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Sentencia AP-212-20 — Registro 13036

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó el recurso de amparo contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras por los delitos de almacenamiento ilegal de arma de fuego de uso prohibido y almacenamiento ilegal de munición de uso prohibido y comercial, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues se ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, al concluir que no se vulnera el debido proceso invocado por la recurrente en Amparo. El debido proceso, es un derecho fundamental que supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional. La recurrente argumenta que se vulnera lo dispuesto en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, precepto que, en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver denegando la acción constitucional de Amparo impetrada, porque si bien es cierto, el proceso expedito tiene sus propios requisitos de procedibilidad, no es un imperativo que el Juez debe darle dicho trámite a la causa que reúna estos requisitos, es una opción que debe ponderar el Juez, en razón de considerar cual de ambos procesos el expedito o el ordinario, es más idóneo para realizarlo, garantizando que en el tratamiento del caso no se vulneren derechos constitucionales a las partes y con mayor razón al perseguido, garantizando a éste que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, en protección de su derecho de defensa, derecho constitucionalmente reconocido e inviolable, por ello, para la protección de derechos y garantías de las partes, resulta más eficaz y efectivo el debido proceso bajo el canon del procedimiento ordinario; por ello entiende esta Sala de lo Constitucional, que el A-quo accedió a la petición de la defensa, ante los argumentos de la defensa que uno de los delitos es de investigación compleja por la multiplicidad de los hechos relacionados, pues como bien lo indica la normativa legal el procedimiento expedito para delitos en flagrancia, establece plazos breves para su realización, entre ellos el plazo de 48 horas para la celebración de la audiencia de preparación que es precisamente la audiencia en que las partes propondrán los medios de prueba que utilizarán para acreditar sus pretensiones, espacio de tiempo que puede no ser el suficiente para la defensa a efecto de agenciarse de los elementos probatorios con el fin de acreditar sus pretensiones. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos dias del mes de junio del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegó el recurso de amparo promovido por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR GEOVANY SORTO VELASQUEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICION DE USO PROHIBIDO Y COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada Claudia Maria Suazo Quan, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor OSCAR GEOVANY SORTO VELASQUEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICION DE USO PROHIBIDO Y COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 1-2 vuelto del expediente del A-quo) 2) En fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en la celebración de la audiencia de adecuación del procedimiento expedito en flagrancia, resolvió: 1) Declarar con lugar la solicitud planteada por la defensa, ya que se trata de dos delitos en el cual uno es de investigación compleja, por lo tanto, se continuará el presente proceso por el procedimiento ordinario. 2)Decretar al ahora imputado OSCAR GEOVANY SORTO VELASQUEZ, en la presente causa que se le sigue por suponerlo responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIÓN DE USO PROHIBIDO Y COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, la medida cautelar de DETENCIÓN JUDICIAL, 3)…. (Folio 22 vuelto del expediente del A-quo) 3) En fecha once de febrero de dos mil veinte, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución referida en el numeral que antecede, argumentando la recurrente que dicha resolución le vulnera a su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 vuelto del expediente del Ad-Quem) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual resolvió: DENEGAR LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO, intentada por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución dictada en fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, en la Audiencia de Adecuación del Procedimiento Expedito, en el proceso penal seguido contra el acusado OSCAR GEOVANY SORTO VELASQUEZ, por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIÓN DE USO PROHIBIDO Y COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 14-21 vuelto del expediente del Ad-Quem) 5) Que en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Penal venida en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido en contra del señor OSCAR GEOVANY SORTO VELASQUEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICION DE USO PROHIBIDO Y COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito; sostiene la impetrante que se violenta el Principio-Derecho Constitucional al Debido Proceso, plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Que de dicho precepto constitucional puede colegirse varias situaciones a saber: 1. Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto a las formalidades legalmente establecidas. 2. Que ese juzgamiento debe respetar los derechos que le asisten al procesado. bajo ese entendido, señalar que la resolución irrespeta dos formalidades que le están indicadas en la norma procesal penal, la primera contrasta con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, en este artículo están previstas varias excepciones, es decir en qué casos no se puede aplicar el procedimiento expedito, entre ellos está que: 1) Se trate de un delito de investigación compleja a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas. 2) Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior. 3) Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. Argumenta la recurrente que de igual manera se irrespeta lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal, en el sentido que la resolución debe ser debidamente motivada. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve Denegando la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo no vulnera garantías constitucionales ni procesales invocadas por el Ministerio Público como recurrente, enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues se ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, al concluir que no se vulnera el debido proceso invocado por la recurrente en Amparo. El debido proceso, es un derecho fundamental que supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional. La recurrente argumenta que se vulnera lo dispuesto en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, precepto que, en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver denegando la acción constitucional de Amparo impetrada, porque si bien es cierto, el proceso expedito tiene sus propios requisitos de procedibilidad, no es un imperativo que el Juez debe darle dicho trámite a la causa que reúna estos requisitos, es una opción que debe ponderar el Juez, en razón de considerar cual de ambos procesos el expedito o el ordinario, es más idóneo para realizarlo, garantizando que en el tratamiento del caso no se vulneren derechos constitucionales a las partes y con mayor razón al perseguido, garantizando a éste que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, en protección de su derecho de defensa, derecho constitucionalmente reconocido e inviolable, por ello, para la protección de derechos y garantías de las partes, resulta más eficaz y efectivo el debido proceso bajo el canon del procedimiento ordinario; por ello entiende esta Sala de lo Constitucional, que el A-quo accedió a la petición de la defensa, ante los argumentos de la defensa que uno de los delitos es de investigación compleja por la multiplicidad de los hechos relacionados, pues como bien lo indica la normativa legal el procedimiento expedito para delitos en flagrancia, establece plazos breves para su realización, entre ellos el plazo de 48 horas para la celebración de la audiencia de preparación que es precisamente la audiencia en que las partes propondrán los medios de prueba que utilizarán para acreditar sus pretensiones[1], espacio de tiempo que puede no ser el suficiente para la defensa a efecto de agenciarse de los elementos probatorios con el fin de acreditar sus pretensiones. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 292 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0212=2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículos 440-D último párrafo y 440-F del Código Procesal Penal.