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Sentencia AP-18-20 — Registro 12663

Resumen

Sentencia en consulta denegó recurso de amparo contra resolución que denegó decretar medida de seguridad solicitada por recurrente a favor de afectada, a quien se le supone responsable del delito de suicidio en grado de ejecución de tentativa en perjuicio de sí misma; Denegatoria se basa porque el Ministerio Público en etapa preliminar tiene facultad de adoptar e imponer medidas de seguridad según la normativa procesal penal la efectada no está con proceso judicial y no se ha puesto a la orden del órgano jurisdiccional; El Tribunal de Alzada estima que existen otras instituciones del Estado para coadyuvar en la protección de la vida de la afectada, como la Curatela en materia civil que lo puede solicitar el recurrente o familiares de afectada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Considera esta Sala que el Ad quo ha resuelto dentro de los parámetros establecidos en la normativa penal citada. Ello, porque del análisis de dichos preceptos legales se infiere la necesidad de la existencia de un proceso judicial, para dentro del mismo poder decretar las medidas que correspondan al caso concreto, lo que no sucedió en este caso, en razón de que, lo que se había presentado ante el Juzgado competente era la solicitud de diligencias prejudiciales. Por otra parte, tal y como bien lo ha señalado el Ad Quem en la sentencia dictada en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, la acción interpuesta no resulta procedente, porque la misma no es consecuencia de un acto, resolución o hecho de los poderes del Estado, ni por entidad que actué por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida..."..."es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que denegó el recurso de amparo presentado por el Ministerio Público, (en aras de salvaguardar el fin supremo de la sociedad y del Estado, relacionado a la vida de la Señora Heysi Maribel Anariba Velásquez, quien en un acto afortunadamente infructuoso intentó quitarse la vida), contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), en relación a la solicitud de diligencia prejudicial de imposición de medida de seguridad a favor de la Señora HEYSI MARIBEL ANARIBA VELÁSQUEZ a quien se le supone responsable de la comisión del delito de SUICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de SI MISMA. Estimando la recurrente que el acto reclamado infringe lo dispuesto en los artículos 59 y 65 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), se presentó solicitud de convalidación de la extracción de muestras ordenadas por motivos de urgencia por el Ministerio Público para realización de futura pericia de toxicología forense; se convalidara el nombramiento del perito propuesto y Solicitando autorización para extracción forense, análisis y vinculación de información contenida en aparato celular decomisado, solicitando imposición de medida de seguridad. (Folios 1–5 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Convalidar la extradición de muestras de Orina tomadas a la señora HEYSI MARIBEL ANARIBA VELASQUEZ, por parte de Medicina Forense realizándola el Doctor JUAN RAMON MEDINA, quien está debidamente capacitado para realizar este tipo de pericia, ordenada por el Ministerio Público, al haberse establecido ante esta Judicatura fundamento suficiente y racional de las razones que originaron la ejecución de dicha diligencia, misma que se realizó respetando los derechos y garantías constitucionales.- SEGUNDO: Se ordena al Receptor del Despacho citar en Legal y Debida forma al Perito nominado JIMMY SAMUEL SOLANO MARTINEZ, portador de la tarjeta de identidad número 0301-1986-02675; quien se encuentra debidamente acreditado para que una vez sea juramentado en legal y debida forma proceda a la práctica de la pericia consistente en: Extracción Forense, Análisis y Vinculación de la información contenida en un teléfono celular marca SAMSUNG color azul, vidrio frontal negro, con protector transparente, pantalla en buen estado; decomisado al señor SERGIO ARTURO DUBON DAMAS; con la finalidad de obtener: 1.- Se brinden datos de identificación del aparato celular.- 2.- Registro de las ultimas llamadas realizadas, recibidas y perdidas que se encuentran en la memoria del aparato.- 3.- Registro de mensajes de texto enviados, recibidos y borrados.- 4.- Registro de mensajes de voz enviados y recibidos.- 5.- Registro de mensajes de WhatsApp pertinentes a la investigación.- 6.- Registro de mensajes de redes sociales pertinentes a la investigación.- 7.- Listado de contactos almacenados en el teléfono celular.- 8.- Imágenes y videos pertinentes a la investigación.- 9.- Registros de navegación pertinentes a la investigación.- 10.- El registro de los últimos lugares donde se posicionaron dichos aparatos, según la opción de localización mediante GPS.