Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-335-20 — Registro 12891

Resumen

Resolucion que revocó solicitud de privación de dominio presentada por impetrante contra bienes de imputados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. IX. Esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. X. Así, esta Sala observa que el recurso que se conoce se disgrega en una simple censura a la actuación del Tribunal de Alzada, pero sin apoyarse en argumentos sólidos que fundamenten y/o justifiquen la acción de amparo que se ha promovido a favor del Estado de Honduras. XI. Esta Sala advierte que en la sentencia objeto de impugnación por esta vía, la Alzada ha plasmado las consideraciones de hecho y de derecho que le llevaron a revocar parcialmente la sentencia del juez de instancia, estimando esta Sala que dicha resolución contiene la motivación suficiente, explicando el órgano jurisdiccional recurrido las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento las garantías judiciales que asisten a las partes. XII. Así, en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Estamos ante una cuestión de estricto derecho que correspondía ser conocida por la justicia ordinaria, la cual resolvió la misma, como queda dicho, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, limitándose el órgano jurisdiccional recurrido a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. XIII. Por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, y ante los escasos argumentos presentados por el amparista que no van más allá de simples señalamientos que no llegan a concretarse en argumentaciones jurídicas que demuestren la existencia de las violaciones denunciadas en este caso, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MIGUEL ÁNGEL CHIRINOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), que declaró PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con relación a la solicitud de privación de dominio, promovida por el MINISTERIO PÚBLICO (MP), contra los bienes a nombre de los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES Y RAFAEL AUDBERTO HERNÁNDEZ. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria, en perjuicio de su representado, de los derechos contenidos en los artículos 80, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el abogado JULIO HUMBERTO NÚÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Solicitud de Privación de Dominio, contra los bienes de los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES Y RAFAEL AUDBERTO HERNÁNDEZ. (Folios 1–8v del Tomo I de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dictó su sentencia en mencionado proceso, mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO) Con lugar la solicitud de Privación de Dominio presentada por el Ministerio Publico contra los bienes de ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES Y EL SEÑOR RAFAEL AUDBERTO HERNÁNDEZ consistentes en: 1) Bienes Inmuebles

No

MATRICULA

TITULAR DE DERECHO ACTUAL

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

FECHA DE CONSTITUCIÓN

OBSERVACIONES DEL INMUEBLE

Ada Esperanza Muñoz Torres

En la ciudad de Puerto Cortés, en la parte norte de la ciudad, en la zona denominada como Marejada, a pocos metros de la orilla del mar.

Lote de Terreno baldío el cual comprende con un área de 309.89 m2, no presenta mejoras,

25/06/2012

En fecha 25/06/2012 la señora Ada Esperanza Muñoz Torres le fue otorgado el inmueble, en calidad de donación, que le hizo el señor Rodolfo Alvarado Sagastume. Información proporcionada según escritura pública certificada del bien inmueble.

Ada Esperanza Muñoz Torres y Rafael Audberto Hernández

San pedro Sula barrio Barandillas 7 avenida entre 11 y 12 calles

Lote de terreno #2 con área de 153.75m2, lo cual se encuentra construida una Casa de habitación

Constitución de hipoteca 03/08/2011

Este bien inmueble presenta una hipoteca a favor del Banco del paísS.A Información proporcionada según escritura pública certificada de la hipoteca.

Ada Esperanza Muñoz Torres y Rafael Audberto Hernández

San pedro Sula, barrio Barandillas 7 avenida entre 11 y 12 calles

Lote de terreno del lote #2 y denominado como #1 con un área de 158.75m2, y se encuentra construida una Casa de habitación.

Constitución de hipoteca 04/06/2008

Este bien inmueble presenta una hipoteca a favor del Banco del paísS.A Información proporcionada según escritura pública certificada de la hipoteca.

Ada Esperanza Muñoz Torres

San pedro Sula, Colonia los Prados Sector Veracruz, Del Bloque B, al par de los lotes #9 y 10

Lote de Terreno baldío el cual comprende con un área de 262.52m2, no presenta mejoras,

20/12/2000

Este bien inmueble se le fue otorgado a la señora Ada Esperanza Muñoz Torres, en fecha 20 de Diciembre del año 2000, en calidad de venta que realizo el señor Guillermo Prieto Vélez. Información proporcionada por la escritura pública del bien inmueble.

Rafael Audberto Hernández

San pedro Sula, barrio Barandillas 7 avenida entre 11 y 13 calles

Lote de terreno con un área de 224.12 V2.

1-8-1980

Donde se encuentra construida actualmente una casa de habitación de dos pisos que le fue allanada a la señora Ada Esperanza Muñoz Torres

2-) El Menaje Descrito en Las Actas de Allanamiento e Inspección 3-) … 4-) … 5-) Vehículos

Titular

Placa

Marca

Tipo

Modelo

Color

Fecha de adquisición

año

Folio

Ada Esperanza Muñoz

PAS-9778

LEXUS

Turismo

Desconocido

Beige Meta

27/08/2003

746, 747, 2279

Ada Esperanza Muñoz

PAM-3512

TOYOTA

Turismo

Desconocido

Café Oscuro

24/02/1987

746, 747, 2280

Ada Esperanza Muñoz

PBN-9770

ISUZU

Turismo

Oasis Wago S

Verde

04/03/2005

746, 747, 2278

SEGUNDO) Declarar el Comiso de los mismos a favor del estado de Honduras, TERCERO) Decretar la nulidad de los títulos de propiedad que hasta el momento ostentaban ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES Y EL SEÑOR RAFAEL AUBERTO HERNÁNDEZ, sobre lo que recayó declaratoria de privación de Dominio ordenándose se emita nueve título a favor de la OABI a fin de que proceda según lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Privación de Dominio. TERCERO) Se ordena poner a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautado los bienes sobre los cuales ha recaído la presente sentencia para que esta oficina realice la asignación conforme a lo estipulado en la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio.” (Folios 905–912 del Tomo II de la pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIO JOSÉ CÁRDENAS RUIZ, en su condición de apoderado legal de los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES Y RAFAEL AUDBERTO HERNÁNDEZ, contra la sentencia relacionada en el numeral anterior; en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, con Competencia Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Falló: (SIC) “1) Declara HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso. - 2) REVOCA LA PRIVACIÓN DE LOS BIENES SIGUIENTES: 1) Bienes Inmuebles

No.

MATRICULA

TITULAR DE DERECHO ACTUAL

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

FECHA DE CONSTITUCIÓN

OBSERVACIONES DEL INMUEBLE

Ada Esperanza Muñoz Torres

En la ciudad de Puerto Cortés, en la parte norte de la ciudad, en la zona denominada como Marejada, a pocos metros de la orilla del mar.

Lote de Terreno baldío el cual comprende con un área de 309.89m2 no presenta mejoras,

25/06/2012

En fecha 25/06/2021 la señora Ada Esperanza Muñoz Torres le fue otorgado el inmueble, en calidad de donación, que le hizo el señor Rodolfo Alvarado Sagastume. Información proporcionada según escritura pública certificada del bien inmueble

Ada Esperanza Muñoz Torres

San pedro Sula, Colonia los Prados Sector Veracruz, Del Bloque B, al par de los lotes #9 y 10

Lote de Terreno baldío el cual comprende con un área de 262.52m2, no presenta mejoras,

