Sentencia AP-322-21 — Registro 14057
Resumen
Recurso de apelación declarado con lugar interpuesto contra resolución que anula juicio oral y público, resuelve revocando medida cautelar de arresto domiciliario a favor de imputado en relación a la causa instruida contra éste, a quien se le supone responsable del delito de Homicidio y Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del cinco de octubre de dos mil veinte, emitida por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, y sobre todo lo señalado en el artículo 166 del Código Procesal Penal. Se debe de entender que para que exista la nulidad de los actos procedimentales, estos deben estar comprendidos dentro de los presupuestos del artículo antes señalado, sin que se encuentre la causal referida por el Tribunal de Sentencia, en vista que no se puede considerar como transgresión del procedimiento, el no haberse llevado a cabo la audiencia de individualización de la pena dentro de los treinta (30) días continuos después de emitida la sentencia condenatoria en juicio oral y público, referido en el artículo 342 del Código Procesal Penal.- De manera complementaria y de la lectura del artículo 342 del Código Procesal Penal, si bien se establece de forma clara el plazo para emitir la Sentencia de Individualización de la Pena, dicho artículo no refiere que consecuencia tiene la vulneración de este plazo, es decir en ningún apartado señala que esta vulneración es motivo de nulidad de la Sentencia de Condena, se señala esto, pues el artículo 165 del Código Procesal Penal es claro al establecer que la inobservancia de las normas contenidas en este Código solo producirán nulidad cuando así se establezca expresamente; se reitera que el artículo 342 del Código Procesal Penal, no contempla la nulidad como mecanismo de enmienda a la vulneración del plazo ahí contenido, por lo tanto se debe declarar sin lugar el presente Recurso de Amparo"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 342 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 166 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 342 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Tiburcio Amador Zuniga, a favor del señor Ronen Arturo Velásquez Rivera, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha (Sic) cinco de octubre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Ronen Arturo Velásquez Rivera, a quien se le supone responsable del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Abimael Andino Rodríguez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, compareció la Abogada Ada Leticia Quiroz, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, en contra del señor Ronen Arturo Velásquez Rivera, a quien se le supone responsable a título de Autor Directo del delito de Homicidio, en perjuicio de Abimael Andino Rodriguez, y por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 61-64 del antecedente) 2) El Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de enero de dos mil veinte, celebró la audiencia de juicio oral y público, mediante la cual dicho Tribunal, por unanimidad de votos, declara la culpabilidad del señor RONEN ARTURO VELASQUEZ RIVERA, en el delito de Homicidio en perjuicio de Abimael Andino Rodriguez. Se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva. (Folios 357-369 del antecedente) 3) En fecha (Sic) cinco de octubre de dos mil veinte, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, se celebró la audiencia de nulidad, mediante la cual resolvió: “…Anular la audiencia de Juicio Oral y Público realizada en fecha 15 y 16 de enero del presente año. SE SEÑALA AUDIENCIA PARA JUICIO ORAL Y PÚBLICO PARA EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) quedando en este acto convocadas las partes procesales, ordenando al funcionario correspondiente se cite a los testigos y peritos que deberán de intervenir en el presente caso; se revoca la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta al acusado y se ordena sustituir la misma, imponiéndose un arresto domiciliario con vigilancia policial, la que deberá cumplir en la dirección que debe proporcionar al Abogado Defensor, para tal efecto se deberá librar atenta nota a la Policía Nacional a efecto de darle cumplimiento al presente proveído, asimismo, notificar a través del funcionario correspondiente la presente resolución para sus efectos legales; se ordena la inmediata excarcelación del señor Ronen Arturo Velásquez Rivera, así como la carta de libertad provisional como consecuencia de la revocatoria de la prisión preventiva para la cual líbrese el oficio correspondiente al Centro Penitenciario; el compañero Edgar Crosby Lanza ha considerado ser disidente de esta resolución por lo que se le cede la palabra a efecto que establezca el motivo por el cual no comparte nuestra resolución…” (Folios 388-390 vuelto del antecedente) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Byron