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Sentencia AP-353-21 — Registro 14758

Resumen

Otorgamiento de acción de amparo en consulta en relación a orden de desalojo en la causa instruida contra recurrentes por suponerlos responsables del delito de Usurpación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6) Que del estudio de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa que el recurrente ha venido en amparo contra una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente, en el que sus representados no han sido señalados ni tienen la condición de imputados según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Adjetiva que señala: ”Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención, o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la Republica, los tratados internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.” Siguiendo ese orden de ideas esta Sala estima que el desalojo decretado por el A Quo y la forma en que ha de efectuarse no es vinculante a los representados del impetrante, por no tener estos la condición de imputados como claramente lo estipula la norma antes citada, debiendo de practicarse el mismo contra aquellas personas que figuran en el requerimiento fiscal y comparecieron a los demás actos que componen la etapa preparatoria del proceso (audiencia inicial). Por consiguiente, los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo Son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y demás garantías invocadas. El fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo impetrado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021), que otorgó el recurso presentado por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODEMEL ANTONIO PACHECO COPLAND y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la causa instruida contra los Señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND Y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de JOSE GUILLERMO MILLA Y MARIBEL DE LOS ANGELES MEJIA. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014), interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada KARLA YADIRA SANCHEZ actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, requerimiento fiscal contra los Señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND Y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de JOSE GUILLERMO MILLA Y MARIBEL DE LOS ANGELES MEJIA. (Folios 01–92 de la pieza del A-Quo) 2) Que seguido el procedimiento, el Juzgado antes citado, dicto acta de audiencia inicial en fecha nueve (09) de marzo de dos mil quince (2015), en la cual Resolvió: PRIMERO: Decretar auto de formal procesamiento contra los señores Edis Adalberto Soto Mejía, Roberto Carlos Martínez Hernandez, Jorge Alberto Mendieta George, Jorge Figueroa Hernandez y Belkis Yanina Rivas, por el delito de Usurpación, en perjuicio de los señores Maribel de los Ángeles Mejía Orozco y José Guillermo Milla French.- SEGUNDO: Ratificar a favor de los señores Edis Adalberto Soto Mejía, Roberto Carlos Martínez Hernandez, Jorge Alberto Mendieta George, Jorge Figueroa Hernandez y Belkis Yanina Rivas, las medidas cautelares, impuestas en la declaración de imputado. TERCERO: Declarar sin lugar lo solicitado por el Ministerio Público en relación al desalojo solicitado.- CUARTO: Declarar sin lugar lo solicitado por los defensores, en el sentido de decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de sus representados.” (Folios 104-108 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha once (11) de marzo de dos mil quince (2015), la Abogada GLORIA E. MAYORQUIN en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interpone recurso de reposición, asimismo el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce (12) de marzo de dos mil quince (2015), dictó auto resolutivo en el cual “se declara sin lugar el Recurso de Reposición Interpuesto por el Ministerio Público.” (Folios 120-121 y 122 de la pieza del A-Quo) 4) Que seguido el trámite la Abogada KARLA SANCHEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentó solicitud para que se ordenara el desalojo de las personas que se encontraban usurpando el predio ubicado en la Colonia San Cristóbal del Municipio de La Lima, Departamento de Cortés; asimismo el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis (2016) Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Ordenar el DESALOJO INMEDIATO de todas las personas que se encuentran utilizando el lote de terreno descrito a continuación: en la Colonia San Cristóbal del Municipio de La Lima, Cortes, el inmueble se encuentra inscrito en el Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas bajo el asiento numero seis del tomo 1823, y asiento numero 11 del tomo 5817, en ambos documentos consta como estos ciudadanos adquirieron dichos terrenos.