Sentencia AP-241-21 — Registro 13635
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra la resolución en relación a la causa instruida por el delito de robo agravado con fuerza en su grado de ejecución de tentativa inacabada. Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo al control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. En ese orden de ideas y del estudio de la foliada queda evidenciado que el A Quo violentó el Debido Proceso y por consiguiente el Principio de Legalidad al no dar estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 74 del Código Penal vigente, el cual es preciso en señalar: “Que el Órgano Jurisdiccional competente puede sustituir por detención de fin de semana, arresto domiciliario o multa, previa audiencia de las partes y en la misma sentencia o posteriormente en auto motivado antes de dar inicio a la ejecución, la pena de prisión que individualmente o sumadas con otras no supera los cinco (5) años cuando las circunstancias personales del penado, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo realizado para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de penados habituales…”. En ese sentido, la norma sustantiva es clara al estipular que el Órgano Jurisdiccional tiene que convocar a audiencia para oír a las partes procesales y verificar si se cumplen con los requisitos para el otorgamiento o no de dicho beneficio; situación que no sucedió, declarando el A Quo sin lugar de plano lo solicitado por la impetrante, quedando a la vez expuesta la falta de motivación en sus resoluciones que conlleva infracción a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68 párrafo 2do,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 74 del Código Penal vigente; Artículos 4, 8, 14 y 141 del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA en fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiunos, dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO, a favor del señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO PEREZ favor del señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, contra la resolución de fecha veinte(20) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Pernal de La Ceiba, departamento de Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO CON FUERZA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de ELOISA ARZU MIRANDA.- Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno(2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO PEREZ, interponiendo recurso de Amparo a favor del señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, contra la resolución de fecha veinte(20) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Pernal de La Ceiba, departamento de Atlántida.-Folio 01 al 03 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha dieciocho(18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida FALLÓ:PRIMERO: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO PEREZ, contra la resolución de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en la causa que se le sigue al señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO CON FUERZA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de ELOISA ARZU MIRANDA.- (Folio 94 al 98 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: (1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, mediante la cual se Otorga el Recurso de Amparo presentado contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, resolución dictada en fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO CON FUERZA EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de la señora ELOISA ARZU MIRANDA.-CONSIDERANDO (4): Que el Ad Quem, expone en la sentencia venida en Consulta en el Considerando Cuarto: “Que en primer lugar, la Juzgadora confundió los términos de Suspensión del Fallo regulada en el artículo 73 del Código Penal con el reemplazo de la pena de Prisión regulada en el artículo 74 del mismo cuerpo legal antes citado, el primero efectivamente solo puede aplicarse en las sentencias condenatorias pero la segunda opción se puede otorgar en la sentencia o posteriormente en auto motivado antes de dar inicio a la ejecución, por otro lado se aprecia que la decisión de la Juzgadora tanto para denegar inicialmente la Suspensión del Fallo como el reemplazo de la pena carecen de motivación, vulnerando con ello el Principio de Tutela Judicial Efectiva que obliga a los Órganos Jurisdiccionales a motivar sus resoluciones, pues la motivación exterioriza las razones por las cuales se toma tal decisión siendo claro el artículo 141 del Código Procesal Penal al establecer la exigencia de la motivación de las resoluciones penales y si bien la denegatoria de Suspensión del Fallo no es objeto del Recurso de Amparo, no se puede pasar por alto que la negativa de acceder a tal petición también violentó el Debido Proceso y de manera reiterativa se volvió a infringir al denegarse de plano y sin motivación alguna la petición de Reemplazo de la Pena”.