Sentencia AP-336-21 — Registro 13638
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que sobresee el recurso de amparo en relación a la causa instruida por el delito de portación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: (5) Que el Ad Quem señala: “Que aprecia que al momento de presentarse el presente Amparo, en fecha 07 de abril del año dos mil dieciséis, ya el Juez ante la denegatoria que hizo del Procedimiento Expedito, había iniciado el Procedimiento Ordinario y como ya había tomado la declaración al imputado en la misma Audiencia de Adecuación del Procedimiento Expedito que denegó, que data de fecha 18 de enero 2016 (F.12-15) de los antecedentes y en fecha quince (15) de febrero del dos mil dieciséis (2016) realizó la Audiencia Inicial, es la razón por lo que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: ES INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO: 1)… 5) Contra los actos consumados de modo irreparable. Es decir que es el caso, que en la presente Acción de Amparo el acto reclamado (resolución de fecha 18 de enero del 2016) que deniega el Procedimiento Expedito, ya se consumó por cuanto esta iniciado el Procedimiento Ordinario al haberse realizado ya la Audiencia Inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, razón que hace improcedente este Amparo, por la referida casual, relativa a los ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE, como tal lo instruye el precitado artículo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que refiere a aquellos actos cuyos efectos ya fueron realizados sin posibilidad jurídica o material vía Acción de Amparo de volver las cosas a su estado anterior, de modo que las violaciones que producen al agraviado no pueden ser reparadas a través de esta acción”. CONSIDERANDO: (6) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa, que ciertamente concurre una causal de inadmisibilidad establecida en el numeral cinco del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional relativa a los “ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE”, como así lo ha dejado establecido el A Quem en su sentencia, en virtud que el acto reclamado mediante la presente acción de amparo o sea la resolución de fecha 18 de enero del 2016 que inadmite a trámite el procedimiento expedito ya se consumó sin posibilidad jurídica de retrotraer las cosas a su estado anterior, al haber ordenado el A-Quo el inicio del procedimiento ordinario y celebrado en su momento la audiencia inicial donde las parte procesales presentaron sus medios probatorios. Por consiguiente, los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo NO son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso Y Derecho de Defensa invocados por la amparista. El fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra el señor JOSE INES RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis; el Abogado RENE RAUL GARCIA CHINCHILLA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JOSE INES RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis; en la audiencia de procedimiento expedito el Juzgado de Letras citado RESUELVE: Tomando en cuenta la idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir tomando en cuenta la gravedad del hecho y de la pena siendo estas una portación ilegal de arma de fuego y su pena de tres a seis años en fundamento en los artículo 174, 182, 184 y 445 todos del CPP, y el hecho de que el imputado según el informe extendida por la UDEP-18, especifica que no aparece registrado el imputado que haya cometido delito o falta alguna se le impone al imputado medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 8 las cuales consisten en…”. (Folios del 12 al 15 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha quince de marzo del año dos mil veintiunos, la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis; manifestando la recurrente que a su representado se le han violentado garantías constitucionales. (Folios del 01 al 05 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que en fecha quince de marzo del año dos mil veintiuno, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESOLVIÒ: SOBRESEER la presente acción de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ. (Folios del 32 al 35 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Consulta la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que SOBRESEE el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en fecha dieciocho de enero del dos mil dieciséis; con relación a la causa instruida contra el señor JOSE INES RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el Ad Quem, expone en el considerando diez y subsiguientes lo siguiente: “Esta Alzada de entrada percibe que el juzgador se convierte en fiscal al realizar apreciaciones que no le competen ya que desde el momento en que una de las partes, en este caso, el Fiscal, le solicita ventilar el Requerimiento Fiscal por la vía del Procedimiento Expedito es porque como “parte” sabe que se dan los presupuestos para ello y va a poder contar con los Medios de Prueba necesarios para acreditar el hecho dentro del plazo de 30 días que debe durar el Procedimiento Expedito que se le está solicitando, por tanto no corresponde al Juez valorar si logísticamente le puede ser factible o no al Fiscal presentar los elementos de prueba pertinentes dentro de dicho plazo; ello por un lado, y por otro, los antecedentes de la causa no revelan un encuadre dentro de las excepciones o causas de inadmisibilidad señaladas en el artículo 440-A del CPP pues no se trata de un delito de investigación compleja, y como tal lo refiere la amparista desde que se presentó el requerimiento ya contaban con una buena parte de la prueba necesaria como ser las actas de registro y un acta de decomiso, y que además para acreditar la participación ya se contaba desde el Requerimiento Fiscal con las declaraciones de los policías que aseguran haber encontrado al procesado JOSE INES RAMIREZ portando un arma de fuego, por lo que efectivamente no existe complejidad en la investigación de este caso, por no ser el dictamen que refiere el Juez una prueba de difícil obtención para el M.P. como señala la Fiscal, quien dice que ya lo había coordinado; todo lo cual hace factible y procedente la aplicación del Juicio Expedito (artículo 440-A del CPP). Aprecia también el A quem que no hay multiplicidad de hechos relacionados o un número elevado de imputados o víctimas, ni es de las investigaciones que requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; por tanto, al no apreciarse ninguna causa de inadmisibilidad, fue procedente admitir el Procedimiento Expedito de Flagrancia en el presente caso como lo pidió el Ministerio Público en relación con la disposición legal precitada”. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad Quem señala: “Que aprecia que al momento de presentarse el presente Amparo, en fecha 07 de abril del año dos mil dieciséis, ya el Juez ante la denegatoria que hizo del Procedimiento Expedito, había iniciado el Procedimiento Ordinario y como ya había tomado la declaración al imputado en la misma Audiencia de Adecuación del Procedimiento Expedito que denegó, que data de fecha 18 de enero 2016 (F.12-15) de los antecedentes y en fecha quince (15) de febrero del dos mil dieciséis (2016) realizó la Audiencia Inicial, es la razón por lo que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: ES INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO: 1)… 5) Contra los actos consumados de modo irreparable. Es decir que es el caso, que en la presente Acción de Amparo el acto reclamado (resolución de fecha 18 de enero del 2016) que deniega el Procedimiento Expedito, ya se consumó por cuanto esta iniciado el Procedimiento Ordinario al haberse realizado ya la Audiencia Inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, razón que hace improcedente este Amparo, por la referida casual, relativa a los ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE, como tal lo instruye el precitado artículo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que refiere a aquellos actos cuyos efectos ya fueron realizados sin posibilidad jurídica o material vía Acción de Amparo de volver las cosas a su estado anterior, de modo que las violaciones que producen al agraviado no pueden ser reparadas a través de esta acción”. CONSIDERANDO: (6) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa, que ciertamente concurre una causal de inadmisibilidad establecida en el numeral cinco del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional relativa a los “ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE”, como así lo ha dejado establecido el A Quem en su sentencia, en virtud que el acto reclamado mediante la presente acción de amparo o sea la resolución de fecha 18 de enero del 2016 que inadmite a trámite el procedimiento expedito ya se consumó sin posibilidad jurídica de retrotraer las cosas a su estado anterior, al haber ordenado el A-Quo el inicio del procedimiento ordinario y celebrado en su momento la audiencia inicial donde las parte procesales presentaron sus medios probatorios. Por consiguiente, los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo NO son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso Y Derecho de Defensa invocados por la amparista. El fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 5, 48, 50, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0336-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.