20/12/2000

2-) Vehículos

Titular

Placa

Marca

Tipo

Modelo

Color

Fecha de adquisición

año

Folio

Ada Esperanza Muñoz

PAS-9778

LEXUS

Turismo

Desconocido

Beige Meta

27/08/2003

746, 747, 2279

Ada Esperanza Muñoz

PAM-3512

TOYOTA

Turismo

Desconocido

Café Oscuro

24/02/1987

746, 747, 2280

Ada Esperanza Muñoz

PBN-9770

ISUZU

Turismo

Oasis Wago S

Verde

04/03/2005

746, 747, 2278

  1. El Menaje Descrito en Las Actas de Allanamiento e Inspección. – 4-) CONFIRMAR en lo demás.” (Folios 1024–1059v del Tomo II de la pieza de antecedentes)4) Que el abogado MIGUEL ÁNGEL CHIRINOS, compareció ante este Tribunal en fecha seis (6) de mayo de dos mil veinte (2020), interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. (Folios 1–7 del Presente Recurso) 5) Que en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 30 del Presente Recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO. OBJETO DEL RECURSO 6.El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida en fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones anteriormente referida, la cual se denuncia ante esta Sala como violatoria al derecho de petición, a la garantía del debido proceso y al derecho de propiedad. 7. La sentencia impugnada decidió declarar ha lugar parcialmente un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los denunciados, contra una sentencia dictada por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, que declaró ha lugar la solicitud de privación de dominio presentada por el Ministerio Público contra bienes de los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES Y RAFAEL AUDBERTO HERNÁNDEZ, ordenando su consiguiente comiso. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA 8.Conociendo del recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia de privación de dominio, el Tribunal de Alzada consideró en forma parcial los argumentos del apoderado de la defensa, estimando que en lo que respecta a los inmuebles descritos en el numeral 2º de la sección de antecedentes de esta sentencia, el Ministerio Público no demostró en el trámite los presupuestos necesarios para la privación del dominio de estos bienes, razón por la que consideró la revocación de la privación los mismos, confirmando el comiso del resto de los bienes en contra de los cuales se solicitó la privación del dominio al darse inicio al proceso. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 9. En las alegaciones presentadas por el recurrente con ocasión del recurso de amparo interpuesto ante esta Sala en contra de la decisión del Tribunal de Apelación que queda ya relacionada, se alegó la existencia de violación a tres preceptos constitucionales, el primero el derecho de petición, el segundo, la garantía del debido proceso y el tercero el derecho a la propiedad. 10. Con respecto a la violación al derecho de petición, el recurrente no ofreció en su escrito de amparo ninguna explicación de la forma en la que este derecho fue violentado por la Alzada, limitándose a decir que en principio su petición fue admitida en su totalidad por el juez de letras, pero posteriormente revocada en forma parcial por el Tribunal de Alzada, dejando entrever que, a criterio del quejoso, la violación constitucional se comete por la revocación de su pretensión. 11. En cuanto a la alegada violación a la garantía al debido proceso, el quejoso ofreció una explicación de los principios que conforman el proceso de privación de dominio conforme a la ley, señalando que estos deben ser respetados por la jurisdicción. Para el fiscal recurrente, la sentencia establece motivaciones que (sic) “contravienen” el debido proceso, pero al explicar en qué consistían estas motivaciones, el impetrante se limitó a decir que en la sentencia del Tribunal de Alzada no existe ninguna motivación y que éste no tomó en cuenta lo dictado en la sentencia emitida por el juez de primera instancia. 12. En lo que respecta a la supuesta transgresión al derecho de propiedad, la argumentación del quejoso fue que nadie puede exigir respeto al derecho de propiedad cuando el titulo está viciado por haber sido obtenido por mecanismos contrarios al ordenamiento jurídico, ahora bien, cómo se vio afectado el derecho de propiedad del Estado—supuesto agraviado—con la sentencia emitida por la Alzada tampoco fue explicado por el amparista. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Siendo así, para la procedencia de la presente acción de amparo, debió quedar establecido en el presente trámite que la resolución del Tribunal de Alzada—como acto reclamado en amparo—provocó esa lesión o amenaza a los derechos del agraviado, en este caso el Estado, en específico al de petición, propiedad y a la garantía del debido proceso como derechos que se suponen transgredidos con el acto cuyo cumplimiento se reclama, según lo ha señalado el impetrante. III. En el presente asunto, si bien ha sido plenamente establecido el acto o hecho reclamado, cual es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito de este Departamento, el impetrante ha limitado su exposición a hacer un mero señalamiento de las violaciones alegadas, pero más allá de su anunciamiento, no ha elaborado mayormente en cuanto a los argumentos que justifiquen su acción, esto es, en explicar la manera en que la decisión de la Alzada ha causado las violaciones a los derechos o garantías constitucionales invocadas. Argumentar, para el caso, que las violaciones al derecho de petición o al debido proceso se concretizaron porque se revocó parcialmente la sentencia resulta inconsecuente, en tanto que no podría considerarse como una violación constitucional el hecho de no obtener una resolución favorable a la pretensión que sometemos al control jurisdiccional. De igual manera, lo dicho por el fiscal en cuanto a que la sentencia denunciada carece de la debida motivación, tampoco resulta consecuente, pues si bien el fallo que se examina podría ofrecernos una motivación más afortunada y ordenada, la misma parece ser suficiente para sustentar la decisión de la Alzada, y el amparista no va más allá de hacer estos señalamientos, sin profundizar ni razonar debidamente sus alegaciones, y ante ello, esta Sala no puede establecer la existencia de estas supuestas violaciones. IV. Como lo ha señalado esta Sala, la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. V. La Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. VI La Sala ha declarado a su vez, en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. VII. Se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. VIII. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. IX. Esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. X. Así, esta Sala observa que el recurso que se conoce se disgrega en una simple censura a la actuación del Tribunal de Alzada, pero sin apoyarse en argumentos sólidos que fundamenten y/o justifiquen la acción de amparo que se ha promovido a favor del Estado de Honduras. XI. Esta Sala advierte que en la sentencia objeto de impugnación por esta vía, la Alzada ha plasmado las consideraciones de hecho y de derecho que le llevaron a revocar parcialmente la sentencia del juez de instancia, estimando esta Sala que dicha resolución contiene la motivación suficiente, explicando el órgano jurisdiccional recurrido las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento las garantías judiciales que asisten a las partes. XII. Así, en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Estamos ante una cuestión de estricto derecho que correspondía ser conocida por la justicia ordinaria, la cual resolvió la misma, como queda dicho, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, limitándose el órgano jurisdiccional recurrido a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. XIII. Por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, y ante los escasos argumentos presentados por el amparista que no van más allá de simples señalamientos que no llegan a concretarse en argumentaciones jurídicas que demuestren la existencia de las violaciones denunciadas en este caso, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta por el abogado MIGUEL ÁNGEL CHIRINOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), por las razones que se han dejado expuestas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0335-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11