- SEGUNDO: Nombrar Juez Ejecutor para la practica de dicha diligencia, a la señora JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ DE LA LIMA, CORTES, a quien se le delegan amplias facultades para la practica de dicha diligencia, al efecto se deben girar todas las medidas de seguridad necesarias, poniendo en conocimiento dicha diligencia a la Policía Nacional Preventiva, como al resto de la fuerza pública que se estime necesaria para llevar a cabo en forma pacifica el desalojo, con las inserciones necesarias a la Juez Ejecutora para que proceda a darle cumplimiento a lo antes ordenado, debiendo previamente aceptar el nombramiento en el recaído para su aceptación y demás fines legales. Se resuelve hasta esta fecha en virtud de la constancia que antecede.- Artículo 227 del Código Procesal Penal. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.” (Folio 163 de la pieza del A-Quo) 5) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado dictó Auto en la cual Resolvió: (SIC): “1.- Declara sin lugar la solicitud de Nulidad planteada por el Abogado Marco Antonio Torres Rubio, la que se refiere a que se decrete nulidad de la resolución de fecha Ocho de Febrero del Dos Mil Dieciséis dictada por este Juzgado en donde se Ordena el Desalojo del bien Inmueble objeto del proceso. 2.- Se ordena se proceda a la realización del Desalojo anteriormente decretado; para lo cual se deberá librar el oficio correspondiente a la Juez de Paz de La Lima Cortés para que cumpla con su cometido; asimismo se estima pertinente hacer un llamado de atención al joven Walter Saavedra para que en lo sucesivo tenga mayor diligencias en la realización de su trabajo. NOTIFIQUESE A LAS PARTES EL PRESENTE AUTO.” (Folios 178-180 de la pieza del A-Quo) 6) En fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), admite el Juzgado citado la solicitud de desalojo por parte de la Abogada DANIELA FERRERA TURCIOS en su condición de Acusadora Privada y declara a lugar la dicha solicitud, librando las comunicaciones correspondientes. (Folio 244 de la pieza del A-Quo) 7) Que en fecha tres (03) de febrero de dos mil veinte (2020), el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, recurso de amparo contra la resolución de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por considerar que la misma es contraria a derecho y violenta derechos y garantías constitucionales. (Folios 01–07 de la pieza del Ad-Quem) 8) Seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021), Falló: (SIC) “OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho merito a favor de los señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODEMEL ANTONIO PACHECO COPLAND y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS, contra la resolución de fecha 26 de septiembre del año 2019, dictada por Juzgado de Letras Penal de esta ciudad, pudiendo hacer efectivo el desalojo ordenado solamente contra los señores ya señalados en el considerando que antecede, quienes si han sido identificados e imputados penalmente en Requerimiento Fiscal de merito, además oídos en audiencia inicial, como consecuencia del proceso penal interpuesto por el Ministerio Público por el delito de USURPACION en perjuicio de los señores JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH y MARIBEL DE LOS ANGEKES OROZCO.” (Folios 57–60 de la pieza del Ad-Quem) 9) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Consulta la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS, mediante la cual se OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores POLICARPIO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de JOSE GUILLERMO MILLA y MARIBEL DE LOS ANGELES MEJIA. CONSIDERANDO (4): Que el Ad Quem, expone en su resolución lo siguiente: “Que esta Corte aprecia y concluye que según el Requerimiento Fiscal este fue presentado contra los señores EDIS ADALBERTO SOTO RIVERA, ROBERTO CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, JORGE ALBERTO MENDIETA GEORGE, JORGE FIGUEROA HERNANDEZ, BELKIS YANINA RIVAS PERALTA, JENNIFER CAROLINA MEJIA CASTRO, DILCIA IDANIA JIMENEZ CASTILLO y MELISSA NOHEMI MERLO MARTINEZ, a quienes se les supone responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de los señores JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH y MARIBEL DE LOS ANGELES MEJIA OROZCO, siendo evidente que no aparecen designados como imputados los señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS, a favor de quienes se ha presentado esta Acción de Amparo; se observa también que el Auto recurrido en Amparo, se remite a lo resuelto en el Auto de fecha 22 de abril del año 2016, mediante el cual se ordena el desalojo.