Larios, en su condición de Representante del Ministerio Público, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos resolvió: “…1)DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) REVOCA la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra el señor RONEN ARTURO VELÁSQUEZ RIVERA por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de ABIMAEL ANDINO RODRIGUEZ…” (Folio 468-470 del antecedente) 5) Que el recurrente, Abogado José Tiburcio Amador Zuniga, compareció ante este Tribunal en fecha doce de abril de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del señor Ronen Arturo Velásquez Rivera, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, violenta a su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado José Tiburcio Amador Zuniga, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se ha promovido garantía Constitucional de Amparo por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor del señor RONEN ARTURO VELASQUEZ RIVERA, se dirigido contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del cinco de octubre de dos mil veinte, que anula el juicio oral y publica celebrado el quince y dieciséis de enero del dos mil veinte, dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, en la causa instruida en contra del señor RONEN ARTURO VELASQUEZ RIVERA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de ABIMAEL ANDINO RODRIGUEZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al haberse declarado con lugar el Recurso de Apelación por parte de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, sin tomar en cuenta que de conformidad con el artículo 342 y 343 reformado del Código Procesal Penal, entre la primera y segunda fase del juicio oral y público, habrá un intervalo que no podrá exceder de quince (15) días continuos, no estableciendo excepción alguna la Ley para que este plazo pueda prorrogarse ni de oficio ni a petición de parte, y siendo que en este caso estaba pendiente la individualización de la pena (segunda fase), refiere que el juicio oral y público aún no ha concluido, existiendo suficientes motivos para anular la primera fase del juicio oral, al tenor de lo dispuesto en el artículo 165 numerales 3, 5, 6, 7 del Código Procesal Civil, aunado a ello se vulnera lo referido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señala también que el referido Tribunal de Alzada le violenta el debido proceso, al establecerle en la sentencia que recurre mediante esta acción de amparo, que la Ley permite que se extienda la Prisión Preventiva una vez dictada la sentencia condenatoria, lo cual argumenta que a su representado no se le ha dictado sentencia condenatoria, existiendo únicamente declaratoria de culpabilidad, ya que para que exista sentencia es indispensable de conformidad al artículo 344 del Código Procesal Penal que contenga con precisión las penas y las medidas de seguridad a que queda sujeto el reo, señalando que ese aspecto no se da en el caso de su representado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del cinco de octubre de dos mil veinte, emitida por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, y sobre todo lo señalado en el artículo 166 del Código Procesal Penal. Se debe de entender que para que exista la nulidad de los actos procedimentales, estos deben estar comprendidos dentro de los presupuestos del artículo antes señalado, sin que se encuentre la causal referida por el Tribunal de Sentencia, en vista que no se puede considerar como transgresión del procedimiento, el no haberse llevado a cabo la audiencia de individualización de la pena dentro de los treinta (30) días continuos después de emitida la sentencia condenatoria en juicio oral y público, referido en el artículo 342 del Código Procesal Penal.- De manera complementaria y de la lectura del artículo 342 del Código Procesal Penal, si bien se establece de forma clara el plazo para emitir la Sentencia de Individualización de la Pena, dicho artículo no refiere que consecuencia tiene la vulneración de este plazo, es decir en ningún apartado señala que esta vulneración es motivo de nulidad de la Sentencia de Condena, se señala esto, pues el artículo 165 del Código Procesal Penal es claro al establecer que la inobservancia de las normas contenidas en este Código solo producirán nulidad cuando así se establezca expresamente; se reitera que el artículo 342 del Código Procesal Penal, no contempla la nulidad como mecanismo de enmienda a la vulneración del plazo ahí contenido, por lo tanto se debe declarar sin lugar el presente Recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 165, 166 y 342 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: DENEGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor del señor RONEN ARTURO VELASQUEZ RIVERA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-322-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL