Sentencia AP-171-21 — Registro 13899
Resumen
Resolución dictada por Autoridad recurrida que incumplió sentencia de amparo en virtud de que el Juez Natural A quo declaró ilícitos y prohibidos medios de prueba propuestos por recurrente, con ello no atendió la sentencia que declaró con lugar la acción de amparo dictada por Corte de Apelaciones Natural designada que declaró con lugar acción de amparo en expediente SCO-256-2019 por quebrantar el derecho del debido proceso por falta de motivación, en causa contra más de quince imputados por suponerlos responsables del delito de malversación de causales públicos en perjuicio de la Administración Pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el origen de la controversia, es la resolución dictada por el A quo Designado, mediante la cual incumple la sentencia Dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha 27 de noviembre del 2019, promovida, en virtud de que el mismo Juez Natural A quo declaró ilícitos y prohibidos los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, realizado el estudio correspondiente, dictada la sentencia de mérito se declaró CON LUGAR la acción de amparo que corre en el Expediente SCO-256-2019. Ordenándose la certificación del fallo y la remisión de los antecedentes al Tribunal de su Procedencia para los efectos legales correspondientes, siendo el lugar de su procedencia la Corte de Apelaciones Natural Designada.. Una vez remitido para el cumplimiento de la sentencia ante el Juez A quo designado, consta en los antecedentes el “ACTA DE AUDIENCIA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN” celebrada el día 16 de febrero del año 2021, a la que comparecen las partes, excepto el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO Y EL IMPUTADO HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA (a pesar de estar notificados), una audiencia de notificación de Sentencia de Amparo, con la evacuación de los medios de prueba, pese a la oposición y recurso de reposición interpuesto por el Ente Fiscal, el Juez de Letras Designado fue más allá inclusive al solicitar a las partes que formularan sus conclusiones, cual si se tratase de una audiencia inicial ya concluida el 30 de enero del 2019, y posterior a ello procedió a declarar nuevamente prohibidos dichos medios de prueba y a su vez adicionando que ya no solo eran prohibidos, sino que también inútiles y no confiables (las negritas son del recurrente), contrariando de esta manera la Sentencia dictada en el Recurso de Amparo Penal antes relacionada y haciendo más extensivo el agravio al Ministerio Público..."..."consta en los antecedentes que el A quo no dio cumplimiento a la sentencia mediante la cual se otorgó el amparo interpuesto por el ente acusador, en la que quedó establecido el quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, por falta de motivación y argumentación en la resolución impugnada, por errónea aplicación de las reglas de la sana crítica, en relación a los medios de prueba propuestos y que fueran inadmitidos, lo que constituyó el objeto de la acción de amparo, en ese sentido el A quo Designado debía dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de lo constitucional,..."..."del estudio de los antecedentes queda evidenciado que la resolución dictada por el A quo Designado en fecha 17 de febrero del 2021, quebranta el Debido Proceso al inobservar las exigencias de la ley en procura de dar cumplimiento a los derechos-garantías que le asisten a las partes en juicio, en consecuencia, la inobservancia del debido proceso, quebranta la tutela judicial efectiva, que los órganos jurisdiccionales deben garantizar a las partes, en el caso sub judice, al dejar de darle cumplimiento a la sentencia de Amparo dictada por esta Sala de lo Constitucional y en su lugar dictar una resolución errónea omitiendo cumplir la sentencia, quebranta los derechos invocados por la recurrente..."..."MANDA: Que EL JUEZ NATURAL DESIGNADO DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL en el recurso de amparo SCO 256-2019 de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cuales se otorga el amparo por quebrantamiento de los derechos invocados por la recurrente; En tal sentido que el Juez Natural proceda a admitir y a notificar a las partes procesales en cuanto a la admisión de esos dos medios de prueba..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 171 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada TANIA ARACELY PAVON SOLIS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, en la Audiencia de Notificación de resolución oral, donde se ordenó la reproducción y evacuación de dos medios prueba por el Juez A quo, en la causa instruida contra los señores JÚAN CARLOS VALENZUELA MOLINA, ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNÁNDEZ, GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, ANA LUCÍA CASTRO LÓPEZ, CARLOS HUMBERTO BONILLA AGUIRIANO, AUDELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ALEJANDRO FLORES ZÚNIGA, YAJAIRA LISBETH TALBBOTT VILLATORO, INDIRA VIRGINIA OSORIO REYES, HERNÁN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ, WELSY MILENA VÁSQUEZ LÓPEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, MILTÓN DE JESUS PUERTO OSEGUERA, OSCAR ARTURO ÁLVAREZ GUERRERO, GREGORIO ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, IVETH SALOME NAVAS SUAZO, GEOVANNY CASTELLANOS DERAS y ALLAN ARONY SANMARTIN VALLEJO por suponerlos responsables del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS (caso “Arca abierta”).- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte Suprema de Justicia, la Abogada TANIA ARACELY PAVON SOLIS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, asignada a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), presentando Requerimiento Fiscal contra los señores: 1.- JÚAN CARLOS VALENZUELA MOLINA, actual diputado propietario al Congreso Nacional de la República de Honduras por el departamento de Lempira y su esposa ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNÁNDEZ, por suponerlos responsables del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en su condición de AUTOR Y COMPLICE, (respectivamente); 2.- GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN, actual diputada propietaria al Congreso Nacional de la República de Honduras por el departamento de La Paz, 2.1.- ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, (Su esposo) y 2.2.- ANA LUCÍA CASTRO LÓPEZ, (su hija), por suponerlos responsables del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, la primera en calidad de AUTORA, y los demás en su calidad de COMPLICES.- 3.- CARLOS HUMBERTO BONILLA AGUIRIANO, ex diputado Suplente al Congreso Nacional de la República de Honduras, por el departamento de Atlántida por suponerlo responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 4.- AUDELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ex diputada Suplente al Congreso Nacional de la República de Honduras, por el departamento de Atlántida por suponerla responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en su condición de AUTORA.- 5.- EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ex diputado Suplente al Congreso Nacional de la República de Honduras, por el departamento de Cortés; 5.1.- JOSÉ ALEJANDRO FLORES ZÚNIGA, ex diputado Suplente de EDWIN PAVON; 5.2.- YAJAIRA LISBETH TALBBOTT VILLATORO, ex esposa del señor EDWIN PAVON; 5.3. INDIRA VIRGINIA OSORIO REYES, con quien el señor EDWIN PAVON, mantuvo una relación laboral, todos ellos por suponerlos responsables del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Al señor EDWIN ROBERTO PAVON LEON, en su condición de AUTOR; y los demás en su calidad de COMPLICES del señor EDWIN PAVON.- 6.- HERNÁN ENRIQUE VINDEL MOURRA, ex diputado Suplente al Congreso Nacional de la República de Honduras, por el departamento de Choluteca, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 7.- GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ, actual diputado Suplente al Congreso Nacional de la República de Honduras por el departamento de Lempira, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 8.- WELSY MILENA VASQUEZ LOPEZ, actual diputada propietaria al Congreso Nacional de la República de Honduras por el departamento de Cortés, por suponerla responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en su condición de AUTORA.- 9.- FABRICIO PUERTO OSEGUERA, ex diputado Suplente al Congreso Nacional de la República de Honduras, por el departamento de Choluteca, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en su condición de AUTOR.- 10.- MILTON JESUS PUERTO OSEGUERA, actual diputado suplente al Congreso Nacional de la República de Honduras, por el departamento de Yoro, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en su condición de AUTOR.- 11.- OSCAR ARTURO ÁLVAREZ GUERRERO, Ex actual diputado propietario al Congreso Nacional de la República de Honduras por el departamento de Francisco Morazán, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en su condición de AUTOR.- 12.- GREGORIO ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, administrador de hecho de la Organización No Gubernamental de Desarrollo ASOCIACION PLANETA VERDE; 11.1 IVETH SALOME NAVAS SUAZO, secretaria de GEOVANNY CASTELLANOS DERAS; 11.3 y ALLAN ARONY SANMARTIN VALEJO, todos por suponerlos responsables del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, el primero en su condición de AUTOR y los demás, en condición de COMPLICES del señor GREGORIO GONZALEZ.-(Folios 1 al 46 de La pieza del Juzgado Natural, Tomo I). 2) Que en Audiencia de notificación de Resolución que dio inicio en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), concluyendo en fecha diecisiete (17),de febrero del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Natural Designado RESOLVIO: Después de haber escuchado las conclusiones de cada una de las partes, el suscrito Juez RESUELVE: Los elementos de valoración de la prueba, utilidad, pertinencia, proporcionalidad, para acreditar en los hechos en este caso de la acusación en el caso que nos ocupa, con relación a los dos medios de prueba admitidos y evacuados, se pone de manifiesto que los mismos resultan ser inútiles para el fin probatorio que fueron propuestos, además de que los mimos no resultan ser objetivamente confiables, al no establecer la fuente de la obtención de los medios probatorios los cuales fueron dos grabaciones audio visuales, en las cuales no se ha podido establecer, la individualización de quienes interactúan en los mismos, lugar y fecha de la graduación entre otras circunstancias por lo que resulta ser abiertamente inútil para la causa que nos ocupa. En relación a la Ley especial sobre intervención de las comunicaciones privadas, en su artículo 3 establece claramente la etapa judicial, en su artículo 5, el principio de reserva jurisdiccional, en su capítulo tercero, sobre la intervención de comunicación y la procedencia, así mismo, se encuentran los artículos 7 y 8, todos los cuales establecen que la intervención del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones solo podrá realizarse bajo el control jurisdiccional. Es así que el artículo 44, de esta referida Ley, en la cual establece nuevamente “que la grabación por uno de los comunicantes que participan en la comunicación mediante la cual en esa comunicación se comete un delito tipificado por la Ley (Código Penal), la registre grabe o la conserve, esta podrá ser utilizada por la persona ofendida, ante las autoridades, para la investigación que corresponda. Si las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior han servido a las autoridades jurisdiccionales para iniciar un proceso penal y las mismas revisten carácter fundamental, las grabaciones de tales comunicaciones o los textos que las transcriben podrán ofrecerse como elementos probatorios”.- Entonces este artículo exige en su primer párrafo, dos aspectos, el primero es que esa comunicación otorgada por uno de los comunicantes que participa en la comunicación, y en esa comunicación se establezca la comisión de un ilícito penal y el segundo aspecto seria, que podrá ser utilizada únicamente para la persona ofendida ante las autoridades para investigación, Lo que no acontece, como hemos apreciado en la evacuación de ambas pruebas y hemos señalado con anterioridad, en relación a la utilidad de los medios probatorios, para con la causa. Este mismo artículo en su último párrafo indica a su vez que esa comunicación debe servir a las autoridades jurisdiccionales, para iniciar un proceso penal, y las mismas revistan un carácter fundamental, podrá ofrecerse como elementos probatorios, pero no como medios de prueba, porque esta es una calificación que se reserva para el Juez.- Con relación al artículo 45 de la precitada ley, sobre las grabación o consentimiento, sea autorizado o con consentimiento expreso por uno de los participantes legítimos del derecho (titular del secreto de la Comunicación) no será considerada como intervención y podrá ser valorada como prueba (Valor que solo podrá revertir como tal el Juez),Este artículo se encuentra en colisión de la norma fundamental constitucional en el artículo 59 en relación al respeto y protección de la dignidad del ser humano que es inviolable, así como del artículo 76 Constitucional que se reconoce la inviolabilidad (todos aquellos derechos personales reconocidos al ser humano como tal) y al secreto de las comunicaciones. Por consiguiente, el articulo anteriormente referido; resulta ser inconstitucional, por lo que su aplicación dentro del derecho penal, lo convierte en prueba prohibida. Sirven de fundamento jurídico, no solo las leyes enunciadas, además citamos la jurisprudencia en el expediente número 133-13 de fecha 13 de agosto del 2013 al amparo penal, donde es recurrente el Abogado Carlos Fortín Lardizábal, agraviado de la Sociedad Mercantil Farmacias del Ahorro S. de R.L., ahora denominadas Farmacias del Ahorro, en el problema Jurídico de Violación al debido Proceso y al derecho de defensa, como también la sentencia de casación penal S.P 48-2011…” (Folios 5421 al 5435 del Tomo I Pieza Principal). 3) La recurrente Abogada TANIA ARACELY PAVON SOLIS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público Compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Juzgado de Letras Natural Designado de fecha diecisiete (17) de febrero del dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 45 del Recurso de Amparo). CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, por el JUEZ DE LETRAS NATURAL DESIGNADO por la Corte Suprema de Justicia, en la que ordena evacuación y reproducción de dos medios prueba en la Audiencia de Notificación de resolución oral. Con relación a la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS VALENZUELA MOLINA, ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNANDEZ, ANA LUCIA CASTRO LOPEZ, Y OTROS 15 IMPUTADOS MÁS, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, en la Formalización de la Acción, manifiesta “que en 25 de enero del año 2019, en la sustanciación de una audiencia inicial celebrada en el proceso seguido a los acusados por el delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública: el Juez de Letras Natural Designado inadmite entre otros dos medios de prueba y, a su vez los declaró ilícitos y prohibidos de forma inmotivada, medios de prueba que consisten en: 1) Un audio y un video 1MG_2607, en formato MP4 mismo que se encuentra contenido en: un DVD-R, Marca: Maxell; Serie: MFP647TJO3123113 y, 2) Un Audio IMG_2670, contenido en un dispositivo de almacenamiento (USB), color blanco que en su parte frontal se lee “ARAKOR fimasartan”. Manifiesta que ante la resolución del Juez de Letras Natural designado no indicó de forma motivada al Ministerio Público, porque eran ilícitos o prohibidos, por lo que el Ministerio Público interpuso recurso de reposición y posteriormente acción constitucional de amparo, por falta de motivación en la resolución, Amparo que fue declarado con lugar al Ministerio Público en fecha 27 de noviembre del 2019, indicando la citada sentencia que los medios de prueba relacionados como inadmitidos no eran prohibidos ni ilícitos, ordenando la certificación del fallo y la remisión de los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes (Tribunal de su procedencia Corte de Apelaciones Natural Designada), en razón de que ya había concluido la audiencia inicial supra indicada, y consecuentemente las partes habían interpuesto sus respectivos recursos de apelación y contestación de agravios a fin de ser resueltas por el Ad quem”. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente invoca el 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone la finalidad de la sentencia: “Es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible, al estado anterior de la violación”, (lo subrayado es del recurrente), señalando: “situación que no sucedió en el presente caso”, pese haberse otorgado el amparo a favor del Ministerio Público, en el sentido de que los medios de prueba no eran prohibidos ni ilícitos. Sigue manifestando que en fechas 16 y 17 de febrero del año 2021, el Ministerio Público y las Defensas de los imputados acudieron ante el Juez Natural Designado, en razón de ser notificados de la sentencia de Amparo, señala que dicha audiencia de notificaciones continuo hasta el día 17 de febrero del mismo año, con la incomparecencia de una de las defensas y uno de los imputados, sin embargo el A quo ordenó de manera arbitraria la evacuación de los medios de prueba antes indicados pretendiendo valorar los mismos, sin ser el momento procesal oportuno para ello, razón por la cual el Ministerio Público interpuso en el acto Recurso de Reposición el cual fue declarado sin lugar, procediendo el A quo a reproducir y evacuar los medios de prueba de manera arbitraria y de forma unilateral, pese a la oposición de las partes, ya que también los Defensores luego de un debate en el que argumentaban que se evacuaran los mismos, ya que en un último momento de la audiencia de notificación todos los defensores renunciaron a los mismos. Pero a pesar de ello el A quo violentando el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, al distorsionar el sentido y alcance de la audiencia de Notificación de Resolución, pretendiendo en ese momento procesal valorar prueba, que el mismo había inadmitido en Audiencia inicial llevada a cabo dos años atrás”. CONSIDERANDO: (6) Que la Recurrente manifiesta “ que como consecuencia de la arbitrariedad relacionada en el considerando que antecede, es decir la evacuación coercitiva de los medios de prueba, en una audiencia de notificación de sentencia de Amparo, pese a la oposición y recurso de reposición interpuesto por el Ente Fiscal, el Juez de Letras Designado fue más allá inclusive al solicitar a las partes que formularan sus conclusiones, cual si se tratase de una audiencia inicial ya concluida el 30 de enero del 2019, y posterior a ello procedió a declarar nuevamente prohibidos dichos medios de prueba y a su vez adicionando que ya no solo eran prohibidos, sino que también inútiles y no confiables (las negritas son del recurrente), contrariando de esta manera la Sentencia dictada en el Recurso de Amparo Penal antes relacionada y haciendo más extensivo el agravio al Ministerio Público. Por todo ello recurrente considera que se ha quebrantado el Debido Proceso contenido en el artículo 90, el Derecho de Defensa contemplado en el artículo 82, relacionado con el artículo 1, 8 Finalidad del Proceso Penal, y el artículo 171 de la prohibición de retrotraer el proceso a períodos ya precluidos, bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, artículo 198 de la finalidad de los medios de prueba; la tutela judicial efectiva de las partes, contenido en el artículo 303 y 323 referidos al imperio de la Constitución y la ley. Por todo ello solicita se otorgue el amparo.” CONSIDERANDO: (7) Que el origen de la controversia, es la resolución dictada por el A quo Designado, mediante la cual incumple la sentencia Dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha 27 de noviembre del 2019, promovida, en virtud de que el mismo Juez Natural A quo declaró ilícitos y prohibidos los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, realizado el estudio correspondiente, dictada la sentencia de mérito se declaró CON LUGAR la acción de amparo que corre en el Expediente SCO-256-2019. Ordenándose la certificación del fallo y la remisión de los antecedentes al Tribunal de su Procedencia para los efectos legales correspondientes, siendo el lugar de su procedencia la Corte de Apelaciones Natural Designada. Una vez remitido para el cumplimiento de la sentencia ante el Juez A quo designado, consta en los antecedentes el “ACTA DE AUDIENCIA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN” celebrada el día 16 de febrero del año 2021, a la que comparecen las partes, excepto el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO Y EL IMPUTADO HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA (a pesar de estar notificados), una audiencia de notificación de Sentencia de Amparo, con la evacuación de los medios de prueba, pese a la oposición y recurso de reposición interpuesto por el Ente Fiscal, el Juez de Letras Designado fue más allá inclusive al solicitar a las partes que formularan sus conclusiones, cual si se tratase de una audiencia inicial ya concluida el 30 de enero del 2019, y posterior a ello procedió a declarar nuevamente prohibidos dichos medios de prueba y a su vez adicionando que ya no solo eran prohibidos, sino que también inútiles y no confiables (las negritas son del recurrente), contrariando de esta manera la Sentencia dictada en el Recurso de Amparo Penal antes relacionada y haciendo más extensivo el agravio al Ministerio Público. CONSIDERANDO: (8) Que consta en los antecedentes que el A quo no dio cumplimiento a la sentencia mediante la cual se otorgó el amparo interpuesto por el ente acusador, en la que quedó establecido el quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, por falta de motivación y argumentación en la resolución impugnada, por errónea aplicación de las reglas de la sana crítica, en relación a los medios de prueba propuestos y que fueran inadmitidos, lo que constituyó el objeto de la acción de amparo, en ese sentido el A quo Designado debía dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de lo constitucional, en aplicación al artículo 65 del “Cumplimiento inmediato de la sentencia que conceda la acción de amparo”, que a la letra dice: “Proferida la sentencia que otorga el amparo, el responsable del agravio deberá cumplirla tan pronto como se haya puesto en su conocimiento lo resuelto. Si no lo hiciere, el órgano jurisdiccional remitirá al Ministerio Público certificación de las correspondientes actuaciones para que inicie la acción penal correspondiente”. Por otra parte en el Título VI de la disposiciones comunes a las acciones que regula la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 112 señala “De la causa legal de destitución” a la letra dice: Sin perjuicio de otras sanciones establecidas en esta ley, la desobediencia, retardo u oposición a una resolución o sentencia dictada con motivo de las acciones constitucionales que regula la presente Ley, de parte de un funcionario o empleado del Estado, de sus instituciones, desconcentradas o descentralizadas y demás a que se refiere el artículo 42, será causa legal de destitución, la que deberá producirse de inmediato”. Y corresponde precisamente a la Sala de lo constitucional velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 114. CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes queda evidenciado que la resolución dictada por el A quo Designado en fecha 17 de febrero del 2021, quebranta el Debido Proceso al inobservar las exigencias de la ley en procura de dar cumplimiento a los derechos-garantías que le asisten a las partes en juicio, en consecuencia, la inobservancia del debido proceso, quebranta la tutela judicial efectiva, que los órganos jurisdiccionales deben garantizar a las partes, en el caso sub judice, al dejar de darle cumplimiento a la sentencia de Amparo dictada por esta Sala de lo Constitucional y en su lugar dictar una resolución errónea omitiendo cumplir la sentencia, quebranta los derechos invocados por la recurrente. CONSIDERANDO: (10) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. CONSIDERANDO (11) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (12) Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. CONSIDERANDO: (13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63, 112, Y 114 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada TANIA ARACELY PAVON SOLIS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el JUEZ DE LETRAS NATURAL DESIGNADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.Y MANDA: Que EL JUEZ NATURAL DESIGNADO DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL en el recurso de amparo SCO 256-2019 de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cuales se otorga el amparo por quebrantamiento de los derechos invocados por la recurrente; En tal sentido que el Juez Natural proceda a admitir y a notificar a las partes procesales en cuanto a la admisión de esos dos medios de prueba que consisten en: 1) Un audio y un video 1MG_2607, en formato MP4 mismo que se encuentra contenido en: un DVD-R, Marca: Maxell; Serie: MFP647TJO3123113 y, 2) Un Audio IMG_2670, contenido en un dispositivo de almacenamiento (USB), color blanco que en su parte frontal se lee “ARAKOR fimasartan”. con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0171-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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