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Sentencia AP-287-20 — Registro 13900

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación contra actuaciones dictadas por juzgado de primera instancia, revocó el sobreseimiento definitivo y ordena se decrete auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable a título de autor directo del delito de otros fraudes en perjuicio de CRM Motorshop S de R L; El Tribunal de Apelaciones considera que existen elementos típicos del delito de estafa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el Auto Acordado emitido mediante circular número 6 de fecha 3 de mayo del 2001 por la Corte Suprema de Justicia en sesión celebrada el día Lunes 23 de Abril de ese año, reforma el Auto Acordado emitido mediante Circular No.5 de fecha 25 de marzo de 1991, en su motivación dice: “PRIMERO:…; SEGUNDO: En el caso de que el Juez llegue a la conclusión de que la conducta por la cual se procede no es constitutiva de delito y de que lo que se trata es de un diferendo meramente civil, caso en el cual no hay merito para decretar un Auto de prisión, lo que procede es que se sobresea la causa, por ejemplo, en el caso de que se acuse a una persona atribuyéndole el delito de estafa, y de la prueba vertida se desprende, de manera clara e incontrovertible, que el indiciado en lo que ha ocurrido es en el cumplimiento de una obligación..."..."De acuerdo con el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso para utilizar a falta de otros menos lesivos..."..."los motivos por los que busca Justicia Constitucional el recurrente son de recibo, observando la Sala que la resolución del Ad-Quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del Debido Proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela Judicial Efectiva, en ese sentido debe Otorgarse el Amparo y dirimirse a la Justicia Civil el Proceso y sus Antecedentes..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), en relación a la causa instruida contra el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable de los delitos de OTROS FRAUDES, en perjuicio de la SOCIEDAD MERCANTIL CRM MOTORSHOP, S DE R.L.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 82, 305, y 331 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019),compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable a titulo de autor directo de la comisión del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de La Empresa CRM MOTOR SHOP S de R. L, representada por el señor CRISTOBAL REYES MEJIA.- (Folios 1 al 11 de los antecedentes).-2) Que en fecha Audiencia Inicial que dio inicio en fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019) habiendo concluido en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: SOBRESEER DEFINITIVAMENTE, a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA EMPRESA CRM MOTOR SHOP S DE R.L representada por el señor CRISTÓBAL REYES MEJÍA”.(Folios 490 al 498 de los antecedentes).-3) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: 1) Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el ente Fiscal y el acusador privado.- 2) REVOCAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor de JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por el delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA EMPRESA CRM MOTORSHOP S DE R.L.- 3) Que se decrete el Auto de Formal procesamiento.-(Folios 542 al 548 de los antecedentes).-4) El recurrente abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 305, y 331 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra las actuaciones de JUZGADO DE LETRAS PENAL de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de la sociedad mercantil CRM MOTORSHOP, S. de R.L.,.-CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente, en la formalización de acción, en el párrafo de la relación de los hechos que motivan la acción de amparo, manifiesta que: “ASICA INTERNATIONAL, S.A., por medio de su representante legal JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, suscribió un Contrato el día dieciséis de septiembre del año dos mil quince, con la sociedad mercantil CRM MOTORSHOP, S. de R.L., que consistió en la venta de derecho de uso y capacitación para la implementación del sistema INFOSWEB; indicando que no es la instalación de equipo alguno, ya que la implementación deberá de realizarse a la maquinaria que cuenta la sociedad compradora del servicio; entre las condiciones en que los contratantes se sometieron, está lo estatuido en el numeral 1.12 en el acápite de DATOS, que refiere: “EL CLIENTE entiende que la información o datos a utilizar dentro del sistema INFOSWEB, son de su propiedad y por tanto su responsabilidad, de tal manera ASICA no podrá modificar o adicionar información sin previa autorización por escrito de EL CLIENTE, desligando cualquier responsabilidad a ASICA sobre el impacto que dichos cambios pueda ocasionar a su información.”-CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente además expone que en el contrato firmado está el acápite RESOLUICIÓN DE CONFLICTOS, que reza: “Cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, aplicación y/o ejecución del contrato, se resolverá por trato directo entre la ASICA y el CLIENTE, en caso de no ser posible un acuerdo entre las partes en el trato directo, ambas partes se someten a lo prescrito por la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables al caso. Además, las partes pactaron que, en caso de presentarse controversia entre las partes, estas pactan someterse al procedimiento de arbitraje de acuerdo con lo establecido en el decreto 1-61-2000, contentivo de la Ley de Conciliación y Arbitraje, específicamente en el centro de conciliación y arbitraje dirigido por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.”