ámbito de la función civil. CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente manifiesta que el argumento de que sus representados crearon una necesidad en el Seguro Social, es fuera de la realidad, señalando que para la adjudicación del contrato se llevó a cabo una licitación pública internacional con todos los procedimientos que establece la Ley de Contratación del Estado. Además, expone la recurrente que se ha quebrantado el derecho al Debido Proceso relacionado con los artículos 89, 92 y 98 constitucionales, ya que, para que el juzgamiento sea conforme al derecho proclamado en el artículo 90 constitucional, es más que necesario que el juzgador observe y respete a la perfección el ordenamiento procesal penal. Manifestando que se ha seguido el debido proceso, lo que además violenta el derecho de defensa pues no se ha permitido defenderse en la instancia natural de este conflicto, es decir en el ámbito civil, administrativo o mercantil, para saber cuál es la responsabilidad civil. CONSIDERANDO: (6) Que el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, formaliza la Acción de Amparo interpuesta a favor de sus representados los señores SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES Y OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, contra el contenido del Auto de fecha 04 de abril del año 2019, proferido por el Ad Quem, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto Motivado de fecha 11 de febrero del año 2019, dictado por el A Quo, en el Requerimiento Fiscal en contra del señor SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES y el señor OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, expone el recurrente, que el A Quo, emitió Auto, primero declarando Sin Lugar Las Excepciones de Incompetencia del Tribunal y Falta de Acción, segundo, Dictando Auto de Formal Procesamiento en contra de sus representados SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y el señor OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, por los delitos de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Expone que la resolución impugnada quebranta derechos constitucionales, originando la controversia la “Licitación Pública Internacional No. 005-2010 denominada “ADQUISICIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LOS HOSPITALES DE ESPECIALIDADES DE TEGUCIGALPA Y REGIONAL NOROCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA, DEL INSTITUTO HONDURREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. Cuyas bases de licitación fueron adquiridas por varias empresas y entre ellas la sociedad mercantil DIMESA, manifiesta que luego de cumplidos los requisitos establecidos en las bases de licitación y en la Ley de Contratación del Estado el IHSS, a través de sus diversos órganos de administración, resolvió adjudicar dicha licitación a la empresa DIMESA; la resolución impugnada, señala que existen indicios suficientes que demuestran que la Junta Directiva por conducto de sus funcionarios dejaron de dar respuesta a un procedimiento de licitación pública, internacional, real y verdadera y de esa forma seleccionar la propuesta que fuere más favorable al IHSS. Expone el recurrente que el Ad Quem en su resolución no deja establecido el perjuicio patrimonial sufrido por la víctima, que es un requisito esencial para que exista el delito de fraude. CONSIDERANDO: (7) Que el recurrente manifiesta que en cuanto a los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios no se subsumen en los tipos penales tanto objetivos como subjetivos, los que en relación con sus representado no tienen ningún sustento jurídico, por cuanto su participación como suplente en la Junta Directiva de IHSS, en la aprobación de la licitación pública internacional, cuyas bases de licitación fueron adquiridas por varias empresas y entre ellas la sociedad mercantil DIMESA, misma que había cumplido con todos los requisitos establecidos en las bases licitatorias y en la Ley de Contratación del Estado, el IHSS, a través de sus diversos órganos de administración, resolvió adjudicar dicha licitación a la empresa DIMESA. CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente señala la Violación al Estado de Inocencia, en virtud de que en el presente caso no existe prueba mínima suficiente de cargo en contra de sus defendidos, ante lo cual la Corte recurrida para sustentar su resolución ha transgredido los derechos a los que ya ha hecho relación en párrafos anteriores. En relación a la vulneración del artículo 98 constitucional, en el presente caso debe aplicarse el principio de Subsidiariedad si existe un recurso jurídico menos gravoso que el derecho penal, este debe ser prioritario al Derecho Penal, el Derecho Civil para la reparación del supuesto daño, el Derecho Administrativo o el Derecho Laboral, dichos principios se insertan en el Principio de Lesividad consignado en el artículo 12 del Código Penal. Señala que tomando en consideración el origen del contrato suscrito entre DIMESA y el IHSS., se ampara en el artículo 30 en relación 1, 3 reformado 101 y 112 de La Ley de Contratación del Estado, por lo que se observa lo pactado es eminentemente administrativo-mercantil y por ende excluye la acción penal, con fundamento en el principio de subsidiariedad que recoge el auto acordado de fecha 25 de marzo de 1991, reformado según punto de acta número 24 del acta número 12 de la sesión celebrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 24 de abril del 2001, instrumento jurídico que no ha sido derogado. CONSIDERANDO: (9) Que la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, formalizó la Acción de Amparo interpuesta a favor de los señores: OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO Y JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ, contra la resolución de fecha 4 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones impugnada, que declaró SIN LUGAR un Recurso de Apelación interpuesto contra el auto de fecha 11 de febrero del año 2019, mediante la cual se denegó las excepciones interpuestas por Incompetencia de Tribunal y Falta de Acción cuando no haya debido promoverse o no pueda proseguirse; se denegó el Recurso de Apelación contra las medidas cautelares de arresto domiciliario, distinta a la prisión preventiva impuestas a sus representados. Declaró CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Púbico, revocando las medidas sustitutivas e impone la medida de prisión preventiva, incluso a las personas que por su edad deben gozar de medidas excepcionales como ser el arresto domiciliario. CONSIDERANDO: (10) Que la recurrente expone como derechos constitucionales quebrantados los contenido en los artículo 59 de la Persona Humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado; 60 de la libertad e igualdad en derecho de todos los hombres; 82 Derecho de Defensa, 89 Estado de Inocencia; 90 del Debido Proceso; 92 de los requisitos para dictar Auto de Formal Procesamiento; 98 de los requisitos para detener a una persona; artículos 8 y 25 de las garantías judiciales y la protección judicial contenidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La recurrente considera violentado el Debido Proceso, por la gravedad y el peligro procesal que representa para los derechos de los acusados, iniciando con la revocatoria de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva ordenada en la lesiva resolución. La recurrente hace referencia a los requisitos de competencia, imparcialidad e independencia requeridos por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que solo se satisfacen con Tribunales establecidos con anterioridad por la ley, en el mismo sentido la excepción de falta de acción por tratarse de actos administrativos hace carecer de competencia a un órgano penal, llevando a la falta de potestad para juzgar este tipo de hechos por razón de la materia. Además, señala el quebranto del artículo 92 constitucional al contravenir las garantías constitucionales. CONSIDERANDO: (11) Que el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, formalizó la Acción de Amparo interpuesta a favor de su representado el señor LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, a quien se supone responsable de los delitos de Fraude y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Recurre la resolución de fecha 04 de abril del año 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia en Materia de Corrupción, quebrantando los derechos constitucionales de su representado contenidos en los artículos: 59 que garantiza la libertad e igualdad ante la ley, el artículo 93 que dispone que ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella si otorga caución suficiente, relacionado con el artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y artículo 69 de la Constitución de la República, siempre relacionado con el derecho a la libertad. Expone el recurrente que la resolución del Ad Quem no solo ha prejuzgado la culpabilidad de su representado sino que además ha causado daño a su imagen, honor al predeterminar que el mismo no daría cumplimiento efectivo a las medidas cautelares distintas a la prisión, ya que según el A quo y el Ad Quem, presume que se ocultará cuando ya ha dado muestras de no haberlo hecho, con la simple comprobación de datos en los libros judiciales, libros migratorios del país, por lo tanto no hay peligro de fuga ni de obstrucción de la investigación, mediante la alteración de las fuentes de prueba que obran en el Ministerio Público y menos aún de ocultación personal o de bienes patrimoniales como ya se expresó. CONSIDERANDO: (12) Que el recurrente manifiesta que la resolución impugnada ha inobservado los Principios de Provisionalidad, Proporcionalidad y de Necesidad, así como el derecho fundamental de la Presunción de Inocencia, El recurrente manifiesta que su defendido jamás pudo cometer los delitos por los que se le acusa, ya que con excepción de su presencia en una sesión donde se aprobó el acta anterior y -no