- En congruencia con lo anterior, la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de fecha treinta de julio de dos mil trece, en la causa APC 557-12, específicamente en el considerando cinco, establece lo siguiente: “CONSIDERANDO 5:…en el proceso penal, en sentido material, parte solo es el inculpado, el sospechoso de haber cometido el delito y a efectos legales, es imputado formalmente y en razón de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Penal, quien, en virtud de Querella o por Requerimiento Fiscal es considerado responsable de haber participado en la comisión de un delito. Es así que surge de esta norma, la obligación del ente acusador de identificar plenamente al momento de instar la acción penal a la o las personas inculpadas, de forma tal que no haya lugar a deducciones de quienes pueden ser las personas contra quien se ha comenzado la persecución penal, sino que el señalamiento de limite a personas determinadas que surjan como sospechosas a raíz de la investigación seria y formal realizada; y, a su vez, surgen una serie de derechos para las personas imputadas; ya que siendo objeto de proceso, todas las decisiones que se tomen por los Órganos Jurisdiccionales deben serles no solo comunicados, sino que de ser posible, contando con su presencia y participación, a efecto de que el Principio de Contradicción que caracteriza el proceso penal y el Derecho Constitucional de Defensa, contemplado en el artículo 82 de la Carta Magna, entre otros principios y derechos igualmente importantes e imprescindibles, garanticen la transparencia en el ejercicio estatal del ius puniendi…”. Es por ello que este Tribunal Ad Quem estima que en el presente caso, es de aplicación el razonamiento emitido por la Sala de lo Constitucional, en el sentido de que los señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS, al no tener la calidad de imputados en la presente causa y conocer con ello los hechos de la imputación que contenga el Requerimiento Fiscal o acusación formulada contra ellos, se violenta sin duda la garantía fundamental del Derecho de Defensa, Debido Proceso, y todos los derechos fundamentales que ello implica, como lo es la Contradicción Procesal con el objeto de articular la adecuada intervención en el proceso, extremo que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, pues nunca se les ha escuchado y al no ser parte en el proceso penal de mérito, es notorio que los amparistas no han tenido la posibilidad de ejercer su derecho de Defensa y los otros derechos que emanan de este derecho fundamental, asimismo al Debido Proceso como antes se apuntó por este Tribunal y como así también lo refiere la sentencia precitada”. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad Quem sigue exponiendo: “Que es procedente, OTORGAR la acción interpuesta, en consecuencia, el Juez de la causa debe dejar sin lugar ni efecto el desalojo ordenado con respecto a las demás personas que podrían encontrarse en ese predio entendiendo que dentro de estas personas no identificadas están los señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS, pudiendo hacer efectivo el desalojo ordenado solamente contra los señores EDIS ADALBERTO SOTO RIVERA, ROBERTO CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, JORGE ALBERTO MENDIETA GEORGE, JORGE FIGUEROA HERNANDEZ, BELKIS YANINA RIVAS PERALTA, VICTOR MANUEL GARCIA MUÑOZ y ADIRA ELIZABETH CASTILLO PORTILLO, quienes si han sido identificados e imputados penalmente en el Requerimiento Fiscal de mérito, además oídos en Audiencia Inicial, como consecuencia del proceso penal interpuesto por el Ministerio Público por el delito de USURPACIÓN, en perjuicio de los señores JOSE GUILLERMO MILLA FRENCH y MARIBEL DE LOS ANGELES MEJIA OROZCO.” Por todo ello el A Quem declaro con lugar el recurso de amparo interpuesto por los recurrentes”. CONSIDERANDO: (6) Que del estudio de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa que el recurrente ha venido en amparo contra una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente, en el que sus representados no han sido señalados ni tienen la condición de imputados según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Adjetiva que señala: ”Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención, o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la Republica, los tratados internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.” Siguiendo ese orden de ideas esta Sala estima que el desalojo decretado por el A Quo y la forma en que ha de efectuarse no es vinculante a los representados del impetrante, por no tener estos la condición de imputados como claramente lo estipula la norma antes citada, debiendo de practicarse el mismo contra aquellas personas que figuran en el requerimiento fiscal y comparecieron a los demás actos que componen la etapa preparatoria del proceso (audiencia inicial). Por consiguiente, los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo Son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y demás garantías invocadas. El fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo impetrado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 50, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 14 Y 101 del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los señores POLICARPO AVILA LEIVA, RODELMEL ANTONIO PACHECO COLPAND Y ANA BELQUIS MEMBREÑO BARRIENTOS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el magistrado SERRANO VILLANUEVA - NOTIFÍQUESE. Firma y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0353=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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