-CONSIDERANDO: (6) Que el impetrante manifiesta que la resolución impugnada quebranta derechos constitucionales de su representado, contenidos en los artículos: 64 referido a que “No se aplicarán Leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”; el artículo 82 del Derecho a la Defensa. Artículo 305 con relación a que “los jueces y Magistrados, no podrán dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”. Artículo 331 que contiene” la garantía y fomento por parte del Estado, las libertades, de consumo, ahorro e inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa y cualquiera otra que emanen de los principios que forma la Constitución”. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social, ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública-.-CONSIDERANDO: (7) Que la Corte de Apelaciones impugnada, en el párrafo de la Motivación detalla la audiencia inicial realizada ante el A quo, señalando los medios de prueba mediante los cuales se acredita que si bien es cierto se dieron las capacitaciones el programa siempre tiró error lo que ocasionó pérdidas a la empresa, con todo ello el Ad Quem encuentra que se dan los elementos típicos del delito de Estafa, por consiguiente declaró con lugar el recurso de apelación y revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el A quo.-CONSIDERANDO:(8) Que en fecha dieciséis de septiembre del dos mil quince, el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELÍ, en representación de la sociedad mercantil ASICA INTERNACIONAL, S.A.,DE C.V., y el señor CRISTOBAL REYES MEJIA, en representación de CRM MOTORSHOP, S de R.L., suscribieron un contrato DONDE SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que consiste en el licenciamiento, instalación e implementación de los sistemas descritos en el numeral 1.2 denominado SISTEMA INFOSWEB, además contiene las condiciones plazo y su prorroga, penalización a las partes en caso en caso de una eventual negligencia por parte ya sea de ASICA o de CRM MOTORSHOP, S DE R.L. En el numeral 14 Letra a) se establece: “Que cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, aplicación y/o ejecución del contrato se resolverá por trato directo entre ASICA y el cliente, en el caso de no ser posible un acuerdo entre las partes en el trato directo, ambas partes se someten a lo prescrito por la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables del caso. Las partes pactan que al presentarse controversias se someterán al procedimiento de arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1- 61-2000 contentivo de la Ley de Conflictos y Arbitraje, específicamente en el Centro de Conciliación y Arbitraje, dirigido por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa”. (las negritas son nuestras).-CONSIDERANDO: (9) Que el Código Civil en su artículo 1539 dispone: “Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Para que exista el contrato es preciso que se den los siguientes requisitos 1) consentimiento de los contratantes. 2) Objeto cierto que sea materia del contrato. 3) Causa de la obligación que se establezca; Tal como lo establece el artículo 1553 del mismo cuerpo legal. En el caso objeto de estudio se aprecia que, en el contrato suscrito por las partes en conflicto, el consentimiento se cumple por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha de constituir el contrato. Consentimiento que se considera válido por haberse celebrado entre personas que son legalmente capaces, sin que exista el mínimo indicio de que alguno de los contratantes haya caído en error, o haya existido violencia o intimidación o dolo; así como que hay un objeto lícito de contratación. De igual manera la ley establece la causa de los contratos, en los contratos onerosos la causa se entiende para cada contratante, sea la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, todo ello de acuerdo lo establecido en los artículos 1553, 1554, 1556,1562 y 1569 del mismo Código Civil.-CONSIDERANDO: (10) Que el Auto Acordado emitido mediante circular número 6 de fecha 3 de mayo del 2001 por la Corte Suprema de Justicia en sesión celebrada el día Lunes 23 de Abril de ese año, reforma el Auto Acordado emitido mediante Circular No.5 de fecha 25 de marzo de 1991, en su motivación dice: “PRIMERO:…; SEGUNDO: En el caso de que el Juez llegue a la conclusión de que la conducta por la cual se procede no es constitutiva de delito y de que lo que se trata es de un diferendo meramente civil, caso en el cual no hay merito para decretar un Auto de prisión, lo que procede es que se sobresea la causa, por ejemplo, en el caso de que se acuse a una persona atribuyéndole el delito de estafa, y de la prueba vertida se desprende, de manera clara e incontrovertible, que el indiciado en lo que ha ocurrido es en el cumplimiento de una obligación. De lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”.-CONSIDERANDO:(11) Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es qué si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas, así las cosas, ¿si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo con el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso para utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos (El subrayado es nuestro).