se ratificó- como erróneamente lo afirma el Ministerio Público, y en otra sesión donde se aprobaron las bases de licitación que pudieron ser para cualquier oferente; su representado no estuvo presente en las sesiones de Junta Directiva del IHSS, a que se refieren los hechos del requerimiento fiscal; detalla que su representado no estuvo presente en las sesiones ordinarias ni extraordinarias referidas en el requerimiento fiscal en los numerales del primero al quinto y séptimo. En las sesiones que estuvo presente, señaladas en el hecho sexto, solo se aprobaron las bases de una licitación, previamente aprobada, bases en cuya redacción no participó el imputado. En cuanto a la participación del imputado en el hecho referido en el numeral Octavo , no es cierto que en esa sesión se haya ratificado el acta de la sesión 015-2011, se aprobó el acta porque el contenido de la misma supuestamente era conteste con lo ocurrido en la misma, pero no fueron ratificados o revalidados, confirmados o legalizados cada uno de los acuerdos de esa sesión, omitiendo el Ministerio Público en su requerimiento fiscal referirse al Acta 16-2011 de la Junta Directiva del IHSS, donde se estipula claramente que lo que se aprobó fue un borrador de contrato y no el contrato mismo de adjudicatario de la Licitación de DIMESA, en la referida acta se nombró una comisión para analizar, revisar y proponer modificaciones al mencionado borrador del contrato. CONSIDERANDO: (13) Que el Abogado GERMA SALOMON AMADOR BERRIOS, formalizó la Acción de Amparo interpuesta a favor del señor JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, señala que se violentó el Debido Proceso establecido en el artículo 90 constitucional, como consecuencia de no tomar en cuenta los medios de prueba de la defensa, también considera violentado el Derecho a la Defensa establecido en el artículo 82 constitucional en relación con el artículo 294 párrafo tercero numeral 2, artículo 296 No. 1 y 2 del Código Procesal Penal. El recurrente señala que la resolución impugnada no contiene el razonamiento objetivo de la conducta obediente del procesado al presentarse voluntariamente, o un análisis profesional de los documentos indubitados para probar su arraigo ciudadano, señalando que no debió revocarse la medida cautelar distinta a la prisión preventiva, ya que ninguno de los medios de prueba presentados por la fiscalía establecen la existencia del delito de Fraude, Abuso de Autoridad, y Violación de los Deberes de los Funcionarios. CONSIDERANDO (14) Que el recurrente manifiesta que la Fiscalía no encontró fundamento alguno que establezca que la competencia en la evaluación de las ofertas tenga algo que ver con la Junta Directiva del I.H.S.S., haciendo referencia a la prueba testifical ofrecida por la Fiscalía, que recae en la señora Diana Moreno, la misma dejó establecido que quien aprueba los contratos de esa naturaleza es el Congreso Nacional y si este organismo legislativo ordena desestimar la compra del bien o el servicio, la junta directiva del organismo no puede revocar esa orden. En cuanto a la medida cautelar el recurrente manifiesta que la fiscalía no ha presentado ningún medio de prueba que legitime su argumento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, expresando el peligro de fuga o destruir y manipular la prueba. CONSIDERANDO: (15) Que el impetrante invoca como antecedente, el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán mediante el cual declaró Con Lugar la Apelación interpuesta por las defensas en el expediente número 060-16, en contra del señor Shucri Kafie y otros, conocido en el Juzgado de Letras Seccional de Tegucigalpa, en donde emitió Sentencia decretando SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a los procesados por los mismos hechos, y en perjuicio del que resultan ser los mismos hechos y perjudicado por el cual está siendo procesado el representado del recurrente, señalando que la persona quien supuestamente cometió el delito de Fraude, ha sido declarado inocente en resolución de fecha 9 de enero del 2019, a la que se adhiere el recurrente para que sea valorada por tratarse del mismo delito, objeto y sujetos del proceso. CONSIDERANDO: (16) Que la Corte de Apelaciones impugnada, en el numeral ocho (8) de la Motivación y Fundamentación Jurídica, se pronuncia respecto a “la calificación jurídica realizada por el Juez de primera instancia, en el Auto de Formal Procesamiento, considera que la prueba aportada por la fiscalía en la audiencia inicial, como ser perito forense DIANA CORITINA MORENO NAVA, la cual brindó un informe preliminar (tomo 1, pieza principal, folio 311 v, al 322), arrogan los elementos de tipificación legal de los delitos imputados. En relación con el delito de ABUSO DE AUTORIAD que se imputa a los encartados CARLOS MONTES RODRIGUEZ, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, tipificado en el artículo 349 No. 2,del Código Penal, que se describe como la acción del funcionario o empleado público que: “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República, o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dicho ordenamientos jurídicos”. CONSIDERANDO: (17) Que el Ad Quem en relación al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, que se reprocha a los señores CARLOS MONTES RODRIGUEZ, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, que obviando las disposiciones generales del presupuesto (2010 – 2012), es decir el procedimiento de licitación mediante licitación pública internacional; incurre probablemente en el abuso de autoridad, por los indicios derivados de la sesión número 22 para la aprobación del adendum al contrato, con ampliación de una inversión adicional de ($23,668.761.80) veintitrés millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y un dólares con ochenta centavos, evitando así cumplir con el mandato de la Constitución de la República y la Ley de Contratación del Estado , es decir no apegarse a la legalidad sino efectuar acciones jurídicamente y penalmente dolosas, con el solo propósito de favorecer a DIMESA, S.A., con ventas sobrevaloradas”. Expone el Ad Quem que no se cumplieron los principios que rigen la contratación del Estado, para la selección objetiva de la propuesta más favorables, las cuales no concurrieron en este caso concreto, cuando únicamente DIMESA resultó como único oferente, observando que siete empresas distribuidoras autorizadas de marcas exclusivas de equipo biomédico compraron las bases de liquidación pero al final no participaron como oferentes figurando solo como proveedores atrás de DIMESA, para esta contratación (ver Folio Tomo XVI folio 17-22 y 35 y los folios 37 al 51). Señalando que “muy probablemente con la aprobación del adendum uno (1), al contrato por $23 mm el 13/6/2012, mediante acta 22-2011, aquí en este momento se consumó el delito de Abuso de Autoridad, cometido por los directores del IHSS de aquel entonces señores: CARLOS MONTES RODRIGUEZ, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, presentes en la sesión de Junta Directiva. CONSIDRANDO: (18) Que el Ad Quem en relación con el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, contenido en el artículo 349 No. 3 del código Penal, que literalmente dice: “Será castigado con reclusión de 3 a 6 años, inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1…, 2…, y 3 omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, que se imputa a los señores: CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSÉ HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARMANDO VILLATORO, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO, Y JOSE MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ, por su actuar como miembros de la Junta Directiva del IHSS, cuando aprobaron las bases de Licitación Pública Internacional No. 05-2010, para la compra, reparación y mantenimiento de Equipos Médicos de los Hospitales de Especialidades de Tegucigalpa, y Región Nor-Occidental de San Pedro Sula, sin contar con estudios, diseños, estimaciones presupuestarias, obviando lo establecido en la constitución de la República y la Ley de Contratación del Estado. CONSIDERANDO; (19) Que la Corte de Apelaciones impugnada en cuanto al delito de FRAUDE imputado a los señores: CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, LUIS ALONZO MAYORGA GALVEZ, JOSE HUBERTO LARA ENAMORADO, JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ Y JOSÉ HILARIO ESPINOZA HERRERA, se pronuncia de acuerdo con lo resuelto por el A Quo, al estimar que los hechos por los que se acusa a los imputado cuya descripción típica del Delito de Fraude se adecúan a los hechos acusados y que han sido probados mediante prueba indiciaria. El Ad Quem deja establecido de acuerdo al análisis realizado que aprecia los elementos que conforman el delito para su tipificación legal, así como la probabilidad de participación de los imputados en los hechos señalados por el Ministerio Público. CONSIDERANDO: (20) Que en la parte resolutiva la Corte de Apelaciones impugnada por unanimidad de votos: 1) Confirma el Auto de Formal Procesamiento a los señores: CARLOS MONTES RODRÍGUEZ, SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, por los delitos de: ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. A) LUIS ALONSO MAYORGA GÁLVEZ, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO, JOSÉ MANUEL ESPINAL RODÍGUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LO FUNCIONARIOS Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. B) JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ por el delito de FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA C)OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, FABRICIO VAENTIN VASQUEZ SOSA, ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE D) ARMANDO VILLATORO por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. 2) REVOCA, las medidas cautelares sustitutivas impuestas a los Señores: SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES, OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO, JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ, JOSÉ HILARIO ESPINOZA HERRERA, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, Y ordena se les decrete Prisión Preventiva. 3.- Confirma las medidas cautelares sustitutivas de prisión preventiva impuestas a los señores: LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ Y ARMANDO VILLATORO. CONSIDERANDO: (21) Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha cuatro de abril del año 2019, que consta en el Considerando que antecede, donde se ha individualizado la imputación personal y el grado de participación que a criterio del Ad Quem corresponde a cada uno de los acusados, confirma los Autos de Formal Procesamiento, por diversos delitos imputados a los encartados, a títulos de autor, los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, de acuerdo a las acciones que el Ad Quem consideró realizó cada uno de los acusados. CONSIDERANDO: (22) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO:(23) Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[2]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad. CONSIDERANDO: (24) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO: (25) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al Debido Proceso. CONSIDERANDO: (26) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO: (27) Que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (28) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la etapa preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al requerimiento fiscal, como último momento de la etapa preparatoria esta la audiencia inicial. CONSIDERANDO: (29) Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de estos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de formal procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[6]. El auto de formal procesamiento deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional. CONSIDERANDO:(30) Que dentro de la garantía constitucional del debido proceso deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO: (31) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el sobreseimiento provisional y/o definitivo, procederá se dicte el auto de formal procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. CONSIDERANDO: (32) Que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional,[7] ha dejado establecido que el deber de motivar no comprende dar una respuesta exhaustiva e individualizada a todos los argumentos de las partes, lo cual va a depender de la naturaleza propia de la resolución que se deba de emitir, en ese sentido, para observar si se ha respetado el debido proceso, esta Sala de lo Constitucional relaciona el mandato constitucional reconocido en el artículo 92 (Constitución de la República) de que solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice, como lo establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo ocho (8) y el artículo 90 constitucional, en el sentido de que los órganos jurisdiccionales para poder decretar el auto de formal procesamiento deben de motivar plenamente la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se insta la acusación, relacionando todos los indicios probatorios proporcionados por las partes y detallando las razones jurídicas del caso concreto. CONSIDERANDO: (33) Que analizados los elementos motivados por la Corte de apelación recurrida y la resolución objeto del Amparo constitucional interpuesto, esta Sala aprecia que en la resolución impugnada, no se motiva la configuración legal de los delitos acusados, de igual manera sucede en cuanto a la existencia o no de evidencia probatoria suficiente y el indicio racional de la participación de los imputados, que demuestre a nivel de probabilidad la existencia de actos ilícitos en el procedimiento que manda la ley en la aprobación del contrato que fue otorgado a la empresa DIMESA S.A. de C.V., representada por los señores Schucry Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, contrato que fue discutido aprobado por el soberano Congreso Nacional y posteriormente resuelto por causa sobreviniente de fuerza mayor por la Junta Directiva del IHSS. En este orden de ideas es deber de la autoridad recurrida evidenciar en su motivación, y, mostrar en la argumentación porque considera que concurre cada uno de los elementos de la tipificación legal de los delitos imputados, acorde al cuadro factico presentado por el Ministerio Público relacionado con el análisis valorativo de la prueba aportada por las partes intervinientes, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO: (34) Que el Principio de Lesividad exige la existencia de un bien jurídico penal lesionado, la conducta humana tiene que acarrear daño, para ejercitar la intervención del Estado a través del Jus Puniendi, así, el principio de lesividad puede verse como una garantía penal de la persona y por lo tanto un límite; es decir como una condición necesaria, (Sine Quanon) de la intervención penal y, se configura como una condición suficiente para legitimar esa intervención estatal. Con la exigencia de afectación del bien jurídico para constatar el injusto cometido, se excluye toda posibilidad de castigar basados únicamente en el desvalor de la acción, cuando está no lesiona o pone en peligro (inminente) un bien jurídico tutelado por el derecho penal, en el caso que nos ocupa no se aprecia a lo largo del proceso, el beneficio percibido o las terceras personas beneficiadas con las actuaciones de los acusados, no se acredita ni siquiera mediante indicios, nada relacionado con el beneficio patrimonial percibido por los imputados. Al respecto esta Sala aprecia, una interpretación equivocada en la aplicación de la norma jurídica atinentes a los delitos por los que se acusa a los procesados, dejando de observar, las exigencias, requisitos contenidos en el estatuto penal, de igual manera las reglas de la lógica y la coherencia, en el análisis de los hechos y la normativa jurídica aplicada; En consecuencia, se violentan los derechos invocados por los (las) recurrentes. Procede en derecho Otorgar el Amparo del que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: (35) Que en relación a la imputación hecha al señor LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LO FUNCIONARIOS Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, esta Sala, aprecia que la resolución ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos, los principios, requisitos y exigencias del debido proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela judicial efectiva, omitiendo el deber de motivar y hacer el análisis respectivo en cuanto a las acciones realizadas a título personal por él acusado durante la gestión de licitación y proceso de aprobación que concluye con la firma de contrato a favor de DIMESA, S.A., de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente mérito se aprecia, que el ahora recurrente participó en la sesión celebrada en fecha 8 de septiembre de 2010, No 2626-2010, sesión donde solo se aprobaron las bases de una licitación, pero que en cuya redacción no participo el encartado; Así mismo participó en la sesión ordinaria No. 16-2011, de Junta Directiva del IHSS celebrada en fecha 26 de abril de 2011, donde solamente se distribuyó el borrador del contrato de Adquisición, Reparación y Mantenimiento de equipos médicos, siendo así, en las actuaciones realizadas por el acusado no concurren la tipificación legal de los delitos que se imputan de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, todo ello vinculado con la falta de análisis y aplicación de las reglas de la sana crítica, violentándose de esta forma lo estipulado en el artículo 92 constitucional que dispone: “No podrá proveerse Auto de Prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor.” En consecuencia, se han quebrantados los derechos invocados por el recurrente. Por lo que procede se otorgue la Acción de Amparo a favor del señor LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ. CONSIDERANDO: (36) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículos 2, 3, 4, 8, 13, 14, 294 No 2 Y 296. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha cuatro de abril del año do mil diecinueve, en las acciones de Amparo interpuestas por los (las) abogados (as): (1) RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, a favor de los señores: OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, JOSÉ HUMBERTO LARA ENAMORADO, Y JOSÉ MANUEL ESPINAL RODRÍGUEZ. Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALEZ, a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VÁSQUEZ, NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de los señores: SAMUEL BENJAMIN BOGRAN FUENTES Y OSCAR ARNALDO CARRANZA ROSALES. Abogado GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, a favor del señor JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA, conforme a los Considerandos 33 y 34 de este fallo; el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, a favor del señor LEONARDO VILLEDA BERMUDES, conforme al acápite 35 de este fallo. (2)Revocar el Auto de Formal Procesamiento dictado contra los imputados en este fallo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Sello y firmas. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en los Recursos de Amparo Penal Acumulados registrados en este Tribunal con los números SCO-356, 360, 363, 506 y 352-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[2] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Víctor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[5] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[6] Ávila Ortiz Félix- Los Nuevos Roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano. Litocom, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Pág. 99

[7] Cfr., sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en la sentencia del recurso de amparo en la causa con registro SCO-0892-2016 y SCO-0910-2016 acumulados.