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Sentencia AP-29-21 — Registro 13430

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución con relación a la causa del delito de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras y por el delito de amenazas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (13): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales”, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones, que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (15): Que como podemos apreciar de todo lo dicho y actuado, la motivación de la sentencia recurrida ha resultado discordante e incongruente (por omisión), y con ello, la Alzada ha faltado al deber legal de motivación que le infunde la ley, el que no puede considerarse cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, a quien se exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha externado su voluntad de confirmar la decisión que conoció en apelación, pero para ello se ha basado en un razonamiento impropio, al censurar la aparente inexistencia de un dictamen pericial cuando esto nunca fue un hecho controvertido por las partes, quienes en sus intervenciones han dejado claramente establecida la existencia de dicho dictamen pericial identificado con el número 09489, el que han manifestado haber tenido a la vista y sobre el cual han basado sus alegaciones de fondo, constando en el acta respectiva, tanto la presentación, aceptación e incorporación, como también la valoración de dicho medio probatorio por la juez de instancia, un hecho que la Alzada parece haber ignorado o inadvertido. Esta omisión, si bien no del todo irrazonable pues como ya dijo esta Sala, el dictamen de mérito debió haber sido incorporado a los antecedentes, sí se convierte en una situación procesal irregular que menoscaba el debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental disminuido ante la falta de una motivación coherente que respalde, indubitablemente, la decisión que ha dictado el mencionado Tribunal de Apelaciones, quien incurrió en una incongruencia por omisión en su motivación al no pronunciarse sobre el fondo del asunto, por la supuesta ausencia de un medio de prueba cuya existencia no fue objetada ni discutida por las partes y tampoco establecida por la juez A Quo ante quien el mismo fue exhibido como ella misma lo hizo constar en su resolución. CONSIDERANDO (16): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para decidir el otorgamiento de la garantía de amparo a favor del Estado, al advertirse vulneración de la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una motivación incongruente derivada de error, situación que debe ser corregida por la misma Alzada, la que, en restitución del derecho vulnerado, deberá proceder a dictar una nueva resolución mediante la que se subsane el error de motivación que ha sido advertido por esta Sala, emitiendo su pronunciamiento sobre el fondo incluyendo la valoración del precitado dictamen exhibido y presentado como medio de prueba en el proceso penal que nos ocupa.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor Alcides Aranda Torres, por suponerlo responsable del delito de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y por el delito de Amenazas, en perjuicio de Hilario Ulloa Gómez. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada Kenia Yaquelin Rivera, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando acusación contra el señor Alcides Aranda Torres, por suponerlo responsable del delito de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y por el delito de Amenazas, en perjuicio de Hilario Ulloa Gómez. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en la celebración de la audiencia inicial resolvió: “…PRIMERO: Decretar contra el imputado ALCIDES ARANDA TORRES una DECLARATORIA DE REO por el delito de POSESIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Mismo que deberá recibir charlas en el Programa Municipal de la Infancia Adolescencia y Juventud, “CONVIDA” en la Municipalidad de esta ciudad de Siguatepeque, para lo cual líbrese el oficio correspondiente. SEGUNDO: Se decreta a favor del imputado ALCIDES ARANDA TORRES un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de AMENAZAS en perjuicio de HILARIO ULLOA GÓMEZ. TERCERO: Se declara SIN LUGAR lo peticionado por la señora fiscal en cuanto a que se decrete un auto de formal procesamiento por ambos delitos y la prisión preventiva. CUARTO: Líbrese oficio a la policía nacional preventiva a fin de que se deje en inmediata libertad al imputado ALCIDES ARANDA TORRES por lo anteriormente expuesto. QUINTO: Todo lo anterior con fundamento en los artículos: 295, 297 numeral 2) del Código Procesal Penal.” (Folios 29-35 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Ana Patricia Medina Meléndez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en numeral anterior, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual falló:. “... PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ANA PATRICIA MEDINA MELÉNDEZ en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, fe fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve. -SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN de que se ha hecho mención en el acápite primero…”. (Folios 11-15 del expediente del Ad-quem). 4) Que la recurrente, Abogada Sussy G. Coello García, compareció ante este Tribunal en fecha once de enero de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sussy G. Coello García, en su condición antes indicada, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del Estado de Honduras, la resolución dictada por la referida Corte de Alzada, que en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), resolvió declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en la causa que se instruye contra el mencionado señor ARANDA TORRES. La sentencia de la Alzada confirmó una declaratoria de reo dictada en contra del citado imputado por el delito de POSESIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGAS, delito que no contempla pena privativa de la libertad y el cual fue calificado por la juez A Quo una vez apreciados los elementos probatorios incorporados en el proceso de conformidad con la ley. ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que, para justificar la garantía de amparo invocada, la impetrante señaló un error en la motivación de la resolución pronunciada por el Tribunal de Alzada, derivado de la ausencia de valoración de un medio probatorio aportado e incorporado en el proceso, identificado como un dictamen pericial con número de registro 09489. El dictamen consistió en un estudio químico toxicológico mediante el cual se concluyó que la evidencia decomisada resultó ser 18.6 gramos de marihuana. La impetrante señaló que la Alzada concluyó que en el proceso no se presentó el estudio toxicológico de la droga decomisada, por cuanto así lo estableció en el numeral tercero de la motivación de su fallo, señalando que dicho dictamen no se encontró agregado al expediente de mérito, con lo cual no podía establecerse, ni la cantidad decomisada ni si la misma era o no una sustancia psicotrópica prohibida. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (8): Que la Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (9): Que la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala a su vez ha puntualizado que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO (11): Que examinando el fallo recurrido, en lo que respecta a su motivación, se observa que, efectivamente, como lo ha señalado la impetrante, la Corte de Apelaciones denunciada ha omitido la valoración de un medio de prueba aportado en el proceso por parte del Ministerio Público, consistente en un dictamen pericial, el cual, de acuerdo con el examen de las actuaciones del proceso, fue presentado y admitido en la audiencia inicial por parte de la juez de instancia, la cual ordenó su evacuación, siendo el mismo contradicho por las partes, tal y como corresponde de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (12): Que en descargo del Tribunal de Alzada, sí logra observarse que el referido dictamen no se encuentra incorporado físicamente al expediente judicial, y no se aprecia que se haya dado razón alguna para esta aparente exclusión, sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 245 del Código Procesal Penal dispone que, en la etapa preparatoria, el informe pericial se rendirá por escrito, sin perjuicio de que el perito pueda ser requerido para aclararlo o completarlo personalmente o también por escrito, por lo que esta Sala considera que dicho dictamen debió correr incorporado al respectivo expediente judicial. No obstante, del estudio de los antecedentes puede concluirse que la existencia de dicho dictamen es inobjetable, pues se advierte de lo actuado que el dictamen pericial fue exhibido en audiencia y así consta de la simple lectura del acta respectiva. El medio de prueba también fue objeto de análisis por las partes en sus alegatos, y también se hizo referencia al mismo en la fundamentación y motivación de la resolución que dictó la juez A Quo. Adicionalmente, el dictamen fue mencionado como parte de los agravios presentados por el Ministerio Público ante la Alzada e inclusive en la contestación a los mismos por parte de la defensa del imputado. Más relevante resulta ser el hecho que la existencia del referido medio de prueba no fue ni ha sido un hecho controvertido en el proceso, según se advierte de todas estas actuaciones, por cuanto del acta consta que el mismo fue exhibido tanto a la juez como a la defensa, y que por ende, fue objeto de valoración y de contradicción, como ya queda dicho, y esto más este elemento probatorio, fue determinante tanto para la decisión de la juzgadora como para que las partes formularan sus alegaciones, y es por tal razón que el razonamiento de la Alzada en cuanto a la supuesta inexistencia de dicho medio probatorio es erróneo. CONSIDERANDO (13): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales”, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[3] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[4]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (15): Que como podemos apreciar de todo lo dicho y actuado, la motivación de la sentencia recurrida ha resultado discordante e incongruente (por omisión), y con ello, la Alzada ha faltado al deber legal de motivación que le infunde la ley, el que no puede considerarse cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, a quien se exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[5]. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha externado su voluntad de confirmar la decisión que conoció en apelación, pero para ello se ha basado en un razonamiento impropio, al censurar la aparente inexistencia de un dictamen pericial cuando esto nunca fue un hecho controvertido por las partes, quienes en sus intervenciones han dejado claramente establecida la existencia de dicho dictamen pericial identificado con el número 09489, el que han manifestado haber tenido a la vista y sobre el cual han basado sus alegaciones de fondo, constando en el acta respectiva, tanto la presentación, aceptación e incorporación, como también la valoración de dicho medio probatorio por la juez de instancia, un hecho que la Alzada parece haber ignorado o inadvertido. Esta omisión, si bien no del todo irrazonable pues como ya dijo esta Sala, el dictamen de mérito debió haber sido incorporado a los antecedentes, sí se convierte en una situación procesal irregular que menoscaba el debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental disminuido ante la falta de una motivación coherente que respalde, indubitablemente, la decisión que ha dictado el mencionado Tribunal de Apelaciones, quien incurrió en una incongruencia por omisión en su motivación al no pronunciarse sobre el fondo del asunto, por la supuesta ausencia de un medio de prueba cuya existencia no fue objetada ni discutida por las partes y tampoco establecida por la juez A Quo ante quien el mismo fue exhibido como ella misma lo hizo constar en su resolución. CONSIDERANDO (16): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para decidir el otorgamiento de la garantía de amparo a favor del Estado, al advertirse vulneración de la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una motivación incongruente derivada de error, situación que debe ser corregida por la misma Alzada, la que, en restitución del derecho vulnerado, deberá proceder a dictar una nueva resolución mediante la que se subsane el error de motivación que ha sido advertido por esta Sala, emitiendo su pronunciamiento sobre el fondo incluyendo la valoración del precitado dictamen exhibido y presentado como medio de prueba en el proceso penal que nos ocupa. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0029-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11

[2] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pág. 56

[3] AP 259-12; AAC-802-14;

[4] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Págs. 54-55

[5] Así, PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012