Sentencia AP-142-21 — Registro 13634
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que otorgó el recurso de apelación en relación al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de tipo comercial en perjuicio de él orden público. Estimando la recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, precepto que establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentada por el ente acusador. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 292 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 440, Numeral A (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco dias del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, de fecha veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021), que otorgó el recurso Interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIRES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en relación a la causa instruida contra el Señor JOSE VASQUEZ AGUILAR, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO. Estimando la recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, la Abogada HEIDY GABRIELA ORDOÑEZ PERDOMO, en su condición de Fiscal del MINISTERIO PUBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra el Señor JOSE VASQUEZ AGUILAR, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO. (Folios 01–08 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), en la celebración de la Audiencia de Adecuación del Procedimiento Expedito en Flagrancia, el citado Juzgado Resolvió: (SIC): “1) Tener por presentado el Requerimiento Fiscal contra el imputado: JOSE VASQUEZ AGUILAR a quien se le supone responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO.- 2) Declarar SIN LUGAR la solicitud de Adecuación del Procedimiento Expedito de Flagrancia, por lo que es procedente continuar este proceso por los tramites de juicio ordinario 3) Imponer al acusado las medidas cautelares consistentes en: presentarse a firmar en este Juzgado una vez a la semana el libro de presentación periódica que lleva este Juzgado y la prohibición de salir del país sin previa autorización del Juez.- 7) Señalar AUDIENCIA INICIAL PARA EL DÍA JUEVES DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA.-” (Folios 10-12 de la pieza del A-Quo). 3) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020), la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIRES a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres (03) de diciembre de dos mil veinte (2020) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua. En consecuencia, y seguido el trámite correspondiente, la citada Corte dictó resolución en fecha veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: (SIC) “OTORGAR LA PRESENTE ACCION DE AMPARO, interesada por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON, colegiada número 3135 del Honorable Colegio de Abogados de Honduras, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra LA RESOLUCION, dictada en dictada en fecha tres (3) de diciembre del dos mil veinte en la audiencia de Adecuación de Procedimiento Expedito, en la causa seguida contra JOSE VASQUEZ AGUILAR, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DEL TIPO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, donde el juez inadmite a trámite de la causa mediante el procedimiento expedito en delitos de flagrancia, bajo el fundamento de multiplicidad de prueba para acreditar el delito que se acusa.- EN CONSECUENCIA: Se instruye al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, para que tramite la causa seguida contra el encartado JOSE VASQUEZ AGUILAR, por la vía del Procedimiento Expedito para los delitos en Flagrancia que regula el artículo 440-A del Código Procesal penal.” (Folios 12–14 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha nueve (09) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido en contra del señor JOSE VASQUEZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo interpuesta, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito, violentando el debido proceso plasmado en el articulo 90 de la Constitución de la República, por lo cual la resolución impugnada irrespeta las formalidades que les están indicadas en la norma procesal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal que establece en que casos no se puede aplicar el procedimiento expedito; de igual manera se irrespeta el artículo 141 en el sentido de que la resolución debe ser motivada, pues la resolución no tiene ningún tipo de fundamento, ya que el juzgador se limita a decir que “por lo que del análisis de la presente solicitud se puede inferir que los delitos por los cuales ha sido acusado el ahora imputado es consumación, vuelven complejo este proceso, lo que representa multiplicidad de prueba a evacuar para acreditar el delito que se le acusa, por tanto aunque exista flagrancia es criterio de este juzgado que el proceso se debe conocer por medio del proceso ordinario, de conformidad al artículo 440 A y 440 D; sostiene la garantista que los elementos de prueba ya se encuentran en el expediente administrativo y que solo falta el dictamen del laboratorio de balística que se obtiene para ser presentado en la audiencia de juicio; sostiene que la Juez en la Audiencia de Adecuación del Proceso, sin dar una resolución debidamente motivada y clara de las razones que tiene para denegar lo peticionado por el ente acusador, sin explicar bajo los parámetros de la lógica el porqué de su resolución, la cual no tiene fundamento legal, trastocando de esta manera el debido proceso, dejando de cumplir lo que le manda los Artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal, en lo relacionado a una pronta y eficaz aplicación de la justicia, evitando todo lo que tenga como propósito dilatar indebidamente los procedimientos, actuando con estricto respeto de los derechos que corresponde a los sujetos procesales. CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve Otorgando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada MILALY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo vulnera el debido proceso invocado por el Ministerio Público como recurrente enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4) Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, precepto que establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentada por el ente acusador. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 440-A del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa-NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0142=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
7