Sentencia AP-233-21 — Registro 13431
Resumen
Se interpuso recurso contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación en relación a la causa instruida los delitos de robo continuado agravado y facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que, en el caso de autos, las argumentaciones del recurrente constituyen alegatos propios de los tribunales comunes en sus respectivas instancias, por cuanto se aleja del ámbito constitucional. Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional alegado por el recurrente.-CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor YONI JAVIER VARELA RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el diecinueve de octubre de dos mil veinte; en relación a la causa instruida contra el señor YONI JAVIER VARELA RODRIGUEZ por suponerlo responsable de los delitos de ROBO CONTINUADO AGRAVADO y FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de DONALDO CÁCERES y TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE “D” y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. -CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente censura la resolución emitida en segunda instancia, por estimar que los argumentos expresados por el Ad-Quem no están apegados a derecho, poniendo en precario el derecho constitucional a la vida e integridad física que amparan al ahora acusado, pues existe un Decreto que de manera expresa señala el derecho que tienen los privados de libertad que padecen de asma bronquial que se le apliquen medidas diferentes a la prisión preventiva y en tanto que esta enfermedad base pone de precario la salud de su representado, violentándosele además la garantía constitucional del debido proceso consistente en los derechos que tiene el acusado, tomando en consideración que se ha acreditado su padecimiento.- CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende la resolución del Ad-quem, dictada en fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual se le indica al recurrente, que la resolución impugnada está apegada a derecho, que el A-Quo en su resolución no vulnera ningún derecho ni garantía de la parte recurrente, pues de forma coherente hace una valoración sobre aspectos y circunstancias que rodean los hechos, determinando que los dictámenes presentados, no son definitivos para el diagnóstico de la enfermedad que manifiesta el peticionario que padece el privado de libertad Yoni Javier Varela, y tal como lo establece la recomendación que se realicen las diligencias respectivas por las autoridades penitenciarias para que el médico especialista en esa área de salud realice la evaluación y de forma categórica establezca si el privado de libertad adolece de asma bronquial.- CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, las argumentaciones del recurrente constituyen alegatos propios de los tribunales comunes en sus respectivas instancias, por cuanto se aleja del ámbito constitucional. Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional alegado por el recurrente.-CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 103, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 54 y 381 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor YONI JAVIER VARELA RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. – Firma y Sello Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Resolución de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0233-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor YONI JAVIER VARELA RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el diecinueve de octubre de dos mil veinte; en relación a la causa instruida contra el señor YONI JAVIER VARELA RODRIGUEZ por suponerlo responsable de los delitos de ROBO CONTINUADO AGRAVADO y FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de DONALDO CÁCERES y TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE “D” y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. -CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente censura la resolución emitida en segunda instancia, por estimar que los argumentos expresados por el Ad-Quem no están apegados a derecho, poniendo en precario el derecho constitucional a la vida e integridad física que amparan al ahora acusado, pues existe un Decreto que de manera expresa señala el derecho que tienen los privados de libertad que padecen de asma bronquial que se le apliquen medidas diferentes a la prisión preventiva y en tanto que esta enfermedad base pone de precario la salud de su representado, violentándosele además la garantía constitucional del debido proceso consistente en los derechos que tiene el acusado, tomando en consideración que se ha acreditado su padecimiento.- CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende la resolución del Ad-quem, dictada en fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual se le indica al recurrente, que la resolución impugnada está apegada a derecho, que el A-Quo en su resolución no vulnera ningún derecho ni garantía de la parte recurrente, pues de forma coherente hace una valoración sobre aspectos y circunstancias que rodean los hechos, determinando que los dictámenes presentados, no son definitivos para el diagnóstico de la enfermedad que manifiesta el peticionario que padece el privado de libertad Yoni Javier Varela, y tal como lo establece la recomendación que se realicen las diligencias respectivas por las autoridades penitenciarias para que el médico especialista en esa área de salud realice la evaluación y de forma categórica establezca si el privado de libertad adolece de asma bronquial.- CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, las argumentaciones del recurrente constituyen alegatos propios de los tribunales comunes en sus respectivas instancias, por cuanto se aleja del ámbito constitucional. Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional alegado por el recurrente.-CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 103, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 54 y 381 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor YONI JAVIER VARELA RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. – Firma y Sello Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZEL AYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Resolución de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0233-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL