Sentencia AP-323-19 — Registro 14124
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento y medida cautelar distinta a prisión preventiva en causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de negación de asistencia familiar en perjuicio de Jeanette Ivonne Enamorado Iglesias; El Tribunal de Apelaciones concluye que el imputado había sido requerido y tenía conocimiento fehaciente desde mucho antes que estaba obligado a pagar la pensión alimenticia referente a su ex cónyuge y que la misma tenía que ejecutarla; existe la Sentencia de Divorcio que lo obliga, donde está consignada la pensión alimenticia para la señora Enamorado, la que no ha sido objeto de ampliación ni de cese, que cuando hubo la primera ampliación y cese de la pensión alimenticia tampoco se le puede aplicar a ella pues la sentencia establece que el cese es únicamente para los menores hijos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de Amparo, observando que el Ad Quem, realizó un análisis de la controversia desde sus orígenes, apreciando la primer Sentencia dictada en cuanto a la pensión alimenticia, posteriormente, en fecha 20 de agosto del año 2008, la señora JEANETTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS, presentó solicitud de ampliación de la pensión alimenticia, por considerar que la pensión que recibía era insuficiente, es así que el órgano jurisdiccional consecuente con la pretensión de la señora ENAMORADO IGLESIAS en fecha 14 de agosto del año 2009, modificó la sentencia definitiva, declarando con lugar la solicitud de aumento de pensión alimenticia, condenando al ahora recurrente a pagar la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL LEPIRAS (L. 35.000.00) mensuales, mientras los menores alcanzaran su mayoría de edad, salvo que no hubiesen culminado sus estudios superiores iniciados durante su minoría de edad o que fuesen o resultasen inválidos, pensión que deberá ser ajustada anualmente de acuerdo al proceso inflacionario del país, modificación de la sentencia de pensión alimenticia, que fue notificada a las partes quedando firme, en los términos antes señalados, sin que la peticionaria haya interpuesto recurso alguno contra la misma, de allí, que adquiere firmeza..."..."en la resolución impugnada no se han cumplido todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produce el atropello de éste; Lo cual ocurre en el caso sub judice, cuando el Ad Quem deja de interpretar la resolución de modificación de pensión alimenticia, declarada con lugar a favor de la peticionaria señora Enamorado Iglesias, aceptada bajo los términos señalados, sin hacer uso de la acción recursiva en el momento procesal oportuno, por lo que tal resolución adquirió firmeza. En consecuencia, procede conceder la acción de amparo interpuesta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 195 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veintiuno VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sarah Janeth Aguilar Cruz, a favor del señor Carlos José Rosenthal Hidalgo, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor Carlos José Rosenthal Hidalgo, por suponerlo responsable del delito de Negación de Asistencia Familiar en perjuicio de la señora Jeanette Ivonne Enamorado Iglesias. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 76, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Tania Lizbeth López Nieto, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Carlos José Rosenthal Hidalgo, por suponérsele responsable del delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio de la señora Jeanette Ivonne Enamorado Iglesias. (Folios 1-4 de la pieza del A-quo) 2) En fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió laudo motivado de la audiencia inicial, en la que resolvió: PRIMERO: Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor CARLOS JOSÉ ROSENTHAL HIDALGO en la causa que se le instruye por suponerlo responsable de la comisión del ilícito penal de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de JEANETTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS.-SEGUNDO: Ratificar al señor CARLOS JOSÉ ROSENTHAL HIDALGO, la medida cautelar impuesta, que se establece en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal, consistente en la presentación periódica a este Juzgado de Letras Penal, una vez al mes.-TERCERO: Declarar Sin Lugar el Sobreseimiento Definitivo solicitado por la apoderada defensora. (Folios 79-83 vuelto de la pieza del A-quo) 3) La Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Sarah Janeth Aguilar Cruz, en su condición de defensora privada del señor Carlos José Rosenthal Hidalgo, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede. En la celebración de la audiencia Ad-Hoc que inició en fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho y finalizó en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, resolvió: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), contentivo del auto de formal procesamiento dictado contra CARLOS JOSÉ ROSENTHAL HIDALGO por suponerlo responsable del delito de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de JEANETTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS.-SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución venida en apelación. (Folios 19-28 vuelto de la pieza del Ad-Quem) 4) Que la recurrente, Abogada Sarah Janeth Aguilar Cruz, compareció ante este Tribunal en fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor Carlos José Rosenthal Hidalgo, afirmando que la decisión del Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 76, 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sarah Janeth Aguilar Cruz, en su condición antes indicada, ordenándosele estarse a lo dispuesto en el auto de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve (f-26), recaído en el recurso de mérito, relativo a la solicitud de suspensión del acto reclamado, asimismo, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la Resolución dictada en fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS JOSE ROSENTHAL HIDALGO por suponerlo responsable del delito de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de la señora JEANETTTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS. CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente, en la formalización de la Acción de Amparo, en el acápite de la relación de hechos que motivan su petición, expone: Que su representado estuvo cumpliendo con la pensión alimenticia señalada para sus hijos y la señora JEANETTTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS. En fecha 14 de agosto del año 2009, pese a la sentencia del Juzgado de Letras Primero de Familia del departamento de Cortés, aumento la pensión de VEINTICICO MIL LEMPIRAS (L. 25.000.00), que corresponde a DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00) para sus hijos y SEIS MIL LEMPIRAS (L.6,000.00) para la señora ENAMORADO IGLESIAS, a TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 35.000.00), esta modificación de que fue objeto el fallo inicial, no hace mención alguna de que cantidad le corresponde a la señora ENAMORADO IGLESIAS, siendo más bien categórica al establecer que dicha pensión sería pagada mientras los menores alcancen su mayoría de edad, salvo que no hubiesen culminado sus estudios superiores iniciados durante su minoría de edad o que fuesen o resultaren inválidos, es decir que esta modificación no determinó ninguna obligación alimentaría, a cargo de mi defendido en relación con su ex esposa JEANETTTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS, quien consintió esta Resolución y por sus representantes procesales que jamás se opusieron a esta modificación, con lo cual se entiende que la demandante aceptó dicha disposición aun cuando la nueva pensión alimenticia acordada judicialmente, no incluye ninguna cantidad a favor de la señora ENAMORADO IGLESIAS. CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente expone que en fecha 10 de octubre del año 2017, el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortes, dictó Sentencia declarando suspendida la pensión alimenticia antes detallada, en vista que los jóvenes alcanzaron la mayoría de edad, y culminaron sus estudios universitarios y después obtuvieron empleo y se mantienen al frente de sus respectivos trabajos. CONSIDERNDO; (6) Que la amparista manifiesta que cuando la señora ENAMORADO IGLESIAS se enteró de la decisión judicial de suspensión de la obligación de otorgar pensiones alimenticias, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial de la Mujer, denunciando “que estaba siendo desalojada del lugar donde habita, en vista de que el señor CARLOS JOSE ROSENTHAL HIDALGO, se negó a seguir pagando la vivienda y que desde el año 2009, dejó de pagar la suma de SEIS MIL LEMPIRAS (L.6000.00), que establece la Sentencia de Divorcio por Mutuo Consentimiento antes de ser modificada; señalando que el dato manifestado por la denunciante corresponde al año en que se dictó la Sentencia de modificación de pensión alimenticia por aumento, fecha en que no interpuso ninguna denuncia, señalando que la sentencia de fecha 14 de agosto del año 2009, no incluyó más la obligación de SEIS ML LEMPIRAS (L.6,000.00) que originalmente tuvo la Sentencia Definitiva dictada en la solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento, enfatizando que la sentencia de modificación de pensión alimenticia no incluyó ninguna obligación alimenticia del recurrente para con su exesposa JEANETTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS. CONSIDERANDO: (7) Que la impetrante manifiesta que el Ad Quem dejó de apreciar el contenido de la Sentencia de Modificación de Pensión Alimenticia de fecha 14 de agosto del año 2009, por lo que se han violentado: el Derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90; el Derecho de Defensa, el Derecho de acceder a los Tribunales de Justicia artículo 82; Derecho al Honor y a la Propia Imagen artículo 76; Derecho de Presunción de Inocencia artículo 89, todos de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: (8) Que la Corte de Apelaciones, expone de manera clara y detallada los agravios invocados por el apelante y la contestación a los mismos, así como el análisis de la prueba sometida al contradictorio, la valoración y razonamiento del valor concedido a dichos medios de prueba. Es así como el Ad Quem concluye que el imputado había sido requerido y tenía conocimiento fehaciente desde mucho antes que estaba obligado a pagar la pensión alimenticia referente a su ex cónyuge y que la misma tenía que ejecutarla, por lo tanto, el Ad Quem estimó que existe dolo, por parte del señor ROSENTHAL, que no es más que la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo del delito. El Artículo 177 del Código Penal establece: “Quien, estando obligado legalmente, o en virtud de sentencia firme, después de haber sido requerido fehacientemente, dejare sin justa causa de proveer a la subsistencia del cónyuge, de los hijos menores de 21 años o del pupilo bajo su guarda, será sancionado con reclusión de uno a tres años”. Sigue diciendo: “En suma el tipo en análisis se configura cuando el agente intencionalmente omita su obligación de prestar alimentos establecidos en una resolución judicial como pensión alimenticia, después de agotar un proceso sumario de alimentos. (Salinas)”. CONSIDERANDO: (9) Que el Ad Quem deja establecido en su Resolución que el bien jurídico protegido en este delito es la familia y específicamente los deberes de tipo asistenciales, es así que jurisprudencialmente se ha sostenido que el comportamiento punible en esta clase de ilícitos es el de omitir la observancia de la prestación de alimentos ordenado en Resolución Judicial y el sujeto activo puede ser cualquier persona que esté judicialmente obligada a prestar una pensión alimenticia fijada previamente por Resolución Judicial. El ilícito se convierte en un delito especial pues nadie que no tenga obligación a prestar alimentos como consecuencia de una Resolución Judicial consentida, puede ser sujeto activo y el sujeto pasivo es aquella persona beneficiaria de una pensión alimenticia mensual por mandato judicial, en este caso existe la Sentencia de Divorcio que lo obliga, donde está consignada claramente la pensión alimenticia de SEIS MIL LEMPIRAS (L. 6,000.00), para la señora ENAMORADO, la que no ha sido objeto de ampliación ni de cese; no siendo posible aplicarle el hecho que se ha librado cheques hasta por la cantidad de TREITA Y OCHO MIL LEMPIRAS, cuando esas cantidades, ella las recibía por sus hijos, porque así quedó fijado en la modificación de la Sentencia cuando hubo la primera ampliación y el cese de la pensión alimenticia tampoco se le puede aplicar a ella pues la sentencia es muy clara, al establecer que el cese es únicamente para las pensiones de los menores hijos A. E. Y J. E. R. E. CONSIDERANDO: (10) Que el Ad Quem expone que al tener como base una Sentencia debe aplicarse el artículo 195 del Código Procesal Civil, relativa las Resoluciones Firmes, tal como es el caso de autos con la Sentencia de Divorcio que contiene la pensión alimenticia a favor de la señora ENAMORADO, y también según el artículo 751 del mismo código, pues tal sentencia es considerada como título de ejecución y en cuanto al requerimiento fehaciente ya esta Corte dio respuesta al mismo, y considera que efectivamente el imputado fue requerido fehacientemente y por otra parte tenía pleno conocimiento de dicha Resolución. En consecuencia, no son de recibo los agravios interpuestos por la defensa del imputado contra el Auto de Formal Procesamiento. Por todo ello Declaró Sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa, confirmando la resolución apelada. CONSIDERANDO: (11) Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 Constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 8 dispone las garantías judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del Juzgado o Tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o Tribunal superior. CONSIDERANDO: (12) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el Proceso Penal amparado constitucionalmente. CONSIDERANDO: (13) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (14) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO: (15) Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de Amparo, observando que el Ad Quem, realizó un análisis de la controversia desde sus orígenes, apreciando la primer Sentencia dictada en cuanto a la pensión alimenticia, posteriormente, en fecha 20 de agosto del año 2008, la señora JEANETTE IVONNE ENAMORADO IGLESIAS, presentó solicitud de ampliación de la pensión alimenticia, por considerar que la pensión que recibía era insuficiente, es así que el órgano jurisdiccional consecuente con la pretensión de la señora ENAMORADO IGLESIAS en fecha 14 de agosto del año 2009, modificó la sentencia definitiva, declarando con lugar la solicitud de aumento de pensión alimenticia, condenando al ahora recurrente a pagar la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL LEPIRAS (L. 35.000.00) mensuales, mientras los menores alcanzaran su mayoría de edad, salvo que no hubiesen culminado sus estudios superiores iniciados durante su minoría de edad o que fuesen o resultasen inválidos, pensión que deberá ser ajustada anualmente de acuerdo al proceso inflacionario del país, modificación de la sentencia de pensión alimenticia, que fue notificada a las partes quedando firme, en los términos antes señalados, sin que la peticionaria haya interpuesto recurso alguno contra la misma, de allí, que adquiere firmeza. CONSIDERANDO: (16) Que en la resolución impugnada no se han cumplido todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produce el atropello de éste; Lo cual ocurre en el caso sub judice, cuando el Ad Quem deja de interpretar la resolución de modificación de pensión alimenticia, declarada con lugar a favor de la peticionaria señora Enamorado Iglesias, aceptada bajo los términos señalados, sin hacer uso de la acción recursiva en el momento procesal oportuno, por lo que tal resolución adquirió firmeza. En consecuencia, procede conceder la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO: (17) Que, Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Articulo 294 del Código Procesal Penal; Artículos 195 Y 751 del Código Procesal Civil; FALLA: OTORGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por la Abogada SARA JANETH AGUILAR, a favor del señor CARLOS JOSE ROSENTHAL HIDALGO, contra la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-323-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.
[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.