Sentencia AP-261-21 — Registro 13064
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo con relación a la causa instruida por el delito de daños. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 232 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Oscar Orlando Maldonado Santamaría, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Ronnel Edgardo Madrid Alas por suponerlo responsable del delito de Daños en perjuicio de la señora Linda Green Leiva. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 232 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, el Abogado Oscar Orlando Maldonado Santamaría, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, argumentando el recurrente que, dicha resolución le vulnera a su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 232 de la Constitución de la República. (Folios 1-2 vuelto del antecedente) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha once de marzo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Otorgando la Garantía de Amparo, interpuesta por el Abogado OSCAR ORLANDO MALDONADO SANTAMARÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, por las razones que se han dejado establecidas. SEGUNDO: El auto impugnado resulta inaplicable, de tal manera que el juez debe dictar uno nuevo con acopio a los argumentos de esta Corte. TERCERO: Que se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia para el cumplimiento de lo resuelto. Y MANDA: Que se remita en consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia dictada por este Tribunal. -NOTIFIQUESE. (Folios 9-15 del antecedente) 3) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Oscar Orlando Maldonado Santamaría, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Ronnel Edgardo Madrid Alas por suponerlo responsable del delito de Daños en perjuicio de la señora Linda Green Leiva. CONSIDERANDO (6): Que el recurso de Amparo, se dirige contra la resolución judicial de fecha veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 90 y 232 de la Constitución de la República. Los argumentos señalados por el recurrente en contra de la resolución impugnada estriban en que, el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copan, inadmitió a tramite el Requerimiento Fiscal presentado por el Abogado RAFAEL ANTONIO BELTRAND RODRIGUEZ, en representación de la Señora LINDA GREEN LEIVA y por ende en defensa de los intereses generales de la sociedad, causa incoada contra el señor RONNEL EDGARDO MADRID ALAS, por la comisión de daños, situación que se traduce en una violación al derecho de la Tutela Judicial Efectiva y a la función del Ministerio Publico en su accionar como ente encargado de ejercer la función del Ministerio publico en su accionar como ente encargado de ejercer la acción pública en defensa de los intereses de la sociedad. CONSIDERANDO (7): Que por su parte, Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Oscar Orlando Maldonado Santamaría, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, determinó que procedía amparar al agraviado en tanto que (sic) : “A pesar de ser lacónica en su exposición el actor, a nuestro criterio consideramos que lo manifestado por su parte es suficiente para enterarnos de lo ocurrido en la primera instancia como también para advertir la vulneración al Derecho de Acceso a los Tribunales o Tutela Judicial Efectiva que ha sido objeto el Ministerio Publico; consecuentemente se violentó el Debido Proceso, al impedirle al Representante del Ministerio Publico, ser escuchado y realizar sus planteamientos y peticiones dentro de un juicio; los cuales el A-Quo, debía escuchar en audiencia y necesariamente llevar al contradictorio, para mantener incólumes los principios de igualdad y contradicción, para una vez hechos los pronunciamientos respectivos en doble vía, resolver lo que conforme a derecho corresponda. Pero, nada de eso ocurrió en virtud de haberse adoptado la decisión errónea de inadmitir de plano el Requerimiento Fiscal presentado por el Ministerio Publico, sin permitir el derecho de acceso a los tribunales que constitucionalmente merece. El derecho de acceso a la justicia garantiza que las personas puedan acudir a los tribunales a reclamar que se protejan sus derechos sin importar su estatus económico, social, político, migratorio, racial, étnico, o de su filiación religiosa, identidad de género y orientación sexual. El derecho de acceso a los tribunales es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática, participativa e igualitaria. Es el derecho que tienen todas las personas a utilizar sus herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos. En virtud del Principio Pro Actione, tanto el Juez o el Tribunal como el secretario, deben velar para que se ordene admitir a trámite los planteamientos de las partes, y en caso de no cumplir requisitos formales mandar a subsanar; ya admitido, dentro del proceso, después de escuchadas las partes, se tome la decisión que conforme a derecho corresponda. Hacerlo antes, sin permitirle a las partes brindar y escuchar sus exposiciones, como al contradictorio de las mismas, es violatorio al derecho de acceso a la justicia y consecuencialmente al debido proceso. CUARTO: La garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes constituidas en un procedimiento judicial, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduzca a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo, dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada a sus pretensiones, al derecho a recurrir las resoluciones judiciales, etc. Todo el contenido del desarrollo de lo que es el debido proceso conforme lo previsto anteriormente, fue vulnerado por la decisión adoptada por el A-Quo de inadmitir de plano el Requerimiento Fiscal presentado por el Agente Fiscal; vedando la posibilidad de brindar a las partes ese derecho de concurrir ante su presencia hacer los planteamientos y descargos respectivos para luego adoptar la decisión que conforme a derecho corresponda. QUINTO: Sobre la vulneración al Derecho a Constituirse como parte Acusadora, diremos: Ya nuestra norma primaria y fundamental contempla en su artículo 232, en su parte conducente establece: “El Ministerio Publico es el organismo profesional especializado, responsable de la presentación, defensa y protección de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectaria… Corresponde al Ministerio Publico el ejercicio oficioso de la Acción Penal Publica. En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la Republica y a las acciones que correspondan en su caso los particulares. Así mismo tiene el Ministerio Publico la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense” Que se haya inadmitido a trámite un Requerimiento Fiscal, de manera aislada, no es sinónimo de negativa a que el Ministerio Publico pueda constituirse como parte acusadora. La resolución impugnada cuenta con los razonamientos específicos por los cuales inadmitió a trámite el Requerimiento Fiscal, los cuales resulta inani mencionarse, y en ninguno de ellos se consigna tal circunstancia. Visto, así las cosas, son de recibo los primeros dos motivos de amparo sustentados, basados en la violación al Derecho de Acceso a los Tribunales o Tutela Judicial Efectiva, como también al Debido Proceso. Es por ello que, en el caso de mérito, estima procedente admitir la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.”
CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Oscar Orlando Maldonado Santamaría, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Ronnel Edgardo Madrid Alas por suponerlo responsable del delito de Daños en perjuicio de la señora Linda Green Leiva . Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0261=2021.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.