-CONSIDERANDO: (12) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (13) Que de acuerdo a lo antes expuesto los motivos por los que busca Justicia Constitucional el recurrente son de recibo, observando la Sala que la resolución del Ad-Quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del Debido Proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela Judicial Efectiva, en ese sentido debe Otorgarse el Amparo y dirimirse a la Justicia Civil el Proceso y sus Antecedentes.-CONSIDERANDO: (14) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELÁSQUEZ, a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve. SEGUNDO: Que se dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0287-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), en relación a la causa instruida contra el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable de los delitos de OTROS FRAUDES, en perjuicio de la SOCIEDAD MERCANTIL CRM MOTORSHOP, S DE R.L.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 82, 305, y 331 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019),compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable a titulo de autor directo de la comisión del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de La Empresa CRM MOTOR SHOP S de R. L, representada por el señor CRISTOBAL REYES MEJIA.- (Folios 1 al 11 de los antecedentes).-2) Que en fecha Audiencia Inicial que dio inicio en fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019) habiendo concluido en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: SOBRESEER DEFINITIVAMENTE, a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA EMPRESA CRM MOTOR SHOP S DE R.L representada por el señor CRISTÓBAL REYES MEJÍA”.(Folios 490 al 498 de los antecedentes).-3) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: 1) Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el ente Fiscal y el acusador privado.- 2) REVOCAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor de JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por el delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA EMPRESA CRM MOTORSHOP S DE R.L.- 3) Que se decrete el Auto de Formal procesamiento.-(Folios 542 al 548 de los antecedentes).-4) El recurrente abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 305, y 331 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra las actuaciones de JUZGADO DE LETRAS PENAL de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, por suponerlo responsable del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio de la sociedad mercantil CRM MOTORSHOP, S. de R.L.,.-CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente, en la formalización de acción, en el párrafo de la relación de los hechos que motivan la acción de amparo, manifiesta que: “ASICA INTERNATIONAL, S.A., por medio de su representante legal JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, suscribió un Contrato el día dieciséis de septiembre del año dos mil quince, con la sociedad mercantil CRM MOTORSHOP, S. de R.L., que consistió en la venta de derecho de uso y capacitación para la implementación del sistema INFOSWEB; indicando que no es la instalación de equipo alguno, ya que la implementación deberá de realizarse a la maquinaria que cuenta la sociedad compradora del servicio; entre las condiciones en que los contratantes se sometieron, está lo estatuido en el numeral 1.12 en el acápite de DATOS, que refiere: “EL CLIENTE entiende que la información o datos a utilizar dentro del sistema INFOSWEB, son de su propiedad y por tanto su responsabilidad, de tal manera ASICA no podrá modificar o adicionar información sin previa autorización por escrito de EL CLIENTE, desligando cualquier responsabilidad a ASICA sobre el impacto que dichos cambios pueda ocasionar a su información.”-CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente además expone que en el contrato firmado está el acápite RESOLUICIÓN DE CONFLICTOS, que reza: “Cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, aplicación y/o ejecución del contrato, se resolverá por trato directo entre la ASICA y el CLIENTE, en caso de no ser posible un acuerdo entre las partes en el trato directo, ambas partes se someten a lo prescrito por la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables al caso. Además, las partes pactaron que, en caso de presentarse controversia entre las partes, estas pactan someterse al procedimiento de arbitraje de acuerdo con lo establecido en el decreto 1-61-2000, contentivo de la Ley de Conciliación y Arbitraje, específicamente en el centro de conciliación y arbitraje dirigido por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.”-CONSIDERANDO: (6) Que el impetrante manifiesta que la resolución impugnada quebranta derechos constitucionales de su representado, contenidos en los artículos: 64 referido a que “No se aplicarán Leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”; el artículo 82 del Derecho a la Defensa. Artículo 305 con relación a que “los jueces y Magistrados, no podrán dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”. Artículo 331 que contiene” la garantía y fomento por parte del Estado, las libertades, de consumo, ahorro e inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa y cualquiera otra que emanen de los principios que forma la Constitución”. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social, ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública-.-CONSIDERANDO: (7) Que la Corte de Apelaciones impugnada, en el párrafo de la Motivación detalla la audiencia inicial realizada ante el A quo, señalando los medios de prueba mediante los cuales se acredita que si bien es cierto se dieron las capacitaciones el programa siempre tiró error lo que ocasionó pérdidas a la empresa, con todo ello el Ad Quem encuentra que se dan los elementos típicos del delito de Estafa, por consiguiente declaró con lugar el recurso de apelación y revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el A quo.-CONSIDERANDO:(8) Que en fecha dieciséis de septiembre del dos mil quince, el señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELÍ, en representación de la sociedad mercantil ASICA INTERNACIONAL, S.A.,DE C.V., y el señor CRISTOBAL REYES MEJIA, en representación de CRM MOTORSHOP, S de R.L., suscribieron un contrato DONDE SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que consiste en el licenciamiento, instalación e implementación de los sistemas descritos en el numeral 1.2 denominado SISTEMA INFOSWEB, además contiene las condiciones plazo y su prorroga, penalización a las partes en caso en caso de una eventual negligencia por parte ya sea de ASICA o de CRM MOTORSHOP, S DE R.L. En el numeral 14 Letra a) se establece: “Que cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación, aplicación y/o ejecución del contrato se resolverá por trato directo entre ASICA y el cliente, en el caso de no ser posible un acuerdo entre las partes en el trato directo, ambas partes se someten a lo prescrito por la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables del caso. Las partes pactan que al presentarse controversias se someterán al procedimiento de arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1- 61-2000 contentivo de la Ley de Conflictos y Arbitraje, específicamente en el Centro de Conciliación y Arbitraje, dirigido por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa”. (las negritas son nuestras).-CONSIDERANDO: (9) Que el Código Civil en su artículo 1539 dispone: “Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Para que exista el contrato es preciso que se den los siguientes requisitos 1) consentimiento de los contratantes. 2) Objeto cierto que sea materia del contrato. 3) Causa de la obligación que se establezca; Tal como lo establece el artículo 1553 del mismo cuerpo legal. En el caso objeto de estudio se aprecia que, en el contrato suscrito por las partes en conflicto, el consentimiento se cumple por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha de constituir el contrato. Consentimiento que se considera válido por haberse celebrado entre personas que son legalmente capaces, sin que exista el mínimo indicio de que alguno de los contratantes haya caído en error, o haya existido violencia o intimidación o dolo; así como que hay un objeto lícito de contratación. De igual manera la ley establece la causa de los contratos, en los contratos onerosos la causa se entiende para cada contratante, sea la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, todo ello de acuerdo lo establecido en los artículos 1553, 1554, 1556,1562 y 1569 del mismo Código Civil.-CONSIDERANDO: (10) Que el Auto Acordado emitido mediante circular número 6 de fecha 3 de mayo del 2001 por la Corte Suprema de Justicia en sesión celebrada el día Lunes 23 de Abril de ese año, reforma el Auto Acordado emitido mediante Circular No.5 de fecha 25 de marzo de 1991, en su motivación dice: “PRIMERO:…; SEGUNDO: En el caso de que el Juez llegue a la conclusión de que la conducta por la cual se procede no es constitutiva de delito y de que lo que se trata es de un diferendo meramente civil, caso en el cual no hay merito para decretar un Auto de prisión, lo que procede es que se sobresea la causa, por ejemplo, en el caso de que se acuse a una persona atribuyéndole el delito de estafa, y de la prueba vertida se desprende, de manera clara e incontrovertible, que el indiciado en lo que ha ocurrido es en el cumplimiento de una obligación. De lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”.-CONSIDERANDO:(11) Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es qué si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas, así las cosas, ¿si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo con el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso para utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos (El subrayado es nuestro).-CONSIDERANDO: (12) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (13) Que de acuerdo a lo antes expuesto los motivos por los que busca Justicia Constitucional el recurrente son de recibo, observando la Sala que la resolución del Ad-Quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del Debido Proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela Judicial Efectiva, en ese sentido debe Otorgarse el Amparo y dirimirse a la Justicia Civil el Proceso y sus Antecedentes.-CONSIDERANDO: (14) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELÁSQUEZ, a favor del señor JORGE ENRIQUE POHL OQUELI, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve. SEGUNDO: Que se dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0287-2020.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL