Sentencia AP-163-20 — Registro 14056
Resumen
con relación al antejuicio instruido contra impetrante,en su condición de Alcalde,por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y DEMORA INJUSTIFICADA DE PAGOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Sala de lo Penal como órgano de segunda instancia, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que la Sala de lo Penal, remite el expediente de Antejuicio al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de haber dictado sentencia en fecha dos de noviembre del año dos mil diecinueve por mayoría de votos. Cabe señalar que el alegato del amparista, en relación a la resolución impugnada, se limita a indicar que, por haber dado traslado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se vicia el procedimiento y que de esa forma se violenta el debido proceso y derecho de defensa. CONSIDERANDO (5): Que el amparista, expresa que la resolución de Alzada vulnera garantías constitucionales, contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en consecuencia es necesario para esta Sala determinar si en efecto la resolución de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, contraviene los derechos constitucionales invocados como vulnerados por el recurrente, siendo necesario el análisis del artículo 313 Numeral 3 de la Constitución de la República, precepto que indica: La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 1…; 2…; “3. Conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido en primera instancia;”. CONSIDERANDO (6): Que como colorido de lo anterior se puede apreciar que la Solicitud de Antejuicio contra el señor Troy Donahue Bodden González, Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, fue presentada por el Ministerio Publico ante la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, quien conociendo en primera instancia del asunto, dictó sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), declarando CON LUGAR PARCIALMENTE el Antejuicio presentado por el Ministerio Publico; resolución que fue recurrida mediante el recurso de Apelación en fecha seis de junio del año dos mil dieciséis y del cual conoció la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal como órgano de segunda instancia, en cumplimiento al principio de legalidad contenido en el artículo 313.3 de la Constitución de la República, mediante sentencia de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por mayoría de votos, resuelve declarar con lugar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto en favor del señor Troy Donahue Bodden González. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, arguye que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, era quien debía de conocer el recurso de apelación en contra de la resolución en primera instancia, según como lo dicta la normativa vigente, sin embargo, la Sala de lo Penal, violentando el derecho del debido proceso, trasladó dichas diligencias al Pleno de Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo cual vicia el proceso, violentándose la garantía constitucional del debido proceso y derecho de defensa. Ante tal argumento, si bien es cierto la Sala de lo Penal dicta sentencia por mayoría de votos conociendo del recurso de apelación promovido, traslada el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, entiende esta Sala por no existir unanimidad; no obstante a ello el Pleno de la Corte Suprema en fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil diecinueve (2019) se declara incompetente de conocer las presentes diligencias de Antejuicio y devuelve los antecedentes a la Sala de lo Penal para que continúe con el trámite que corresponde, con fundamento en los artículos 303 y 313 numeral 3 de la Constitución de la República. Observando en dicha actuación la no vulneración a los derechos constitucionales invocados por el recurrente, pues el Pleno en atención a la normativa 313.3 que el mismo pedidor de amparo argumenta como vulnerado, se declara incompetente para conocer del asunto y ordena la devolución de las diligencias al Tribunal de su procedencia, no realizando diligencia alguna en detrimento de los derechos fundamentales del señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 82 constitucional dispone: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; así el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (9): Que todos los que acuden a los tribunales tienen derecho a un juicio justo, a una recta administración de justicia, a contar con las garantías procesales establecidas en la ley; el derecho a la defensa forma parte de ese conjunto de derechos que abarca el debido proceso, para el doctor Miguel Hernández Terán[3], citando a Arturo Hoyos, en su escrito El debido proceso en la doctrina, expone una definición del debido proceso en donde se puede apreciar que el derecho de defensa forma parte del mismo: Es una institución instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. CONSIDERANDO (10): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho de defensa y debido proceso, consagrado en los artículos 82 y 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso sub júdice, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, no vulnera los derechos a la defensa y debido proceso invocados por el recurrente en Amparo, pues como en acápites anteriores se dejó plasmado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia devolvió los antecedentes al Tribunal de procedencia, pues la Sala de lo Penal estaba conociendo en segunda instancia de un recurso de apelación, por ello las resoluciones pueden ser dictadas por mayoría de votos o por unanimidad de sus miembros, en aplicación analógica de la ley en cuanto a resolver sobre recursos de apelación interpuestos. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que la resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de segunda instancia, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por lo que el amparo interpuesto por el censor, debe ser denegado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 303 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 313, numeral 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ MARÍA DÍAZ AVILA, a favor del señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ, contra la resolución dictada por la SALA DE LO PENAL DE ESTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en fecha dos (02) de noviembre dos mil diecinueve (2019), que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016), con relación al antejuicio instruido contra el señor TROY DONAHUE BOODEN GONZALEZ, en su condición de Alcalde del Municipio de Utila, Departamento de Islas de la Bahía, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y DEMORA INJUSTIFICADA DE PAGOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenido en los artículos 82, 90 y 313 numeral 3 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres (03) de noviembre del año dos mil catorce (2014), los Señores SUSY NOHEMY ROMERO, ELITTA SHARMENE HOWELL ZELAYA y CARLOS ROBERTO CORTES, comparecieron ante el Ministerio Público, presentando formal denuncia contra el Señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ, en su condición de Alcalde Municipal de Utilla, Departamento de Islas de la Bahía, por considerarlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, DISCRIMINACION POLITICA Y RACIAL, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO. 2) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada Sandra Maritza Martínez Castejón, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, promoviendo antejuicio contra el Señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ, en su condición de Alcalde Municipal de Utilla, Departamento de Islas de la Bahía, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y DEMORA INJUSTIFICADA DE PAGOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 01–08 de la pieza del Ad-Quem) 3) Que en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó resolución en la cual Resolvió Declarar Con Lugar Parcialmente el Antejuicio presentado por el Ministerio Público en contra del Señor TROY DONAHUE BOODEN GONZALEZ, Alcalde Municipal de Utila, Departamento de Islas de la Bahía; en consecuencia, denegó la autorización al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal por los hechos número uno referente a la demora injustificada de pago de dieta y salarios de la regidora Elitta Sharmone Howell Zelaya; dos referente a la demora injustificada de pago de salarios al regidor Mayron Luis Rivera Portillo; y tres referente a la demora injustificada de pago de dieta y salarios a la vice alcaldesa y demás regidores, descritos en los antecedentes procesales de la resolución, asimismo autoriza al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal por los hechos números cuatro y cinco descrito en los antecedentes procesales, referentes al Ilegal Incremento Salarial del Alcalde Municipal TROY DONAHUE BOODEN GONZALEZ desde enero de 2014 a la fecha, y a la Indebida participación de la Empresa Mercantil Ocean Waves en la ejecución de un contrato suscrito por la Alcaldía Municipal de Utilla, bajo la supuesta figura de Sub- Contratación, debido a que en dicha empresa el Alcalde TROY DONAHUE BOODEN GONZALEZ tiene participación como socio. (Folios 56–71 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintisiete (27) de mayo del dos mil dieciséis (2016), relacionada en el numeral que precede, dicto sentencia en fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, en la que Falló: (SIC): “PRIMERO: Declarando con lugar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zúñiga y Celeste Aida Cerrato, en su condición de Defensores Privados del señor Troy Donahue Bodden González. SEGUNDO: Se revoca parcialmente la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida; en consecuencia, se declara no ha lugar el Antejuicio presentado en contra el señor Troy Donahue Bodden González, actual Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por hechos que pueden constituir acciones ilícitas de Malversación de Caudales Públicos y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las Funciones Públicas en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. TERCERO: Se confirma la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo del años dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en cuanto a declarar Ha Lugar el Antejuicio presentado por el Ministerio Público en contra del funcionario Troy Donahue Bodden González, actual Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por hechos que pueden constituir acciones ilícitas de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. CUARTO: Se autoriza al Ministerio Público para que pueda presentar acción penal pública en contra del funcionario Troy Donahue Bodden González, actual Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por los hechos señalados que tiene apariencia de acciones ilícitas de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. (Folios 62–84 de la pieza de la Sala Penal) 5) Que el Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del Señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ, contra la sentencia de fecha dos (02) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 313 numeral 3 de la Constitución de la República. (Folios 01–10 del Presente Recurso) 6) Que en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 49 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia dictada por mayoría de votos en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, como órgano de segunda instancia en el ANTEJUICIO promovido por la FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION, contra el señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES, en su condición de Alcalde Municipal del municipio de Utila, departamento de Islas de la Bahía, resolución por la cual a Sala de lo Penal, Falló: “PRIMERO: Declarando con lugar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zúñiga y Celeste Aida Cerrato, en su condición de Defensores Privados del señor Troy Donahue Bodden González. SEGUNDO: Se revoca parcialmente la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida; en consecuencia, se declara no ha lugar el Antejuicio presentado en contra el señor Troy Donahue Bodden González, actual Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por hechos que pueden constituir acciones ilícitas de Malversación de Caudales Públicos y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las Funciones Públicas en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. TERCERO: Se confirma la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo del años dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en cuanto a declarar Ha Lugar el Antejuicio presentado por el Ministerio Público en contra del funcionario Troy Donahue Bodden González, Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por hechos que pueden constituir acciones ilícitas de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. CUARTO: Se autoriza al Ministerio Público para que pueda presentar acción penal pública en contra del funcionario Troy Donahue Bodden González, actual Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por los hechos señalados que tiene apariencia de acciones ilícitas de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras.” CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República; arguye el impetrante que el fallo y todas las gestiones efectuadas en el presente expediente posteriores a fecha dos (2) de abril del años dos mil diecinueve (2019), momento procesal donde se remiten las diligencias para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, van en contra del DEBIDO PROCESO a razón que la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha obviado el proceso correspondiente a llevar a cabo en este caso en particular, según consta en el expediente AP 321-2017. La Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, era quien debía de conocer el recurso de apelación en contra de la resolución dictada en primera instancia, según como lo dicta la normativa vigente, sin embargo, la Sala de lo Penal, violentando el derecho del debido proceso, trasladó dichas diligencias al Pleno de Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en donde es evidente la inobservancia de la normativa legal. Si bien es cierto, el mismo Pleno por unanimidad de votos se declara incompetente de conocer de esas diligencias, indicando quien es competente de conocer los Recursos de Apelación en el proceso de Antejuicio debe ser la Corte Suprema de Justicia mediante su Sala de lo Penal, sin embargo, el llano hecho de haber dado traslado al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que conozca del mismo, vicia el proceso de esta forma se ha violentado y vulnerado la garantía constitucional del DEBIDO PROCESO, dejando en inexcusable indefensión a mi representado. Continúa indicando el amparista que, ya la Constitución de la República es clara y manda que los habitantes de la República de Honduras puedan ejercer sus acciones mediante los órganos judiciales del estado en la forma que señalan las leyes. Es una obligación de ley que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, según lo emanado en el artículo 313 numeral 3 que taxativamente expresa: “Conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido en primera instancia“. Por lo anteriormente señalado y en virtud que la honorable Sala de lo Penal no realizó sus funciones en las formas que señala la ley, como se comprueba con la remisión de fecha dos de abril del años dos mil diecinueve, de las diligencias del proceso de antejuicio para conocimiento del PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, debiendo haber sido remitidas a la Sala de lo Penal, el cual se establece como Tribunal facultado para conocer de esas diligencias, se vicia el proceso, causando a mi representado lesión a su DERECHO DE DEFENSA según lo contemplado en nuestra Carta Magna”. CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Sala de lo Penal como órgano de segunda instancia, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que la Sala de lo Penal, remite el expediente de Antejuicio al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de haber dictado sentencia en fecha dos de noviembre del año dos mil diecinueve por mayoría de votos. Cabe señalar que el alegato del amparista, en relación a la resolución impugnada, se limita a indicar que, por haber dado traslado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se vicia el procedimiento y que de esa forma se violenta el debido proceso y derecho de defensa. CONSIDERANDO (5): Que el amparista, expresa que la resolución de Alzada vulnera garantías constitucionales, contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en consecuencia es necesario para esta Sala determinar si en efecto la resolución de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, contraviene los derechos constitucionales invocados como vulnerados por el recurrente, siendo necesario el análisis del artículo 313 Numeral 3 de la Constitución de la República, precepto que indica: La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 1…; 2…; “3. Conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido en primera instancia;”. CONSIDERANDO (6): Que como colorido de lo anterior se puede apreciar que la Solicitud de Antejuicio contra el señor Troy Donahue Bodden González, Alcalde Municipal de Utila, departamento de Islas de la Bahía, fue presentada por el Ministerio Publico ante la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, quien conociendo en primera instancia del asunto, dictó sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), declarando CON LUGAR PARCIALMENTE el Antejuicio presentado por el Ministerio Publico; resolución que fue recurrida mediante el recurso de Apelación en fecha seis de junio del año dos mil dieciséis y del cual conoció la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal como órgano de segunda instancia, en cumplimiento al principio de legalidad contenido en el artículo 313.3 de la Constitución de la República, mediante sentencia de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por mayoría de votos, resuelve declarar con lugar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto en favor del señor Troy Donahue Bodden González. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, arguye que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, era quien debía de conocer el recurso de apelación en contra de la resolución en primera instancia, según como lo dicta la normativa vigente, sin embargo, la Sala de lo Penal, violentando el derecho del debido proceso, trasladó dichas diligencias al Pleno de Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo cual vicia el proceso, violentándose la garantía constitucional del debido proceso y derecho de defensa. Ante tal argumento, si bien es cierto la Sala de lo Penal dicta sentencia por mayoría de votos conociendo del recurso de apelación promovido, traslada el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, entiende esta Sala por no existir unanimidad; no obstante a ello el Pleno de la Corte Suprema en fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil diecinueve (2019) se declara incompetente de conocer las presentes diligencias de Antejuicio y devuelve los antecedentes a la Sala de lo Penal para que continúe con el trámite que corresponde, con fundamento en los artículos 303 y 313 numeral 3 de la Constitución de la República. Observando en dicha actuación la no vulneración a los derechos constitucionales invocados por el recurrente, pues el Pleno en atención a la normativa 313.3 que el mismo pedidor de amparo argumenta como vulnerado, se declara incompetente para conocer del asunto y ordena la devolución de las diligencias al Tribunal de su procedencia, no realizando diligencia alguna en detrimento de los derechos fundamentales del señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 82 constitucional dispone: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; así el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (9): Que todos los que acuden a los tribunales tienen derecho a un juicio justo, a una recta administración de justicia, a contar con las garantías procesales establecidas en la ley; el derecho a la defensa forma parte de ese conjunto de derechos que abarca el debido proceso, para el doctor Miguel Hernández Terán[3], citando a Arturo Hoyos, en su escrito El debido proceso en la doctrina, expone una definición del debido proceso en donde se puede apreciar que el derecho de defensa forma parte del mismo: Es una institución instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. CONSIDERANDO (10): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho de defensa y debido proceso, consagrado en los artículos 82 y 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso sub júdice, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, no vulnera los derechos a la defensa y debido proceso invocados por el recurrente en Amparo, pues como en acápites anteriores se dejó plasmado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia devolvió los antecedentes al Tribunal de procedencia, pues la Sala de lo Penal estaba conociendo en segunda instancia de un recurso de apelación, por ello las resoluciones pueden ser dictadas por mayoría de votos o por unanimidad de sus miembros, en aplicación analógica de la ley en cuanto a resolver sobre recursos de apelación interpuestos. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que la resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de segunda instancia, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por lo que el amparo interpuesto por el censor, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 Nº 5)de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8.1 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARÍA DÍAZ ÁVILA, a favor del señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES, contra la resolución dictada por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE MARIA DIAZ AYALA, en su condición de Apoderado Legal del señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido a favor del señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES, contra el fallo proferido por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete (27) de mayo del dos mil dieciséis (2016), con relación al antejuicio instruido contra el señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES, en su condición de Alcalde del Municipio de Utila, Departamento de Islas de la Bahía. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil veinte (2020), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho. CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso exponiendo los mismos argumentos que los señalados en su escrito de interposición de la acción constitucional de Amparo de mérito, al indicar que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia era quien debía de conocer del recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia, sin embargo la Sala de lo Penal violentando el debido proceso trasladó dichas diligencias al pleno de Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el cual el pleno por unanimidad de votos se declara incompetente de conocer de esas diligencias, indicando quien es competente de conocer los recursos de apelación en el proceso de antejuicio es la Sala Penal, sin embargo el llano hecho de haber dado traslado al pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer del mismo, vicia el proceso, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso, dejando en inexcusable indefensión a su representando, siendo una obligación de ley para la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo emanado en el artículo 313 numeral 3 que taxativamente expresa: Conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido en primera instancia”. CONSIDERANDO (4): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (5): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[4]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[5] CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; el recurrente arguye que al denegarse el amparo solicitado por su representado se vulnera el debido proceso y defensa, en virtud que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, no realizo sus funciones en las formas que señala la ley; ante tal argumento, lo cierto es que este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en los considerandos 5, 6 y 7, que si bien es cierto la Sala de lo Penal dicta sentencia por mayoría de votos conociendo del recurso de apelación promovido, traslada el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, entiende esta Sala por no existir unanimidad; no obstante a ello el Pleno de la Corte Suprema en fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil diecinueve (2019) se declara incompetente de conocer las presentes diligencias de Antejuicio y devuelve los antecedentes a la Sala de lo Penal para que continúe con el trámite que corresponde, con fundamento en los artículos 303 y 313 numeral 3 de la Constitución de la República. Observando en dicha actuación la no vulneración a los derechos constitucionales invocados por el recurrente, pues el Pleno en atención a la normativa 313.3 de la Constitución de la República, que el mismo pedidor de amparo argumenta como vulnerado, se declara incompetente para conocer del asunto y ordena la devolución de las diligencias al Tribunal de su procedencia, no realizando diligencia alguna en detrimento de los derechos fundamentales del señor TROY DONAHUE BODDEN GONZALES. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente en Amparo, no advirtiéndose ultraje a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 3, 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 7 y 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre y resolución de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-163-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Dr. Miguel Hernández Terán, EL DEBIDO PROCESO EN LA DOCTRINA, DerechoEcuador.com, publicado en fecha 24 de noviembre del año 2005.
[4] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[5] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.