-CONSIDERANDO(5): Sigue exponiendo el Ad Quem que “tanto el Principio de Legalidad y Contradicción que son parte del Debido Proceso imponen normas imperativas de procedimiento que no pueden quedar al libre albedrío del Juzgador y las partes, y si el artículo 74 del Código Penal que versa sobre el Reemplazo de la Pena, manda que para poder Substituir o Reemplazar la pena de Prisión por otras medidas alternas, esta se debe decidir previa audiencia de las partes, cuestión que la Juzgadora desatendió al resolver de plano y sin audiencia previa el rechazo de la petición de la Defensa, sin ni siquiera escuchar a la parte contraria (Ministerio Publico)”.-CONSIDERANDO(6): Que el Ad Quem también señala “Que la vulneración de un procedimiento si causa indefensión a una de las partes es nulo, y por ende tiene cabida el argumento del Amparista en cuanto a que la resolución requerida violentó el Derecho de Defensa de su representado, pues el Reemplazo de la Pena si bien es una decisión del Juez otorgarla, esta resolución debe ir precedida de una audiencia previa y esa decisión de otorgarla o inadmitirla debe ir debidamente motivada, exponiendo las razones de hecho y de derecho del porqué de su decisión”. Entiende el Ad Quem que el Reemplazo de la Pena puede ser otorgado por el Juez o Tribunal que emite la sentencia condenatoria o por el Juzgado de Ejecución, siempre que no haya dado inicio la Ejecución de la Pena pues el artículo 74 en ningún momento indica que este beneficio solo lo pueda otorgar el Órgano Jurisdiccional que emitió la Sentencia, únicamente señala “El Órgano Jurisdiccional competente…”. Pero si esta ante un beneficio también se puede otorgar posterior a la sentencia sin indicar que esta esté firme o no firme, entendiéndose que, si el Juzgado de Ejecución recibe el expediente y no ha iniciado la ejecución, también es competente para resolver tal petición. Finalmente, el Ad Quem por las razones antes expuestas procede a otorgar la Acción de Amparo por haberse violentado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa”.- CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo al control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. En ese orden de ideas y del estudio de la foliada queda evidenciado que el A Quo violentó el Debido Proceso y por consiguiente el Principio de Legalidad al no dar estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 74 del Código Penal vigente, el cual es preciso en señalar: “Que el Órgano Jurisdiccional competente puede sustituir por detención de fin de semana, arresto domiciliario o multa, previa audiencia de las partes y en la misma sentencia o posteriormente en auto motivado antes de dar inicio a la ejecución, la pena de prisión que individualmente o sumadas con otras no supera los cinco (5) años cuando las circunstancias personales del penado, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo realizado para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de penados habituales…”. En ese sentido, la norma sustantiva es clara al estipular que el Órgano Jurisdiccional tiene que convocar a audiencia para oír a las partes procesales y verificar si se cumplen con los requisitos para el otorgamiento o no de dicho beneficio; situación que no sucedió, declarando el A Quo sin lugar de plano lo solicitado por la impetrante, quedando a la vez expuesta la falta de motivación en sus resoluciones que conlleva infracción a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68 párrafo 2do,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 74 del Código Penal vigente; Artículos 4, 8, 14 y 141 del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA en fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO, a favor del señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. -NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0241-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO PEREZ favor del señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, contra la resolución de fecha veinte(20) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Pernal de La Ceiba, departamento de Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO CON FUERZA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de ELOISA ARZU MIRANDA.- Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno(2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO PEREZ, interponiendo recurso de Amparo a favor del señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, contra la resolución de fecha veinte(20) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Pernal de La Ceiba, departamento de Atlántida.-Folio 01 al 03 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha dieciocho(18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida FALLÓ:PRIMERO: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO PEREZ, contra la resolución de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en la causa que se le sigue al señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO CON FUERZA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de ELOISA ARZU MIRANDA.- (Folio 94 al 98 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: (1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, mediante la cual se Otorga el Recurso de Amparo presentado contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, resolución dictada en fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO CON FUERZA EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de la señora ELOISA ARZU MIRANDA.-CONSIDERANDO (4): Que el Ad Quem, expone en la sentencia venida en Consulta en el Considerando Cuarto: “Que en primer lugar, la Juzgadora confundió los términos de Suspensión del Fallo regulada en el artículo 73 del Código Penal con el reemplazo de la pena de Prisión regulada en el artículo 74 del mismo cuerpo legal antes citado, el primero efectivamente solo puede aplicarse en las sentencias condenatorias pero la segunda opción se puede otorgar en la sentencia o posteriormente en auto motivado antes de dar inicio a la ejecución, por otro lado se aprecia que la decisión de la Juzgadora tanto para denegar inicialmente la Suspensión del Fallo como el reemplazo de la pena carecen de motivación, vulnerando con ello el Principio de Tutela Judicial Efectiva que obliga a los Órganos Jurisdiccionales a motivar sus resoluciones, pues la motivación exterioriza las razones por las cuales se toma tal decisión siendo claro el artículo 141 del Código Procesal Penal al establecer la exigencia de la motivación de las resoluciones penales y si bien la denegatoria de Suspensión del Fallo no es objeto del Recurso de Amparo, no se puede pasar por alto que la negativa de acceder a tal petición también violentó el Debido Proceso y de manera reiterativa se volvió a infringir al denegarse de plano y sin motivación alguna la petición de Reemplazo de la Pena”.-CONSIDERANDO(5): Sigue exponiendo el Ad Quem que “tanto el Principio de Legalidad y Contradicción que son parte del Debido Proceso imponen normas imperativas de procedimiento que no pueden quedar al libre albedrío del Juzgador y las partes, y si el artículo 74 del Código Penal que versa sobre el Reemplazo de la Pena, manda que para poder Substituir o Reemplazar la pena de Prisión por otras medidas alternas, esta se debe decidir previa audiencia de las partes, cuestión que la Juzgadora desatendió al resolver de plano y sin audiencia previa el rechazo de la petición de la Defensa, sin ni siquiera escuchar a la parte contraria (Ministerio Publico)”.-CONSIDERANDO(6): Que el Ad Quem también señala “Que la vulneración de un procedimiento si causa indefensión a una de las partes es nulo, y por ende tiene cabida el argumento del Amparista en cuanto a que la resolución requerida violentó el Derecho de Defensa de su representado, pues el Reemplazo de la Pena si bien es una decisión del Juez otorgarla, esta resolución debe ir precedida de una audiencia previa y esa decisión de otorgarla o inadmitirla debe ir debidamente motivada, exponiendo las razones de hecho y de derecho del porqué de su decisión”. Entiende el Ad Quem que el Reemplazo de la Pena puede ser otorgado por el Juez o Tribunal que emite la sentencia condenatoria o por el Juzgado de Ejecución, siempre que no haya dado inicio la Ejecución de la Pena pues el artículo 74 en ningún momento indica que este beneficio solo lo pueda otorgar el Órgano Jurisdiccional que emitió la Sentencia, únicamente señala “El Órgano Jurisdiccional competente…”. Pero si esta ante un beneficio también se puede otorgar posterior a la sentencia sin indicar que esta esté firme o no firme, entendiéndose que, si el Juzgado de Ejecución recibe el expediente y no ha iniciado la ejecución, también es competente para resolver tal petición. Finalmente, el Ad Quem por las razones antes expuestas procede a otorgar la Acción de Amparo por haberse violentado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa”.- CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo al control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. En ese orden de ideas y del estudio de la foliada queda evidenciado que el A Quo violentó el Debido Proceso y por consiguiente el Principio de Legalidad al no dar estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 74 del Código Penal vigente, el cual es preciso en señalar: “Que el Órgano Jurisdiccional competente puede sustituir por detención de fin de semana, arresto domiciliario o multa, previa audiencia de las partes y en la misma sentencia o posteriormente en auto motivado antes de dar inicio a la ejecución, la pena de prisión que individualmente o sumadas con otras no supera los cinco (5) años cuando las circunstancias personales del penado, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo realizado para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de penados habituales…”. En ese sentido, la norma sustantiva es clara al estipular que el Órgano Jurisdiccional tiene que convocar a audiencia para oír a las partes procesales y verificar si se cumplen con los requisitos para el otorgamiento o no de dicho beneficio; situación que no sucedió, declarando el A Quo sin lugar de plano lo solicitado por la impetrante, quedando a la vez expuesta la falta de motivación en sus resoluciones que conlleva infracción a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68 párrafo 2do,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 74 del Código Penal vigente; Artículos 4, 8, 14 y 141 del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA en fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERLINDA CATALINA MORENO, a favor del señor JUNIOR THOMAS BODDEN LOPEZ. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. -NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0241-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL