Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-232-20 — Registro 14308

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación con relación a solicitud de privación definitiva del dominio de bienes propiedad de recurrente; El Tribunal de Apelaciones consideró que con los medios de prueba aportados es procedente la privación del dominio de bienes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala ha establecido ya en previas decisiones, que la valoración de elementos probatorios, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución de la República. En este aspecto, analizada que ha sido la sentencia emitida por la Alzada, se aprecia que en su decisión, ha establecido en forma precisa y razonada las consideraciones que sirvieron para determinar su fallo, indicando el Ad-Quem, en forma debidamente motivada, los presupuestos de ley en los cuales se logró enmarcar la procedencia de la privación del dominio de bienes en el presente caso, mismos que resultan acreditados de los medios probatorios aportados en el procedimiento de mérito, los cuales han sido íntegramente detallados por el Tribunal de Apelación, incorporándose en su respectiva motivación, el razonamiento jurídico que llevó a ese órgano jurisdiccional a arribar a su decisión..."..."esta Sala aprecia que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por Alzada, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ya queda dicho..."..."este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., once de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Con sus antecedentes, el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ISABELLA JAQUELINE ROSALES SÁNCHEZ a favor de los señores JESÚS WILFREDO CERNA ORDOÑEZ y NANCY JOHANA BERTETY GARAY, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA y JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL, el once de octubre de dos mil diecinueve; con relación a la solicitud de privación definitiva del dominio de bienes propiedad de los señores JESÚS WILFREDO CERNA ORDOÑEZ y NANCY JOHANA BERTETY GARAY. CONSIDERANDO: Que la recurrente sostiene que la resolución impugnada resulta violatoria, de las garantías del debido proceso, derecho de petición y derecho de defensa, todos reconocidas por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito tiene por finalidad la lucha contra la criminalidad organizada de conformidad a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y demás Instrumentos Internacionales ratificados por Honduras; así como lograr la legítima protección del interés público, en beneficio de la sociedad, el bien común y la buena fe, mediante el desapoderamiento de bienes, productos, instrumentos o ganancias, originados, obtenidos o derivados en contravención a la Ley. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la referida ley, la acción de privación definitiva del dominio de los bienes, productos, instrumentos o ganancias procederá y será declarada la privación de éstos, mediante sentencia dictada por el órgano jurisdiccional, entre otros, cuando se trate de bienes, productos, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen; cuando exista un incremento patrimonial sin justificación, en cualquier tiempo sin que se pueda explicar su origen lícito de éste y cuando en cualquier caso, el interesado o afectado no logre justificar el origen lícito del bien, producto, instrumentos o ganancias que son objeto de persecución. CONSIDERANDO: Que el ANÁLISIS PATRIMONIAL que la ley ordena que sea llevado a cabo en el procedimiento de privación de dominio, consiste en la técnica forense o el medio utilizado, para establecer si una persona tiene capacidad económica o no. Se basa en el análisis de toda la información financiera y de campo que se haya obtenido de la persona, su entorno familiar, amigos y cualquier persona relacionada con la persona. CONSIDERANDO: Que el reclamo de la recurrente se centra en que el Tribunal de Alzada al emitir su fallo, lo hizo bajo erróneas e infundadas valoraciones de pruebas aportadas por el Ministerio Público y hasta falta de valoración de medios de prueba aportados por ella en su condición de apoderada de los defendidos sin observar las reglas de la sana critica, haciendo suyas las valoraciones, así como las violaciones y omisiones realizadas por el A-quo. Cabe mencionar que esta Sala ha establecido ya en previas decisiones, que la valoración de elementos probatorios, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución de la República. En este aspecto, analizada que ha sido la sentencia emitida por la Alzada, se aprecia que en su decisión, ha establecido en forma precisa y razonada las consideraciones que sirvieron para determinar su fallo, indicando el Ad-Quem, en forma debidamente motivada, los presupuestos de ley en los cuales se logró enmarcar la procedencia de la privación del dominio de bienes en el presente caso, mismos que resultan acreditados de los medios probatorios aportados en el procedimiento de mérito, los cuales han sido íntegramente detallados por el Tribunal de Apelación, incorporándose en su respectiva motivación, el razonamiento jurídico que llevó a ese órgano jurisdiccional a arribar a su decisión. CONSIDERANDO: Que por lo anteriormente expuesto, esta Sala aprecia que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por Alzada, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ya queda dicho. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, ,3 4, 6, 8, y 11 de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ISABELLA JAQUELINE ROSALES SÁNCHEZ a favor de los señores JESÚS WILFREDO CERNA ORDOÑEZ y NANCY JOHANA BERTETY GARAY, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA y JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENZAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ISABELLA JAQUELINE ROSALES SÁNCHEZ, a favor de los señores JESÚS WILFREDO CERNA ORDOÑEZ y NANCY JOHANA BERTETY GARAY, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha once de agosto de dos veintiuno, mediante la cual se sobreseyó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA y JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha trece de diciembre de dos mil veinte, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL, el once de octubre de dos mil diecinueve; con relación a la solicitud de privación definitiva del dominio de bienes propiedad de los señores JESÚS WILFREDO CERNA ORDOÑEZ y NANCY JOHANA BERTETY GARAY. CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala ha pronunciado en forma motivada las razones por las que consideró procedente sobreseer el recurso de amparo que fue promovido. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por Abogada ISABELLA JAQUELINE ROSALES SÁNCHEZ, a favor de los señores JESÚS WILFREDO CERNA ORDOÑEZ y NANCY JOHANA BERTETY GARAY, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha once de agosto de dos veintiuno, de que se ha hecho mérito, en virtud de no advertirse por parte de esta Sala, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENZAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas once de agosto y veinte de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-232-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL