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Sentencia AP-142-19 — Registro 12887

Resumen

en la causa instruida contra imputados, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA, en perjuicio de ciudadanos y la Administración Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(9): Que conforme lo manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (10): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a dar respuesta al Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, en este caso concreto a efecto de dictar Auto de Apertura a Juicio o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo hace alusión a los artículo 80 y 90 de la Constitución de la República, como los derechos que se consideran vulnerados, pero no se observa que haya establecido porque la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, sea violatoria de los derechos contenidos en los artículos por ella enunciados.- En el caso sub judice, se ha constatado que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintiuno. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); en la causa instruida contra los señores LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNAN GONZÁLEZ Y CARLOS EDUARDO MATAMOROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA, en perjuicio de los señores ANDRÉS MATUTE ROMERO, ABEL SANTOS, JONNYS ALFREDO BUESO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-Quem es violatoria, en perjuicio de su representado, de los derechos contenidos en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la abogada GLENDA SARAHÍ JIMÉMEZ ZÚNIGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNAN GONZÁLEZ Y CARLOS EDUARDO MATAMOROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA, en perjuicio de los señores ANDRÉS MATUTE ROMERO, ABEL SANTOS, JONNYS ALFREDO BUESO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–4 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en la celebración de la Audiencia Preliminar, celebrada en fecha nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dictó su Resolución en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de los señores LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNAN GONZALEZ GOMEZ y CARLOS EDUARDO MATAMOROS POSADAS, por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por los hechos ocurridos el día 08 de Enero del año (2011), como a eso de las 6:30 a 7:00 de la mañana, en la Aldea El Zapote, Santa Cruz de Yojoa. SEGUNDO: REVOCAR a los señores LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNAN GONZALEZ GOMEZ y CARLOS EDUARDO MATAMOROS POSADAS, la medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva establecida en el Artículo 173 Numerales 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal, la cual fuere impuesta en la audiencia de declaración de imputado, para lo cual líbrese los oficios correspondientes.- TERCERO: Se declara sin lugar lo solicita por la Representante de la Procuraduría General de la República en relación que la presente causa sea elevada a Juicio Oral y Público, por lo antes expuesto.- CUARTO: Se notifique la presente resolución a las partes, a la Fiscal del Ministerio Público, a la representante de la Procuraduría General de la República, a los Apoderados Defensores Publico y Privada y a los imputados.-” (Folios 714–719 del Tomo II de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República (PGR), en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Resolvió: (SIC) “UNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República, contra la resolución de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta Sección Judicial en la presente causa, por haber sido interpuesto extemporáneamente.-” (Folios 10–15 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 4) Que no estando conforme con la resolución emitida en fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho dictada por el Ad-Quem, la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA interpuso, en fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), un recurso de reposición contra la resolución relacionada en el numeral anterior, misma que fue declarado CON LUGAR en fecha siete (11) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); por lo que en esta misma fecha, la citada Corte de Apelaciones dicta resolución, mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Erlin Yolanda Robles Noriega, en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República, contra la resolución judicial dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de ésta Sección Judicial de fecha Doce de Abril del año Dos Mil Dieciocho.- SEGUNDO: CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado por el Juzgado de Primera Instancia a favor de los señores LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNÁN GONZALES GOMEZ Y CARLOS EDUARDO MATAMOROS POSADAS, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, venido en Apelación.” (Folios 16–22 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 5) Que la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral cuatro (4), por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–5 del Presente Recurso) 6) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 21 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que la recurrente Abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República, compareció en fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80 y 90. CONSIDERANDO (3): Que el caso en estudio se origina en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil doce (2012), fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la Abogada GLENDA SARAHI JIMENEZ ZUNIGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNAN GONZÁLEZ Y CARLOS EDUARDO MATAMOROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA, en perjuicio de los señores ANDRÉS MATUTE ROMERO, ABEL SANTOS, JONNYS ALFREDO BUESO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria SIN LUGAR del Recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República; recurso de apelación que se interpone contra la resolución adoptada por el A-quo en fecha doce de abril del año dos mil dieciocho, al decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de los encausados LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNAN GONZÁLEZ Y CARLOS EDUARDO MATAMOROS, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, RESUELVE: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Erlin Yolanda Robles Noriega, en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República, contra la resolución judicial dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de ésta Sección Judicial de fecha Doce de Abril del año Dos Mil Dieciocho.- SEGUNDO: CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado por el Juzgado de Primera Instancia a favor de los señores LILIAN EUFEMIA ORTEGA ALVARADO, HUGO HERNÁN GONZALES GOMEZ Y CARLOS EDUARDO MATAMOROS POSADAS, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, venido en Apelación.” CONSIDERANDO (5): Que la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, en el planteamiento de su acción constitucional, hace relación a los antecedentes de la causa, en donde la resolución emitida por el A-Quo no está conforme a derecho, al decretar Sobreseimiento Definitivo por Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración del Estado de Honduras, y no estando conforme con dicho fallo, interpone recurso de apelación, bajo el argumento que la Juez no realizo una debida interpretación del elemento de prueba propuesta en el desarrollo de la audiencia inicial, puesto que ha obviado los indicios racionales que arrojan las pruebas. Argumenta la recurrente que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, causa agravios al Estado de Honduras, puesto que todas las pruebas aportadas por parte de la agente fiscal en audiencia inicial, fueron suficientes y fehacientes para llevar a la convicción de haberse cometido los ilícitos que se le atribuyen a los encausados. Sostiene la impetrante que los Derechos que se consideran violados o amenazados, son los establecidos en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados según el escrito de interposición del recurso de amparo, son el derecho de petición y debido proceso, contenidos en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan por su orden: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (7): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone entre otras consideraciones fácticas y jurídicas lo siguiente: “TERCERO: Que siendo que el Ministerio Publico interpuso Requerimiento Fiscal por el delito de Abuso de Autoridad tipificado en el artículo 349 numeral 3 del Código Penal, al analizar los hechos y la prueba aportada se aprecia que el Ministerio Publico quien promovió la acción penal pública, no logró acreditar los verbos rectores que configuran el delito de Abuso de Autoridad, no se acredito que los acusados hayan omitido, rehusado o retardado algún acto que debieron de ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, por esa razón el Ministerio Publico se abstiene de formular cargos en audiencia preliminar y solicita Sobreseimiento Definitivo, por todo ello la Alzada considera que no se acredito la existencia del tipo penal del artículo 349 numeral 3 del Código Penal, por ello es procedente confirmar el Sobreseimiento Definitivo que dicta la Juez de primera instancia”. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. La impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el derecho de petición y debido proceso establecidos en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, pero tanto en el escrito de interposición del recurso, como en el escrito que formalizó el mismo, únicamente se limitó a enunciar los artículos de los Derechos Constitucionales que considera violados o amenazados, no así a desarrollar cada uno, estableciendo porque la resolución emitida por el Ad-Quem es violatoria de estos derechos.- En cuanto a la resolución recurrida en amparo, la impetrante únicamente señala (sic) “Causa Agravios al Estado de Honduras la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones, puesto que todas las pruebas aportas por parte de la Agente Fiscal en audiencia inicial fueron suficientes y fehacientes para llevar a la convicción de haberse cometido los ilícitos que se les atribuyen a los encausados, Recurso de Apelación que fue declarado SIN LUGAR en la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; …”. Sobre este argumento es necesario señalar que en el caso sub-judice, la prueba que obra en el expediente de merito es la propuesta por el Ministerio Publico, y este, al analizar la misma se abstiene de formalizar acusación en audiencia preliminar porque considera que no se reúnen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Abuso de Autoridad establecido en el articulo 349 numeral 3 del Código Penal, ante ello, solicita se dicte un Sobreseimiento Definitivo, al considerar que no cuenta con el suficiente bagaje probatorio que acredite la participación de los encausados en el delito de Abuso de Autoridad. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (10): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a dar respuesta al Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, en este caso concreto a efecto de dictar Auto de Apertura a Juicio o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo hace alusión a los artículo 80 y 90 de la Constitución de la República, como los derechos que se consideran vulnerados, pero no se observa que haya establecido porque la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, sea violatoria de los derechos contenidos en los artículos por ella enunciados.- En el caso sub judice, se ha constatado que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. - NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA CRUZ. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-142-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.