- 11.- Cualquier otra información contenida en los mismos que se constituya de relevancia para la investigación criminal; señalándose audiencia de JURAMENTACION DE PERITO para el día VIERNES VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA.- TERCERO: Se declara No ha lugar lo solicitado por la agente fiscal referente a que se le brinde una medida de seguridad a la señora HEYSI MARIBEL ANARIBA VELASQUEZ, en virtud de considerar la suscrita que la misma, no se encuentra con un proceso judicial, no ha sido puesta a la orden del órgano jurisdiccional por la supuesta comisión de un ilícito penal, el Ministerio Público en el presente caso, está en la etapa investigativa, es decir la etapa preliminar y es su facultad adoptar e imponer las medidas de seguridad que considere pertinente aplicar en el caso concreto ya que así lo establece nuestra normativa procesal penal en el artículo 273 numeral 3 del Código Procesal Penal.- CUARTO: Extiéndase copia certificada a la Fiscal del Ministerio Público de la presente resolución, lo anterior en base a los Artículos 80, 89 de la Constitución de la República, Artículos 1, 5, 7, 8, 107, 198, 199, 273, numeral 3, del Código Procesal Penal.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.” (Folio 40-42 de la pieza del A-Quo). 3) Que en fecha catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el Abogado JUAN MIGUEL POSADAS VILLEDA, a compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés presentando Recurso de Amparo favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de abril del dos mil diecinueve (2019), autoridad que, una vez seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional dictó Sentencia en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en la cual Falló: (SIC): DENEGAR (DECLARAR SIN LUGAR) la Acción de Amparo interpuesta por el Abofado JUAN MIGUEL POSADAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en aras de salvaguardar el fin supremo de la sociedad y el Estado, la persona humana, en la vida de la señora HEYSI MARIBEL ANARIBA VELASQUEZ quien en un acto afortunadamente infructuoso intento quitarse la vida, contra la resolución de fecha Veinticinco (25) de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019), dictada por la Abogada GLADIS PORTILLO DE LEON, Juez de Letras Penal de ésta Seccional Judicial.” (Folios 1–19 y 91-96 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha diez (10) de enero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la acción de amparo penal venido en trámite de consulta, conocido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesto por el Abogado JUAN MIGUEL POSADAS VILLEDA, contra la resolución de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que declara No ha lugar lo solicitado por el agente fiscal en relación a que se le brinde una medida de seguridad a la señora HEYSI MARIBEL ANARIBA VELASQUEZ, por considerar el A Quo que la señora Anariba, no se encuentra con un proceso judicial y no se ha puesto a la orden del órgano jurisdiccional por la supuesta comisión de un ilícito penal. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, contraviene, disminuye y tergiversa los derechos a la vida y persona humana, reconocidos en los artículos 59 y 65 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 80 y 81 del Código Penal. Arguye el recurrente que en fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, a eso de la una de la madrugada la joven Heysi Maribel Anariba Velásquez, se encontraba en un apartamento 503 del Hotel Copantl de San pedro Sula, Cortes, en un estado de depresión e intentó quitarse la vida, infiriéndose heridas en su antebrazo izquierdo, siendo auxiliada y traslada al Hospital Cemesa. CONSIDERANDO (3): Que el impetrante aduce que la resolución que impugna, violenta el artículo 59 y 65 de la Constitución de la República. Alega que el hecho que una persona humana en un estado emocional perturbado intente quitarse la vida y no brindarle las medidas de seguridad necesarias para evitar que vuelva a intentarlo, es evidente que no se esta cumpliendo lo prescrito en la Constitución de la República, ello porque el A Quo inobservando lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del Código Penal, argumenta que no se otorga la medida de seguridad porque no se encuentra un proceso judicial y no ha sido puesto a la orden del órgano jurisdiccional por la supuesta comisión de un delito. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual FALLA: (SIC) DENEGAR (DECLARAR SIN LUGAR) la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN MIGUEL POSADAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, en aras de salvaguardar el fin supremo de la sociedad y el Estado, la persona humana, en la vida de la señora HEYSI MARIBEL ANARIBA VELASQUEZ, quien en un acto afortunadamente infructuoso intento quitarse la vida, contra la resolución de fecha Veinticinco (25) de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019), dictada por la Abogada GLADIS PORTILLO DE LEON, Juez de Letras Penal de ésta Seccional Judicial”. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, (Sic) “que si bien, se admitió a trámite la presente acción incoada por el Ministerio Publico a favor de la señora Heysi Maribel Anariba Velásquez, e incluso se ordenó al A quo con fundamento en el artículo 124 del Código Penal consistente en la imposición de la medida de seguridad consistente, solicitadas en su día por el Ministerio Publico, lo cierto es que se desprende del razonamiento establecido y del artículo antes citado, que la acción interpuesta no resulta procedente, en principio porque la misma evidentemente no es consecuencia de un acto, resolución o hecho de los poderes del Estado, ni por entidad que actué por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida como lo refiere el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Como se ha apuntado antes, estamos frente a una acción realizada por la señora Anariba en la que ha atentado contra su propia vida, y no obstante que el amparo se presenta por la negativa de la Juez a imponer medidas de seguridad a dicha señora, medidas que posteriormente fueron impuestas por mandato de este Tribunal al considerar que eran necesarias ante lo ocurrido, medidas que sin duda han tenido una finalidad de protección al bien jurídico vida, sin embargo es claro que no parece viable que la justicia constitucional puede ser la ratio que resuelva tal situación, sin embargo como también se ha dicho antes, sí que se ve necesaria la intervención disuasoria del Estado frente a este tipo de conductas de sus ciudadanos, tomando al efecto la medidas de protección necesarias para proteger el bien jurídico vida. Al respecto, este Tribunal estima que existen otras instituciones del Derecho y también instituciones del Estado que podrían coadjuvar en la protección del bien jurídico vida de la señora Anariba, como lo puede ser la figura de la Curatela en materia civil, procedimiento que podría ser solicitado tanto por el Ministerio Público o por los familiares de dicha señora”. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público representando los intereses de la sociedad, ha planteado ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, diligencias preparatorias solicitando:

  1. Convalide judicialmente actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio Publico; 2) Autorice diligencia prejudicial y 3) Imponga la medida de seguridad contemplada en el artículo 83.1 del Código Penal consistente en el internamiento de la señora Heysi Maribel Anariba Velásquez, en un centro psiquiátrico. En la acción de amparo, manifiesta el pedidor que la negativa del A quo, de otorgar la medida solicitada violenta lo establecido en el articulo 59 y 65 de la Constitución de la República, al haber inobservado en contenido de los artículos 80 y 81 del Código Penal. Al efecto el señalado articulo 80, contempla: “No se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las autorice o fuera de los casos que la ley determine”. El artículo 81 señala: “Las medidas de seguridad podrán decretarse por el Juez en la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pero en cualquier momento del proceso, antes del fallo, dicho funcionario podrá ordenar, con carácter provisional, la internación del inimputable comprendido en el numero 2 del Artículo 23, en el establecimiento correspondiente”. -lo subrayado es nuestro- Considera esta Sala que el Ad quo ha resuelto dentro de los parámetros establecidos en la normativa penal citada. Ello, porque del análisis de dichos preceptos legales se infiere la necesidad de la existencia de un proceso judicial, para dentro del mismo poder decretar las medidas que correspondan al caso concreto, lo que no sucedió en este caso, en razón de que, lo que se había presentado ante el Juzgado competente era la solicitud de diligencias prejudiciales. Por otra parte, tal y como bien lo ha señalado el Ad Quem en la sentencia dictada en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, la acción interpuesta no resulta procedente, porque la misma no es consecuencia de un acto, resolución o hecho de los poderes del Estado, ni por entidad que actué por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida como lo refiere el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (7): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que al recurrente se le ha dado respuesta a las peticiones presentadas ante un juez competente; el que las resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO (8): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 42, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha trece del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0018=2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.