Sentencia AP-143-21 — Registro 13509
Resumen
en relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que, del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que concluye que respecto a la tramitología dada a la causa, al instruirse un conducto del procedimiento ordinario, se garantizan de manera plena, sin limitación por razones temporales, los derechos procesales de las partes, por lo que sin perjuicio de lo proveído por el legislador en la normas procesales de adición (Artículo 440-A); y, siguientes del Código Procesal Penal, que pudiera abrazar una formalidad para el trámite del caso, lo dispuesto por el A-Quo, no limita derechos humanos de las partes y sobre todo del Accionante de la garantía, quien goza de manera plena de los derechos procesales constitucionales que devienen del principio acusatorio, propio para el Ministerio Publico.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 440 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional..- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Diez de Agosto del año de dos mil veintiuno.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los Artículos 80, 82, 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veinte (2020) la Abogada HEIDY GABRIELA ORDOÑEZ PERDOMO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL Y TENENCIA DE MUNICIONES PROHIBIDAS, en perjuicio del ORDEN PUBLICO.-(Folio 01 al 02 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, celebró audiencia de adecuación de procedimiento expedito en flagrancia, en la cual el citado Juzgado RESOLVIÓ: Imponer al imputado VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, medida cautelar de DETENCIÓN JUDICIAL, en virtud que la defensa no presentó prueba suficiente a favor de su representado, con lo que se desvanezcan los presupuestos del peligro de fuga obstrucción de la investigación articulo 198 y 179 del Código Procesal Penal.-(Folio 09 al 10 de la pieza del Juzgado).-3)Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, la Abogada MILADY JANNETH PAVON RAMIREZ, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.-Folio 01 al 06 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, FALLÓ: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, contra la resolución de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en la causa que se le sigue al señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL Y TENENCIA DE MUNICIONES PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folio 16 al 20 de la pieza de Corte de Apelaciones).-5) Que en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de fecha (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), que denegó la Acción de Amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público (MP), a favor de ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020); es violatoria de lo dispuesto en Artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; en virtud de que se trastoca el debido proceso en perjuicio del imputado, quien podría ver resuelta su situación legal en el término de treinta días, tiempo que está previsto para concluir con el proceso; y, de esta manera tener una pronta y expedita aplicación de la justicia, no solo en beneficio del proceso sino también en el interés general de la sociedad que espera una respuesta ágil en el actuar de los encargados de impartir justicia.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que concluye que respecto a la tramitología dada a la causa, al instruirse un conducto del procedimiento ordinario, se garantizan de manera plena, sin limitación por razones temporales, los derechos procesales de las partes, por lo que sin perjuicio de lo proveído por el legislador en la normas procesales de adición (Artículo 440-A); y, siguientes del Código Procesal Penal, que pudiera abrazar una formalidad para el trámite del caso, lo dispuesto por el A-Quo, no limita derechos humanos de las partes y sobre todo del Accionante de la garantía, quien goza de manera plena de los derechos procesales constitucionales que devienen del principio acusatorio, propio para el Ministerio Publico.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho. Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0143-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional..- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Diez de Agosto del año de dos mil veintiuno.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los Artículos 80, 82, 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veinte (2020) la Abogada HEIDY GABRIELA ORDOÑEZ PERDOMO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL Y TENENCIA DE MUNICIONES PROHIBIDAS, en perjuicio del ORDEN PUBLICO.-(Folio 01 al 02 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, celebró audiencia de adecuación de procedimiento expedito en flagrancia, en la cual el citado Juzgado RESOLVIÓ: Imponer al imputado VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, medida cautelar de DETENCIÓN JUDICIAL, en virtud que la defensa no presentó prueba suficiente a favor de su representado, con lo que se desvanezcan los presupuestos del peligro de fuga obstrucción de la investigación articulo 198 y 179 del Código Procesal Penal.-(Folio 09 al 10 de la pieza del Juzgado).-3)Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, la Abogada MILADY JANNETH PAVON RAMIREZ, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.-Folio 01 al 06 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, FALLÓ: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, contra la resolución de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en la causa que se le sigue al señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL Y TENENCIA DE MUNICIONES PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folio 16 al 20 de la pieza de Corte de Apelaciones).-5) Que en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de fecha (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), que denegó la Acción de Amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público (MP), a favor de ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor VALENTIN VASQUEZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020); es violatoria de lo dispuesto en Artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; en virtud de que se trastoca el debido proceso en perjuicio del imputado, quien podría ver resuelta su situación legal en el término de treinta días, tiempo que está previsto para concluir con el proceso; y, de esta manera tener una pronta y expedita aplicación de la justicia, no solo en beneficio del proceso sino también en el interés general de la sociedad que espera una respuesta ágil en el actuar de los encargados de impartir justicia.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que concluye que respecto a la tramitología dada a la causa, al instruirse un conducto del procedimiento ordinario, se garantizan de manera plena, sin limitación por razones temporales, los derechos procesales de las partes, por lo que sin perjuicio de lo proveído por el legislador en la normas procesales de adición (Artículo 440-A); y, siguientes del Código Procesal Penal, que pudiera abrazar una formalidad para el trámite del caso, lo dispuesto por el A-Quo, no limita derechos humanos de las partes y sobre todo del Accionante de la garantía, quien goza de manera plena de los derechos procesales constitucionales que devienen del principio acusatorio, propio para el Ministerio Publico.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho. Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0143-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL